De CONDECA al Tratado Marco

1. El Estado de derecho: el Estado de derecho y el imperio de la ley se constituyen en el elemento central del fortalecimiento de la democracia. Los medios por medio de los cua-les se alcanzará este objetivo son el fortalecimiento institucional del poder civil y la limi-tación del papel de las fuerzas armadas y de seguridad en sus competencias específi-cas. Con ello, se intenta poner fin al predominio de tanques y tanquetas sobre las urnas.
2. La seguridad de las personas y sus bienes: la seguridad democrática es inseparable a la dimensión humana. Con ello, la pobreza es concebida, también, como una amenaza a la seguridad. Dentro de esta óptica el objetivo fundamental consiste en convertir a Cen-troamérica en una zona de paz, libertad, democracia y desarrollo.
3. La seguridad regional: con este acápite se intenta poner fin a décadas de "desconfianza mutua" entre los Estados centroamericanos. Los principios que sustentan esta idea son la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la renun-cia a la amenaza o el uso de la fuerza, la autodeterminación como un componente esencial de la igualdad soberana, la solidaridad entre los Estados partes, la prevención y solución conjunta de los problemas, la prohibición del uso del territorio de los Estados parte para agredir a otros Estados. De manera tal que, con ello, se instaura la idea de que la seguridad de cada Estado se vincula estrechamente con la seguridad regional. Es decir, la corresponsabilidad estatal en materia de seguridad es un factor determinante en la consolidación de estos principios.
4. La institucionalidad: el Tratado establece como instancias del Modelo de Seguridad Democrática a: 1) la Reunión de Presidentes (instancia suprema que define el conjunto de políticas y orienta el proceso de manera global); 2) el Consejo de Ministros de Rela-ciones Exteriores (órgano competente en materia de seguridad regional e internacional en su condición de ente coordinador del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.

de Seguridad Democrática:

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la nueva institucionalidad

regional en materia Daniel Matul Romero*

de seguridad Andrés Palacios Rodríguez**

EL ARTÍCULO RECOGE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA, DESDE EL INICIO DE CONDECA HASTA EL NACIMIENTO DEL TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, TMSD. TAMBIÉN SE ABORDA LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD SURGIDA DE LA FIRMA DEL TMSD, ASÍ COMO LOS RETOS Y DESAFÍOS ACTUALES EN EL PANORAMA DE LA SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA.

PALABRAS CLAVES: SEGURIDAD REGIONAL; DEMOCRACIA; AMERICA CENTRAL

KEY WORDS: REGIONAL SECURITY; DEMOCRACY; CENTRAL AMERICA

1Introducción

* Máster en Administración de Empresas y Relaciones Internacionales, Coor-dinador del Área de Gestión Pública del Instituto Centroamericano de Admi-nistración Pública, ICAP.

Correo electrónico: dmatul@icap.ac.cr

** Licenciado en Relaciones Interna-cionales con énfasis en Administración y Gerencia de la Cooperación Internacional, Asistente Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Admi-nistración Pública, ICAP.

Correo electrónico:

apalacios@icap.ac.cr

Recibido: 13 de junio del 2014.

Aceptado: 20 de agosto del 2014.

Es innegable el impacto que la Guerra Fría ha tenido, tanto para el desarrollo de las relaciones interna-

cionales, como para los esquemas de seguridad del mundo. Al calor (o al congelamiento) de la Guerra Fría se construyeron los esquemas de seguridad colectiva en el marco de Naciones Unidas; la Organización del Atlántico Norte, OTAN; la crea-ción del Tratado de Asistencia Recí-proca, TIAR, o Pacto de Bogotá y su órgano operativo, la Junta Interame-ricana de Defensa, JID; así como el Consejo de Defensa Centroameri-cano, CONDECA, y su órgano sub-sidiario, la Comisión Permanente del Consejo de Defensa Centroameri-cano, COPECODECA.

La Guerra Fría, por tanto, si-gue siendo, el parteaguas que rede-finió, en buena medida, los esque-mas de seguridad a nivel global, una

vez que se dio por terminado el con-flicto Este-Oeste y el desmantela-miento paulatino del llamado Muro de Berlín. Ciertamente las transfor-maciones que se pueden observar a partir de estos hechos han llevado, no solo a la construcción de nuevos enfoques, sino, también, a la prácti-ca de novedosas y renovadas estra-tegias en materia de seguridad y defensa. Las transformaciones, por ejemplo, en la renovación de las llamadas Operaciones para el Man-tenimiento de la Paz, OMP, de Na-ciones Unidas; el Documento Sola-na, sobre “Una Europa segura en un mundo mejor”; como las discusiones en torno a la reforma de la Organi-zación de Estados Americanos, OEA, y el papel de la JID vis-á-vis la Comisión de Seguridad Hemisférica, para citar unos breves ejemplos.

Como resultado de estos cambios, en alguna medida, las fron-teras estatales empezaron de dejar de constituir en el factor determinan-te de la confianza o desconfianza mutua entre los Estados y basamen-to jurídico indispensable para asegu-rar la independencia jurídica de las naciones. Esto significó, entre otras cosas, que un cambio en las nocio-nes de paz y seguridad se había operado en los centros de decisión mundial; así como en las percepcio-nes de las potencias.

El replanteamiento de las op-ciones de paz y seguridad en un período de descongelamiento global acarreó, como era de esperarse, el origen de las amenazas a la paz, la seguridad y la estabilidad globales. En todos los casos, los Estados, sea de forma individual o en el marco de órganos multilaterales redefinieron de manera expresa las nuevas di-mensiones de sus amenazas. En el caso de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha ampliado considerablemente el espectro de situaciones o hechos que ha consi-derado como amenazas a la paz y la seguridad internacionales, como el caso de la Declaración del Presiden-te del Consejo, de 31 de enero de 1992; o las Resoluciones 1540 (2004), 1373 (2001), 808 (1993), 929 (1994), 1296 (2000), entre otras.

De igual manera, en Europa, con la creación de la Política Exterior de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (1999) y la implementación de los objetivos estratégicos plan-teados por Javier Solana, en el do-cumento, “Una Europa segura en un mundo mejor”, se decantó por la redefinición de una serie de nuevas amenazas.

Como resultado de este pro-ceso, la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA, celebrada en México en octubre de 2003, definió, también, la agenda de seguridad para el hemisferio. En esta oportuni-dad, la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, da cuenta de una lista amplia de fenómenos que se consideraron “amenazas a la seguri-dad” y que, además, fueron divididas en dos categorías. Por un lado, aquellos fenómenos de carácter tradicional que fueron relevantes durante la Guerra Fría y, por otra parte, se destacaron los fenómenos

“novedosos” que plantean desafíos no solo en términos del uso de fuer-zas armadas; sino, también, en tér-minos económicos, políticos, am-bientales y sociales, entre otros. A estos fenómenos de carácter multi-dimensional se les denominó, nue-vas amenazas, amenazas emergen-tes, amenazas no-tradicionales, entre las principales acepciones.

GRÁFICO 1

CRONOLOGÍA DE LOS ACUERDOS, ESTRATEGIAS E INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD REGIONAL

EN CENTROAMÉRICA

1945 2011

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de Centroamérica, la región también definió sus priori-dades en materia de seguridad. Por un lado, el Tratado Marco de Seguri-dad Democrática, TMSD, redefine en tres dimensiones el concepto de seguridad, así como sus amenazas. Estos tres ámbitos de la seguridad democrática son: 1) el Estado de Derecho; 2) la seguridad de las per-sonas y sus bienes y; 3) la seguridad regional. Posteriormente, en el “Plan de Acción y Prioridades para la Se-guridad Democrática de la Región”, se definen las prioridades en la ma-teria para los países del área.

La región Centroamericana es considerada por los actores de las amenazas emergentes, como un área geoestratégica importante, como escenario potencial de acciones el cri-men organizado, narcoactivi-dad, pandillas, proliferación de armas, corrupción, tráfico de ilegales, secuestros, robos: bancos, ganado, vehículos; trata de personas y otras acti-vidades conexas.”

