Análisis de los discursos oficiales

MIDEPLAN

CPDG

COREC

CEARE

en las iniciativas de reforma

del Estado en Costa Rica

y sus implicaciones en las

capacidades estatales Felipe Alpízar Rodríguez*

1990-2013 Daniela Chacón Mendoza**

INDAGA LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE REFORMA DEL ESTADO COSTARRICENSE EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS. ESTAS PROPUESTAS SE DERIVAN DE INFORMES INSTITUCIONALES QUE HAN APORTADO AL DEBATE SOBRE COMO MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA. EL ANALISIS DE LAS PROPUESRAS SE REALIZA DESDE UN ENFOQUE DE CAPACIDADES ESTATALES Y LA CONSTRUCCION DE MATRICES Y MAPAS IDEOLOGICOS QUE PERMITEN AGRUPAR LAS PROPUESTAS Y EXTRAER TENDENCIAS PRINCIPALES. SE DESTACA UN ENFASIS EN LOS DISCURSOS RELACIONADOS CON LA EFICIENCIA, LA REGULACION Y EL LUGAR DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS EN LA REFORMA. SE PLANTEAN NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACION Y PROPUESTAS PARA EL DEBATE PUBLICO.

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; REFORMA ADMINISTRATIVA; COSTA RICA

KEY WORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; ADMINISTRATIVE REFORM; COSTA RICA

“La monopolización de lo uni-versal es el resultado de un

trabajo de universalización que se realiza principalmente en el campo burocrático. Co-mo lo muestra el análisis del funcionamiento de esta insti-tución extraña que se llama comisión, conjunto de perso-nas que están investidas de una misión de interés general e invitadas a trascender sus intereses particulares para poder producir proposiciones universales, los personajes oficiales deben trabajar sin pausa sino para sacrificar su punto de vista particular “al

punto de vista de la sociedad” para, por lo menos, constituir su punto de vista en punto de vista legítimo, es decir, univer-sal, principalmente recurriendo a una retórica de lo oficial.” (Bourdieu, 1993).

Introducción

A inicios de la década de los noventa se constituyó una comisión bipartidaria (Partido Liberación Na-cional, PLN, Partido Unidad Social Cristiana, PUSC) para analizar la situación del Estado y proponer for-mas para recomponerlo como articu-lador de una nueva estrategia de desarrollo. En el Informe de la Comisión para la Reforma del Estado Costarricense, COREC I, se indicó que “…Esta propuesta consi-dera un conjunto de reformas que tiene como propósito central la de-mocratización del Estado y en forma subsidiaria que su acción sea más eficaz y eficiente” (COREC, 1990: 18). De acuerdo con esto, se preten-día una redistribución del poder a instancias locales y regionales y un mayor control ciudadano de la ges-tión pública, a la vez que se perse-guía mayor eficiencia en la función estatal de crear condiciones para el desarrollo económico.

Más de dos décadas después, en su mensaje presidencial del 1° de mayo de 2012, Laura Chinchilla Mi-randa lanzaba una iniciativa similar: “…He decidido convocar a un ilustre grupo de ciudadanos que nos pre-senten en el corto plazo una propuesta para avanzar hacia mayo-res niveles de funcionalidad y cali-dad de nuestra democracia.” (Citado por Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, 2013: 10). El informe de esa Comisión fue conocido en enero del 2013 y parte de la visión de que el país se encuentra en una crisis de gobernabilidad democrática y que eso estaría relacionado con el diseño de la institucionalidad política. Aunque en ese informe se admite que la gobernabilidad democrática está vinculada con la relación entre el Estado y la sociedad, se consideró oportuno proponer un remozamiento del diseño institucional del Estado.

Estos dos informes muestran una preocupación presente en los últimos veinticinco años del debate político mayoritario: el diseño y funcionamiento del Estado en Costa Rica deben ser revisados. Esta afirmación varía de acuerdo con las posturas ideológicas de quienes la sustentan, pero la variedad de los informes analizados en este trabajo dan cuenta de la proliferación de diagnósticos sobre lo que le pasa al Estado y las propuestas sobre cómo “arreglarlo”.

Abordaje teórico

y metodológico

Para explicar el abordaje teó-rico y metodológico de este estudio

es necesario primero aclarar la defi-nición de Estado con que se trabaja. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, define al Estado como “…un conjunto de insti-tuciones y relaciones sociales que cubre el territorio que este delimita y sobre el cual ejerce normalmente la supremacía en el control de los me-dios de coerción…” (2004: 63-64). Además señala el PNUD que se debe entender el Estado como un foco de identidad, un sistema legal y un conjunto de entes burocráticos.

