Políticas públicas, cooperativismo y desigualdad social: el caso costarricense durante el apogeo del Estado de Bienestar
El cooperativismo costarricense se vio fuertemente fortalecido en la segunda mitad del Siglo XX debido a su rol activo para
diversificar la economía local. De la mano
de un creciente número de instituciones descentralizadas, las cooperativas ejecutaron
políticas públicas en cuatro ejes principales: café, electrificación rural, ahorro y crédito y agro. Las experiencias más exitosas dan cuenta que la combinación de la acción colectiva y
la gestión colectiva en esas organizaciones es
fundamental en el desarrollo de los territorios.
El presente artículo ofrece una visión general de las políticas públicas impulsadas desde el Estado costarricense entre 1949 y mediados de los años ochenta del siglo pasado en materia de cooperativismo, en el contexto de la cooperación y el sistema mundo.
Palabras clave: Cooperativas, políticas públicas, igualdad.
Costa Rican cooperativism was strongly strengthened in the second half of the 20th century due to its active role to diversify the local economy. Hand by hand with a
growing number of decentralized institutions, cooperatives implemented public policies in
four main areas: coffee, rural electrification,
1 Investigador. Sociólogo experto en cooperativismo y desarrollo. Ha realizado investigaciones sobre los aportes de las cooperativas en zonas rurales, demostrando que el modelo
cooperativo multiplica hasta en seis veces los beneficios de las
empresas mercantiles. Es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y colaborado en el ICAP como docente y en trabajos de graduación. Actualmente es el gerente de Desarrollo Estratégico del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en Costa Rica.
savings and credit, and agriculture. The most successful experiences show that the combination of collective action and collective management is fundamental in the development of territories.
This article offers an overview of the public policies promoted by the Costa Rican State between 1949 and the mid-eighties of the last century in terms of cooperativism, in the context of cooperation and the world system.
Key words: Cooperatives, public policy, equality.
El sistema mundo económico vigente ha sido desarrollado sobre las bases firmes de la expansión geográfica, la explotación constante de recursos productivos y una
incesante autoreproducción desde la
extracción de plusvalor. Bajo esas premisas dicho sistema ha generado una profunda
distribución desigual del ingreso, dejando tras
de sí una estela estructural de difícil atención
que divide el mundo entre centro- periferia,
desarrollo-subdesarrollo y riqueza-pobreza, todas categorías que describen la realidad del sistema en su esencia.
En esa dinámica dualista y dicotómica por naturaleza, el cooperativismo ha levantado su
mano como una opción viable para atender la desigual distribución de la riqueza producida desde los inicios de la primera revolución
industrial inglesa. No en vano el cooperativismo se desarrolla con más fortaleza en esa época
como una alternativa principalmente para los
sectores populares excluidos y explotados en el sistema.
Sin embargo, los valores que rigen ese sistema económico a menudo subsumen la doctrina
cooperativa en su dinámica individualista, concentradora y ahistórica, facilitando que la alternativa de distribución se diluya en el espejismo de la rentabilidad y la competitividad de las empresas mercantiles, destruyendo identidad y capacidades grupales en el territorio.
En el contexto de esa dinámica de paradigmas
empresariales por la generación de mejores condiciones de vida para la población, el
mundo actual se divide entre acumular y distribuir, entre lo individual y lo colectivo y entre lo inmediato y el largo plazo; mientras
tanto, el problema de la desigualdad crece como un componente estructural en el sistema
económico alrededor del mundo.
El presente artículo busca profundizar en esas dicotomías del mundo moderno, la
importancia de la cooperación en la vida
cotidiana, y sobre todo, la importancia que las políticas públicas en materia cooperativa
tuvieron en Costa Rica con el desarrollo del
Estado de Bienestar desde 1949 y hasta los años ochenta del siglo pasado, fecha en que el país
enfrentó cambios importantes que debilitaron el impacto del aparato estatal debido a la
apertura comercial y a cambios estructurales en el movimiento cooperativo que lo hacen objeto de otro tipo de análisis en la forma de articular y de ejecutar la política pública nacional cooperativa.
La cooperación ha estado presente en la humanidad como una condición inherente de la vida social y la sobrevivencia humana. No existe sostenibilidad en la vida humana
o natural alejada de la cooperación entre los seres vivos porque un concepto como
competitividad, desarrollado sin cooperación; arrasa con todas las posibles proyecciones de vida en todo nivel.
Cooperar es producir vida, extenderla,
mejorarla, procurando atender los requerimientos societarios o sistémicos de sus
partes con algún tipo de rezago, así como de sus agentes más favorecidos en el desarrollo.
Cooperar es garantizar condiciones dignas de vida para los seres vivos, sin atentar contra el
desarrollo de la vida en el tiempo y el disfrute de otras generaciones.
El mantenimiento de la vida por grupos
humanos desde el propio paleolítico requirió
fuertes dosis de cooperación para atender las diversas funciones que el entorno natural
imponía, naciendo con ello la división del trabajo y la especialización a lo interno de los grupos humanos. Con la cooperación se da la humanización de la especie humana, pues ‘‘el hombre pasó de un estado puramente animal a un plano eminentemente social y la condición humana se reflejó en el hecho de vivir en sociedad’’ (Aguilar y Fallas 1990, p.33).
Esa primaria división del trabajo generó especialización, conocimiento del medio
natural y de las condiciones cambiantes para
la domesticación de los factores diferenciados,
trayendo consigo tecnología, herramientas y estrategias para el asentamiento humano en un territorio. El paso de seres humanos nómadas hacia grupos sedentarios facilitó la conformación de grupos sociales y de
estructuras de vida colectiva que bajo el amparo de la cooperación permitieron establecer las bases de la vida social como
la conocemos en la actualidad.
