1. Introducción

Comprender la situación actual de las pandillas en

El Salvador, así como las políticas gubernamentales

que se han pronunciado e implementado implica

conocer las raíces de estos grupos y su confluencia

con la realidad sociohistórica del país.

Partiendo de esta premisa, es posible encontrar amplias recopilaciones académicas, oficiales, y especialmente periodísticas con el objetivo de

relatar una situación que desde su nacimiento trascendió las fronteras nacionales, para instalarse en un imaginario político, mediático y

social inscrito en la modernidad y sus caracte

rísticas, es decir, no exento de aporías entre la libertad y el control, lo público y lo privado, la vida y la política.

Al hacer este recorrido diacrónico, se encuentran las voces de actores tan diversos como

complementarios: representantes del Gobierno, académicos e investigadores, periodistas, líderes religiosos, embajadores, organismos internacionales, sociedad civil, líderes de pandillas, entre otros. La presente investigación lejos de pretender realizar una narración exhaustiva del nacimiento y evolución de las pandillas, así como de las decisiones gubernamentales consecuentes, y menos aún ofrecer una valoración moral de estas decisiones, sí espera dar cuenta de algunas características estructurales de los relatos políticos difundidos mediáticamente, que permiten

construir acontecimientos en los que se implica

a las audiencias en la búsqueda de legitimidad.

El Salvador es el país centroamericano que se ha

mantenido de manera continua en los reportes

internacionales sobre los países más violentos del mundo, y su capital, San Salvador, ha sido categorizada durante varios años como una de las ciudades con mayor número de homicidios, por ejemplo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad

Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) de México

En el año 2017, El Salvador fue el país más violento de Centroamérica, con un promedio de

11 asesinatos diarios. En diversas publicaciones se han puesto en panorama estos datos. De acuerdo con los parámetros de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU), con 659 asesinatos al año, la sociedad salvadoreña poseería

una “epidemia de violencia”. En el año 2016 se

registraron 5,278 homicidios, en 2017 un total de 3, 954 y durante el año 2018 la cifra llegó a 3,339, con base en datos de la Policía Nacional Civil (Valencia, 2018). Hablar de la violencia en

su expresión máxima remite a los datos sobre homicidios, sin embargo, esta se extiende a casos de extorsiones, secuestros, violaciones, entre otras manifestaciones latentes.

Esta situación puede ser categorizada como causa y consecuencia de un círculo de violencia

que incluye: desintegración familiar, deserción escolar, creciente migración y desigualdad de riqueza e ingresos, entre otros factores. Estos

fenómenos ya marcaban el panorama socioe

conómico del país antes de la Guerra Civil, que inició con la década de los ochenta, y persisten firmemente a 25 años de la Firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

A nivel metodológico, este estudio de carácter cualitativo se enfoca en los relatos sobre las medidas propuestas por el Órgano Ejecutivo y el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador, y aprobadas por el Órgano Legislativo, entre

los años 2016 y 2018; corresponde además al periodo posterior a la disolución de negociaciones entre el Gobierno salvadoreño y las pandillas que operan en el territorio.

Se trata de un análisis crítico de los discursos políticos difundidos mediáticamente en los dos

periódicos de mayor difusión en el país: “La

Prensa Gráfica” y “El Diario de Hoy”. La muestra de análisis corresponde a un total de 150 notas, desagregadas por año: 50 notas en el año 2016, 50 notas en el año 2017, y 50 en el primer semestre de 2018.

Las piezas noticiosas que integran el objeto de

análisis fueron seleccionadas con base en las siguientes categorías: a) publicación durante un auge mediático en torno a la aprobación legislativa de las medidas extraordinarias, b) inclusión de las medidas extraordinarias como tema principal , c) integración de declaraciones de actores políticos sobre el tema.

El análisis cualitativo, bajo el diseño de Teoría Fundamentada, desarrollado por Glassery Strauss (citado en Hernández et al, 2010) ayuda al análisis de relatos mediáticos, a través de un proceso sistémico de codificación inductiva en sus diferentes etapas. La Teoría Fundamentada permite obtener proposiciones teóricas a partir de los datos obtenidos en la práctica investigativa, en los cuales se identifican conceptos y categorías.