Para Jessop, el Estado se puede entender como “…un ensam-ble de instituciones y organizaciones cuya función socialmente aceptada es definir y ejecutar decisiones co-lectivas vinculantes en una determi-nada población en el nombre del interés común o la voluntad general.” (2008:9).

A partir de la reciente redefinición de Estado de O’donnell se derivan cuatro dimensiones, a saber:

 El conjunto de burocracias y el grado de cumplimiento de responsabilidades (eficacia).

 El sistema legal y su efectividad.

 La credibilidad y el Estado como foco de identidad colectiva.

 La función de filtro que delimi-ta territorios, espacios y esfe-

ras de aplicación de la autori-dad estatal (2010:79).

Estas definiciones trascienden la visión del Estado únicamente como un conjunto de instituciones y se le otorgan funciones “no materia-les”. Esto último hace referencia a la función simbólica que cumplen los Estados, toda vez que aglutinan a un conjunto de personas bajo senti-mientos de cohesión, pertenencia, identidad, entre otros. Estas narrati-vas sobre la convivencia, como por ejemplo el nacionalismo, son rele-vantes para que los ciudadanos acepten la autoridad que se ejerce sobre ellos como legítima y suponen a la vez la ventana para el ejercicio estatal de la dominación física y simbólica. Además, es en la función simbólica del Estado que se define lo que se entiende por la voluntad ge-neral o el interés común y que luego pretende ser perseguido por medio de la función material del Estado, esto es su sistema legal y el conjun-to de instituciones y organismos públicos.

Sin embargo, Jessop señala que el Estado se enfrenta a una paradoja: por un lado se pretende reducir su tamaño y hacerlo más “delgado” para que no sea más la autoridad superordinadora de la sociedad, pero al mismo tiempo se le exige que resuelva problemas com-plejos, interprete la voluntad general y que le recuerde a los ciudadanos sobre la importancia de vivir en so-ciedad (cohesión).

En la intersección de estos temas es que se enmarca este trabajo. Por un lado se hace un análisis de los principales temas de reforma del Estado en los últimos veinticinco años y se establecen ejes temáticos que dan cuenta de las prioridades políticas establecidas por los autores de los informes analizados. Estos ejes temáticos se abordan a luz de los conceptos de estatalidad, poder infraestructural y capacidades estatales (PNUD, 2004; Vargas, 2012). Finalmente, se plantea una línea de trabajo que pretende iniciar la construcción de los mapas ideológicos discursivos existentes en el país en torno a la reforma del Estado.

La ponencia nace de un con-junto de preguntas generadoras: ¿Cuáles han sido las principales iniciativas y temas de reforma del Estado costarricense de los últimos veinticinco años? ¿Cuáles son las convergencias y divergencias temá-ticas en las iniciativas de reforma del Estado costarricense? ¿Cuáles son los principales discursos oficiales sobre la reforma del Estado? ¿Es posible identificar cambios normati-vos o institucionales en temas que han emergido como prioritarios en los discursos oficiales sobre la re-forma del Estado? ¿Cómo afectarían los cambios propuestos las capaci-dades estatales?

Estas preguntas permitieron definir que el objeto de estudio de este documento sería la identifica-ción de los principales ejes temáticos en torno a la reforma del Estado, que manifiestan un conjunto de discursos políticos sobre el sentido, dirección y prioridades en la reforma del Estado presentes en los informes que sobre la materia se han publicado desde 1990.

Por discursos políticos se en-tienden las prácticas sociales de los actores sociales y políticos que se constituyen en conjuntos de repre-sentaciones y construcciones simbó-licas que en determinados contextos orientan y dan sentido a las prácticas sociopolíticas, posiciones ideológi-cas y relaciones entre ellos. Estos discursos tienen implicaciones sim-bólicas, esto es en la reconfigura-ción de otros discursos, implicacio-nes prácticas, es decir en la (re)configuración de la acción políti-ca y las relaciones sociales y consecuencias institucionales pues contribuyen en la configuración, justi-ficación y orientación del Estado. Los discursos son dialécticos en la medi-da que son constituidos por los con-textos, instituciones y estructuras sociales, a la vez que constituyen las instituciones y estructuras, es decir los discursos son estructurantes y estructurados a la vez (Foucault, 1997; Calsamiglia y Tusón, 2001; Bourdieu, 1985).

Una vez definidos los principa-les elementos teóricos, se procede ahora a la delimitación de los infor-mes que se considerarían para el análisis de contenido. Para ello se partió de un mapeo inicial de todos los textos institucionales y no institu-cionales que han planteado reco-mendaciones para la reforma del

Estado costarricense. Hasta el mo-mento se han identificado un total de veintitrés informes sobre esta mate-ria. Se consideró como criterio de selección de los informes el conjunto de propuestas de reforma presentes en los informes institucionales sobre la reforma del Estado desde 1990 hasta el 2013 y cuya visión fuese nacional y general. Este criterio de muestreo intencionado permitió se-leccionar los cuatro informes que serían analizados en este artículo y que se presentan a continuación.