Así las cosas, siguiendo a Aguilar y Fallas (op. cit.), las incipientes sociedades sedentarias generaron que ‘‘los hombres se hicieron diestros
agricultores, las mujeres adquirieron pericia
en labores manuales, mientras que los niños y
ancianos cuidaban los animales domésticos
y los campos cultivados’’ (p.35), a la vez que dichas sociedades empezaron a conocer el excedente, componente fundamental que en
nuestras sociedades modernas es la base de la
organización social, la cultura y la desigualdad.
Esas primeras sociedades sedentarias utilizaron
el excedente colectivo para beneficio del
propio grupo social, manifestado como
reservas de granos, frutos, alimentos y en general cosechas que se utilizaban en tiempos
de baja producción de alimentos o cuando
descendían los productos de la caza y la pesca. La funcionalidad del excedente estaba
marcada para atender la sobrevivencia del
colectivo, donde su carácter cooperativo era esencial.
Enrique Dussel (2014), denomina a esas
sociedades antiguas como sociedades equivalenciales en vista que, bajo el precepto de la cooperación, se administraban los resultados de los productos sociales de manera colectiva, bajo el principio de sostenibilidad
de la vida. Por ello, muchas sociedades no
conocieron el concepto de mendicidad o de
pobreza, sobre todos las ancestrales.
Los grupos equivalenciales tenían profundas raíces solidarias, pues para el autor (op.cit.) en ausencia de acumulación de excedente
equivalencial donde destacaron gestores
comunitarios del excedente, normalmente las personas con mayor experiencia y edad en el grupo encargados del trabajo guía del colectivo (Ibid.p.63).
No obstante, lo anterior, la complejidad de
esas sociedades poco a poco generó que a lo
interno de los grupos humanos se establecieran
mecanismos de diferenciación social debido a
la acumulación de bienes materiales y dinero, trayendo consigo que el poder y las decisiones comenzaran a formar parte de la dinámica
creciente de ciertos grupos por encima de
otros. El tránsito de sociedades equivalenciales hacia sociedades no equivalenciales, como las denomina Dussel irrumpe el escenario de la vida en sociedad y se complejiza conforme la ciencia y la técnica facilitan la extracción de las formas diferenciadas del excedente de cada grupo humano, sin importar el espacio-tiempo en que se materializan.
Para Dussel (2014):
Ese sistema no- equivalencial se instaló
en un momento histórico que comenzó en Mesopotamia, en Egipto y en las costas orientales del Mediterráneo, pero igualmente en la India en torno a río Indo y en la China en el curso y desembocaduras de sus grandes ríos. También en América los hubo en Mesoamérica y los Andes (p.54).
Los desarrollos culturales más importantes
en esas sociedades se dieron gracias a
la tecnología y la división del trabajo. El
nacimiento de las ciudades, la ciencia, los intercambios comerciales, la navegación, incluso la guerra, son productos de sociedades
no equivalenciales que, por consiguiente; vieron nacer grupos políticos y de poder
económico ligados con el apropiamiento del
excedente, la expansión territorial y la toma de decisiones en materia política y económica.
Ese proceso de expansión se mantuvo en prácticamente todas las culturas del mundo donde en la mayoría de los casos tuvo como objetivo el apropiamiento del excedente
generado por otras sociedades, respetando en
la mayoría de los casos las culturas sometidas a dominación; hasta que la modernidad europea irrumpió como un proyecto societario
de alcance mundial no solo en lo económico
sino en lo cultural, que implicaba formas más desarrolladas de explotación y dominación.
En efecto, la sociedad no equivalencial
según el concepto de Dussel, que nace con la modernidad europea hacia 1462 según Wallerstein (2013), trae consigo un proyecto expansionista como en ningún otro momento de la historia se había generado por sociedad alguna.
Sobre la base de una colonización cultural y del apropiamiento sistemático del excedente, esa sociedad capitalista presenta la característica
esencial de lograr transformarse en sistema
mundo cuando ese excedente cambia el uso histórico que venía generando ‘‘con el objetivo
o intento primordial de su autoexpansión’’ (Wallerstein, op. cit. p.2), con ello, es un sistema que requiere ampliar sus límites geográficos y
económicos constantemente para apostar
a su sobrevivencia en el corto y largo plazos.
En segundo lugar, estableció una división
internacional del trabajo (más estandarizada
globalmente) gracias a la modernización de ciclos de procesos (ciclos del capital) los cuales modernizó al mercantilizarlos (procesos de intercambio, producción, distribución, inversión) por medio de su incorporación
al mercado (Ibíd., pp.3 y 4). En esa división estableció funciones para países y regiones sobre el marco de lo que se ha denominado centro y periferia, donde claramente el centro es definidor de roles, lo cual favorece la acumulación de excedente (riqueza), la implantación de tecnología y dirección de los negocios.
Finalmente, el sistema se fortalece gracias a
uno de sus principios fundamentales como es el que ‘‘(…) esté gobernada por el intento
racional de maximizar la acumulación’’ (Ibíd., p.6). En efecto, ese eje fundamental es el que permite la extracción y la acumulación de ámbito mundial, trayendo consigo que la desigualdad y la acumulación, el desarrollo y el subdesarrollo, así como el centro y la periferia sean categorías inherentes del sistema.