Las inquietudes en materia de seguridad y, particularmente, aque-llas que tienen que ver con la segu-ridad de los Estados Unidos de Amé-rica, también han estado presentes en los diferentes análisis que se hacen desde los centros de toma de

decisión o de centros académicos especializados en el tema. Por ejemplo, tanto en el Plan Estratégico en material de política exterior, pu-blicado por el Departamento de Es-tado de los Estados Unidos, para el período fiscal 2007-2012; así como los informes de centros académicos, como el Centro de Estudios Inter-americano de la Universidad de La-val (Canadá); el Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War Co-llege, del Instituto para el Estudio de la Diplomacia, de la Universidad de Georgetown; así como el Council on Foreign Relations, han destacado la relevancia del hemisferio en materia de nuevas amenazas.

En suma, en el contexto de las nuevas realidades planteadas por el fin de la Guerra Fría, el descongela-miento de las relaciones Este-Oeste; así como por la transición a la de-mocracia, que experimentaron la mayor parte de países del continen-te, los abordajes a la agenda de seguridad hemisférica demandaron un mayor consenso alrededor de una serie de valores e intereses compartidos en materia de seguri-dad. Como un primer paso y con el objetivo de desarrollar enfoques más apropiados, que reconozcan la existencia de amenazas de carácter no tradicional, los países del hemisferio avanzaron hacia la cons-trucción de regímenes internacio-nales que reconocieran la existencia de una serie de amenazas de carác-ter no tradicional que, además, po-seen una naturaleza diversa y multi-dimensional. El TMSD es el resultado de un esfuerzo regional por actualizar los esquemas de se-guridad prevalecientes.

La transformación de los

instrumentos regionales:

de CONDECA al Tratado Marco

de Seguridad Democrática

CONDECA: una aproximación

general de su estructura

y funciones

El texto del Tratado de Defen-sa Centroamericana, firmado el 4 de junio de 1965, en la ciudad de Ma-nagua, Nicaragua, crea un meca-nismo de defensa colectiva cuya responsabilidad recayó sobre el Consejo de Defensa Centroamerica-na, como el resultado la compleja transformación que sufrió el mundo luego de la II Guerra Mundial, pues, en los considerandos del Tratado se establece lo siguiente, “Que el sis-tema democrático de Gobierno siempre está expuesto a las amena-zas de carácter subversivo de origen externo entre las cuales des-taca en la actualidad el peligro de la acción comunista internacional, y que su acción perturba la tranquili-dad de los pueblos del Istmo y pone en peligro la libertad y la democracia en que se fundan sus instituciones; que un país del continente es, de hecho, un miembro del comunismo internacional…”

Este instrumento tuvo como principal objetivo, “Frente a cualquier agresión en contra de un Estado Miembro del Consejo de Defensa

Centroamericana, los demás Esta-dos Miembros, sin perjuicio de las acciones individuales que lleven a cabo, en ejercicio del derecho inmi-nente de legítima defensa, desarro-llarán acciones colectivas coordina-das, mediante el empleo de unida-des combatientes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública Centroamericanas…

CUADRO 1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CONDECA

Apartado

Contenido

Fuerzas Armadas en Centroamérica

En este capítulo se reúnen uno de los primeros esfuerzos de inte-gración en la región al aportar específicamente en el Capítulo 1 una defensa integrada y solidaria del Istmo, por parte de los países centroamericanos.

También incluye elementos pertinentes acerca de la jerarquía y organización de las fuerzas armadas centroamericanas en caso de que una amenaza externa genere conflicto.

Preparación de

operaciones

En el Capítulo 2, especifica los procedimientos de preparación en caso de conflicto armado.

Las medidas que se sugieren a nivel general son las siguientes:

Establecimiento de técnicas en contra de la subversión.
 Impedir la infiltración de elementos comunistas en la región.
Concertación de convenios y acuerdos para la armonización de doctrinas, métodos y materiales de guerra.
 Promover las capacitaciones de personal en Centroamérica.
 Coordinación conjunta de los litorales centroamericanos.
Concertación del uso de bases militares a nivel cen-troamericano.
Establecerán coordinación y cooperación en los sistemas de telecomunicaciones con el propósito de hacer frente a amena-zas externas.

Coordinación de los ejércitos

centroamericanos

Dentro del CONDECA se estableció para el Capítulo 4 que el Consejo de Seguridad Centroamericana mantuviera bases de coordinación para la defensa colectiva del Istmo.

Coordinación regional con el objetivo de impedir que el Comunismo Internacional utilice territorios dentro del Istmo Centroamericano.
Gestión regional de la defensa en áreas de importancia estraté-gica, como son las terrestres, navales y aéreas del Istmo.

CONTINÚA

CONTINUACIÓN

Apartado

Contenido

Intercambio de información y contra informaciones para la defensa colectiva.
 Generación de planes logísticos para la defensa colectiva
Uso de las telecomunicaciones a nivel regional para la defensa colectiva.
Armonización de todos aquellos aspectos que mejoren la de-fensa colectiva.

Medidas

complementarias

Este capítulo está referido al establecimiento de pautas para la seguridad, más allá de lo militar y la defensa de la integridad territo-rial y la soberanía de los Estados.

Incluye elementos como la seguridad humana, la salud, desarrollo agrícola, telecomunicaciones, el establecimiento de industrias y las infraestructuras de transportes, entre otros.

Disposiciones

generales

Estas disposiciones versan sobre los siguientes temas:

Respeto de la soberanía de los Estados adscritos al Consejo.
Estar en conformidad con las constituciones de los Estados firmantes
 Establecimiento del protocolo de ratificación del instrumento.

Fuente: Elaboración propia.

Tomó, además, como susten-to jurídico de su creación, no solo el texto de la Carta de San Salvador, que señala al CONDECA como el órgano responsable de la defensa y seguridad colectiva de los países del Istmo; sino también, los Artículos 24 y 25, del Capítulo V, Seguridad Co-lectiva, de la Carta de la Organiza-ción de Estados Americanos; los Artículos 3, 6 y 9 del Tratado Inter-americano de Asistencia Recíproca; así como La Carta de Naciones Unidas.

Este sistema de seguridad co-lectiva regional que se instauró con este Tratado se articuló entorno a los siguientes parámetros esenciales:

La ausencia de tratado espe-cífico que provea a la defensa efectiva del conjunto de paí-ses firmantes.

Un sistema de seguridad co-lectiva que permita el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública Centroa-mericanas.

El recurso a la legítima defensa.

La lucha contra la subversión y sus actividades afines, incluyendo, particularmente la lucha contra la guerra de guerrillas.

Al declarar los Estados de la región la ausencia de un acuerdo regional en materia de defensa co-lectiva, automáticamente se dio por sentado que el Tratado de Defensa Centroamericana suministraría el sistema de seguridad colectiva, en el cual se atribuye al Presidente del CONDECA. Asimismo, se estableció que el Presidente del Consejo, será auxiliado por el Estado Mayor de la Comisión Permanente, en tanto se reúna el Consejo y designa al Co-mandante General de las Operacio-nes, quién actuaría como un Estado Mayor combinado y conjunto. Este último estaría integrado por el per-sonal de cada una de las fuerzas de tierra, mar y aire que designaran los Ministros de Defensa o titulares del ramo equivalente de los Estados Miembros.

Hay que destacar que, aunque el Tratado establece un mecanismo de seguridad colectiva en función de un ataque de enemigo externo, hay artículos que señalan también la lucha contra subversión y sus acti-vidades afines, incluyendo particu-larmente la lucha contra la guerra de guerrillas” (Artículo 6, inciso a) y además, indica la posibilidad de dictar medidas necesarias con el objetivo de “impedir la infiltración de elementos comunistas, especialmen-te en posiciones desde donde pue-dan influir adversamente sobre la solidaridad centroamericana.” (Ar-tículo 6, inciso b).

Este instrumento, también creó un mecanismo regional de ca-pacitación militar e investigación que se llamó la Escuela de Comando y Estado Mayor Centroamericano, ECEM, con la finalidad de uniformar las doctrinas, métodos, materiales y equipos de guerra, que facilitaran la cooperación entre los países.