TABLA 1

LISTA Y CODIFICACIÓN DE INFORMES ESTUDIADOS

COSTA RICA

1990-2013

Informe	Código	Total temas
Reforma del Estado en Costa Rica. Comisión para la Reforma del Estado Costarricense, COREC I, 1990.	A.	58
La Transformación del Estado Costarricense 1990-1994. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, 1994	B.	21
Propuestas de acciones de reforma del Estado. Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado, CEARE, 2008	C.	38
Propuestas para fortalecer la funcionalidad y cali-dad de la democracia costarricense. Informe Final Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad De-mocrática. Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, 2013	D.	70
Total	187

Fuente: Alpízar y Chacón (2014) a partir de la Base de Datos sobre Informes de Reforma de Estado.

Cada texto fue identificado con un código y se elaboraron matri-ces que sirvieron como guía de lec-tura y contribuyeron a identificar los principales temas de cada informe, así como las convergencias y diver-gencias temáticas entre ellos. Con lo anterior, se tenía un conjunto de todas las propuestas de todos los informes, que como se puede notar en la Tabla 1 representa un total de 187 temas presentes en los cuatro informes.

Los dispositivos para la identi-ficación y clasificación de la informa-ción contribuyeron a la construcción de una base de datos de informes sobre reforma del Estado.1Se trata de una plataforma para continuar la investigación a partir de la identificación de ejes temáticos y su análisis siguiendo criterios sistemáti-cos, claros y disponibles para otros investigadores.

Análisis de los informes

de reforma del Estado

(1990-2013)

Agrupación en ejes temáticos

Como se indicó en la introduc-ción, los cuatro informes analizados nacen del diagnóstico de problemas en el funcionamiento del Estado, ya

sean relacionados con su tamaño, su eficiencia, su financiamiento, su democratización o su función de promoción del desarrollo del país. Como atinadamente lo señala el epígrafe de este estudio, las perso-nas encargadas de realizar estos informes estuvieron en algún mo-mento en cargos directivos y respal-dan buena parte de sus recomenda-ciones en su experiencia y legitimidad, en su condición de nota-bles. Esta legitimidad tecnocrática está acompañada, como es lógico, de sus propias concepciones ideoló-gicas sobre lo que se debe hacer con el Estado y la sociedad costarri-cense. Por ello, en esta sección se pasa de la descripción más puntual de las propuestas a un análisis más en profundidad sobre los ejes temá-ticos, la orientación de los mismos y la posible identificación de los princi-pales discursos ideológicos sobre la reforma del Estado.

En la metodología se explicó que la lectura atenta de los cuatro informes permitió identificar las pro-puestas más relevantes y luego se realizó una agrupación de los mis-mos. Esto dio como resultado un conjunto de doce ejes temáticos, que luego sirvieron como categorías para ordenar la información en la base de datos. La siguiente tabla da cuenta de los ejes temáticos y la cantidad de propuestas que agrupan cada una de ellos.

TABLA 2

EJES TEMÁTICOS Y CANTIDAD DE PROPUESTAS

EN INFORMES SELECCIONADOS

COSTA RICA

(1990-2013)

Ejes temáticos	Cantidad de propuestas
	Absoluta	Relativa
1. Reforma constitucional	1	1%
2. Reforma al Poder Legislativo	17	9%
3. Reformas a la Contraloría General de la República	8	4%
4. Reformas al Poder Ejecutivo	16	8%
5. Reformas al Poder Judicial	12	6%
6. Participación	11	6%
7. Organización territorial	25	13%
8. Planificación	20	10%
9. Finanzas públicas	7	4%
10. Empresas, instituciones y servicios públicos	20	10%
11. Eficiencia en la gestión pública	38	19%
12. Función pública y empleo	22	11%
Total	197	100%

Nota: El total de 197, distinto al 187 de la Tabla 1, se explica porque existen diez propuestas que se refieren a al menos dos ejes temáticos y por lo tanto se repiten en la base de datos.

Fuente: Alpízar y Chacón (2014) a partir de la Base de Datos sobre Informes de Reforma de Estado.

La cantidad de temas enlista-dos en cada eje temático permite identificar ciertas tendencias en cuanto a las prioridades temáticas de estos informes. Así por ejemplo la “Eficiencia en la gestión pública” lidera por mucho la cantidad de pro-puestas (38, 19%), seguido por “Or-ganización territorial” (25, 13%), propuestas en “Función pública y empleo” (22, 11%) y “Planificación” (20, 10%).