El contexto en el que nace y se consolida el
cooperativismo en la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra es ese sistema mundo de alcance global que potencia la concentración
de riqueza en pocas manos y genera
desigualdad en los territorios que subsume
en esa dinámica. Esos elementos los genera gracias a una técnica y a una ciencia que facilitan el apropiamiento del plusvalor y a
una estructura de relaciones que lo permite,
denominada centro-periferia.
Las ciudades que poco a poco se fueron
consolidando como producto del sistema, se transformaron en nuevos espacios sociales
de explotación de hombres, mujeres, niños y niñas con jornadas laborales de hasta 18 horas. Literalmente, miles de personas dejaron la vida
en telares, talleres de producción, construcción
de líneas de ferrocarril, apertura de caminos y carreteras con la finalidad de hacer crecer las condiciones necesarias de expansión del sistema mundo. Otro tanto de personas formó
parte de los procesos de migración que desde
la Europa central forjaron destino en Norte, Centro y Sudamérica o en Oceanía.
Mientras la riqueza se acumulaba en pocas
manos entre los grupos que disponían de
medios de producción para la instalación de
sus empresas; la pobreza y la desigualdad social hundían a la mayor parte de la
población en condiciones que no alcanzaron
ni el mínimo para la subsistencia. Es en ese contexto en el que nace el cooperativismo como una alternativa social y económica de distribución de riqueza y generación de condiciones dignas de vida para la población.
Para Juan A. Huaylupo, (2007), el
cooperativismo no parte de una base de personas para la generación de mejores condiciones de vida para ellos, sino como una respuesta a ese sistema que desde sus inicios generaba subproductos de desarrollo como
parte de su dinámica interna:
El cooperativismo, no nació históricamente para atender exclusivamente las
necesidades de sus miembros, fue una respuesta popular ante las condiciones
imperantes de un sistema excluyente e inequitativo existente en cada sociedad.
El compromiso social del cooperativismo es
histórico y está materializado en principios
que aún tienen vigencia en el presente
globalizado (pp.77-78).
En efecto, las cooperativas mantienen su vigencia en el sistema mundo porque los principios que rigen ese sistema se mantienen
intactos en su esencia, y en el tanto que persista el desarrollo desigual seguirán siendo
una opción viable para la población, sobre
todo la más necesitada. Los momentos de cada grupo humano para el desarrollo de
una cooperativa son establecidos por las
particularidades de su cultura y madurez de su vida colectiva.
Las cooperativas con empresas asociativas que nacen en un espacio-tiempo determinado. Para Huaylupo (2005) ese espacio-tiempo
se genera en la interacción de personas en
el contexto histórico en que conviven: ‘‘No existe tiempo sin sociedad. Las magnitudes
de tiempo, sin el reconocimiento social del devenir de los acontecimientos, es un
conjunto vacío de significados aislados’’ (p.34). Esos significados que los colectivos crean,
condensan la solidaridad para la atención
de sus necesidades humanas, haciendo del tiempo y de la propia sociedad un imaginario
compartido diferente en el devenir del sistema
dominante.
La importancia histórica del cooperativismo
radica en ser un producto social que sobre la
base de un capital humano que denominamos
capital social, se generan mejores condiciones de vida en un territorio, que sobre bases
colectivas de solidaridad, distribuyen mejor la riqueza y atiende espacios de interés público sin serlos en su totalidad.
Los antecedentes del cooperativismo
latinoamericano se encuentran en el legado
de las culturas autóctonas, las cuales tenían
en la solidaridad la base de su avance social,
político y económico.
Jorge Coque Martínez (2002), advierte la presencia de cajas de ahorro y crédito en México y en Venezuela como resultado
de organizaciones cooperativas de origen
religioso durante los Siglos XVII y XVIII. Ese origen
ideológico, según Pineda et al (1994), citado por Coque (2002), estaba marcado por un
pensamiento socialista, utópico y asociativo
europeo, en periodos previos de a la formación
de la cooperativa de Rochdale en Inglaterra, como claro apoyo a la actividad económica que se generaba en el continente en beneficio de las clases populares.
Esa influencia de pensamiento europeo, según tendencias de la (OIT, 1998) citado por Coque
(2002), se marcaron también por migrantes
llegados a Argentina y Brasil (principalmente italianos, franceses y alemanes), en Paraguay (dominantemente alemanes) y en Chile y Perú (principalmente de Inglaterra). También, se
mezclaron con formas internas de pensamiento social como las sindicales, las mutualistas, el
consumo y el ahorro y crédito, así como los servicios en países como Paraguay, Argentina
o Chile; donde se dio paso a un pensamiento
latinoamericano con intelectuales de Perú,
Ecuador y Costa Rica (p.151).
Desde esos antecedentes, en el marco de
desarrollo que impone el sistema mundo, el
cooperativismo ha venido evolucionando
desde la segunda mitad del siglo XIX gracias a
la expansión del intercambio intelectual sobre el tema en revistas y periódicos nacionales,
gracias a procesos naturales de organización social producto de esa circulación de ideas
entre sectores sociales; y finalmente, por la articulación de políticas desde gobiernos
nacionales para atender necesidades en el
desarrollo.
Los fines sociales fueron marcados mediante procesos de asociatividad espontánea
entre gremios productivos como respuesta
a la constante explotación a la que estaban
siendo sometidos, tanto en el desempeño de funciones como peones o como productores independientes en las diferentes cadenas
de valor. Actividades como el café, la caña de azúcar, el maíz, el comercio y algunos
servicios, visualizaron en la incipiente doctrina cooperativa formas solidarias de distribución
de la riqueza y eliminación de la explotación que, no obstante; encontraron falta de apoyo político y legislación para su despegue en la segunda mitad del siglo XIX.
