Hacia una nueva agenda

para la administración

Milton Clarke** pública*

ANALIZA ALGUNAS TENDENCIAS DE LA DISCIPLINA Y PRAXIS ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PONDERANDO SU APLICACIÓN Y UTILIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR LOS CRÍTICOS DEL DESEMPEÑO DE LOS APARATOS ADMINISTRATIVOS GUBERNAMENTALES.

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; TENDENCIAS; GOBIERNOS

KEY WORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; TRENDS; GOVERMENTS

Introducción

El término Administración Pública se refiere a los procesos, organizaciones e individuos (cuando actúan en sus puestos de funciona-rios gubernamentales) asociados a la ejecución de órdenes, leyes y otras reglamentaciones adoptados y emanados por legislaturas, ejecuti-

vos de gobierno o los sistemas judi-ciales, los tres pilares de gobierno. Debe entenderse que esta definición incluye el considerable involucra-miento en la formulación e imple-mentación de legislación, políticas públicas y decisiones tomadas para el bien común. Sin embargo, la Ad-ministración Pública también es un campo de estudio académico y de conceptualización y capacitación, que ha servido para que una canti-dad sustancial de funcionarios gu-bernamentales haya aprendido y pulido conceptos, destrezas y técni-cas para el mejor desempeño de su labor.

Durante las últimas dos déca-das, las administraciones públicas, como órganos encargados de la gestión gubernamental, han estado bajo fuerte ataque y desde varios sectores, por sus formas de trabajar y el poco rendimiento que ofrecen a la ciudadanía en términos del cum-

plimiento con las responsabilidades que la sociedad les impone. Las críticas se lanzan en todas las so-ciedades, y salvo excepciones, son justificadas. Pocas son las adminis-traciones que han escapado a estas opiniones y a la consecuente mala reputación, convirtiéndose ellas en referencia obligada para quienes buscan mejorar la prestación de servicios públicos: Nueva Zelandia, Australia y los países escandinavos (Finlandia, Suecia, Noruega, Dina-marca e Islandia) y en menor grado, Canadá, son países que general-mente se incluyen en las listas de administraciones públicas ejempla-res. No hay muchas más.

Es llamativo que hay gran coincidencia en las críticas y en el fondo de los argumentos que se presentan, con variaciones de gra-dos y profundidad de las crisis. Hay muy pocos defensores de las admi-nistraciones públicas, pues es difícil encontrar justificativos para este sector de la sociedad que parece haber tocado fondo.

A nivel global, se considera que las deficiencias en las adminis-traciones públicas son un freno a los avances que se están dando en la sociedad; que sus estructuras y sis-temas desactualizados no permiten ponerse a tono con las demandas y las tecnologías del mundo de hoy. Hay un clamor generalizado por reformas y todos han intentado algu-na forma de ello, pero en un sentido amplio, ha sido difícil encontrar fórmulas que hayan resultado en cambios globales, y la Teoría de la Administración Pública, como la doctrina orientadora de la profesión, ejemplifica la urgente necesidad de evolucionar para estar a la par de los tiempos y ofrecer soluciones convincentes.

Para estudiosos y practicantes de la Administración Pública, estos son días de emociones encontradas. Por un lado, las constantes y profun-das críticas a la disciplina se reciben como ataques personales, y esto es desalentador, pues al interno se sabe de la buena voluntad y el es-fuerzo que invierten los funcionarios en procurar hacer una tarea bien llevada, pero a pesar de ello, no se logra satisfacer a los usuarios, pues los problemas están por encima de la voluntad individual de los servido-res públicos; están en los sistemas administrativos. Igualmente se reco-noce que en el fondo y de manera general, las críticas que vienen tie-nen fundamento.

Por otro lado, se está constan-temente a la expectativa, pues la disciplina está siendo objeto de in-tenso análisis y revisión, en busca de fórmulas que permitan brindar satisfacción a los usuarios que ne-cesitan de servicios públicos de cali-dad y con la prontitud del caso. Se vive ahora en un mundo en que el progreso y desarrollo vienen relacio-nados a la competitividad de la so-ciedad, y para mantenerse bien po-sicionada, ésta requiere de la contribución y apoyo de una admi-nistración pública eficiente y eficaz.

Hay mucha experimentación, con la intención de encontrar fórmu-

las que puedan solventar, aunque sea parcialmente, críticas que se ofrecen. Algunas de ellas han sido exitosas, tal es el caso de muchas instancias de uso de la tecnología de información ahora disponible, mien-tras que en otros casos, estrategias, modelos y técnicas que en principio parecían prometedores, han tenido problemas de concepción o de im-plementación. Hay muchos experi-mentos tipo prueba y error, y con frecuencia se recurre a fórmulas que por alguna razón se ponen de moda en el momento.

También hay diversos actores en la sociedad, algunos con in-tereses específicos, que han ofreci-do sus opiniones y en ocasiones han tenido éxito en presionar a los go-biernos para probar determinados modelos, destacando entre éstos quienes piden con insistencia que se apliquen en los sectores públicos las formas de gestión de la empresa privada, a pesar de que es conocido que solo algunas de ellas han pro-bado ser exitosas, mientras que otras son como peces fuera del agua.