En este sentido, se puede se-ñalar que los informes ponen una fuerte carga de responsabilidad en el supuesto mal funcionamiento del Estado en la forma en que, según su diagnóstico, trabajan los funcionarios públicos. Si se consideran en con-junto ejes temáticos relacionados con lo anterior (8. Planificación; 9. Finanzas; 10. Empresas, institucio-nes y servicios públicos; 11. Eficien-cia en la gestión pública; 12. Función pública y empleo) se llegan a un 54% de todas las propuestas. Más que una precisión numérica, lo que parece demostrar esta tendencia es la presencia de un discurso que en-tiende al funcionario público como responsable de buena parte de los problemas del Estado, lo que a su vez deriva en una valoración de lo público como negativo. Lo curioso de esto es que todos los autores de los informes han sido, en algún momen-to, funcionarios públicos, lo que ha-bla de una especie de contradicción en sus discursos y de cómo el des-prestigio de lo público proviene tam-bién desde adentro. Este discurso que valora lo público como negativo se enmarca dentro de las corrientes ideológicas dominantes en la admi-nistración pública desde la década de los ochenta.

Más allá del conteo para iden-tificar tendencias, es importante des-tacar que existe una variedad de recomendaciones, que se distinguen por su orientación y sentido de los cambios propuestos. Así por ejem-plo, al respecto de las reformas al Poder Legislativo, COREC I realiza dos recomendaciones puntuales (A.1 y A.2) para democratizar el sistema de elección de diputados, mientras que el Informe de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática - 2013 plantea catorce sugerencias para cambiar el funcio-namiento de la Asamblea Legislativa teniendo en cuenta criterios de efi-ciencia legislativa y no necesaria-mente de fortalecimiento del debate y profundización de la democracia.

Por otro lado, las reformas a la Contraloría General de la República, CGR, son planteadas únicamente en el informe de la Comisión Presiden-cial sobre Gobernabilidad Democrá-tica - 2013 y versan de nuevo sobre criterios de eficiencia y agilización de los procesos administrativos y de contratación, con el riesgo del debili-tamiento del órgano contralor.

El informe de COREC I coin-cide con la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática - 2013 en la necesidad de mejorar el funcionamiento del Poder Ejecutivo y reforzar los mecanismos de coordi-nación intersectorial e interministe-rial. Sin embargo, esta última Comi-

sión replantea, además, elementos profundos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y propone mecanismos de control como la diso-lución de la Asamblea y el Gabinete que podrían representar fuente de inestabilidad y crisis.

Respecto del Poder Judicial, la Comisión Presidencial sobre Go-bernabilidad Democrática - 2013 propone profundos cambios en el Ministerio Público, el Tribunal Consti-tucional, en el derecho procesal, expropiaciones y una limitación en el desarrollo constitucional de derechos prestacionales (servicios públicos) según las capacidades y condiciones objetivas del Estado.

COREC I plantea la necesidad de habilitar mecanismos de partici-pación directa como el referendo, mientras que la Comisión Presiden-cial sobre Gobernabilidad Democrá-tica (CPGD) - 2013 propone la parti-cipación del Presidente y los miembros del Poder Ejecutivo en las campañas políticas previas a los referendos que no sean de materia político electoral. Varios informes también abordan propuestas relacio-nadas con mayor participación gre-mial, sectorial y corporativa, partici-pación ciudadana en gestión pública y transparencia y control político ciudadano. Llama la atención que COREC I y la Comisión Presidencial - 2013 coinciden en la creación de un Consejo Económico Social con participación corporativa y gremial. También se agrupan en este eje las propuestas que pretenden incorporar a los ciudadanos ya sea en la propia gestión o en su control.

La organización territorial del Estado también ha sido tema central en los informes analizados. En unos casos, como en el tema de descen-tralización, las propuestas lógica-mente varían según su fecha de redacción, pues en los informes an-teriores al Código Municipal (1998) se resalta la necesidad de efectuar cambios hacia esa vía, mientras que en los años posteriores se procura enmendar asuntos que han fallado como por ejemplo el respaldo presu-puestario para el traslado de compe-tencias. De igual forma, las propues-tas para la desconcentración del Estado progresivamente han perdido vigencia y en los informes más re-cientes ya no aparecen.