En los ámbitos político y económico, la
promoción de cooperativas desde varios gobiernos nacionales respondió a la necesidad de articular procesos de inserción económica ligados con reformas agrarias impulsadas con
la finalidad de atender luchas campesinas y
crecientes procesos de deterioro social a lo interno de los países.
No en vano autores como Picado y Silva
(2002), identifican las cooperativas con
marcados contenidos políticos (p.10), donde esas organizaciones y otras formas asociativas
fueron actores principales en las reformas agrarias en el continente, utilizadas por medio
de políticas públicas para incorporar sectores campesinos al sistema mundo económico.
Uno de los estudios clásicos del cooperativismo del tercer mundo es sin duda el proyecto
denominado: Cooperativas rurales e instituciones relacionadas como agentes de cambio, dirigido por UNRISD, y traducido en español como Cooperativismo: su fracaso en el tercer mundo. En dicho estudio se incluyó 40 estudios de casos en Sri Lanka, Irán, Bangladesh, Camerún, Ghana, Kenia, Tanzania, Túnez, Uganda y Zambia y Colombia, Ecuador y Venezuela. (Cepal, 1985, p. 6) concluyendo
categóricamente que:
Las cooperativas rurales en las regiones
en desarrollo producen en la actualidad
pocos beneficios a las masas de habitantes más pobres de tales áreas y no pueden
considerarse, en términos generales, como
agentes de campo y desarrollo para tales grupos (p.6).
Orlando Falls Borda dirigió los estudios en los países de América Latina y concluye que fueron razones políticas las que motivaron el apoyo estatal a las cooperativas, buscando eliminar las luchas campesinas debido a las
crisis económicas, por ello la promoción de las cooperativas esté tradicionalmente asociada
con periodos de violencia y depresión como norma general (p.6)
Otro de los hallazgos más importantes de Falls Borda muestra que las cooperativas no
cumplieron la función de agente de cambio en vista que poblaciones asociadas no
tenían propiedad ni acceso a recursos para generar beneficios personales provenientes y beneficiarse de la cooperativa. En otro tipo de cooperativas, como las de afiliación
restringida, se mejoraron las condiciones de la
población; produciendo efectos contrarios a lo planificado con la promoción de cooperativas
(p. 6).
Pese a lo anterior, según información de la
Cepal (1985), a mediados de esa década perdida, Latinoamérica registró un total de
18 millones de asociados, lo que representó
un peso relativo del 16% de la población económicamente activa. Destaca que entre las actividades económicas más relevantes se tienen las agropecuarias con el 34%, las de ahorro y crédito con el 13% y las de vivienda con el 11% del total. Sin embargo, como es de suponer, las de mayor cantidad de base
asociativa fueron las cooperativas de sectores
como el de ahorro y crédito con el 33% de la membrecía, servicios varios con el 20%, las cooperativas de consumo con el 16% y las de giro agropecuario con el 12% (p. 9-12).
Actualmente, el cooperativismo latinoamericano, pese a no contar con bases de información sólidas, tiene gran impacto
económico y social gracias al desarrollo de legislación nacional, soporte económico y crediticio, así como la conformación de redes de apoyo entre organizaciones sectoriales o regionales.
En Costa Rica el cooperativismo ejerció un papel fundamental en la modernización del Estado en 1949, en la diversificación
de la economía interna y sobre todo, en el desarrollo de extensos territorios rurales que no tenían electricidad, caminos e infraestructura productiva.
La arquitectura intelectual de ese estado de
bienestar tuvo su basamento en el pensamiento
de Rodrigo Facio, el cual consideraba que el país tenía una cultura de bajo desarrollo
pues ‘‘al consumirse la época colonial, Costa
Rica presentaba el aspecto estático de una economía cerrada y atrasada y escasamente satisfecha en sí misma’’(1978. p 33), aspecto que los cultivos importantes como el café y la caña de azúcar no lograron mejorar.
Las rectificaciones económicas de Facio proyectaron que las decisiones en materia
económica estuvieran en manos del Estado, donde los beneficios de la participación
de nuevos actores sociales y económicos recayeran en los tradicionales grupos sociales
con menores oportunidades, los cuales, de la
mano de las cooperativas, se transformaran en La política social del Estado costarricense se pequeños propietarios. En palabras del autor, fundamentó en la creación de cooperativas la estructura estaría conformada por: para la ejecución de los grandes procesos
• Una base social dedicada a fomentar la inmigración controlada, organizar colonias por regiones, formar cooperativas de crédito, producción para el incremento
de compras y ventas y con ello el fomento del consumo; así como el logro de
acuerdos regionales entre cooperativas
de productores y consumidores.
• Base económica con impuesto progresivo sobre la propiedad inculta, expropiar y
asignar tierras, construcción de caminos, organizar la producción, creación de almacenes de depósito del Estado con capacidad de otorgar crédito a productores para dinamizar el intercambio
de productos agrícolas.
• Base técnica y científica que organice la agricultura en torno a las necesidades de la población, considerando el potencial de
la riqueza vegetal, animal y mineral.
• Base de comercio exterior, promovida para la adecuación del funcionamiento de las
exportaciones, tratados internacionales, tarifas y encargada de promover la diversificación y las áreas de la producción nacional (Facio, 1978, pp.173-174).
Bajo esa arquitectura, el estado de bienestar comenzó a generar política económica que encaminara el rumbo del país hacia una mayor distribución de la riqueza y diversificación económica. Para Rovira (2000), esas políticas
se resumen en las siguientes:
los cambios propuestos en cada sector.