Es importante también resaltar que en varias ocasiones se presen-tan soluciones válidas que han tro-pezado con las siempre esperadas resistencias de parte de los funcio-narios. Por definición, los sistemas burocráticos y quienes trabajan en

ellas, se resisten al cambio, a pesar de que su entorno está en estado constante de adaptación a nuevas circunstancias1 y presentando de-mandas por mejor servicio. También es cierto que cada vez hay más avances tecnológicos que pueden usarse para mejorar servicios que ya no dan la talla, pero que la burocra-cia no acepta.

En general, se han probado muchas fórmulas, algunas con resul-tados positivos. En otros casos, las pruebas no tuvieron éxito, pues no necesariamente todas las técnicas son adaptables al contexto de la administración pública. En esta oca-sión, se tratarán algunos de estos temas que se están asentando en el cuerpo de conocimientos que cono-cemos como la Teoría de la Adminis-tración Pública, por lo menos en sus principales aspectos, cómo se aco-modan éstos a la problemática del momento, y lo que pueden esperar los practicantes de la disciplina de estas nuevas modalidades.

La teoría de la administración pública y el método científico

Si hay unanimidad en cuanto a algo, es que los servicios públicos atraviesan por un período de cam-bios rápidos, y que esto se viene dando durante más de dos décadas. En 1989, el entonces Primer Ministro británico, John Majors, declaró que “los cambios en los servicios públi-cos resultan ser nada menos que una revolución en progreso.”2 Han pasado más de dos décadas desde esta declaración del más alto perso-nero del servicio público británico, uno de los más prestigiosos del mundo, pero durante todo este tiem-po, y aún ahora, lo dicho sigue te-niendo validez.

Los planteamientos teóricos en cuanto a la Administración Públi-ca son en este instante, bastante diferentes, reflejando nuevas exi-gencias y viejos descontentos en cuanto a lo que los tiempos requie-ren. Se ha avanzado en los postula-dos teóricos, pero mucho menos en la práctica de la disciplina. Es cierto que la evolución del pensamiento y la práctica de la disciplina no han mantenido el mismo ritmo de los avances de la sociedad, creando un distanciamiento cada vez mayor entre los administradores y sus ac-ciones y las necesidades que tienen los usuarios de los servicios. Se han dado algunos cambios, pero todavía se está a distancia del nivel de servi-cios públicos que las sociedades requieren. Especialmente en los países de menor nivel de desarrollo, los cambios han sido lentos, mien-tras que en los de mayor desarrollo, posiblemente los cambios no lleguen a los niveles de una revolución, pero ciertamente en este momento se parecen muy poco a los de los años

ochentas y noventas. En todo caso, lo que encontramos en las reformas es que se hace mucha prueba y error, acompañado de titu-beos de parte de quienes los impul-san, de las autoridades políticas que deben aprobarlos y de los trabajado-res a quienes les corresponde implementarlos.

Los cambios efectuados han sido en partes selectas de la admi-nistración pública, y cuando se trata de hacerlos de forma integral, rara vez van más allá de lo cosmético. Esto lleva a la conclusión de que el pensamiento en cuanto a la Adminis-tración Pública, durante estas dos décadas de críticas e intentos de reforma, no ha sido totalmente sis-tematizado e incorporado dentro de un conjunto coherente de postulados que pueda ser considerado como la obligada fuerza orientadora de la disciplina. Algunos postulados han sido incorporados totalmente como parte del arsenal conceptual que se pone a disposición de estudiosos y practicantes, mientras que otros han despertado suficiente interés como para ponerse a prueba, discusión y refinamiento de ciertos aspectos, y todavía un tercer grupo ya ha proba-do que no tiene posibilidades de ser incorporado como parte de la doctrina de la disciplina, por no ser aplicables.

En resumen, la Teoría de la Administración Pública está sufrien-do cuestionamientos, ajustes e in-corporaciones, tratando de mante-nerse relevante en un entorno que requiere más de lo que la disciplina está en capacidad de aportar en este momento, lo que obliga a repa-sar brevemente el rol de una teoría en una disciplina en las ciencias sociales.

En el sentido más general, una ciencia es un cuerpo de conoci-mientos que se acumula y se ordena de manera sistemática, lo que nos permite comprender, describir, expli-car, diagnosticar, pronosticar, pres-cribir y orientar fenómenos relativos a la disciplina. De esta manera, la física, química, y biología (como ejemplos, hay muchas más) llenan los requisitos para ser considerados como una ciencia exacta, ya que son precisos e inalterables en cuanto a lo que le dan al observador y practican-te, mientras que en las llamadas ciencias sociales estos requisitos se cumplen siempre con ciertas reservas.