2. Contexto

Los discursos sobre las pandillas y las formas de actuar en consecuencia han sido recurrentes y pieza importante del discurso político salvadoreño. Los orígenes de esto grupos de crimen organizado están asociados a una historia de

desigualdad socioeconómica, cuyas expresiones

han sobrevivido a regímenes militares con ca

racterísticas dictatoriales, a una guerra civil que

duró 12 años y a los posteriores seis gobiernos

democráticos de diferentes corrientes políticas

e ideológicas.

Durante las últimas décadas, las pandillas se han vuelto actores no-estatales influyentes que ejercen un tipo de control territorial en un sinnúmero de barrios populares y con una capacidad significativa para

usar violencia y conseguir recursos. Las

pandillas callejeras han existido por mucho tiempo en El Salvador, pero sus características cambiaron y el número de sus miembros aumentó rápidamente al terminar la guerra civil en 1992. El nuevo fenómeno

ha sido influenciado profundamente por

la migración masiva de salvadoreños a Es

tados Unidos. Jóvenes que regresaban de Estados Unidos ‘importaron’ la cultura pandilleril estadounidense a El Salvador y, en el proceso, la mayoría de las pandillas callejeras locales fueron absorbidas por las pan

dillas que se originaron en Estados Unidos; especialmente por la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. En 2013, fuentes cercanas a las pandillas estimaron la existencia de 60,000

pandilleros en los barrios y de aproximadamente 10,000 pandilleros en el sistema penal (Van der Borgh y Savenije, 2017)

Aunque la mayoría de diagnósticos hacen alusión a la expansión de las pandillas a partir de la década de los noventa, de acuerdo a la investigación de Martínez et al (2013) su nacimiento puede ser localizado en Los Ángeles, Estados Unidos, en la década de 1920, para el caso de la Pandilla 18, y en la década de 1970 en el caso de la Mara Salvatrucha (MS). Entre 1990 y 1995

se inició un programa de deportaciones masivas de Estados Unidos hacia Centroamérica, que influiría decisivamente en la configuración de las organizaciones, su vinculación a la Mafia Mexicana y su consecuente separación de la estructura que operaba desde el país norteamericano.

Por otra parte, durante los últimos 20 años, las políticas respecto a la seguridad nacional, especialmente sobre las pandillas, pueden ser clasificadas en tres grandes tendencias: a) un periodo al borde de la inexistencia, durante los años posteriores al cese a las hostilidades de la Guerra Civil, b) políticas de tolerancia cero (conocidas como “manodurismo”), y, c) políticas integrales (prevención, represión, rehabilitación y reinserción) (Van der Borgh y Savenije, 2017).

En la medida que se estudia sistemáticamente

la promoción por los diferentes gobiernos de medidas represivas de forma protagónica sobre

otras medidas de prevención, rehabilitación y reinserción, la apuesta por una visión diacrónica nos permite identificar algunas tendencias en el entorno mediático, así como la identificación de

“hechos primarios y secundarios” en palabras de Alsina (1989) que darían legitimidad a la aprobación de las mismas.

Los hechos primarios corresponden en todos los casos a acontecimientos violentos, que al ser difundidos por los medios de comunicación generaron manifestaciones de conmoción e indignación en la sociedad civil. Los hechos secundarios

se refieren a la amplia promoción de medidas represivas, conocidas como “antipandillas”, “cero

tolerancia” o “de mano dura”.

En marzo de 2012, el periódico digital “El

Faro” publicó una serie de notas respecto a supuestas negociaciones entre el Gobierno y

las principales pandillas de El Salvador (la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18), para la reducción de muertes violentas, que en

ese año correspondían a 14 asesinatos diarios.

Esta negociación incluía el traslado de los líderes de pandillas que cumplían penas en recintos de

máxima seguridad a otros centros penitenciarios,

la creación del proyecto “municipios libres de

violencia” y la búsqueda de capital semilla para la generación de negocios a cargo de pandilleros,

entre otros. El periodo de tregua logró una

reducción de 41 % en el número de homicidios (Valencia, 2015).

Los representantes del Órgano Ejecutivo y de las instancias de seguridad pública, presionados

por las constantes solicitudes de información de medios de comunicación y sociedad civil, emitieron declaraciones sobre las negociaciones en marcha, negando el reconocimiento de las pandillas como actores relevantes en las políticas de

gobierno y reiterando su condición de alterado

res del orden y la paz nacional, de acuerdo a lo que se puede constatar en las notas periodísticas analizadas.