• Aumentar el ingreso económico de las
clases populares con el fin de incentivar la demanda interna.
de desarrollo generados en el país. Dichas políticas se articularon mediante la dirección
de las nacientes instituciones públicas que
ejercieron roles de rectoría, de orientación técnica, de contraparte económica y de apoyo en el desarrollo de cooperativas. Los cuatro ejes de políticas públicas impulsadas
desde el cooperativismo son los siguientes:
• Cooperativas agrarias, impulsadas desde el Instituto de Tierras y Colonización ITCO primero y el Instituto de Desarrollo Agrario IDA después.
Su misión fue la ejecución de las reformas
agrarias pendientes en el país, la atención de conflictos sociales ligados con campesinos sin tierras y la coordinación con el aparato estatal creado con la finalidad de consolidar la colonización, los asentamientos y el desarrollo rural.
En procesos más recientes, esas instituciones
crearon condiciones para la capacitación, el acompañamiento, la creación de mercados
y el otorgamiento de crédito de manera independiente.
• Cooperativas cafetaleras impulsadas por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
En el contexto de la acumulación de poder que tenían los exportadores de café en el
nivel nacional, los cuales controlaban desde la presencia en mercados internacionales,
así como el financiamiento de la cosecha;
las cooperativas fueron promovidas con el objetivo de democratizar esas cadenas
de valor, distribuir los impactos de dicha
actividad, desarrollar zonas rurales con poca
infraestructura productiva y dinamizar las regiones. El banco cumplió funciones de gran
importancia para la asignación de activos productivos entre las nuevas cooperativas, el
acceso a crédito, capacitación y formación.
De manera complementaria, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) se encargó de
desarrollar los componentes técnicos para
incrementar la productividad y generar
normativa para modernizar el sector en el
contexto de una creciente presencia del producto nacional en mercados externos.
• Cooperativas de electrificación rural impulsadas desde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el BNCR, principalmente.
Las limitadas posibilidades que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad para electrificar todo el país en el corto plazo facilitaron que las
cooperativas de café recién constituidas, de la
mano de municipalidades y las comunidades
rurales, articularan capital social comunitario tendiente a fomentar cooperativas de
electrificación rural que movieron el aparato estatal para el impulso de políticas públicas
capaces de atender esas necesidades en los
territorios.
El Estado costarricense, como respuesta a esas iniciativas regionales, facilitó la búsqueda de cooperación internacional para traer capital
de inversión y capacitación por medio del propio ICE, quien ha ostentado la rectoría de la energía en el ámbito nacional. Esas cooperativas rurales se constituyeron como fuertes herramientas de ejecución de obra
pública las cuales desarrollaron importantes
sectores rurales del país, y con ello; la modernización de la economía local.
• Cooperativas de ahorro y crédito, con impulso del BNCR y de fondos internacionales como AID.
Finalmente, las burocracias crecientes en los emergentes sectores privado y público se organizaron en cooperativas de ahorro y crédito con la finalidad de atender las
crecientes demandas de crédito para
sus necesidades y con ello incrementar la
demanda interna, una apuesta del estado
de bienestar desde 1949.
No obstante, ese cooperativismo también
atendió importantes sectores productivos en zonas rurales que poco a poco empezaron a
germinar. En efecto, cooperativas de ahorro y crédito afiliaron importantes sectores agrícolas
que en comunidades rurales facilitaron el crédito para pequeños productores de café,
caña de azúcar; en áreas como el comercio, el consumo, los servicios y la vivienda, como
parte del desarrollo regional que se venia
consolidando en el país. En muchos casos,
el capital utilizado provino de fondos del programa Alianza para el Progreso como
una muestra clara de política pública para modernizar la economía y brindar apoyo en el fortalecimiento de ese tipo de empresas.
En resumen, el aparato estatal creado desde
el Estado de Bienestar en la Costa Rica de 1949
utilizó el cooperativismo como una plataforma
para diversificar la economía, incrementar la
demanda interna, desarrollar los territorios
rurales y apostar por un incremento de los
pequeños propietarios que fueron organizados
alrededor de esas empresas.
En ese contexto, se puede afirmar que la incorporación del país en el sistema mundo
pasa en gran medida por los beneficios que trajo consigo el sector cooperativo a
la economía nacional, en una especie de cogestión de políticas públicas entre las instituciones públicas descentralizadas y las propias cooperativas, existiendo de por
medio importantes procesos de construcción
de capital social que explica el desempeño positivo de muchas zonas en la actualidad.
Por ello, con el fin de conocer de manera integral los resultados más importantes de ejecución de políticas públicas por medio
del cooperativismo, es necesario desarrollar
dos categorías de análisis fundamentales: por un lado, la acción colectiva y por el otro, la gestión colectiva.
Por acción colectiva conocemos el conjunto
de habilidades sociales que desarrolla un grupo humano con la finalidad de satisfacer
las necesidades que comparten de manera
común. Esas habilidades fortalecen la gestión
operativa del grupo tanto como su gestión
afectiva, de ahí que las capacidades como la
identidad, la organización, la comunicación, la
planificación y la ejecución; son fundamentales
para avanzar desde estadios menores de
desarrollo hacia estadios superiores. Se debe
indicar que esa acción colectiva es una etapa temprana de capital social pues fortalece el colectivo internamente antes de gestionar los
cambios proyectados.
Por otro lado, la gestión colectiva es el resultado de la acción colectiva, pues implica la forma
estratégica y operativa en que el colectivo ha resuelto atender sus necesidades comunes. Los procesos de planificación, organización, dirección, control y seguimiento de la
cooperativa bajo los principios mundialmente
establecidos por dicho movimiento, es la etapa de gestión colectiva del grupo.