La observación y el análisis sistemático del manejo de fenóme-nos administrativos gubernamenta-les es considerado como la ciencia de la Administración Pública, y su producto principal, es la Teoría de la Administración Pública, que debe ser capaz de explicar un conjunto de fundamentos administrativos guber-namentales y sus relaciones de con-junto. De hecho, durante casi un siglo se han desarrollado muchas teorías sobre el tema de la Adminis-tración Pública, que todavía nos ayudan a comprender la estructura y comportamiento de las organizacio-nes del sector público, y a predecir la manera en que un cambio, por ejemplo, la ampliación del ámbito de control, puede influir sobre la estruc-tura, el comportamiento y la efectivi-dad de la organización. El problema es que ahora los tiempos exigen más, y la ciencia no ofrece lo sufi-ciente. Por eso, la presión del momento.

Una hipótesis se refiere a una “teoría tentativa,” un postulado que todavía requiere de más pruebas, por falta de suficiente apoyo empíri-co como para obtener la validez que da una teoría en todo su esplendor. Las hipótesis son probadas por me-dio del método científico, y el origen de la terminología científica ayuda a explicar la naturaleza del método.

El término Científico viene de dos palabras del Latín – scientia, conocimiento, y facere, hacer, de tal manera que “científico” literalmente se refiere a la creación de conoci-miento. Básicamente, el método científico involucra ciclos de obser-vación, generalización, experimenta-ción y comprobación, en donde un fenómeno es observado, se desarro-lla una hipótesis general para expli-carlo, y se lleva a cabo un experi-mento para probar esta hipótesis.

En la práctica, este es un ciclo de nunca acabar, y la frontera de la ciencia es probada y empujada siempre por quienes se interesan en hacer ciencia (por medio de la ob-servación, generalización y experi-mentación), que siempre coleccio-nan informaciones parciales que se van agregando y tejiendo en un tapiz de sus hipótesis, que a su vez van evolucionando hasta adquirir la ma-durez necesaria para ser sometidas a prueba. El proceso sigue adelante, al introducirse los ajustes que se consideran necesarios para perfec-cionar ideas o eventualmente recha-zarlas. Adicionalmente, en las Cien-cias de la Administración Pública, pero también en otras de propieda-des similares, deben hacerse prue-bas en diferentes ambientes, para ver si los comportamientos son igua-les en situaciones (o culturas) dife-rentes. De ahí que es posible encontrar situaciones en donde de-terminada técnica puede aplicarse con éxito en un medio y no ser efec-tiva en otro, lo que también ha servi-do de excusa para que quienes se oponen al cambio rechacen muchas recomendaciones. En estos casos, éstas se consideran como teorías parciales, ya que su aplicación es condicionada.

Una ciencia es un cuerpo sis-temático de conocimiento y las teorías son su máxima expresión, ya que éstas ofrecen las relaciones generales o marcos conceptuales que nos permiten comprender, expli-car y predecir fenómenos, y prescri-bir ajustes y mejoras en ellos, dentro de la ciencia que enfocamos en el momento. Las teorías se desarrollan por medio del método científico, que involucra más que solamente la ob-servación, generalización, y experi-mentación. El método científico de-manda también una actitud caracterizada por la curiosidad, la racionalidad, la apertura mental, la objetividad y la honestidad intelec-tual, entre otras cosas. Es importan-te el interpretar los resultados que se obtienen, sin forzar situaciones para hacer valer lo que creemos o prefe-rimos. Además, no se debe confun-dir los adornos que vienen con el método científico, con el método en sí. Los instrumentos de análisis y pruebas, los cuestionarios y otras herramientas científicas son útiles, pero por sí solas no constituyen “ciencia” ni el “método científico”, son simplemente instrumentos de ayudas y herramientas útiles.

Para que las propuestas de reforma de las administraciones públicas tengan arraigo para ser consideradas universalmente, intro-ducidas como solución y aceptadas por todos los interesados, deben formar parte del cuerpo de conoci-miento reconocido para la profesión, en este caso la Teoría de la Adminis-tración Pública. Esto significa que deben haber superado los procesos del método científico y pasado las pruebas prácticas de ser útil para describir, explicar, y aportar solucio-nes a fenómenos de la administra-ción gubernamental. Las propuestas que logran avanzar hasta este esta-do, serán las útiles para cambiar la situación actual. Las propuestas analizadas en este trabajo, serán enfocadas bajo esta óptica. Las que lo han hecho parcialmente, serán útiles en situaciones seleccionadas, y las que no hayan podido formar, ni siquiera en situaciones selectas, parte del cuerpo teórico de la disci-plina, es porque no han tenido la fuerza suficiente para llevar lógica a una situación de Administración Pública. Estímulo para una

nueva agenda

Toda organización existe en un ambiente cambiante en sus as-pectos económicos, políticos, socia-les y legales. Las economías mun-diales continúan siendo afectadas por vaivenes que periódicamente generan cambios en la demanda, en la composición de los bienes y servi-cios y en las formas y términos de relaciones dentro de cada sociedad y entre ellas. El entorno político cambia constantemente, con la apa-rición de novedosas agrupaciones políticas y la desaparición de otros, y nuevas ideas y presiones que cons-tantemente permean el escenario político. El contexto legal cambia como resultado de reciente legisla-ción y de actuales preocupaciones que aparecen a nivel global y regio-nal, y que afectan a los gobiernos desde el nivel central hasta el local. Los cambios demográficos en la sociedad en términos de tasas de nacimiento, mortalidad, migración o movilidad interna, tienen efectos en cuanto a los servicios que los gobiernos deben ofrecer. Las eco-nomías mundiales están suficiente-mente entrelazadas, y las variacio-nes en una, potencialmente puede afectar a otras.