En este contexto, el Tratado tampoco instauró un mecanismo para el control en el uso de la fuerza. Esto quiere decir que, el Tratado si bien establece un mecanismo de defensa conjunta, no creó mecanis-mos de balance mutuo en procura de limitar la autonomía de los Esta-dos en relación con la capacidad de adquisición militar. En otras pala-bras, el convenio que permitía a los países la defensa conjunta, confirmó el derecho que poseen los Estados de recurrir a la defensa en términos militares y, con ello, la capacidad de definir sin control alguno el tamaño de sus ejércitos y la capacidad de su armamento. Hasta la firma del TMSD no había existido un instrumento regional que de alguna manera obli-gara a los Estados a rendir cuenta sobre su capacidad de defensa.

El Tratado Marco:

una aproximación general

de su estructura y funciones

Como ya se dijo, con el fin de la Guerra Fría y la consecuente dis-tensión a nivel mundial, se redefinie-

ron las agendas de defensa y segu-ridad regionales. Este proceso se acentuó, aún más en Centroamérica luego de la firma de los Acuerdos de Paz (Esquipulas 1987, Nicaragua 1988, El Salvador 1992 y Guatemala 1996). Desde entonces, Centroamé-rica avanzó no solamente hacia un nuevo esquema de seguridad, sino que también hacia un nuevo modelo de integración regional, el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, el que posee cuatro sustentos jurídicos básicos: El Protocolo de Tegucigalpa (1991); el Protocolo de Guatemala (1993); el Tratado de Integración Social (1995) y el Trata-do Marco de Seguridad Democrática (1995).

El TMSD se creó con el objeti-vo de concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la co-rrupción, el terrorismo, el narcotráfi-co y el tráfico de armas (Artículo 1). El texto de este convenio, fue firma-do el 15 de diciembre de 1995, en la ciudad de San Pedro Sula, Hondu-ras. Se constituyó en un modelo integral de seguridad, más que más que un mecanismo de defensa colectivo.

No hay referencia alguna, en el texto del Tratado, a la Carta de San Salvador o al CONDECA, como el órgano responsable de la defensa. Por otra parte, hace referencia gene-ral a la Carta de la OEA; así como La Carta de Naciones Unidas.

Así las cosas, el proceso de paz iniciado en Esquipulas, durante 1987 y el derrumbe del Muro de Berlín causaron un impacto significa-tivo en los tradicionales esquemas de seguridad en la región, donde se transitó desde un enfoque que privi-legiaba la agenda de la doctrina de la seguridad nacional hacia un es-quema que fija su preocupación en la solución de los problemas de seguridad dentro de un escenario democrático.

Ello, claro está, exigió avanzar más allá del ámbito estrictamente militar y de seguridad estatal, e in-cluir esferas como la policial, la de seguridad pública, así como la segu-ridad de los ciudadanos y sus bie-nes. En otras palabras, transitar de la seguridad nacional a la seguridad humana.

CUADRO 2

SÍNTESIS DEL TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, TMSD

Fuente: Tratado Marco de Seguridad Democrática, TMSD.

Este Modelo de Seguridad Regional que se instauró con este Tratado se articuló entorno a los siguientes parámetros esenciales:

La democracia, el fortaleci-miento institucional y el Esta-do de Derecho, como funda-mento indispensable.
La garantía de seguridad a todos sus habitantes, tanto de su integridad física, como de la de sus bienes.

El balance razonable de fuerzas.

La búsqueda de mecanismos pacíficos para la solución de las controversias.

El ser humano es un sujeto esencial de la seguridad, tanto o más que el mismo Estado y; 6) sustitución de los mandos militares por el control y man-do civil.

Varios elementos deben des-tacarse en esta nueva visión de la seguridad regional. El primero de ellos es que el Tratado reafirma que la seguridad democrática es integral e indivisible. Eso quiere decir que, en la construcción de alternativas para el abordaje de los problemas de la seguridad lo resultados serán mejores en el tanto su elaboración se realice de manera integral.

Un segundo elemento que es necesario relevar es el hecho que, dentro de este Modelo, no puede haber avances en materia de seguri-dad en el tanto la democracia y sus instituciones no aseguren que el control civil no será más sustituido por las fuerzas armadas o de seguri-dad; que los derechos humanos no serán una vez más desdibujados; sino fortalecidos mediante la crea-ción de condiciones que permitan a las personas un desarrollo individual, familiar, social en paz, libertad y democracia.

En suma, la democracia es un factor determinante para el Modelo de Seguridad, pues es el sistema que permite un mayor control sobre las fuerzas armadas y de seguridad; garantiza en mayor medida los dere-chos humanos y, puede predisponer a las autoridades a iniciar mayores controles sobre la corrupción. De igual manera, la democracia facilita el entendimiento entre las naciones para evitar que desde un tercero se amenace o atente contra la estabili-dad de un determinado gobierno.

En tercer lugar, el Tratado re-conoce que, al abordar los temas de la seguridad de las personas y sus bienes, es indispensable considerar la dimensión humana de la seguri-dad. Esa dimensión tiene que ver necesariamente con aquellas condi-ciones que amenazan la calidad de vida de las personas y que están vinculadas a las condiciones de po-breza y estabilidad democrática.

En ese contexto, el Artículo 16 del Tratado Marco de Seguridad establece lo siguiente, “La adecua-ción de los presupuestos nacionales de acuerdo a la realidad de cada país, estará orientada al beneficio del sector social en salud, educación y en aquellos otros ámbitos que con-tribuyan a mejorar la calidad de vida del ser humano, así como de las clases más desprotegidas de la so-ciedad. A diferencia del Tratado de Defensa Centroamericana, este con-venio no tuvo un carácter militar; si no que se trató de un instrumento para la promoción de la convivencia pacífica entre Estados que recién estaban firmando la paz, renuncian-do al autoritarismo y al uso de la fuerza como mecanismo para la solución de las diferencias.

En cuarto lugar, este convenio reconoce que el sistema de seguri-dad colectiva de la región es incom-pleto sino no se considera a la de-mocracia (sus instituciones y los derechos humanos) y a la dimensión humana de la seguridad (que tiene que ver con sus bienes patrimonia-les; pero también con la calidad de vida). Por tanto, en este convenio, la seguridad colectiva de la región está menos en función de la amenaza de ataque de un enemigo externo y más en función de aquellos factores que hacen que la democracia no logre rendimientos en cuanto a su institucionalidad y su capacidad de asegurar una vida digna para sus habitantes.

En quinto lugar, el Tratado Marco, a diferencia del Tratado de Defensa anterior, propone una serie de mecanismos para el control en el uso de la fuerza y su balance razo-nable. Y aunque, el Tratado estable-ce un mecanismo de defensa con-junta (Artículo 43), cambia, en primer lugar, el mando (de lo militar a lo civil) en caso de agresión externa (Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores). Además, este convenio, aunque reconoce el derecho que poseen los Estados de recurrir a la defensa en términos militares; esta-bleció mecanismos de balance mu-tuo en procura de limitar la autono-mía de los Estados en relación con la capacidad de adquisición militar. Este es un fenómeno totalmente inédito en el devenir de la historia militar de Centroamérica. Además, el tratado establece, de previo, una serie de mecanismos para la solu-ción pacífica de las disputas, así como la limitación en el número de asesores militares y otro tipo de per-sonal en cada uno de los países.

Finalmente, el Tratado Marco realmente estableció un verdadero cambio en el mando de las opera-ciones de tipo militar y en la coordi-nación de todo el Modelo de Seguri-dad (en todas sus dimensiones). En el Artículo 41 del Convenio, se esta-blece que, “La Reunión de Presiden-tes, el Consejo de Ministros de Rela-ciones Exteriores y la Comisión de Seguridad, tomarán sus decisiones por consenso, en todos los asuntos relativos a la paz y la seguridad de la región.” Dejando así, de lado, la preponderancia que en su momento tuvo el Consejo de Defensa Cen-troamericana.

La Reunión de Presidentes es la instancia suprema y a ella corres-ponde conocer los asuntos de segu-ridad, regional e internacional, que requieran de sus decisiones. De su lado, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es la instancia competente, en todo lo relativo a la seguridad regional e internacional, en su condición de órgano principal de coordinación del SICA.