Siendo así, el cooperativismo puede definirse
como aquellos procesos de interacción
de acción colectiva y de gestión colectiva
alrededor de una cooperativa, en cumplimiento de su objeto social para la
atención de las necesidades de sus asociados.
Cuando solo hay acción colectiva estamos en presencia de una asociación activa que busca soluciones, pero no las materializa
empresarialmente; mientras que con la sola
presencia de gestión colectiva tenemos una
empresa que no tiene un fin compartido, sino que genera beneficios que reparte entre unas cuantas personas.
Ante un escenario de cumplimiento de una
sola de esas categorías, el cooperativismo no genera los beneficios a sus asociados ni en los territorios donde ejerce influencia ya que
éstos se alcanzan al desarrollar condiciones estructurales de desempeño empresarial
y asociativo a la vez. En palabras de Pierre Bourdieu ‘‘En la práctica, las relaciones de capital social solo pueden existir sobre
la base de relaciones de intercambio
materiales y/o simbólicas y contribuyendo además a su mantenimiento’’ (2000, p.149). El cooperativismo es en sí mismo una
manifestación avanzada de capital social que encuentra en la gestión colectiva las formas
de generar y de distribuir riqueza y con ello, atender la desigualdad social.
En el contexto de esas categorías de análisis, se debe indicar que las políticas de promoción de cooperativas establecidas en el país desde
el año 1949 fueron diferenciadas generando
resultados diferentes. Los desarrollos más
importantes dan cuenta que el capital social
llevó al cooperativismo y no el cooperativismo
al capital social, que la acción colectiva es primaria a la gestión colectiva en esas empresas
y que cuando se ejecutaron esos procesos
de forma complementaria se identificaron
elementos concretos de diversificación, desarrollo, e impactos sostenidos desde las
cooperativas.
Por ejemplo, el Banco Nacional tuvo una oficina y luego un departamento de cooperativas que ejercía funciones de rectoría en el nivel
nacional relacionadas con la legalización, el registro, capacitación, financiamiento
y seguimiento. Además, el banco facilitó
procesos de construcción de acción colectiva
en grupos de productores que querían mejorar su calidad de vida, pero no sabían como hacerlo en un principio. Las cooperativas
aparecieron después como la opción a tomar
por el grupo.
En gestión colectiva el Banco otorgó crédito a muchas cooperativas, pero mantenía
representación en el consejo de administración
con la finalidad de crear capacidades internas, preparar cuadros de reemplazo, así como valorar el avance técnico y financiero de las nuevas cooperativas promovidas. Toda una apuesta de acompañamiento y capacitación
desde el Estado para la generación de
capacidades entre la población.
Los sectores más beneficiados de esa política
pública fueron los de las cooperativas de
productores de café y las de electrificación rural, muchas de las cuales actualmente son
potentes interfaces de desarrollo regional que mantienen activos procesos de identidad con
alto impacto social.
Por otro lado, gran parte de las cooperativas del
sector agro promovidas desde el ITCO y el IDA no contaron con procesos de acción colectiva. En la mayoría de los casos las cooperativas fueron promovidas con la finalidad de atender procesos de colonización y de desarrollo rural
sin que esas bases asociativas respondieran a intereses comunes sino a designaciones desde las instituciones públicas, dando como resultado el interés prioritario en la parcela, la
tierra o la finca antes que la articulación de empresas sólidas y consolidadas.
Finalmente, el sector de ahorro y crédito
tendió a desarrollarse en espacios laborales
compartidos, tanto desde el ámbito privado
como el público, lo que facilitó la conformación
de acción y gestión colectiva con el tiempo,
desarrollando empresas que actualmente
gozan de gran prestigio en el nivel nacional.
Otros procesos similares se dieron en torno de comunidades rurales de economías crecientes, trayendo consigo el desarrollo de empresas que históricamente ejercieron
funciones importantes en materia crediticia
para el apoyo de productores, comerciantes, trabajadores públicos y privados con altos índices de identidad local.
El resultado actual de la ejecución de esas
políticas públicas permite identificar con
claridad que las cooperativas que pasaron por procesos de acción colectiva y de gestión colectiva se han mantenido competitivas en el tiempo donde muchas de ellas alcanzan más de sesenta años de vida funcional. Mientras eso ocurre, muchos procesos que
no alcanzaron esas dos fases de crecimiento
se mantienen como cifras en la historia, pero no como cooperativas en marcha que en promedio no alcanzaron los 6 años de vida.
Por otro lado, el crecimiento que han tenido muchas de esas empresas cooperativas exitosas las ha llevado a evolucionar satisfactoriamente hacia procesos de representación política vía
delegados en asambleas, acrecentando las
formas eficientes de desarrollo en los territorios. La estabilidad en puestos gerenciales, la especialización de sus mandos medios y la
participación activa de sus asociados en cuerpos sociales de gestión o de control, son
características manifiestas de acción colectiva y de gestión colectiva.
Mucho de ese cooperativismo que nació con las políticas públicas del Estado de Bienestar costarricense se mantiene en las estadísticas mas relevantes en el nivel nacional. Para el año 2012, con información generada en el IV Censo Nacional Cooperativo del (Programa Estado de la Nación, 2012), que es el censo de más reciente data, a la fecha se registraron 594 cooperativas que agruparon un total de 887.335 personas asociadas. Los aportes en la economía nacional se resumen en los
siguientes indicadores:
• El 21 % de la población nacional se identificó como asociada a alguna cooperativa.
leche por la vía cooperativa.