El cambio, entonces, es una constante, lo que no lo es, sin em-bargo, es el ritmo y la dirección del cambio. La incertidumbre, la presen-cia y los tiempos de múltiples varia-bles dificulta las posibilidades de predicción, y por lo tanto los intentos de tratar con ellos. El rol preponde-rante que han adquirido ciertas eco-nomías emergentes es testigo fiel de los cambios que han ocurrido duran-te las últimas dos décadas, como lo son también los problemas surgidos del tráfico internacional de drogas y la comisión de actos de terrorismo que han creado la necesidad de adoptar medidas de seguridad nunca antes imaginadas. Ciertamente el ritmo de cambios durante la primera década del presente siglo ha sido vertiginoso. No obstante, es impor-tante explorar la dirección que si-guen estas transformaciones y sus efectos sobre las administraciones públicas.

Para apreciar los cambios que se dan, es necesario comprender su contexto, pues ninguna organización existe en un vacío, más bien, las organizaciones se insertan en un ambiente amplio e inclusivo, que exige la participación activa de todos los actores que funcionan en él.

En un ambiente competitivo, como el que se impone en este mo-mento histórico, las organizaciones necesitan adaptarse para sobrevivir y prosperar, en realidad, una de las presiones que afectan a muchas de las organizaciones de servicio públi-co en los últimos años, ha sido el cómo ser más eficaces y eficientes y a su vez, servir como factor positivo en los esfuerzos de la sociedad por ser competitiva; como llegar a ofre-cer el nivel de servicios, en cantidad y calidad, que requiere y exige la ciudadanía para adaptarse y partici-par de manera fructífera en el mo-mento histórico.

Estudiosos de esta materia han identificado cuatro aspectos del entorno que pesan fuertemente so-bre las organizaciones,3 y que re-quieren ser considerados para el buen funcionamiento de cualquier institución pública:

• Fuerzas económicas que re-gulan el intercambio de mate-riales, capital, energía e infor-mación entre países y dentro de ellos. Esto incluye la dispo-nibilidad de capital y la distri-bución de recursos (tierra, tra-bajo, capital), su precio, calidad y disponibilidad, lo mismo que la capacidad de gestionarlos.

• Fuerzas tecnológicas que se refieren a la dimensión en el entorno que incluye los avances científicos y tec-nológicos en la sociedad, que sean capaces de lograr aho-rros, precisión, eficiencia y efi-cacia en las organizaciones y por lo tanto mejoras en el desempeño.

• Fuerzas político-legales que distribuyen el poder en la so-ciedad y suministran meca-nismos de orden y protección,

en la forma de marcos legales y regulaciones.

• Fuerzas socio-culturales que se arraigan en la sociedad y regulan los valores, prácticas y costumbres que contribuyen a su cohesión y mantenimien-to. Establecen las reglas de convivencia en sociedad.

Estas fuerzas, que rodean y condicionan a toda organización, tienen la característica de ser muy dinámicas. Están en constante esta-do de fluctuación, ajustándose y dando cabida a cambios que se vie-nen dando a nivel macro. Son los intérpretes y transmisores de los movimientos de cambio en la socie-dad. Una vez que estas fuerzas reci-ban el mensaje de que el entorno pide cambios, trasladan la exigencia a las instituciones a través de los actores correspondientes en la so-ciedad, que son conductores de ajustes en el nivel macro (ejemplo: las instituciones financieras son los conductores de las fuerzas económi-cas; cambios en los patrones de migración pueden transmitir necesi-dades sociales; etc., perpetuando así el ciclo de cambio y retroalimen-tación). Con un vistazo a la Teoría de Sistemas, se comprende que estas fuerzas ambientales introdu-cen influencias en la organización a través de los canales de insumos y los mecanismos de retroalimenta-ción. Visto así, hay que aceptar que son fuerzas de gran influencia en la organización, pero que también ella tiene cierto grado de capacidad de regular el ritmo y dirección de los cambios que se le piden. Puede regular, pero no le es posible igno-rarlos por mucho tiempo.

De hecho, el análisis profundo de estas cuatro fuerzas constituye uno de los pilares para la formula-ción de planes estratégicos, que es una técnica administrativa que en tiempos recientes se incorpora en el arsenal de métodos de gestión que son aplicados en la administración de organizaciones públicas.

Por medio de estas fuerzas del entorno, se han venido presenta-do una considerable cantidad de demandas a las administraciones públicas, y cuando no se le ha podi-do dar satisfacción a muchas de ellas, surgen los descontentos y pedidos de reforma para el sector público.