La Comisión de Seguridad es una instancia subsidiaria de ejecu-ción, coordinación, evaluación y seguimiento, de elaboración de pro-puestas, así como de recomenda-ciones de alerta temprana, y cuando proceda, de pronta acción, subordi-nada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Ministros de Relacio-

nes Exteriores. En ese contexto, los Ministros de Defensa y de Seguridad o sus equivalentes, fueron relegados a la condición de asesores y asisti-rán al Consejo de Ministros de Rela-ciones Exteriores, en los asuntos relativos a la ejecución del mismo, en las áreas de su competencia.

De particular atención resulta el párrafo 6to. del Artículo 47, en donde se atisba la participación de la sociedad civil; sin embargo, dicha intervención queda sujeta a la inter-mediación de la Secretaría General del SICA.

El Tratado Marco de Seguridad

Democrática, TMSD: algunas

prácticas estatales

Es cierto que durante el último siglo, lo que Hans J. Mogenthau calificó como realismo político, ha sido la característica principal de las relaciones internacionales, es decir, el conflicto ha sido la regla en las relaciones entre Estados.

Sin embargo, cuando estos Estados encuentran objetivos, por medio de los cuales estructuran sus relaciones de manera estable, se establecen ciertos mecanismos o prácticas que modelan el comporta-miento de los actores y propician el desarrollo de nuevas prácticas que generan confianza entre los Estados. Robert Keohane ha denominado a este hecho como el surgimiento de regímenes internacionales, con la intención de generar marcos de ne-gociación permanentes que reduz-can los costos de transacción- y para ayudar a coordinar las expectativas de los actores mejorando la calidad y cantidad de información disponi-bles para los Estados.

Este instrumento, puede con-siderarse como un régimen interna-cional en materia de seguridad para Centroamérica. Hoy es posible afir-mar la construcción de una comuni-dad acerca de la interpretación de las acciones regionales en torno a la seguridad. Además, existe un con-junto de normas que especifican las reglas por medio de las cuales el Modelo de Seguridad Democrática se hará efectivo, según lo establece su Artículo 2. Finalmente, la institu-cionalidad establecida por el Trata-do, ha sido capaz de establecer re-glas claras para solucionar de manera autónoma diferentes situa-ciones que se presenten. Por ejem-plo, en relación con el tema de reso-lución pacífica de conflictos, Centroamérica ha utilizado efectiva-mente los mecanismos que estable-ce el Tratado. Entre las principales acciones que reflejan su activación en situaciones de crisis o riesgo están, la Declaración Trinacional El Salvador, Guatemala y Nicaragua: Integración para el Siglo XXI (2 de mayo del 2000); La Declaración Pre-sidencial de Pochomil (30 de marzo del 2001); La reunión extraordinaria de Presidentes de Centroamérica en Santo Tomás, Guatemala (agosto del 2001); la Declaración Presiden-cial El Salvador-Honduras-Nicaragua (febrero del 2002).

CUADRO 3

DECLARACIÓN TRINACIONAL

EL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA

Apartado

Contenido

Consideraciones Iniciales

Facilitación del tránsito de personas y bienes que genere una mayor integración entre los países firmantes.

Mejoramiento de la Vida de los habitantes de los países signatarios

La generación de una vía de transporte multimodal que conecte a los estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Principios Clave

Establecimiento de un corredor interoceánico de transporte multimo-dal, el cual se extendería desde el Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, en la Bahía de Amatique, de la República de Guate-mala, hasta los Puertos de Cutuco de El Salvador y de Potosí de Ni-caragua, en el Golfo de Fonseca, para finalizar en el Puerto de Co-rinto de Nicaragua.
Compromiso de los estados con el mejoramiento de la infraestructu-ra de las instalaciones portuarias necesarias para el corredor inter-oceánico trinacional, siendo una de las primeras acciones el resta-blecimiento del sistema de transbordadores (ferry) del Golfo de Fonseca.
Propiciar por parte de los estados, procesos internos de ratificación los convenios internacionales de transporte multimodal y de facilita-ción del tráfico marítimo.
Ampliación del servicio de transporte marítimo a puertos ubicados en el Océano Pacífico de los países centroamericanos, así como a ru-tas turísticas y actividades recreativas.
Promover la afiliación de medidas para la prevención de la contami-nación y preservación del medio marino en el Golfo de Fonseca.
Gestión conjunta de la cooperación internacional del transporte marítimo regional en el corredor interoceánico descrito en la decla-ración por parte de los países signatarios.

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 4

DECLARACIÓN DE POCHOMIL

Apartado

Contenido

Consideraciones Iniciales

Reunión presidencial realizada en el año 2001 en la Republica de Nicaragua, en la cual mediante un dialogo fraterno, los países signa-tarios de la declaración intercambian opiniones sobre los diferendos que al momento de la declaración amenazaban la estabilidad de sus relaciones.

Principios Clave

Afirmación de la vocación pacifista y del compromiso con el desa-rrollo de las naciones por medio de la lucha contra la pobreza.
El reconocimiento del dialogo, así como la consolidación de la democracia como elementos garantes de la resolución de los con-flictos y la base para la búsqueda de acuerdos.
Se comprometen los firmantes a asumir los compromisos del consejo de seguridad de Centroamérica, entre los que se encuen-tran a) mecanismos de consulta entre autoridades civiles y milita-res, b) presentación e inventarios de armada terrestre, aérea y naval, c) notificaciones previas de movimientos militares por parte de los países, d) metodología para el establecimiento del adecua-do balance de fuerzas.
Los países se comprometen a facilitar los esfuerzos de coopera-ción por parte de organismos internacionales para la verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, especialmente ante el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, en materia de avance en relación con el balance razonable de fuerzas, la Declaración Conjunta sobre Seguridad Regional (setiembre del 2003), constituye un esfuerzo importante pues, los Presi-dentes de Centroamérica acogieron, en el marco de la integración regio-nal, instrumentos vitales para la se-guridad centroamericana. Entre los principales se pueden citar, por ejemplo, el informe de la situación actual de la región, de acuerdo con el concepto y doctrina del modelo de Seguridad Democrática; y el “Pro-grama de Limitación y Control de Armamentos en Centroamérica para Alcanzar el Balance Razonable de Fuerzas y Fomentar la Estabilidad, Confianza Mutua y la Transparen-cia”, adoptada por la Comisión de Seguridad.

Este Programa sobre Balance Razonable de Fuerzas, BRF, es una iniciativa de Nicaragua (Acuerdos Presidenciales No. 56-2003 y No. 148-2003) que pretende fortalecer las medidas de fomento de la con-fianza y de la seguridad mediante el establecimiento de un BRF en Cen-troamérica, conforme lo establece el Tratado Marco de Seguridad. El Programa básicamente se construye a partir de los siguientes puntos:

1. Balance razonable de fuerzas: Define el perfil nacional para el BRF con base en las ame-nazas potenciales, nacionales y regionales. Es necesaria la presentación de inventarios (fuerzas armas y de policía) ante la Comisión de Seguri-dad. Establece los plazos de ejecución y los límites máxi-mos de fuerzas y medios de las instituciones militares.

2. Control de armamentos: ins-taura la creación de un meca-nismo de verificación y control de inventarios: nacional y re-gional. Determina el destino de los excedentes de arma-mentos y de parámetros sobre armamentos ofensivos y prohibidos. Funda una morato-ria en la adquisición de nuevo armamento. Procedimientos para la calendarización de la destrucción (gradual y progre-siva) de armamentos. Imple-mentación de una Metodolo-gía Estandarizada de Gastos de Defensa. Destrucción de
armamento incautado. Esta-blecimiento de un registro uni-forme para el armamento, ex-plosivos y equipos.

3. Modernización y profesionali-zación: continuar con la mo-dernización y profesionaliza-ción permanente de las Fuerzas Armadas y de Segu-ridad Pública.

4. Otras Medidas para el Forta-lecimiento de la Confianza y la Seguridad: mecanismos de solución pacífica de contro-versias de acuerdo con el Tra-tado Marco. Suscripción de un Código de Ética regional para la transparencia en la transfe-rencia de armas. Actualización de las legislaciones naciona-les en materia de control de armas. Avance en la imple-mentación de una serie de Tratados Internacionales en materia de control de arma-mentos.