A pesar de la significativa reducción de asesinatos, tanto representantes religiosos como de

organizaciones de la sociedad civil manifestaron sus críticas y poca confianza en la tregua. En junio de 2013, con un nuevo titular al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad, las medidas acordadas fueron disueltas y el número de homicidios aumentó (Valencia, 2015).

El 1 de junio de 2014 fue declarado presidente

electo el candidato oficialista, Salvador Sánchez Cerén. A pocos meses de las elecciones, el presidente emitió una serie de declaraciones en las que condenaba y negaba la continuidad de cualquier tipo de negociación o tregua con pandillas, como política o estrategia de gobierno, instaurando el regreso de relatos políticos bajo una

lógica de guerra permanente.

El 1 de abril de 2016, el Congreso salvadoreño aprobó por unanimidad el decreto legislativo “Disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión” (Asamblea Legislativa de El Salvador, 2016). Entre las medidas se incluyeron: la restricción o limitación del despla

zamiento de privados de libertad, restricción de visitas de toda clase, facultades para realizar traslados de privados de libertad entre distintos centros y granjas penitenciarias, bloqueo de comunicaciones en un radio de 500 metros de las cárceles.

Asimismo, la Asamblea Legislativa declaró el 21

de abril de ese mismo año a las pandillas como organizaciones terroristas para incluirlas en la

Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT),

que permite encarcelar hasta por ocho años a cualquier persona perteneciente a estos grupos

(La Prensa, 2016). Ese mismo mes se anunció el

despliegue de nuevos miembros de la Fuerza Es

pecializada de Reacción de El Salvador, como un grupo de reacción inmediata, entrenados para

dar persecución y captura a miembros de grupos

criminales (Rauda, 2017).

El Grupo de Reacción Policial (GPR) fue fundado

por primera vez en el año 1995. Desde su creación ha estado vinculado a diversos casos de

abuso de fuerza policial, masacres y alteración

de escenas. Entre los más recientes se encuentran: la masacre ocurrida en una Finca en el mu

nicipio de San Blas, durante la madrugada del 6 de marzo de 2015, donde murieron ocho personas miembros de una estructura criminal, según

el informe presentado por la Policía Nacional Ci

vil (Valencia, Martínez y Caravantes, 2015).

El segundo caso más difundido fue la masacre ocurrida en una casa rural del municipio de Za

ragoza el 8 de febrero de 2016, donde fueron

asesinados tres pandilleros y un obrero que no

estaba vinculado a pandillas, a manos de ocho

miembros especializados y armados del GPR

(Martínez, 2018).

Con base en datos del Observatorio de Dere

chos Humanos Rufina Amaya (citado en Rauda, 2017), en el año 2014 hubo 256 enfrentamientos con 112 víctimas mortales. El siguiente año, hubo 676 enfrentamientos con 459 víctimas, 406 identificadas como pandilleros. Y en el año

2016 los enfrentamientos fueron casi 300 pero

con una cantidad de víctimas que incrementó a 618 personas, un 96 % identificadas como supuestos pandilleros. Asimismo, los datos de policías y militares acusados por homicidio agravado pasó de 59 en 2014 a 429 en 2016.

Las “medidas extraordinarias” han perdido su

principal característica de temporalidad, ya que

han sido prorrogadas desde su instauración en abril de 2016. Diferentes organismos internacionales han denunciado estas medidas como una violación a los Derechos Humanos y vulne

ración a las garantías de los detenidos. Entre los

informes que recogen denuncias por condiciones inhumanas en las cárceles, aumento de casos de desnutrición y epidemias de tuberculosis

y neumonía, se encuentran: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y el Comité internacional de la Cruz Roja para México, Centroamérica y Cuba, entre otros.

Por otra parte, de acuerdo con el estudio “Legitimidad y confianza pública de la policía en El Salvador” de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador (2017) seis de cada

diez salvadoreños consultados piensan que las autoridades deben respetar siempre las leyes en la lucha en contra de la delincuencia. Sin embargo, algunos sectores significativos de la población parecen favorecer el uso de medidas extra-legales en la lucha en contra del crimen: el 40% aprobaría el uso de tortura para lidiar con miem

bros del crimen organizado, el 34.6% aprobaría ejecuciones extrajudiciales y el 17.2% consentiría la práctica de limpieza social. Estas actitudes son más frecuentes entre los más jóvenes, las

personas con mejor posición socioeconómica y

las personas que desconfían más de sus vecinos.