La planificación, que incluye los procesos de presupuestación y programación, han sido también ampliamente abordados en los in-formes analizados. Además, se han atendido asuntos relacionados con las finanzas públicas, sobre todo los problemas en el gasto público y el persistente déficit. Todos los infor-mes tienen su correspondiente diag-nóstico sobre los orígenes de esta situación, básicamente se refieren al tamaño del Estado y la ineficiencia de las instituciones y funcionarios públicos, pero pocos mencionan la corrupción y el clientelismo político como causas estructurales que de-ben ser atendidas. Esto nos permite ver una vez más el sesgo ideológico y partidario de buena parte de los

integrantes de estas comisiones en estos últimos veinticinco años.

La idea de cambiar la lógica de funcionamiento del Estado y reducir su tamaño se encuentran plasmadas en los ejes temáticos 10. (Empresas, instituciones y servicios públicos) y 11. (Eficiencia en la ges-tión pública). De nuevo, el momento histórico de redacción de cada in-forme se refleja en las prioridades señaladas, pero es posible encontrar una tendencia similar en todos ellos. El discurso dominante de la nueva gestión pública que pregona un va-ciamiento del Estado se materializa en estas recomendaciones.

El eje temático 12. (Función pública y empleo) fue comentado antes y baste con reiterar que la orientación ideológica de la mayoría de estos informes ha provocado que se vea en el funcionario público una especie de lastre o causa de nume-rosos problemas de la administra-ción pública. Acciones de movilidad laboral y amenazas de reducción de derechos laborales han estado pre-sentes en los últimos veinticinco años en la agenda pública costarri-cense y estos informes no parecen ser la excepción.

Finalmente, los informes ana-lizados abordan otros temas de im-portancia, pero de forma relativa-

mente puntual como: la problemática de las pensiones, las acciones con-cretas para promover el desarrollo socioeconómico, temas más recien-tes como el de ambiente, energía y cambio climático, al igual que otros de mucha actualidad, simplificación de trámites a través de la adminis-tración digital.

Las propuestas de los informes

y su posible relación

con cambios recientes

Como se ha señalado previa-mente, las propuestas sugeridas en cada uno de los informes analizados abarcan diferentes aspectos que pretenden incidir en el aparato insti-tucional del Estado y, por lo tanto, en su desempeño. Sin embargo, hasta el momento de realización de este estudio (julio, 2013), no hay estudios disponibles sobre cuáles de las pro-puestas concretas lograron llevarse a cabo, ni tampoco hay información puntual sobre los cambios institucio-nales o normativos experimentados entre 1990 y el 2013 que pueden ligarse con los informes de reforma de Estado analizados.2

La disposición de esa infor-mación es de vital importancia ya que posibilitaría el análisis y la eva-luación del impacto que han tenido las propuestas y que tienen este tipo de informes en el país. Además, es relevante porque permitiría recono-cer cuál es la tendencia que se sigue en las acciones o intenciones de reforma y, por lo tanto, el rol que se le pretende dar al Estado costarri-

cense. Por esa razón, en este estu-dio se efectúa un trabajo exploratorio de reconocimiento de las transfor-maciones normativas o instituciona-les ligadas a las propuestas de los cuatro informes de reforma de Esta-do estudiados, durante el período comprendido entre 1990 y el 2013.

Para realizar esa exploración, se registraron artículos académicos e institucionales enfocados en el tema, se realizó una exhaustiva bús-queda de información jurídica y se consultaron periódicos nacionales (La Nación, La República, entre otros). A partir de esta búsqueda y con la cautela del caso por las limitaciones de información, se pue-den señalar algunos hallazgos preliminares.

En primera instancia, el infor-me del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, en 1994 y COREC I en 1990 parecen haber tenido un mayor impacto en la reconfiguración del Estado costarricense. Esta tendencia se relaciona con el acuerdo ratifica-do entre el entonces Presidente Jose María Figueres (1994-1998) y el Ex Presidente Rafael Ángel Calderón (1990-1994) el 12 de junio de 1995, mediante el cual se logró el impulso de varios proyectos y propuestas de reforma en la Asamblea Legislativa (Méndez, 1995).

Buena parte de las propuestas ejecutadas en la década de los no-venta, como por ejemplo la reestruc-turación interna de instituciones es-tatales como por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganade-ría, MAG, el Consejo Nacional de Producción, CNP, la Dirección Na-cional de Desarrollo Comunal, DINADECO y el Instituto de Desarro-llo Agrario, IDA, coinciden con el discurso ideológico de reducción del aparato estatal. En los periódicos nacionales como La Nación, se indi-caba que el Programa de Reforma del Estado buscaba: “…la reducción del aparato gubernamental y el in-cremento en la eficiencia de los ser-vicios brindados a la población…” (Méndez, 1996).