5. Mecanismo de ejecución: el Consejo Intersectorial de Mi-nistros de Relaciones Exterio-res, Defensa y Gobernación, Interior o Seguridad Pública, acompañados de los jefes mi-litares y policiales será el en-cargado de velar por la ejecu-ción de este Programa. Contará con el apoyo de la Comisión de Seguridad y ten-drá su secretaría en la Secre-taría General de SICA.

La nueva institucionalidad

de la seguridad regional

Ciertamente, la institucionali-dad de la integración regional en Centroamérica, especialmente la relacionada con la temática de segu-ridad, tiene un antes y un después, particularmente, luego de los acuerdos de Esquipulas, con la rati-ficación del Tratado Marco de Seguridad Democrática, en Cen-troamérica, TMSDCA.

Centroamérica poseía mayori-tariamente instituciones de carácter militar que coordinaban la aplicación de medidas de seguridad colectiva (defensa contra un enemigo externo) en el marco de la Doctrina de la Se-guridad Nacional. Esta visión de seguridad se expresó en el Consejo de Defensa Centroamericano, su Comisión Permanente y a la Escuela de Comando y Estado Mayor Centroamericano.

Con la llegada de la democra-cia, el SICA sufre un fuerte impulso en materia de seguridad, así como la institucionalidad para la toma de decisiones en esta materia. En este sentido, la Cumbre de Presidentes, el Consejo de Ministros de Relacio-nes Exteriores y la Comisión de Se-guridad de Centroamérica constitu-yen los órganos de decisión en materia de seguridad.

CUADRO 5

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONCERNIENTE A LA SEGURIDAD REGIONAL EN CENTROAMÉRICA

Institución

Descripción

Previo a los Acuerdos de Paz Esquipulas II

CONDECA

El consejo de Defensa Centroamericano, con la influencia norteame-ricana, se postuló en la década de los años sesenta como una orga-nización que ante la amenaza comunista de la época, propiciara la armonización de las distintas metodologías y herramientas para consolidar la seguridad en la región. Es visto como uno de los gran-des esfuerzos integracionistas de la segunda mitad del siglo XX.

Protocolo de Tegucigalpa

Consejo Judicial Centroamericano

Enmarcado en la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, cuando en la segunda de las reuniones en las cuales se configuraba la creación de la corte se decide fundar el Consejo Judicial Centroa-mericano, el cual integra a los presidentes de la corte suprema de los países centroamericanos.

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Institución

Descripción

Comisión de je-fes(as) y directo-res(as) de policía de Centro América, México, el Caribe y Colombia.

Creada en 1991 como “Asociación de Jefes de Policía de Centro América”, luego se transforma y toma su nombre actual, integrando a los países del Caribe, México y Colombia. Ha permitido a través de sus años de existencia fortalecer las relaciones entre los Jefes de Policía, así como la creación y el mejoramiento de los mecanismos de comunicación y de intercambio de información.

Comisión Centroa-mericana Permanen-te para la Erradica-ción de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefa-cientes y Sustancias Psicotrópicas

Creada el 29 de octubre de 1993. Esta comisión se encarga de la coordinación y cooperación a nivel regional en los temas de control de la producción, tráfico, consumo y uso ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos anexos.

Tratado Marco de Seguridad en Centroamérica (TMSDCA)

Comisión de Seguri-dad de Centroaméri-ca

Creada el 15 de diciembre de 1995, por medio de su convenio consti-tutivo, el cual instituyó un Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática para Centroamérica, el cual está fundamentado en la democracia y el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho

Esta comisión está encargada de ejecutar todas las disposiciones emanadas en materia de seguridad que se aprueben en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, propiciando así el fortaleci-miento de la seguridad regional.

Instituto Centroame-ricano de Estudios Superiores de Policía (ICESPO)

Creado por medio de su convenio constitutivo el 08 de julio de 1996, el ICESPO tiene como objetivo principal colaborar en los esfuerzos nacionales y regionales dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de los cuerpos de Policía de los Estados Miembros.

Centro de Coordina-ción para la Preven-ción de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)

Nace en 1987 y se instaura por medio de su Convenio Constitutivo el 29 de octubre de 1993, CEPREDENAC coordina las acciones rela-cionadas con la cooperación internacional y el intercambio de infor-mación, experiencias y asesoría técnica y científica en los temas respectivos a la prevención, mitigación, atención y respuesta de desastres.

Luego del Tratado Marco de Seguridad Democrática

Consejo de Ministe-rios Públicos de Centroamérica y el Caribe

Creado en Tegucigalpa el 14 de Noviembre de 2002 e instituido formalmente el 7 de marzo de 2003 en la ciudad de Guatemala, su principal objetivo el constituirse como una instancia para la coopera-ción e intercambio de experiencias entre los Ministerios Públicos y para la formulación de políticas y adopción de instrumentos para la persecución penal de los delitos transnacionales.

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Institución

Descripción

Observatorio e Índice de Seguridad Demo-crática del SICA (OBSICA)

La meta que persigue el observatorio es la de contribuir a la seguri-dad humana y la gobernabilidad democrática de Centroamérica, mediante la difusión de conocimientos estadísticos que permitan definir e implementar políticas nacionales y regionales.

Central America Regional Security Initiative

En el año 2008, CARSI se constituye para la región como un nuevo esfuerzo a nivel regional auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos para la reformulación de las acciones en materia de seguri-dad en un nuevo contexto en que las amenazas (tráfico de bienes y personas, narcotráfico) trascienden las fronteras de los estados-nación debilitando y poniendo en peligro la institucionalidad democrá-tica regional.

Estrategia de Seguri-dad Centroamérica

Creada en el año 2007 y actualizada para su ejecución en 2011, la ESCA se propone como un catalizador en la región que integrará los diferentes esfuerzos que realiza la región en materia de seguridad, a fin de armonizarlos y concretar mejores resultados.

Fuente: Elaboración propia.

Con este cambio, se puso fin a la preponderancia de los órganos de carácter militar en la toma de decisiones y se transita hacia una estructura civilista en la toma de decisiones. Además, en el marco del Protocolo de Tegucigalpa (1991), se crearon otras instituciones relacio-nadas con la seguridad regional, como el Consejo Judicial Centroa-mericano (compuesto por los presi-dentes de las Cortes Supremas de Justicia), la Asociación de Jefes de Policía (posteriormente reformada y ampliada) y finalmente la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psico-trópicas, CCP.

Estas instituciones, posterior-mente, quedaron organizadas bajo un solo alero del Modelo de Seguri-dad Regional que se creó con el TMSDCA. Con este instrumento, se renovó la visión, mandato, principios y objetivos de los Estados, así como las instituciones en materia de segu-ridad de la región. Es con la ratifica-ción de dicho instrumento que surge una más amplia institucionalidad mandatada a gestionar, en distintos niveles y temáticas, la seguridad en la región, y sobre todo, hacer frente a las nuevas amenazas a la seguri-dad en la región.

Con este modelo de seguridad Centroamérica inauguró una nueva configuración institucional para la gestión de la seguridad regional.

Así las cosas, la Comisión de Seguridad de Centroamérica, CSC, se constituyó en el órgano ejecutor del Modelo, de acuerdo con el Ar-tículo 50 del Tratado Marco, que la establece como la instancia subsi-diaria de ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento, de elabo-ración de propuestas, así como de recomendaciones de alerta tempra-na cuando proceda, de pronta ac-ción, subordinada a la Reunión de Presidentes y al Consejo de Minis-tros de Relaciones Exteriores.

Además de los órganos e ins-tituciones ya mencionadas se crean posteriormente el Instituto Centroa-mericano de Estudios Superiores de Policía, ICESPO, que inclusive es mencionado en el Artículo 14 del TMSD. En cuanto a las amenazas por desastres naturales y lo referen-te a su prevención destaca también la incorporación al sistema del Cen-tro de Coordinación para la Preven-ción de los Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC. En el 2001, la Asociación de Jefes de Policía es transformada y convertida en la Comisión de Jefes/as y Direc-tores/as de Policía de Centroamérica y el Caribe, CJPCAC.