Antes de ocuparme del análisis de los medios de comunicación, es necesario esbozar el marco teórico en el que haré explícitas estas relaciones.

Las medidas extraordinarias que tienen como público meta a los miembros de pandillas en El Salvador y sus implicaciones como estrategia pública, así como sus antecedentes en las políticas de la historia reciente del país, ejemplifican la

tendencia a escala planetaria de la implementa

ción de estados de excepcionalidad (declarados o no) como técnica de los gobiernos democráticos.

Lo que este análisis describe tiene en su centro la noción de biopolítica, basándose en sus argumentos teóricos, para encontrar en acontecimientos como el expuesto una explicación

que comparte características estructurales con otras partes del mundo, donde las sociedades

viven bajo una noción de amenaza permanente. Este fenómeno que ha adquirido relevancia nacional e internacional puede ser ubicado “entre la superposición de una declarada defensa por

la vida y una efectiva producción de la muerte” (Esposito, 2006: 175).

Los relatos políticos, conocidos públicamente a través de los medios de comunicación, como uno de los varios dispositivos modernos, permite la construcción de acontecimientos de una realidad social, en la que un estado de excepcionalidad puede ser legitimado por las audiencias.

3. Estado de Excepción comoparadigma de los gobiernosdemocráticos

Como ha ocurrido en muchos momentos de la

historia, se ha instaurado la percepción de que los estados de excepcionalidad, estados de sitio y sus medidas extraordinarias son propias

de regímenes autoritarios y no de gobiernos

democráticos.

Cuando la realidad devela que fenómenos como el crimen organizado y su contraparte en las

estrategias y planes de gobierno represivos, como cara y cruz de una misma moneda, pueden coexistir en el seno de las democracias modernas, se fomenta entonces una suerte de visión descrita por Žižek (2005: 93), de que “la ilustración es en sí un proceso positivo y

emancipador sin potencial totalitario inherente; las catástrofes acaecidas meramente indicarían

que es todavía un proyecto inacabado, y

nuestra tarea debería ser la de completar

dicho proyecto”. Sin embargo, para el autor es

importante preguntarse ¿Qué ocurre cuando en los esfuerzos por completar el proyecto

democrático moderno se profundiza una

división entre las vidas que se deben proteger y las que no?

El problema puede ser analizado a partir del pensamiento de Esposito (2006: 11), quien estabiliza la discusión, más allá de la legitimidad jurídica de las guerras (declaradas o no), en nombre de valores superiores, o en la divergencia de los resultados obtenidos, el oxímoron más punzante reside, antes bien, en la manifiesta superposición entre la declarada defensa de la vida y

la efectiva producción de muerte.

En este punto, la diferenciación entre biopolítica y biopoder, realizada por Esposito (2006: 71), cobra sentido e importancia. La biopolítica, como política en nombre de la vida, puede conllevar al sometimiento de la vida al mando de la política, es decir, al uso del biopoder. La clara división y

la aporía entre las vidas que se deben destruir y

aquellas que se deben proteger, manifiesta una lógica administrativa e inmunitaria que caracteriza a las sociedades actuales.

Brossat (2008: 8) plantea que en democracia, la inmunidad de las personas, sus opiniones y sus cuerpos, no constituye un derecho garantizado para todos y todas, bajo cualquier circunstancia, sino más bien se trata de una norma general, creando así un proceso de dualización, entre inmunizados y expuestos.

Los expuestos (o no incluidos) de los que habla Brossat (2008: 32) pasan a ser considerados “vidas desnudas”, en términos de Agamben, en tanto son abandonados a diferentes tipos de

violencia moderna. En los estados de excepcio

nalidad, por ejemplo, grupos de personas son privados de sus derechos humanos, incluso antes de ser juzgados.

Se cumple entonces la reversión de la relación

histórica y teórica entre hombres y ciudadanos, derechos humanos y derechos políticos, realizada por Balibar (citado en Žižek, 2005: 95) “es la ciudadanía la que hace al hombre, no el hombre a la ciudadanía”. Lo que soy como ciudadano, de

acuerdo a mis circunstancias sociales y cultura

les concretas me define como ser viviente, y me garantiza o no el respeto de mis Derechos Humanos.