Por su parte, el informe de MIDEPLAN 1994, refleja recomen-daciones dirigidas a la reducción del sobreempleo público, en declaracio-nes de uno de los ex Ministros de Planificación durante el proceso de Reforma en 1996, Leonardo Garnier, quien explicaba que se podían com-probar avances en la reforma tras: “Quince entidades públicas trans-formadas, nueve leyes que mejoran las tareas estatales, [y] 5.000 em-pleados menos…” (Noguera, 1996). Además, esa constatación de la reducción del empleo en el sector público, también se fundamenta en el estudio de Ronald Alfaro para el X Informe sobre el Estado de la Nación en Desarrollo Humano, el cual expli-ca que en los momentos históricos de 1991, 1992, 1995 y 1996 se ex-perimentó la disminución en la canti-dad de funcionarios (Alfaro, 2004).

Las reformas propuestas por MIDEPLAN en 1994 incorporan una visión de Estado con menos inter-venciones, reducido y con funciones

redefinidas y ejecutadas para alcan-zar una mayor eficiencia, lo que en la nueva gestión pública se conoce como “vaciamiento” del Estado. Esto se refleja en los proyectos aproba-dos de privatización, reestructura-ción y el programa de movilidad la-boral. Por ejemplo, la reducción de la planilla progresiva en DINADECO a 207 plazas en 1994, 152 plazas en 1995 y a inicios de 1998 una reduc-ción a 78 plazas distribuidas en todo el país. De forma similar se experi-menta la restructuración del IDA, del MAG y del CNP.

La reformulación del papel del Estado se orientó hacia un papel regulador de los servicios, algunas transformaciones en esta línea fue-ron la promulgación de la Ley de Concesión de Obra Pública en 1994, las reformas en el Banco Central de Costa Rica, BCCR, y la creación de la Superintendencia General de En-tidades Financieras, SUGEF, así como la Ley de la Autoridad Regula-dora de los Servicios Públicos, ARESEP, que regula los servicios públicos brindados por el Estado.

Por otra parte, las reformas en el ámbito económico y las dirigidas a solucionar los problemas fiscales del país, también se manifestaron aun-que en un menor grado que las ante-riores, por ejemplo, se promulgaron las leyes de Justicia Tributaria y de Ajuste Tributario, ambas en 1995, las cuales pretendían mejorar el sistema de recaudación y el esque-ma tributario.

Aunque no es posible deter-minar una causalidad directa entre las propuestas y los cambios norma-tivos o institucionales ocurridos, sí es posible identificar el potencial trans-formador de los discursos sobre la reforma del Estado, sobre todo en la década de los noventa. Como bien lo señala Bourdieu (1993), el Estado tiene la capacidad (capital estatal), a través de los marcos normativos (capital jurídico), las estructuras insti-tucionales (capital de fuerza física e informacional), la fiscalidad (capital económico) y los mecanismos de legitimación (capital simbólico) de imponer su visión de lo que es y debería ser el propio funcionamiento del Estado. De esta forma, se logra reconocer que el sentido general de los cambios influenciados por los informes de reforma del Estado, se concentraron en la reducción de la burocracia a través de la movilidad laboral y reducción del Estado, para alcanzar una supuesta mayor efi-ciencia y al mismo tiempo se promo-vieron transformaciones que conso-lidarían el carácter regulador de la administración pública influenciado por la apertura comercial en el país.

Las reformas propuestas

desde la perspectiva

de las capacidades estatales

Finalmente, interesa en esta sección considerar los ejes temáti-cos y conjunto de propuestas a la luz de las nociones teóricas de estatali-dad, poder infraestructural y, más específicamente, las dimensiones de capacidades estatales.

A partir del trabajo del PNUD (2004:51), que define la estatalidad como “…la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones y objetivos independientemente del tamaño y la forma de organización de sus burocracias…”, Carlos Sojo (2011) realiza una clasificación de los tipos de estatalidad presentes en América Latina. Para ello entiende los tipos de estatalidad como un producto de los equilibrios específi-cos entre las funciones y las capaci-dades estatales.

Por otro lado, Soifer y von Hau (2008) parten del concepto de poder infraestructural de Michael Mann (1984:113), entendido como “…las capacidades actuales del Estado para penetrar la sociedad civil e im-plementar las decisiones políticas y logísticas en su territorio…”, para avanzar en el estudio de las capaci-dades estatales y la legitimidad y entender que se deben considerar tanto sus características organiza-cionales como las relaciones.