Otra institución que se crea pero no directamente vinculada al SICA (posteriormente sí lo hace) fue la Conferencia de las Fuerzas Arma-das de Centroamérica, CFAC, crea-da por acuerdo de los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua (Grupo conocido como CA-4).

En el 2003, de forma indepen-diente al SICA, se crea el Consejo de Ministerios Públicos de Centroa-mérica y el Caribe, el cual es, en el 2010, invitado a incorporarse a la sub Comisión Jurídica de la CSC.

Finalmente en el 2006 se su-ma a ese andamiaje el Observatorio Centroamericano sobre Violencia, OCAVI, como un ente cuya tarea era la difusión de conocimientos que permitan definir e implementar políti-cas nacionales y regionales, así como estrategias de prevención, control, rehabilitación y reinserción social.

En el 2008 la grave situación de inseguridad y la cada vez mayor penetración de los cárteles del nar-cotráfico y lavado de dinero, en la región despunta como una prioridad cada vez mayor el tema de la segu-ridad, a nivel internacional con la aprobación del Plan Mérida y en especial su referente para la región la Central America Regional Security Initiative, CARSI, por parte del go-bierno de los Estados Unidos de América. De esta forma, la región inicia un proceso de reformulación de sus planes regionales y en espe-cial la reorganización y coordinación de la institucionalidad regional. Ello condujo a la elaboración de la Estra-tegia de Seguridad de Centroaméri-ca, ESCA, que se convierte desde el 2010, en el referente estratégico y

articulador de los esfuerzos de toda la institucionalidad regional en mate-ria de seguridad. Se puede afirmar que con la ESCA se inaugura una nueva etapa en la configuración del sistema de integración regional en materia de seguridad.

Entre las reformas destacan primero la creación de la Unidad de Seguridad Democrática (2007) den-tro del SICA. Posteriormente se re-organizan las direcciones del SICA y se modifica la Dirección de Asuntos Políticos y Jurídicos que pasa a ser la Dirección de Seguridad Democrá-tica, además, está en creación la Dirección de Proyectos Especiales, la cual asumiría la coordinación con ciertos proyectos de la ESCA.

En el 2008 se crea la Comi-sión Regional de Prevención de la Violencia Juvenil en el marco del SICA, que reúne a los y las Ministras de Gobernación, Seguridad y Justi-cia. Este ente crea, posteriormente, un Grupo técnico de apoyo a la ela-boración de los proyectos de la ESCA, el que es luego incorporado a los miembros de la CSC.

En ese año también entró en funcionamiento el Organismo Supe-rior de Control Regional del SICA, el cual está integrado por las Entida-des Fiscalizadoras Superiores, este órgano estaba contemplado en el TMSD desde 1995, y su función es brindar asesoría de la CSC en el diseño e instrumentalización de proyectos y programas contra la corrupción.

En el 2010 la CSC mandató a la SG-SICA a que conformara un Grupo de Países Amigos Cooperan-tes e Instituciones Multilaterales que brindaran apoyo financiero y técnico en la implementación de la ESCA, el que se reúne en el 2011 y a partir de ese momento asume un rol proactivo en la financiación e implementación de esta.

Destaca también, que se ha instaurado como un mecanismo novedoso los Diálogos sobre Segu-ridad Democrática con países socios de la región, tales como México, Estados Unidos y más recientemen-te con la Unión Europea, este meca-nismo se ha convertido en un medio de uso regular para que la región presente iniciativas y solicite apoyo técnico y financiero para sus planes y proyectos. Actualmente se valora la posibilidad de iniciar diálogos simi-lares con Canadá y con Colombia.

En el 2011 la CJPCAC incor-pora a Colombia como miembro pleno, con lo cual la institución pasa a tener once países o entes miem-bros incluyendo a México, Haití, República Dominicana y Puerto Rico.

El OCAVI es posteriormente transformado en el Observatorio e Índice de Seguridad Democrática del SICA, OBSICA, en el 2012. En este año también la CSC mandató al SG-SICA que creara un Mecanismo de Coordinación, Evaluación y Segui-miento de la ESCA, este ya entró en funcionamiento, está compuesto por delegados de los países miembros.

CUADRO 6

ACCIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS

DE LA SEGURIDAD REGIONAL EN CENTROAMÉRICA

Institución

Acciones realizadas

Previo a los Acuerdos de Paz Esquipulas II

CONDECA

Las acciones más emblemáticas fueron las siguientes:

La integración de las fuerzas armadas en Centroamérica se con-virtió en uno de sus más importantes propósitos, lo anterior en-globado en la lucha contra el comunismo
Por otro lado realiza esfuerzos en materia de cooperación entre fuerzas armadas y otros organismos de seguridad de la región, para el intercambio de información y apoyo mutuo.

Protocolo de Tegucigalpa

Consejo Judicial Centroamericano

No existen datos.

Comisión de je-fes(as) y directo-res(as) de policía de Centro América, México, el Caribe y Colombia.

En los últimos diez años la CJDPCA ha realizado las siguientes accio-nes en conjunto:

Creación de las Oficinas de Enlace en cada Cuerpo Policial.
Aprobación del distintivo Centroamericano que identifica a las Policías Turísticas del área.
 Aprobación del Sistema Estadístico Policial de C. A. y El Caribe.
Declaración Conjunta de Presidentes del Consejo de Jefes Na-cionales de las Policías de MERCOSUR, Bolivia y Chile y de la Asociación de Jefes de Policía de Centroamérica y El Caribe
Creado el Plan Regional contra el Crimen Organizado y sus Pla-nes Particulares, de forma preliminar con nueve modalidades de-lictivas

Comisión Centroa-mericana Permanen-te para la Erradica-ción de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefa-cientes y Sustancias Psicotrópicas

Presta asesoramiento para los Estados Miembros en los temas con-cernientes de política de control de la producción, tráfico, consumo y uso ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y otro ilícitos.

Tratado Marco de Seguridad en Centroamérica (TMSDCA)

Comisión de Segu-ridad de Centroa-mérica

En los últimos años la CSC ha cumplido su función de dar seguimien-to a las propuestas en materia de seguridad regional a través de las siguientes acciones:

Promover la articulación de las subunidades de coordinación de la CSC en conjunto con la SG-SICA.
Acompañamiento en el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA).

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Institución

Acciones realizadas

Seguimiento de las acciones realizadas por el Programa Seguri-dad Fronteriza (SEFRO).
Planteamiento de encuentros de coordinación entre diferentes organismos de seguridad extra-regionales.

Instituto Centroame-ricano de Estudios Superiores de Policía (ICESPO)

Desde el año 2011 se encuentran los gobiernos de la región en con-junto con el SICA evaluando la posibilidad de la reapertura del ICESPO, aunque actualmente no se encuentra activo, ya se han definido sus principales objetivos de operación en el área de forma-ción y capacitación de personal:

Promover la profesionalización de los Cuerpos de Policía de la región.
Coordinar y desarrollar con los Cuerpos Policiales centroameri-canos planes y programas académicos, regionales o locales de educación formal y no formal, en áreas relativas a la labor policial.
Fomentar la realización de esfuerzos para ejecutar sistemas de evaluación, con el fin de que las escuelas y academias de policía de la región puedan mejorar sus programas de formación.
Apoyar en la formación de los educadores de las escuelas y aca-demias de policía centroamericanas.
Promover la aplicación de técnicas policiales modernas, mediante cursos especializados.
Producir y distribuir textos de formación y capacitación de las Instituciones Policiales de los países de la región.

Centro de Coordina-ción para la Preven-ción de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)

Actualmente el CEPREDENAC se encuentra ejecutando las siguien-tes actividades en el marco del Sistema de la Integración Centroame-ricana (SICA).

Promoción la institucionalización de la Gestión del Riesgo en los procesos de inversión pública.
Seguimiento de la Plataforma Regional de Información y Comuni-cación
Fomento de la elaboración de procesos educativos para la incor-poración de la gestión integral de riesgo de desastres
Promoción de acciones regionales en mitigación y adaptación para enfrentar las amenazas del cambio climático
Ejecución de Proyectos de Cooperación Internacional en materia de mitigación y adaptación frente a los desastres naturales.