La siguiente es una lista par-cial de demandas que enfrentan las administraciones públicas en este momento que engloba de manera general una cantidad de peticiones más específicas, pero que para fines analíticos, se pueden resumir en categorías más amplias.

• Mayor transparencia en las acciones gubernamentales, incluyendo contrataciones, los procesos de toma de decisio-nes, el análisis de beneficia-rios y perjudicados por medio de políticas públicas, negocia-ciones gubernamentales, utili-zación de fondos públicos, mecanismos de control, etc.

• Mayor evaluación y control sobre la ejecución de proyec-tos públicos y la conducción de los asuntos públicos en general. Esto incluye acceso a la información sobre el accio-nar de la administración públi-ca, y el rendimiento de cuen-tas de parte de los funcionarios en todos sus niveles.

• Las necesidades de trans-formar en realidad nuevas demandas que representan aspiraciones sociales no satis-fechas a través de la historia, y que ahora encuentran apoyo sustancial a nivel internacio-nal, como equidad de género, destierro de antiguos patrones de inclusión/exclusión, pro-blemas de representación política, refinamiento de los derechos de la ciudadanía a la educación y a la salud, y tantos otros más.

• El requerimiento de simplificar trámites que afectan directa-mente al ciudadano, tanto para su vida personal como la laboral: permisos, registros, regulaciones, y demás. Dentro de esto debe incluirse el dere-cho a un sistema de imparti-ción de justicia más pronta y cumplida. En general, toda la “tramitología” gubernamental debe revisarse y simplificarse, buscando siempre respues-tas a los cuestionamientos ciudadanos.

• Un sector publico que sea capaz de ofrecer apoyo a un sector privado en plena ex-pansión, impulsada por la globalización, y que requiere competir a nivel internacional, para bien de la sociedad en su totalidad. En la sociedad de hoy, el aislamiento pro-duce retraso irreparable a la sociedad.

• La necesidad de reducir el apetito del sector publico por consumir cada vez más recur-sos del presupuesto público, sin que ello se refleje en ma-yor productividad. El problema no es en cuanto a la cantidad del gasto, que cada sociedad decide lo mejor para ella, sino la calidad del servicio que corresponde a ese gasto, y esa es la queja de las socie-dades de hoy.

• La presunción de que los ser-vicios públicos monopolizados son inherentemente ineficien-tes, ya sean éstos de carácter público o privado. Unido a esto debe incluirse la necesi-dad de regulación eficaz y transparente de cada uno de los sectores por autoridades técnicamente competentes.

• El deseo de crear una eco-nomía mixta en el suministro de servicios públicos como agua, electricidad, telefonía y bienestar, en donde compitan en igualdad de condiciones empresas públicas y privadas.

• El anhelo de implantar dentro de las instituciones públicas, sistemas competitivos, tanto en la provisión de servicios al externo, como la contratación de determinadas labores in-ternas (contabilidad, informáti-ca, etc.).

• En general, una mejor com-prensión de parte de la admi-nistración pública de los re-querimientos de ajustarse a las demandas de una agenda internacional en plena expan-sión, como puede ser el cono-cimiento de tratados, la riguro-sidad de guías de calidad en las exportaciones e importa-ciones y en temas como dere-chos humanos e igualdad de género, la necesidad de res-puestas prontas y cumplidas para poder competir en mer-cados internacionales, etc.

Esta no es una lista exhausti-va, es más bien representativa, pero resume muchas de las quejas que presentan ciudadanos en referencia a las administraciones públicas. El problema mayor es que, a pesar de las repetidas menciones de las insa-tisfacciones, no ha habido respues-tas sistemáticas y satisfactorias de parte de los servicios públicos. Ante esto, surgen no solamente protestas, sino presiones a los gobiernos y sus representantes para el logro de los cambios necesarios. En muchas ocasiones, se presentan también sugerencias y demandas por la adopción de determinadas solucio-nes. El problema de esto es que se han dado ocasiones en que se im-plementan cambios como producto de la desesperación, lo que se im-pone a la racionalidad, ya que no permite un análisis suficiente de las alternativas de solución. Seguida-mente se presentan algunas de las tendencias que más influencia están teniendo en la búsqueda de solucio-nes a los defectos manifiestos de la Administración Pública.

Siete megatendencias

en la teoría y práctica de la

administración pública

Tomando en consideración lo anterior, se pueden identificar siete mega-tendencias que en las dos últimas décadas se han perfilado en los esfuerzos por reformar y moder-nizar la práctica de la Administración Pública. Todas ellas caen en la ca-tegoría de propuestas que están siendo probadas, con diferentes grados de éxito, pero que ofrecen promesa para convertirse en pilares del pensamiento que se recoge en la Teoría de la Administración Pública.