Vargas Cullell (2012:705) de-fine las capacidades estatales como el “…conjunto de recursos humanos, legales, financieros y operativos con los que cuenta el Estado para im-plementar efectivamente las decisio-nes tomadas por la autoridad cen-tral…” A partir de esta definición Vargas Cullell (2012:709) propone considerar cuatro dimensiones para el estudio específico de las capaci-dades estatales:

a. Extractiva: (carga tributaria, ingresos no fiscales, fuente de los recursos).

b. Bienes y servicios: (bienes y servicios brindados por el Es-tado, las instituciones públicas y las empresas públicas, dis-tribución territorial y cobertura pública, oferta estatal).

c. Organizacional: estructura ins-titucional, competencias, lí-neas de mando, redes secto-riales (tamaño del aparato es-tatal, redes institucionales sectoriales, poder del Poder Ejecutivo, corporatismo).

d. Burocrática: (recursos huma-nos, tamaño y calidad del em-pleo).

Estas dimensiones de análisis de las capacidades estatales fueron incorporadas en la base de datos de este estudio para considerar si las políticas propuestas en los cuatro informes procuraban abordar alguna de ellas y si lo hacían, determinar de qué manera se lo proponían, ya sea mediante un aumento o disminución en esas capacidades. La Tabla 3 recoge esta clasificación.

TABLA 3

LAS POLÍTICAS PROPUESTAS DE REFORMA DEL ESTADO

SEGÚN LAS DIMENSIONES DE LAS CAPACIDADES ESTATALES

Y SU DIRECCIÓN

COSTA RICA

1990-2013

Informe	Capacidades estatales (cantidades absolutas)
	Extractiva	Bienes y servicios	Organizacional	Burocrática
	+	-	Total	+	-	Total	+	-	Total	+	-	Total
COREC	4	2	6	4	4	8	28	3	31	9	3	12
MIDEPLAN	3	0	3	3	2	5	3	6	9	3	1	4
CEARE	0	0	0	18	0	18	11	1	12	8	0	8
CPDG	3	0	3	13	2	15	21	18	39	5	2	7
Subtotal	10	2	12	38	8	46	63	28	91	25	6	31
Relativo	6,6%	25,5%	50,5%	17,2%

Nota: El total de las propuestas fueron clasificadas según su sentido (aumento y disminución), salvo en siete casos que se clasificaron como N./A. y se excluyen, por lo tanto, del total. Por ello el total baja de 187 a 180.

Fuente: Alpízar y Chacón (2014) a partir de la Base de Datos sobre Informes de Reforma de Estado (1990-2013).

La Tabla 3 revela interesantes datos. El nivel desagregado muestra como cada informe se refiere a cada una de las capacidades estatales y clasifica aquellos casos en los que la propuesta supondría un aumento o disminución de esas capacidades. Por ejemplo, CEARE propone medi-das para hacer más eficiente la pres-tación de servicios y ello supuesta-mente aumentaría la capacidad de brindar esos bienes y servicios y por eso puntúa positivamente (aumento) en dieciocho propuestas relaciona-das con esa capacidad estatal.

A un nivel más agregado, se tiene que la mayor parte de las pro-puestas están relacionadas con las capacidades organizacionales del Estado (50,5%), seguidas de las capacidades de brindar bienes y servicios (25,5%). A pesar de que se ha discutido ampliamente sobre los problemas fiscales del Estado, solo un 6,6% de las propuestas reseña-das se refieren a las capacidades extractivas del Estado. Un tema que en el análisis de contenido realizado en secciones anteriores, esto es el papel de los funcionarios (calidad, cantidad, modelos de gestión), se destacó como central, mientras que en este ejercicio numérico no resulta tan relevante. Esto nos muestra la importancia de profundizar en cada una de las propuestas y triangular varios métodos de análisis.

El conteo de las propuestas que derivarían en un aumento de las capacidades corresponde a 136 de las 180 políticas en total, es decir el 75,5%. Mientras que las propuestas en la dirección de la disminución suman 44 de 180 políticas en total, es decir el 24,4%.

Posteriormente, se realizó una clasificación ulterior, que pretende transformar las cuatro dimensiones en dos ejes analíticos mayores. Por un lado, se considera que la capaci-dad extractiva y la provisión de bie-nes y servicios del Estado tienen que ver con la fiscalidad, esto es el con-junto de ingresos y gastos que se traduce en el peso económico del Estado en la sociedad (economía). Por otro lado, se agrupan las capa-cidades organizacionales y burocrá-ticas en un eje que se ha denomina-do de regulación, el cual da cuenta del nivel de organiza-ción/determinación que representan el marco normativo, las burocra-cias y el aparato institucional en la sociedad.3

Para ubicar cada informe en esta matriz, se realizó un ejercicio de ponderación que considera el senti-do de la reforma del Estado propues-to en cada informe según las capa-cidades estatales. Ese conteo de la dirección de las reformas según informe, que se detalla en la Tabla 4, permitió clasificar en términos gene-rales los informes.