Luego del Tratado Marco de Seguridad Democrática

Consejo de Ministe-rios Públicos de Centroamérica y el Caribe (CMPCAC)

Algunas de las actividades realizadas por el (CMPCAC) son las si-guientes:

Fortalecimiento de los ministerios públicos de cada país, dentro del esquema estatal de los países miembros del SICA.
Establecimiento de estrategias comunes para enfrentar los pro-blemas fundamentales concernientes a los Ministerios Públicos.
Enlace con diferentes organismos a nivel internacional en materia de defensa de los derechos humanos, violencia infantil, trata de mujeres y tráfico de personas.

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Institución

Acciones realizadas

Observatorio e Índice de Seguridad Demo-crática del SICA (OBSICA)

Sus acciones están enmarcadas en los siguientes temas:

Seguimiento a la Seguridad Democrática en Centroamérica (Construcción del Índice de Seguridad, Sistema de indicadores sobre seguridad y convivencia)
Monitoreo y seguimiento de la implementación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica
Mapeo de la Cooperación Internacional en las temáticas de Seguridad en Centroamérica.
Elaboración de estudios e investigaciones en el ámbito de la seguridad democrática.

Central America Re-gional Security Initia-tive, CARSI

Colaborar con las policías y las fuerzas armadas de la región en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, las pandillas, el cri-men organizado, y las debilidades en la seguridad fronteriza, así como para debilitar la infraestructura criminal.

Generar una presencia activa del estado en todos los niveles de acción del mismo, aumentando las capacidades para la aplicación de la ley.

Mejoramiento de la presencia policial a nivel comunidad, incentivando la prevención de pandillas, la atención de las comunidades en riesgo desproporcionadamente afectadas por la delincuencia.

Estrategia de Seguri-dad Centroamérica

ESCA

Elaborada en el año 2007 y actualizada en el 2011 por los gobiernos de Centroamérica, actualmente ejecuta 22 proyectos a nivel regional que son parte de 4 pilares estratégicos de la ESCA los cuales son:

1 Combate del delito. 2 Prevención. De violencia juvenil 3 Rehabilita-ción reinserción y seguridad penitenciaria 4. Fortalecimiento institucio-nal y coordinación y seguimiento de la estrategia regional.

Fuente: Elaboración propia.

Es de destacar que en el sis-tema, además, se ha mandatado la creación de dos instituciones más que, a pesar de tener un mandato de creación de varios años de antigüedad, aún no ha sido posible para la región su constitución y entrada en funcionamiento, princi-palmente por la falta de recursos económicos. Estos son el Centro de Instrucción Antidroga de Cen-troamérica CIADCA, mandatado en el 2006; sin embargo, a la fecha Honduras (país sede) sigue gestio-nando apoyo financiero para su en-trada en funcionamiento.

Otro es el Centro Regional de Coordinación en contra del Narcotrá-fico en Centroamérica, el Caribe y México, CERCONAR, mandatado en el 2008, este centro sigue en etapa de diseño, el gobierno de Guatemala ha asumido el liderazgo en construir la propuesta final y además se pre-

sume que este país sería la sede del ente.

En conclusión, se puede afir-mar que el universo de la institucio-nalidad es amplio (diecinueve insti-tuciones), con al menos dos niveles de accionar, uno de carácter político (con cuatro instituciones) más un amplio abanico de instituciones mandatadas a gestionar aspectos técnicos en diferentes dimensiones de la seguridad en Centroamérica.

Destaca como el principal ins-trumento articulador de esfuerzos la Estrategia de Seguridad, la cual prácticamente articula a todas las instituciones en distintos campos de acción, prioridades y objetivos en el marco de los veintidós proyectos que la conforman. La misma ESCA ha demandado la creación de nuevos mecanismos y la reforma de algunas instituciones.

Sin duda el principal reto de esta amplia institucionalidad son los recursos económicos, según el In-forme del Estado de la Región (2010) “son los recursos externos los que financian el proceso de integra-ción” destaca dicho informe (p. 318) que “el grueso de la actividad pro-gramática del sistema es financiado por las agencias de cooperación internacional.”

Ante este panorama sin duda surgen importantes cuestionamien-tos sobre la eficacia de un andamiaje institucional tan amplio y desfinan-ciado, es claro que mientras sea la cooperación internacional la que financie la integración, esta tenderá a responder más a agendas exter-nas que a las prioridades y orienta-ciones regionales.

Sin duda la sostenibilidad del sistema como un todo es poco sóli-da, no solo por cuotas insuficientes sino también por atrasos recurrentes en su pago por parte de los gobier-nos, sino que, además, ante el pano-rama poco alentador de la coopera-ción internacional, en el mediano plazo la región podría enfrentar grandes dificultades para que este andamiaje continué operativo y me-nos aún que pueda llevar a cabo verdaderas acciones operativas que generen beneficios a la región.

En materia de seguridad, en el corto y mediano plazo, el financia-miento externo parece ser más se-guro, tanto la prioridad internacional de lucha contra el tráfico de drogas de los países donantes como Esta-dos Unidos, Canadá y la Unión Eu-ropea, como la misma situación ines-table y estratégica de la región prevé que los compromisos económicos para financiar la ESCA continuarán; sin embargo, su sostenibilidad en el largo plazo dependerá de que los países asuman su seguimiento y finalmente que identifiquen los me-canismos adecuados para financiar las instituciones regionales en esta materia.

El futuro de la institucionalidad

regional

(a manera de conclusión)

Una valoración del estado ac-tual de Centroamérica, en materia de seguridad, luego de veinte años de haberse firmado el Acuerdo de Es-quipulas II, debe partir de una cons-tatación ineludible: la región cen-troamericana se encuentra cada vez más subordinada a la política de seguridad de los Estados Unidos, EEUU. Este fenómeno, que se pro-duce como parte de una fase de renovada intervención y de recom-posición hegemónica, no es nuevo en la historia del Istmo. Sin embargo, este hecho se presenta, en primer lugar, en un período donde las Fuer-zas Armadas, FFAA, habían iniciado su retirada de la vida política de los Estados, subordinándose a las auto-ridades civiles, democráticamente electas. En segundo lugar, se mues-tra en un contexto en el cual las res-puestas policiales a la criminalidad son tan débiles, que una vez más, se recurre a los aparatos de seguridad militares con el propósito de atender esta problemática.

Un factor adicional que marca-rá significativamente las relaciones de Centroamérica en materia de seguridad, reside en la división que prevalece entre los gobiernos del área sobre el concepto de seguridad que debería ser aplicado. La debili-dad del SICA, en especial de la Se-cretaría General y de la Comisión de Seguridad; así como el fortalecimien-to de la CFAC, dejan muy mal para-da a la integración como instrumento alternativo para implementar y acti-var mecanismos de seguridad colec-tivos. A ello, además, se deben sumar los constantes roces interes-tatales, que en materia de límites, ha puesto en cuestión, tanto las medi-das de confianza mutua, como los mecanismos para el balance razo-nable de fuerzas. Esta situación, constituye un escenario poco propi-cio para la articulación de estrategias que incidan en el cambio del rumbo que Centroamérica, en materia de seguridad, ha tomado.

Sin duda alguna, la seguridad (o la inseguridad) ciudadana se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación en la agenda de los Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas, grupos de la sociedad organizados y ciudadanía en general. A partir de la década de los noventa, los gobiernos de la re-gión han efectuado esfuerzos por elevar las acciones que contribuyan a reducir la delincuencia en los paí-ses del área. Por ejemplo, el 8 de mayo de 1997, luego de la suscrip-ción del TMSD, los presidentes de la región, con motivo de la visita del presidente de los Estados Unidos de América, en la Declaración de San José, acordaron lo siguiente:

Reconocemos que la delin-cuencia es una de las princi-pales amenazas al régimen democrático, a la seguridad pública y a la estabilidad so-cial de nuestros países, por lo que redoblaremos nuestros

esfuerzos para combatir el crimen, y mejorar la seguridad de nuestra gente.”12

1. Reunión Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos y el Presidente de los Estados Unidos de América

Esta preocupación regional ha sido confirmada por diferentes estu-dios. Para el 2006, por ejemplo, los resultados de la “Latin America Pu-blic Opinion Poll”, LAPOP, señaló que tal sensación de inseguridad se había incrementado en todos los países el Istmo; al tiempo que ase-guraba que, establecía diferencias entre las percepciones nacionales de la seguridad y aquellas percepciones que la población tiene acerca del lugar (barrio) donde vive.