La referencia a ellas como mega-tendencias es porque han sido probadas y aceptadas en dife-rentes culturas y situaciones a nivel mundial, suficientes para ser consideradas como de aplicación universal. Si bien es cierto que han tenido que sufrir adaptaciones para ser válidas en algunas situaciones, han probado ser adaptables. El es-tudioso y el practicante de la Admi-nistración Pública haría bien en po-ner especial atención a estas siete mega-tendencias, pues de seguro tendrá que tratar con ellas en un futuro cercano, si no lo ha hecho anteriormente.

1. Desacelerar o revertir el cre-cimiento del sector público, tanto en el gasto como en el empleo. Exigencia de mayor productividad, que el creci-miento tenga relación con la cantidad y calidad de los ser-vicios que se ofrecen.

2. Giro hacia la privatización o quasi-privatización, alejándose de instituciones centrales del gobierno, con énfasis en el rol secundario o subsidiario en la provisión de servicios. Mayor rol de instituciones descentra-lizadas, pues éstas funcionan más cercanas al ciudadano, en la provisión de servicios a la ciudadanía.

3. Giro hacia una función más reguladora y promotora de proyectos, en vez de tramita-dora de expedientes. Los ser-vicios deben ser prestados por las instituciones más cer-canas a la ciudadanía y al lu-gar de los hechos. Dentro de la regulación, debe prevalecer la creación de un ambiente amigable y justo para el ciudadano.

4. Desarrollo de una agenda más internacional, cada vez más centrada en problemas gene-rales de la gestión pública, en el diseño de políticas públi-cas, en ofrecer a la ciuda-danía buena gobernabilidad, en encontrar mejores for-mas de toma de decisiones, de rendimiento de cuentas y en la cooperación inter-gubernamental, por encima de las viejas tradiciones de ser trinchera de tradiciones y par-ticularidades culturales parro-quiales, más bien típicas de una sociedad algo aislada del resto del mundo.

5. Introducción de formas de establecer consecuencias del desempeño, tanto del merito-rio como del deficiente.

6. Crear claridad de propósito en las acciones de las institucio-nes públicas y en el flujo de in-formación sobre actividades públicas que siempre deben llegar a la ciudadanía.

7. Poner al ciudadano cliente en el centro del accionar guber-namental. Se les atribuye a las administraciones públicas el dejar de lado su fin primordial, el servir a los ciudadanos, y hacerlo con eficiencia, eficacia y calidez. Debe retomarse la razón original de ser de las instituciones estatales.

…Y algunas estrategias

y/o técnicas de

implementación

Enterados de lo anterior, de-ben considerarse algunos desarro-llos recientes en la Teoría de la Ad-ministración Pública, aceptando que la insuficiencia de la disciplina ha llevado a que en las últimas dos décadas se hayan lanzado no solo críticas a granel, sino que también se ha desatado una búsqueda ince-sante de parte de personas afecta-das por el pobre desempeño de las administraciones públicas (funciona-rios públicos preocupados, ciudada-nos usuarios, políticos responsables, formadores de opinión en la socie-dad, grupos con intereses específi-cos y hasta aquellos que ven en la situación oportunidades pecuniarias) por encontrar soluciones a una si-tuación agobiante.

La ineptitud de las administra-ciones públicas, por las razones que sean, ha llegado a extremos de afec-tar negativamente la calidad de vida de los ciudadanos en muchas socie-dades, y al menos a ser vistos como un mal necesario en otras. Al día de hoy, en los múltiples estudios que aparecen en la Internet en que se establece algún tipo de rangos de competitividad de países, de gober-nabilidad, de corrupción, de desarro-llo sostenible, de facilidad para atraer inversiones o para establecer

condiciones de vida, y hasta de alegría y satisfacción ciudadana, invariablemente todas sugieren que en Costa Rica, que actualmente ocupa un muy honroso puesto número cuarenta y seis en el mundo y segundo en América Latina (de 186 países en la encuesta), el prin-cipal retraso que presenta al exterior, es la burocracia estatal y su apego a formas caducas, falta de roce inter-nacional y desconocimiento de mejo-res prácticas de parte de países competidores. Igualmente, un recien-te estudio sobre el servicio público en los países centroamericanos, sugiere del servicio civil de Costa Rica que es impermeable a cualquier intento de cambio.4

1. Desacelerar o reverter el crecimiento del sector público, tanto en el gasto como en el empleo

Más que una teoría, esta es una estrategia, pero lo tratamos en

el nivel de una mega-tendencia por las ramificaciones que conlleva. Uni-versalmente, las organizaciones del sector público siguen el patrón de organización burocrática, por el or-den que ofrecen sus virtudes de patrones uniformes de conducta, estabilidad del funcionario, la jerar-quización definida, las líneas de autoridad bien delineadas y el énfa-sis en la escrituración de trámites y acciones. Pero también hay que recordar que unas de las caracterís-ticas principales de las organizacio-nes burocráticas, es la tendencia hacia el crecimiento y la inflexibili-dad, y con el pasar del tiempo, lo irremediable es que estas caracterís-ticas se acentúen. El crecimiento, tanto en términos de empleo como del gasto reflejado en el presupues-to, es motivo de gran preocupación en todos los sectores, incluyendo los propios funcionarios. Algunas estrategias, tácticas y/o técnicas que se usan para cumplir con esta estra-tegia, son las siguientes:

• Institucionalizar programas periódicos de des-burocra-tización. Esta es terminología genérica que cubre una varie-dad de acciones, como la re-ducción de la planilla (que ha resultado difícil de hacer por las consecuencias sociales del desempleo, más las presiones que suele acarrear esto sobre las autoridades políticas); la congelación del empleo, que tiene cierta lógica, pero que a la vez representa una limitante para introducir a la institución nuevas tecnologías y más modernas formas de adminis-trar; congelamiento de los to-pes presupuestarios, que es una solución muy parcial, pues no afecta al crecimiento que viene por el lado del em-pleo ya fijo, que anualmente goza de una cantidad de au-mentos y beneficios institucio-nalizados, y sobre el que no se pueden introducir reduccio-nes por ser parte de las nego-ciaciones laborales.

• Simplificación de trámites. En diferentes puntos del mundo, especialmente en países de mayor desarrollo, hay equipos que permanentemente revisan trámites que deben hacerse ante oficinas gubernamenta-les. Esto se ha hecho con gran éxito, especialmente cuando las metodologías de revisión incluyen la participa-ción de los funcionarios res-ponsables de la ejecución de estos trámites. Es una meto-dología de fácil adaptación a particularidades legales y cul-turales, y que desafortunada-mente no ha sido suficiente-mente aprendida y adoptada en más países, especialmente los de extracción de cultura la-tina, que suele ser muy ape-gada a formas legales de tra-mitar asuntos. Este es un método muy prometedor y que debería de usarse más.

• Búsqueda de mayor producti-vidad. Constantemente se cargan nuevas responsabili-

dades a las estructuras gu-bernamentales, y esto se rea-liza generalmente con la ampliación del aparato bu-rocrático, sin aprovechar las oportunidades de absorber es-tas nuevas funciones con los recursos existentes. Nadie duda de la baja productividad del sector, y con buena ges-tión, esto puede revertirse. Un buen cuerpo de mandos me-dios sería esencial para esto.

2. Giro hacia la privatización y quasi-privatización y aleján-dose de instituciones cen-trales del gobierno, con énfasis en el rol secundario o subsidiario en la provisión de servicios

Esta es una estrategia aco-plada a otras dos: la idea de restrin-gir el crecimiento, y la de tener una administración pública que trabaja más en conjunto con el sector priva-do. La idea es que las formas de administración del sector privado son más enfocadas hacia el logro, y no tanto al cumplimiento de las formas, y por lo tanto, pueden desempeñar las labores de proveer los servicios a los ciudadanos de forma más efi-ciente y eficaz. Las formas mejor conocidas de implementación son las siguientes:

• Contratación externa de servi-cios por medio de licitaciones públicas (conocido también por los términos tercerización o externalización): en este caso, determinadas labores in-ternas de una institución pública se contratan con fir-mas privadas para su realiza-ción. Esto ofrece las ventajas de tener menos empleados en la planilla, ocupa menos espa-cio de oficina, menos inversión en equipamiento, menos ser-vicios de apoyo y la supervi-sión que requiere es mucho más enfocada. Por contra, re-quiere de la elaboración de contratos muy detallados y de una supervisión también deta-llada. Ciertos servicios, como contabilidad, emisión de per-misos, archivística, son espe-cialmente fáciles de terceriza-ción, mientras que otros no necesariamente. De hecho, ciertos servicios profesionales, como asesoría jurídica, conta-bilidad y auditoría, y seguri-dad, se contratan privadamen-te desde décadas atrás.

• Contratación de construccio-nes. Esto también se hace desde muchos años atrás, aunque ahora se incrementa en forma vertiginosa. Espe-cialmente en la construcción de obras de infraestructura, son pocas las que se hacen ahora con mano de obra esta-tal. El problema es que el in-cremento del uso de esta mo-dalidad ha puesto al descubierto muchas de las fa-llas de la administración públi-ca en la supervisión e inspec-ción de obras, como los débiles controles en la ejecu-

ción. Igualmente, aumentan las posibilidades de corrup-ción, tanto en los procesos de licitación y contratación, como en la inspección y recibo de obra.

• Privatización por concesión de obra. En este caso, se licita la concesión de una determinada obra de servicio público a una empresa privada, generalmen-te especialista en el tema. Es-to suele tener al menos dos modalidades:

o La empresa que gana la concesión debe construir la infraestructura necesaria para el servicio (ejemplo: un aeropuerto).

o Administrarlo como nego-cio propio bajo términos fi-nancieros y de calidad acordados con el gobierno. Generalmente se fija un plazo determinado, que cubre la vida útil de la in-fraestructura, y un monto anual para cubrir la inver-sión en que ha incurrido el contratista. Igualmente, se negocian los repartos de ganancias entre el Estado y la empresa.