El fundamento de la dualización moderna tiene su desarrollo en la relación antinómica analizada por Esposito (2006: 115) entre la libertad moderna y la esfera de la necesidad, que termina por convertir la idea de libertad en su contrario: según los casos, en ley, en obligación, en causalidad. La libertad, que desde ya es expresada en términos negativos, “no ser arrestado, ni detenido, ni condenado, ni maltratado de forma arbitraria” (Brossar, 2008), llega a coincidir con

la necesidad de estar asegurado y proteger así nuestra individualidad y propiedades.

En el sistema inmunitario, descrito por Esposito (2006) y retomado por Brossat (2008) entre muchos otros autores y autoras, aunque el ámbito del derecho esté destinado a asegurar la inmunidad, se requiere ampliar la mirada crítica

y reconocer la existencia de zonas grises o de

indiferenciación, entre áreas como la política, la medicina, el derecho y la milicia; identificables en la retórica moderna, bajo expresiones como “epidemias de violencia”, “sociedades en shock”, “guerra contra la pobreza o al narcotráfico”, entre otros.

Más allá de la retórica, o como paradigma que la envuelve, Agamben (2003) desarrolla teóricamente o reescribe la historia del Estado de

Excepción, como una zona de indeterminación,

superando la encrucijada de la doctrina jurídica de los Estados occidentales: entre los que incluyen el Estado de Excepción dentro del ordena

miento jurídico, y quienes critican la pretensión de regular aquello que por definición no puede

ser sujeto a norma.

El estado de excepción no es ni externo

ni interno al ordenamiento jurídico, y el problema de su definición concierne precisamente a un umbral, o a una zona de indiferenciación, en el cual dentro y fuera

no se excluyen sino que se indeterminan.

La suspensión de la norma no significa su abolición, y la zona de anomia que ella instaura no está (o al menos pretende no estar) totalmente escindida del orden jurídico. (Agamben, 2003: 59)

Su naturaleza no se traduce en ineficacia, al contrario, ha funcionado de forma casi continua desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días, como parte de las categorías políticas de la

modernidad que ejercen la función de conserva

ción de la vida, subsumiéndose en sus contrarios.

La modernidad puede ser definida, como la instauración, a través del Estado de Excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no solo de adversarios políticos sino de categorías enteras

de ciudadanos que por cualquier razón

resultan no integrales al sistema político (Agamben, 2003: 25)

Al igual que en el paradigma inmunitario, la metáfora bélica es parte del vocabulario político actual cuando se trata de legitimar decisiones consideradas de importancia vital, basadas en

una sensación de urgencia y necesidad. Agamben (2003: 60) puntualiza que “una opinión recurrente ubica en el fundamento del Estado de

Excepción el concepto de necesidad. Más que volver lícito lo ilícito, la necesidad actúa como justificación de una transgresión en un caso singular y específico a través de la excepción”.

Como ya se esbozó, este caso singular busca cada vez más su permanencia indefinida. Respecto a esta temporalidad, Agamben (2003: 25) añade

que “la creación voluntaria de un estado de emer

gencia permanente (aunque eventualmente no declarado en sentido técnico) devino una de las prácticas esenciales de los Estados contemporáneos, aun de aquellos llamados democráticos”.

Conforme a esta tendencia, los gobiernos consideran de relevancia estratégica el aseguramien

to de su continuidad. “La declaración del estado

de excepción está siendo progresivamente sus

tituida por una generalización sin precedentes

del paradigma de la seguridad como técnica nor

mal de gobierno” (Agamben, 2003: 44)

La democracia moderna tiene sentidos e implicaciones individuales y colectivas, de una manera

menos obvia y más compleja de lo que se suele pensar, algunas complementarias y otras en conflicto. El sistema inmunitario que define nuestro tiempo no opera al vacío, sino a través de dispositivos modernos, que a su vez crean procesos de subjetivación. De esta manera, el dispositivo

como “estrategias de relaciones de fuerza sos

teniendo tipos de saber, y siendo sostenidas por ellos” (Foucault citado en Agamben, 2011: 250),

puede funcionar como máquina de gobierno.