El estudio de LAPOP reveló que, en todos los países incluidos en el análisis, la mayor parte de las personas entrevistadas, (85 de cada 100, con excepción de México) ase-guraron que la delincuencia constitu-ye una amenaza al bienestar del país. Sin embargo, cuando se le preguntó a las personas sobre el grado de inseguridad de su barrio, un porcentaje menor dijeron vivir en barrios muy o algo inseguros (45 de cada 100). Para el 2008, la percep-ción de inseguridad era muy homo-génea en todos los países.

La región no puede hacer ca-so omiso a la geopolítica. Por ejem-plo, en Cayo Vizcaíno, fueron los jefes de los órganos militares y de seguridad de la región, al lado de Donald Rumsfeld, los que decidieron

nuevamente nuestras prioridades. Incluso, estos mismos jefes militares y de seguridad decidieron que Cen-troamérica necesita una fuerza de respuesta rápida para atender las “amenazas emergentes”. Se olvida-ron (o ignoraron) que en la XVII Cumbre (Honduras, 1995) se había creado, en el marco del Plan Regio-nal de Reducción de Desastres, la Fuerza Institucional de Solidaridad Centroamericana, FISCA, a cargo del CEPREDENAC. Hoy, quienes resuelven estos temas de seguridad no son las instituciones civiles de la región, sino los órganos de orden militar, como la CFAC.

En este contexto, el tema de la seguridad estaría cada vez menos sometido al control y seguimiento del poder civil. Aunque el TMSD garanti-za a través del Comité Consultivo, CC-SICA, la participación de la so-ciedad civil esta disposición no es aún efectiva. Más aún, en la Matriz Básica de Temas Prioritarios en seguimiento al TMSDCA y a las de-cisiones de la Comisión de Seguri-dad de Centroamérica, CSC, se establece la creación de un progra-ma anual permanente de actividades de fomento de la confianza, que involucran la participación de las fuerzas armadas y de seguridad pública de la región, conjuntamente con la sociedad civil centroamerica-na (Artículo 52, inciso h); sin embar-go, en entrevistas realizadas a direc-tivos del CC-SICA, a la fecha ninguna consulta ha sido remitida a este Comité ni se les ha cursado invitación para participar de dicho programa.

Como resultado de este fuerte incremento de las preocupaciones acerca de la seguridad, durante los últimos días de julio del 2007, con el objetivo de apoyar las acciones re-gionales en materia de seguridad, el gobierno de los Estados Unidos de América ofreció, por intermedio del Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, un millón de dólares con el objetivo de diseñar una estrategia de seguridad regional para combatir a las violentas pandillas de jóvenes y al narcotráfico.

Asimismo, el SICA y la Agen-cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, firmaron un convenio de donación por tres millones de dólares, con el objetivo de financiar actividades regionales para la prevención de pandillas juveniles. De su lado, las fuerzas militares de la región cele-braron, en Montelimar, Nicaragua, la XXVI Reunión de la CFAC, con el propósito de consolidar sus rela-ciones y acciones en materia de seguridad.

Ese mismo año, la CSC y una representación del gobierno de Es-tados Unidos, institucionalizaron el diálogo bilateral SICA-Estados Uni-dos, con la finalidad de consolidar el abordaje conjunto del tema de las pandillas juveniles. Llama la aten-ción, particularmente, el numeral 7 de la Declaración, cuando señala: fomentar el establecimiento y la expansión de programas de preven-ción, rehabilitación y reinserción y de políticas eficaces a nivel regional, nacional y municipal, con la partici-pación de gobiernos locales, igle-sias, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.” A finales de ese mismo año, los go-biernos de los países del SICA, reunidos en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 12 de diciembre, adoptaron la Estrategia de Seguri-dad de Centroamérica:

“(…) como el instrumento bá-sico que, desde una perspec-tiva integral, orienta las accio-nes de cooperación y coordinación en materia de seguridad pública, de Cen-troamérica y México, la cual establece objetivos comunes, las áreas de intervención y las acciones a seguir para alcan-zar los niveles de seguridad y estado de confianza que re-quieren los ciudadanos cen-troamericanos y mexicanos.”

En términos generales, es posible afirmar que, en las dos últi-mas décadas, se ha registrado un incremento notable de las acciones de la criminalidad y el uso de la vio-lencia en todos los países del área. Al mismo tiempo, las instituciones gubernamentales encargadas del tema han sufrido, también, reformas importantes. Estos esfuerzos inclu-yen mejoras sustantivas a nivel mi-nisterial, policial, fuerzas armadas, de la administración de la justicia, sistema penitenciario, diálogo interi-nstitucional y, particularmente, un acercamiento e involucramiento de los actores locales. No obstante, el impacto de tales iniciativas en la

reducción de la inseguridad no se logra observar de manera concreta. Este hecho, genera una enorme presión para generar respuestas más eficaces.

En función de ello, para el 2008, cuatro iniciativas confirman la relevancia que el tema de la seguri-dad ha cobrado en todos los países de la región:

1. La aprobación del Plan de Acción con Costos del Proyec-to de Asistencia Técnica y Respuesta Regional: Marco Estratégico Regional para la Prevención, Reducción, Tra-tamiento y Rehabilitación de las Personas Menores de Edad en Riesgo Social o en Conflicto con la Ley.

2. La adopción del Sistema de Seguridad Turística de Cen-troamérica, aprobado por la Comisión de Seguridad de Centroamérica.

3. La consolidación de los diálo-gos sobre seguridad democrá-tica de Centroamérica con los Estados Unidos de América y México.

4. La aprobación de la Iniciativa de Mérida, por la Cámara de Representantes de los Esta-dos Unidos de América, con la finalidad de fortalecer los es-fuerzos realizados por Cen-troamérica en materia de se-guridad regional.

Estos factores llevaron a la constitución, por un lado de la Estra-tegia de Seguridad de Centroaméri-ca y México, adoptada en El Salva-dor, el 14 de agosto de 2007 y, por otra lado, de la Comisión Regional de Prevención de la Violencia Juve-nil, como órgano garante de la im-plementación y seguimiento del Pro-yecto de Asistencia Técnica y Respuesta Regional Marco Estraté-gico Regional para la Prevención, Reducción, Tratamiento y Rehabili-tación de las Personas Menores de Edad en Riesgo Social o en Conflicto con la Ley. Así, tal y como ha afir-mado el III Informe del Estado de la Región (2008), “Al finalizar la prime-ra década del siglo XXI Centroamé-rica experimenta un grave problema de seguridad ciudadana.”

En ese contexto, no es casua-lidad, pues, que en materia de segu-ridad, Estados Unidos ofreciera un aporte de doscientos millones de dólares adicionales para la ejecución de un plan de seguridad a nivel cen-troamericano, en la última cumbre de Jefes y Jefas de Estado sobre Segu-ridad. Adicionalmente, el Presidente Obama ofreció reforzar la inversión en programas de prevención de la violencia. De igual forma, hubo el compromiso de buscar más recur-sos con otros países para fortale-cer los programas que en seguri-dad se han empezado. Además, se espera avanzar en la conformación de una comisión contra el crimen organizado.

Tal parece que el espíritu que actualmente priva post crisis finan-ciera, hereda a la región un estre-chamiento en el diálogo bilateral con

el principal socio comercial que Cen-troamérica posee (Estados Unidos), desdibuja el mecanismo de consulta y articulación regional a través del SICA e invisibiliza los procesos ante-riores. La agenda prioritaria está dada por la seguridad en términos del combate a las maras y pandillas; así como al crimen organizado. De una agenda amplia se ha pasado a una monotemática. La relación con Estados Unidos parece hoy más lejana en el resto de la agenda de diálogo bilateral.

Bibliografía

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