TABLA 4

CLASIFICACIÓN DE LOS INFORMES SEGÚN DIRECCIÓN

DE LAS PROPUESTAS

COSTA RICA

1990-2013

Informes	Dirección de las propuestas
	Extractiva	Bienes y servicios	Organizacional	Burocrática
COREC	Aumento	Neutro	Aumento	Aumento
MIDEPLAN	Aumento	Aumento	Disminución	Aumento
CEARE	Neutro	Aumento	Aumento	Aumento
CPDG	Aumento	Aumento	Aumento	Aumento

Nota: La A representa la capacidad extractiva; B la capacidad de brindar bienes y servicios; C la capacidad organizacional; D representa la capacidad burocrática. La orientación de cada una de las capacidades se calculó según la Tabla 4 como la sumatoria entre las positivas (aumento) y las negativas (disminución).

Fuente: Alpízar y Chacón (2014) a partir de la Base de Datos sobre Informes de Reforma de Estado (1990-2013).

Así, por ejemplo, si en la Ta-bla 4, COREC I propone un aumento en la capacidad extractiva, aumento en la oferta de bienes y servicios se ubica a la derecha en el eje de ma-yor regulación. Si, además, propone aumentar los ingresos fiscales y el gasto público se ubica arriba (mayor) en el eje de fiscalidad.

MATRIZ 1

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE REFORMAS DEL ESTADO

SEGÚN ESTATALIDAD

COSTA RICA

1990-2013

MAYOR FISCALIDAD
		(A+B+)
		(A+B-)
(C-D-) MENOR REGULACIÓN	(C-D+)	(A-B+) (C+D-)	(C+D+) MAYOR REGULACIÓN
		(A-B-)
MENOR FISCALIDAD

Fuente: Alpízar y Chacón (2014).

La Matriz 1 es una represen-tación gráfica de una posible ubica-ción de los cuatro informes analiza-dos según los ejes de estatalidad antes descritos. De nuevo, resulta interesante destacar que el análisis más cualitativo de las propuestas, con base en la información recogida en la base de datos, revela una visión del Estado más limitada, mientras que este conteo más cuan-titativo y a nivel más agregado deja ver otras posibles interpretacio-nes. Este análisis permite comple-mentar los hallazgos descritos hasta ahora y plantea numerosos retos de investigación.

Conclusiones

El conjunto de representacio-nes sobre lo que es y debe ser el Estado es una veta de investigación que en Costa Rica permanece poco explorada. Este estudio ha mostrado cómo en distintos niveles de análisis es posible realizar interpretaciones complementarias sobre los informes de reforma del Estado y por ende del mismo proceso de reforma discutido en el país en los últimos veinticinco años. Cabe destacar cómo impera un discurso que pone sobre los hombros de los funcionarios públicos la responsabilidad de la supuesta mala gestión pública que se realiza en el país. Y cuando se afirma en este artículo que es una “supuesta” mala gestión se quiere llamar la atención sobre esas ideas fuerza, núcleos discursivos, colocadas en circulación en la opinión pública y que terminan convirtiéndose en una especie de verdades absolutas que nadie se atreve a discutir o cuestio-nar. Otro de esos núcleos discursi-vos es la idea de que el Estado y todo lo que remita a lo público es por naturaleza ineficiente. Claramente no existe ninguna determinación “natural” que haga que una esfera de la sociedad funcione mejor que otra y más bien sería oportuno indagar hasta qué punto esta es una idea con asidero certero en todas las dimensiones de funcionamiento del Estado.

También se quiere llamar la atención sobre la contradicción inhe-rente a estos discursos negativos sobre los funcionarios públicos y lo público, pues son precisamente per-sonas que han competido política-mente para llegar a la esfera pública quienes socavan la legitimidad sim-bólica de esa misma institucionalidad que les da cobijo.

Las consideraciones sobre el eventual éxito de los informes de reforma del Estado han llevado a una valoración tentativa de la déca-da de los noventa como aquella en la que es posible identificar más cambios. Los informes de COREC I y MIDEPLAN 1994 expresan una visión sobre el Estado que logró concretarse con mayor claridad en esa década y que tiene como norte la reducción del tamaño del Estado y la readecuación de su función hacia un Estado regulador.

Finalmente, interesa destacar el valor metodológico y analítico de la propuesta de considerar los infor-mes sobre la reforma del Estado desde una perspectiva de capacida-des estatales. Aunque es posible que este ejercicio deba ser revisado y mejorado, lo cual agrega nuevas vetas de investigación, este instru-mental teórico permitiría trascender los núcleos discursivos señalados antes y determinar con detalle las áreas geográficas y funcionales en las que el Estado costarricense fun-ciona mejor o peor y priorizar las energías de reforma en aquellas que así lo requieran.

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