• Un monto que alcanzó los 132 mil millones
de colones en exportaciones.
en el país atendidas por cooperativas de salud.
Como ha sido analizado, en Costa Rica el
cooperativismo fue promovido por el Estado
como una opción viable de política pública para diversificar la economía interna y
modernizar varios sectores productivos desde
mediados del siglo XX.
Debe hacerse notar que pese a que desde
inicios de ese siglo los sectores populares fundaron cooperativas en sectores como
vivienda, servicios, café y consumo; el
cooperativismo comenzó a ser una realidad
cuando el país generó legislación moderna en la materia, cuando apoyó esas organizaciones
por medio de instituciones públicas para su
desarrollo y cuando facilitó la construcción de capacidades entre la población asociada.
En resumen, el cooperativismo costarricense
fortalece su presencia en el país gracias a la articulación de políticas públicas para su desarrollo.
Esa materialización de la política pública no fue estandarizada ni respondió a una rectoría
nacional que orientara el accionar para el
sector cooperativo. En su lugar, dio respuesta a los ámbitos de acción de cada institución pública creada con la finalidad de que desde
su gestión fueran ejecutadas las acciones para
atender las poblaciones y las cooperativas.
Pese a lo anterior, debe reconocerse que las
políticas públicas más desarrolladas en materia
de cooperativismo atendieron las necesidades de la acción colectiva de las poblaciones que posteriormente optaron por las cooperativas como respuesta a sus necesidades2, y en ese nuevo estadio; las políticas fortalecieron la
gestión colectiva cuando las cooperativas entraron en operación en los mercados
nacionales o internacionales. De manera complementaria, esas políticas integraron las
acciones técnicas que desde las instituciones públicas descentralizadas fueron creadas para desarrollar los diferentes sectores económicos, tanto en café, caña de azúcar, arroz, productos
agrícolas, entre otros.
Los resultados obtenidos en el nivel regional
destacan un crecimiento tanto en la productividad individual de pequeños productores como en la competitividad general de las propias cooperativas, pues
mezclaron de manera integral las políticas
públicas diseñadas para el sector productivo
en el ámbito local. Ello explica porqué la incorporación de la economía nacional en el
sistema mundo se vio fuertemente favorecida con el desarrollo de las cooperativas en los
últimos setenta años.
Si se considera la conceptualización que
Castelao (2009, p.34), citando a Vuotto (2008) realiza sobre el diseño de políticas públicas para empresas de economía social, el éxito de esas políticas mencionadas en Costa Rica se dio por la combinación de políticas
sectoriales que promovieron el desempeño de
2 Debe indicarse que otros procesos de construcción de capital social rural
fueron canalizados por otro tipo de iniciativas colectivas que la legislación
costarricense permite, tal es el caso de las asociaciones de productores o las
de desarrollo comunal que también han desarrollado proyectos productivos.
cooperativas en su sector, pero, sobre todo; la aplicación de políticas territoriales que
facilitaron la atención integral de importantes
regiones del país.
Las políticas sectoriales facilitaron la
elaboración de estudios de factibilidad que
determinaron la viabilidad de los proyectos
desde las instituciones rectoras del sector
público. Con ello se ejecutó una fuente importante de financiamiento con manejo
de riesgos, se establecieron procesos de acompañamiento técnico para la toma de decisiones en consejos de administración,
cuerpos sociales y gerencias; así como el
desarrollo de procesos de capacitación en doctrina cooperativa, legislación cooperativa,
gestión financiera, contable y financiera.
Territorialmente, las cooperativas se
subsumieron en planes de desarrollo
nacional que incluyeron temas como avales
nacionales para inversión, mejoras de caminos,
electrificación, asistencia técnica productiva con la finalidad de incrementar rendimientos individuales y mejorar la eficiencia empresarial. Formaron parte de políticas crediticias y de soporte estatal para garantías internacionales e inversiones productivas.
Todo lo anterior trajo consigo que, en los casos cooperativos exitosos regionalmente, se tengan
registros de importantes redes estructurales de relaciones entre actores económicos locales, instituciones públicas, instituciones de gobierno
local y empresas privadas, conformando un
capital social sostenido en el tiempo que
ha favorecido la creación y distribución de
riqueza de gran importancia para la atención
de la desigualdad social.
En casos documentados en la Región de
Los Santos en Costa Rica, se ha demostrado
que el desarrollo del territorio se debe en casi su totalidad al aporte de un capital social comunal que las cooperativas de productores
de café y de electrificación rural, de la mano con las municipalidades y las fuerzas sociales,
canalizaron con el aparato estatal nacional
para apoyar el desarrollo. Ese complejo entramado de capital social territorial ha
facilitado el establecimiento de procesos constantes de capitalización empresarial, lo
que ha favorecido la diversificación de los servicios cooperativos hacia sus asociados, la eficiencia, la competitividad y los precios de sus productos.
Debe reconocerse que, pese a la
articulación de diversos actores locales, es el cooperativismo, en presencia de condiciones estructurales de desarrollo, el que materializa
los beneficios sociales a la población y el que
emerge en el imaginario social como la fuente de distribución de riqueza entre los grupos
humanos.
En épocas de gran incertidumbre en los mercados por la baja de los precios de
las materias primas, las cooperativas han
redistribuido recursos de las actividades
superavitarias hacia las actividades de menor
rentabilidad, un ejercicio empresarial que no
sería posible en empresas mercantiles. Con ello se ha permitido la generación de mejores
condiciones de competitividad para que los productores se mantengan en la actividad,
se construyan condiciones de acceso a crédito que en otras instancias sería imposible su acceso y por la vía de la participación económica; se tenga acceso al ahorro en costos al recibir servicios que son financiados solidariamente.