En una época en la que evitamos el dolor bajo cualquier circunstancia, como sujetos inmunizados, para quienes son sometidos a este “el dolor no solo actúa como prueba para el cuerpo, sino como una no pertenencia al mundo” (Brossat, 2008: 67). La anestesia, definida como “paradigma civilizatorio” por Brossat (2008) nos permite coexistir con imágenes de dolor del cuerpo mundial, a través de los relatos mediáticos, que chocan con nuestra idea de humanidad, derecho y justicia.

Nuestro sentimiento de humanidad es puesto a

prueba con una intensidad que nos lleva a ex

perimentar una suerte de “fatiga del presente” (Brossat, 2008: 76). Conviene preguntarse entonces qué sucede cuando confluye el sujeto inmunizado y el sujeto mediatizado a partir de los dispositivos mediáticos.

4. Construcción de acontecimientos en los dispositivos mediáticos

Los medios de comunicación son los dispositivos modernos que construyen realidad a partir

de nuestros saberes sobre los hechos que nos rodean, y de nuestra distancia de estos ele

mentos sociales frente a la experiencia directa. Asimismo, su sentido está inscrito en la estructura misma de la sociedad a la que pertenece,

de acuerdo a la cual se producirán relaciones de

fuerza en el proceso de producción, circulación y consumo de las noticias (Alsina, 1989).

De acuerdo a Alsina (1989), los medios de comunicación en su función ideológica y con implicación de las audiencias construyen aconteci

mientos, cuando estas reconocen las noticias y

se localizan a sí mismas en los discursos. En este

sentido, el acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, mientras que la noticia

es un fenómeno de generación del sistema.

Dando un paso atrás, la interrogante tradicional

deviene entonces en las pautas de selección y criterios de relevancia otorgada por los medios

de comunicación a determinados hechos. Según Alsina (1989) la violencia, la agresividad, el dolor y sus sucedáneos en nuestra civilización, como

pruebas documentales del estar constantemente amenazados, poseen la autoridad social suficiente que le permite transgredir los criterios de selección periodística, imponiéndose a su agenda. Esto implica que la violencia esté omnipresente en los mass media.

La violencia, como acontecimiento periodístico

es entonces una variación comunicada del sistema social por el cual las audiencias se pueden sentir implicadas, ya sea de forma personal y directa, o, directa y no personal cuando afecta de forma emotiva o ideológica (Alsina, 1989).

Para la justificación de acciones de seguridad, los dispositivos mediáticos producen relatos primarios sobre una experiencia de amenaza,

generando un estado de necesidad y emergen

cia, que rompe los estándares cotidianos de la vida y de la práctica periodística. De esta forma, la declaración de medidas extraordinarias, como

hechos secundarios o acontecimientos colatera

les, se convierten en una técnica de gobierno, en el régimen biopolítico contemporáneo.

5. Análisis de relatos mediáticos en El Diario de Hoy y La Prensa

Tabla 5.

Citas extraídas de medios de comunicación para ejemplificar la categoría.

Medio de comunicación	Fecha de publicación	Cita
El Diario de Hoy	08 de marzo de 2016	El presidente de la República considera el Estado de Emergencia o Excepción para algunos territorios en los que se necesita entrar con más fuerza”, afirmó esta mañana Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa.
El Diario de Hoy	08 de marzo de 2016	Ante los altos índices de violencia y homicidios en el país, la funcionaria aseguró que se necesitan “medidas extraordinarias”, y aseguró que el presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó que es factible aplicar medidas especiales. Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa.
El Diario de Hoy	08 de marzo de 2016	Necesitamos pasar a tomar medidas extraordinarias que no siempre van a estar pegadas con las formas institucionales normales”, aseguró Óscar Ortiz. El funcionario aclaró: “Una medida extraordinaria es cuando una situación requiere de una intervención mucho más fuerte, dura y profunda.
El Diario de Hoy	8 de marzo, 2016	La Constitución del país en su artículo 29 avala régimen de excepción cuando hay “grave perturbación al orden público”. diputado del PCN, Antonio Almendáriz.
El Diario de Hoy	27 de marzo, 2016	Fuentes de la Policía y Penitenciarias, confirmaron que equipos de esas dos instituciones trabajan en la propuesta para establecer el estado de emergencia en siete penales, donde se encuentran recluidos cabecillas e integrantes de las pandillas.
El Diario de Hoy	11 de abril, 2016	La delincuencia y el accionar de maras y pandillas constituye un problema trascendental en la vida nacional más que la guerra civil”, aseveró en la entrevista Frente a Frente, el exdirector de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda para referirse al impacto de la realidad que vive El Salvador en los últimos años.
El Diario de Hoy	6 de febrero, 2017	Según el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, en su Gobierno “no hay espacio para diálogo” o para “treguas” y “no queda otro camino” para combatir a las pandillas que la “guerra”.
La Prensa Gráfica	10 de febrero, 2017	“Con la prórroga de las medidas establecemos un mensaje claro de decisión política clave en la cruzada contra el crimen”, dijo Ortiz tras la aprobación.
La Prensa Gráfica	20 de noviembre, 2017	Las medidas, que tienen vigencia hasta marzo de 2018, incluyen un mayor despliegue militar y de un comando élite de 1,000 elementos que da caza a las columnas armadas de pandilleros en la zona rural.

Medio de comunicación	Fecha de publicación	Cita
El Diario de Hoy	1 de marzo, 2018	La acción efectiva para combatir la epidemia de violencia es la de ir directamente al patógeno, que es la humillación abrumadora. Es así como la violencia surge y se convertirá en epidemia cuanto mayor sea la cantidad de personas que vivan sometidas a condiciones semejantes.
El Diario de Hoy	25 de julio, 2018	El 13 de abril el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, dijo que el Ejecutivo propondrá al Parlamento la creación de grupos civiles organizados, adiestrados por la Policía, para que se encarguen de impedir que las pandillas entren a los municipios rurales que presentan bajos índices de criminalidad.

5.4 _{Apelación a valores fundamentales}traposición a la violencia ejercida por estructuras

criminales. De esta manera, se realiza una impli-Las propuestas hechas por el Órgano Ejecutivo cación directa y emotiva de las audiencias, que y los representantes de instituciones de seguri-permiten construir acontecimientos excepcionadad y justicia, fueron justificadas en función de les, en los que se establece una clara división movalores como la paz, la esperanza, la libertad, la ral entre las vidas a proteger y las que no. honradez y la seguridad de la población, en con-

Tabla 6.

Tabla 8.

Citas extraídas de medios de comunicación para ejemplificar la categoría.

Medio de comunicación	Fecha de publicación	Cita
El Diario de Hoy	14 de marzo, 2016	El especialista (Carlos Carcach, criminólogo) dijo que una de las medidas más eficaces que el Gobierno debería implementar es la “represión” para neutralizar el accionar de las pandillas, basado en el trabajo de inteligencia policial.
El Diario de Hoy	30 de marzo, 2016	De acuerdo con la ley, el estado de emergencia debería durar 15 días; sin embargo, el secretario de la Presidencia informó que solicitarán que dicha medida se prolongue por un año.
El Diario de Hoy	31 de marzo, 2016	“Es el primer (proyecto) que cuenta con el nivel de cohesión de todas las fuerzas políticas representadas”, dijo el Ministro de Seguridad, Mauricio Ramirez Landaverde
El Diario de Hoy	13 de abril, 2016	“Las pandillas no solamente son un problema de carácter social, criminal, no solo constituyen un problema para la seguridad pública, si no que las pandillas ya han trascendido a poder amenazar la seguridad nacional, la seguridad de nuestro país y por eso es que las medidas que se han tomado son más que correctas”, manifestó el ex director de la PNC, durante la entrevista matutina de canal 10.
El Diario de Hoy	24 de abril, 2016	“Tenemos que golpearlos, tenemos que someterlos, y tenemos que desarticularlos, porque no puede ser de otra manera”, advirtió Ortíz, Vicepresidente de la República.
La Prensa Gráfica	05 de enero, 2017	“Entiendo que una política criminal de Estado contempla varios pilares, pero eso no es el tema, estoy muy claro que el objetivo con el cual nosotros aprobamos este impuesto fue para que fuera destinado a la Policía y al Ejército, para que pudiera ser implementado en materia de persecución y represión”, señaló tajante el diputado de GANA y presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.
El Diario de Hoy	02 de marzo, 2017	En el marco de la violencia que se vive, la Policía reporta las muertes de 102 supuestos pandilleros en tiroteos con policías y militares. En esas balaceras se han arrestado a otros 69 supuestos pandilleros y se han incautado 134 armas de fuego a pandilleros.