Esas políticas empresariales, las cuales
responden a los consejos de administración
y asambleas, son una realidad porque se
sustentan en visiones de desarrollo entre
personas de la zona que proyectan altos niveles de identidad y compromiso, los cuales
favorecen la dirección de la cooperativa con
fines solidarios donde la equidad forma parte del catálogo de decisiones colectivas.
Aunado a lo anterior, el aparato estatal establecido para atender los sectores
productivos en los territorios se ha percatado
que la inversión de recursos económicos,
técnicos o productivos es más eficiente si se cristaliza por medio de las cooperativas. Adicionalmente, se identifican más y mejores impactos cuando dichas organizaciones son
empleadas como instrumentos de ejecución
de políticas públicas, ya que la apuesta es por planes de desarrollo territorial que amplía el
espectro del desarrollo, ampliando los niveles
de cobertura de los servicios para la población.
En ese contexto, las cooperativas constituyen
una fuente inagotable de posibilidades para
la promoción de un desarrollo integral ya que construyen, sostienen y permiten la distribución de la riqueza con resultados más eficaces que los que pueda tener una empresa mercantil.
A menudo las cooperativas suelen ser más eficientes que el propio Estado en la ejecución de las políticas públicas debido a la cercanía e
identidad que tienen con sus asociados, pero
sobre todo; al valor agregado que potencia
los beneficios sociales, gracias al capital social presente en esas estructuras, elemento
fundamental en el desarrollo territorial.
Así las cosas, la promoción de políticas públicas sectoriales y regionales promovidas desde el Estado costarricense por la vía de instituciones públicas descentralizadas con la finalidad de hacer crecer la producción local en el
marco de empresas cooperativas altamente
competitivas, fue la base desarrollo de muchos territorios en Costa Rica desde 1949 y hasta los años ochenta.
Mientras el Estado y su aparato descentralizado facilitaron el desarrollo técnico en áreas
productivas, las cooperativas permitieron
el desarrollo grupal y empresarial que de
manera combinada desarrollaron condiciones
favorables en diferentes regiones del país.
Esa combinación entre políticas públicas,
cooperativas e iniciativas productivas favoreció el crecimiento de importantes redes sociales que facilitaron la construcción de un capital
social que de manera sostenida ha permitido el desarrollo los territorios y creado condiciones
para que, de manera individual, colectiva,
pública o privada; articule intercambios de riqueza y de bienestar entre actores locales.
Pese a lo anterior, debe indicarse que el cooperativismo alcanza esos niveles de
impacto y de bienestar por el desarrollo pleno de la acción colectiva y de la gestión colectiva sostenidas. Las manifestaciones de una sola de esas categorías no genera condiciones estructurales en beneficio del desarrollo. Por el
contrario la ausencia de una de ellas no facilita
la distribución de la riqueza, la eficiencia en los procesos de inversión social y no hay seguridad
de incrementar los niveles de impacto de las
políticas públicas.
Bajo el anterior concepto, el cooperativismo alcanza la plenitud de los impactos y de
bienestar en un territorio cuando sostiene condiciones de competitividad empresarial,
cuando genera políticas para modernizar sus negocios, cuando diversifica sus productos y mantiene una política constante de
crecimiento de sus activos en un marco de
participación social. Con ello se favorece no solo la distribución de excedentes, sino que
permite la búsqueda de equilibrios de ingreso en las cadenas productivas en que participa, aportando condiciones positivas para el
desarrollo económico.
Ese desarrollo con equidad ha sido una realidad pese a las condiciones históricas que han enfrentado los pequeños productores en los territorios. En ese contexto, las cooperativas han funcionado como importantes agentes de
distribución de recursos en las cadenas de valor
desde actividades con excedente operativo hacia actividades con déficit operativo,
facilitando una especie de amortiguamiento de las crisis que les permite mantenerse en los
mercados.
Esa redistribución de recursos ha incidido en una importante área del desarrollo humano
como es la sostenibilidad de los ingresos,
trayendo consigo el establecimiento de una política de contención social y económica en la generación de capacidades adquisitivas. Esa contención ha generado que grupos
numerosos de pequeños productores no
queden tan expuestos a la fragilidad de los mercados, evitando su descenso bajo la línea de pobreza.
Es decir, las cooperativas materializan importantes roles proactivos en los territorios
para la atención de grupos humanos que el Estado podría hacerlo a posteriori por la vía de políticas compensatorias, lo cual genera incontables ahorros en la inversión social y una mayor eficiencia en la gestión de políticas para esos grupos.
En materia de políticas públicas, la articulación de políticas sectoriales y territoriales son las
que más incidencia tienen en el desarrollo en el mediano y largo plazos ya que permiten construir capital social. La apuesta por las políticas genéricas que actúan para
mantener el funcionamiento de empresas no necesariamente atiende las condiciones estructurales requeridas para potenciar el modelo cooperativo, por ello una adecuada combinación de criterios es lo adecuado para
impulsar integralmente el modelo.
En ese sentido, el uso de las cooperativas como instrumentos indirectos para la ejecución
de políticas públicas debe considerar no
solo el funcionamiento de la cooperativa
como empresa en marcha sino también el
funcionamiento del colectivo que le sostiene, su capital social, como una fuente importante de potencialidades que faciliten el desarrollo de los territorios de una forma distributiva, en
beneficio de las personas, la razón de ser de toda acción política asociativa.
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