Medio de comunicación	Fecha de publicación	Cita
El Diario de Hoy	18 de abril, 2017	Las pandillas que delinquen en El Salvador estarían pretendiendo influir en la opinión pública al mostrarse como víctimas de un Estado “agresor” ante algunas organizaciones no gubernamentales -nacionales e internacionales- que trabajan en el tema de la violencia y los derechos humanos. Ramírez Landaverde, Ministro de Justicia y Seguridad Pública.
La Prensa Gráfica	27 de diciembre, 2017	“Las medidas extraordinarias, según consideramos nosotros, deberían retomarse en 2018 para convertirse en medidas ordinarias. Eso es lo que consideramos al ver lo que ha ocurrido desde que se implementaron”, dijo Cotto.
El Diario de Hoy	06 de febrero, 2018	“Nosotros respetamos esas opiniones, pero la presión más relevante e importante es el clamor de la población por garantizar y mejorar las condiciones de seguridad en el país”, sostuvo el portavoz gubernamental, Eugenio Chicas (Secretario de Comunicaciones de la Presidencia) en una entrevista en el canal estatal.
La Prensa Gráfica	19 de febrero, 2018	“La relatora, entiendo yo, que cuando se refiere a deshumanizante se refiere a que las cárceles, las celdas, tienen una cantidad superior a la capacidad que tiene instalada. Desde luego que una cárcel que tiene 514 % de hacinamiento se va a ver una situación bastante dramática... Entonces ella vio que unas celdas estaban sobrepobladas y eso, pues, no le pareció humano”, dijo Lima a LAPRENSA GRÁFICA.
El Diario de Hoy	03 de abril, 2018	Al respecto el ministro de Seguridad descartó que se violenten los derechos humanos, ya que el hacinamiento es histórico y las enfermedades que afectan a los reos, ocurren desde antes de la aplicación de las medidas.
El Diario de Hoy	28 de junio, 2018	Son 130 choques armados los que se han registrado en el transcurso de este año con un saldo de 159 pandilleros muertos, según cifras policiales. Por parte de las fuerzas de seguridad pública, tres policías y dos militares han muerto en esos tiroteos.

6. Conclusiones

La redacción de estas líneas está motivada por

el interés de plantear discusiones y preguntas abiertas sobre las actuales implicaciones de los discursos políticos sobre la violencia y su mediatización, como parte de las transformaciones

tecnológicas que inciden en la sensibilidad de

poblaciones como la salvadoreña, como base

para el establecimiento de relaciones y comunidades. Estas líneas de análisis pueden resultar una base para impulsar una mejora no solamen

te en las políticas públicas en sí mismas, sino también en las formas de comunicación política que le son consecuentes. Sobre este punto aún

queda mucho que profundizar.

La pérdida de cercanía, solidaridad y empatía

con la “otredad” que expresamos en la creación

de acontecimientos mediáticos se desarrolla en un doble régimen; por una parte, debido las heridas marcadas de miles de salvadoreños y sal

vadoreñas, que coexisten con la violencia en su vida cotidiana, ya sea porque la han experimentado en la piel y/o porque viven en un estado

de amenaza permanente, alimentado por un imaginario mediático compartido, que nos expone como testigos privilegiados a las imágenes congeladas de los cuerpos torturados, violados y asesinados, que circulan en medios de comunicación y redes sociales.

Teniendo en cuenta la relación histórica que

existe entre nuestros cuerpos y la técnica, ha

sido importante evitar conclusiones deterministas respecto a las tecnologías de la información y la comunicación. A diferencia de lo que sugerían diversos autores y autoras del campo dis

ciplinario, con la emergencia de los medios de comunicación, hoy en día, ya no podemos hablar de la técnica a partir de su valoración moral o efectos masificadores, ni tampoco analizar sus transformaciones de forma tradicional, con base en los conceptos propios de la modernidad, al haberse difuminado los límites entre la vida pública, íntima y privada, entre el cuerpo y la máquina, y otros binarios que nos concedían una

ilusión de estabilidad.

Queda claro entonces que los episodios permanentes de violencia así como los relatos conocidos públicamente a través de los medios de comunicación, como uno de los varios dispositivos modernos, no poseen efectos todopoderosos sobre las y los espectadores, pero sí producen sentido y temporalidades específicas, que inciden en la experiencia y la percepción, ya que

permiten la construcción de acontecimientos de una realidad social, en la que un estado de excepcionalidad y amenaza permanente puede ser

legitimado por las audiencias.