Esta modalidad ofrece al sec-tor público dos ventajas:

o Le abre el portillo de finan-ciamiento para obras que de otra manera no le será fácilmente disponible. o Le evita los problemas asociados a un tipo de ad-ministración que general-mente el servicio público no hace de manera compe-tente. El ejemplo de los ae-ropuertos es típico, pues es un servicio que requiere trabajar en horarios poco comunes, y en donde hay constantemente cambios de sistemas y equipamien-to y en modalidades inter-nacionales de manejar y regular la industria, en bus-ca de adaptaciones más modernas, y el sector público nunca ha sido muy eficiente ni ágil en actuali-zaciones y adquisiciones para cambiar de formas y tecnologías.

Pero estas modalidades pre-sentan problemas grandes y serios. La supervisión enfrenta problemas de trabajar en sec-tores de negocios que les son extrañas (administración por-tuaria, aeroportuaria, carrete-ras, etc.). No solo las tecno-logías son cambiantes, sino también los procesos, como formas de recaudación, rubros de ingresos, formas de conta-bilidad y otros. Pero al final de cuentas, países como los me-nos desarrollados, que se es-taban quedando rezagados en infraestructuras, mediante es-tas modalidades pueden aspi-rar a cubrir esta parte de sus necesidades.

Bajo esta estrategia de privati-zaciones, se pueden encontrar solu-ciones creativas a muchos proble-mas que de otra manera se presentan como insalvables. No obstante, se abren varios portillos de posible corrupción, por lo que el Estado y sus instituciones tienen que guardar especial cuidado.

Es importante mencionar tam-bién, que la experiencia indica que en ciertas culturas se guarda una relación de adversidad entre los sectores público y privado. Esto pre-valece mucho en América Latina, en donde, por razones ideológicas y de prejuicios arraigados, una es vista como enemiga de la otra, y las ins-tancias de colaboración entre ellas, en busca de un bien común y de la sociedad, son pocas y lamentable-mente no muy exploradas. Por ejemplo, en países de reciente inde-pendencia de sistemas coloniales, que arrastran prácticas de los anti-guos colonizadores, es común en-contrar discusiones fructíferas entre sectores público y privado alrededor de la solución de serios problemas nacionales. Con los cuidados del caso, las líneas que dividen y contraponen a los ámbitos públicos y privados, pueden entrelazarse para contribuir al desarrollo armónico de sociedades en estado de necesi-dad. Aquellas sociedades que han podido sobreponerse a viejos prejui-cios y estereotipos, están resolvien-do problemas grandes que tenían pendientes.

3. Giro hacia una administra-ción más reguladora y pro-motora de proyectos, y me-nos tramitadora de los servicios públicos

La expansión del sector priva-do hacia el ámbito público, que en estos momentos parece inevitable, requiere que el Estado asuma un papel preponderante como regulador de servicios que se prestan a la co-munidad. Por supuesto, esto no es nuevo, solo que ahora se amplía y se torna más complejo. Por ejemplo, en la mayoría de los países, la elec-tricidad y telefonía y buena parte de la educación, son ofrecidas por em-presas privadas, pero el Estado vela por la calidad del servicio, que se preste con criterios de equidad en la distribución y a tarifas justas.

Igualmente, debe vigilar por las buenas prácticas relacionadas con la competencia leal y el trato con ciudadanos, así como las normas ambientales y de salud. Pero ahora, con la expansión de empresas pri-vadas en asuntos públicos, el Estado debe buscar formas para abarcar una regulación más integral y por supuesto, de mayor volumen. Debe notarse que algunas de las especia-lidades requeridas para ello no son fáciles de encontrar en el sector público. Deben existir unidades es-pecializadas en asuntos como nego-ciaciones contractuales, finanzas, competitividad, empleo, además de lo más obvio como es el marco legal.

A nivel internacional se están promoviendo cantidad de normas de carácter ambiental y de justicia so-cial que imponen nuevas y compli-cadas obligaciones a la administra-ción pública en el ejercicio de la regulación que se pretende, y que pasan a formar parte de la normativa por la que se debe velar.

Todo lo anterior significa un cambio en el perfil de la administra-ción pública, y las adaptaciones a esto no se están dando con la cele-ridad necesaria. Los Estados se están lanzando precipitadamente a estas nuevas formas de ofrecer ser-vicios al ciudadano, sin contar con los recursos legales, institucionales y humanos necesarios para ejercer una buena regulación de ellos.

Aunque el tema es visto popu-larmente como de la empresa priva-da internándose en lo público, está la otra parte, la administración públi-ca haciéndolo en el ámbito de los negocios, con fines de regulación y protección del ciudadano cliente. Es importante asegurar que el ente regulador esté completamente divor-ciado de todos los proveedores, ya sean éstos públicos o privados. El uso de figuras como la “desconcen-tración máxima” para mantener al ente regulador atado a una institu-ción estatal, no es otra cosa que un intento de aparentar independencia, pero en el fondo, sigue siendo una dependencia de la institución madre, y un intento, bastante mal disfraza-do, de seguir manejando los asuntos de la misma manera que antes, la que ha sido criticada por el mal ser-vicio que ofrecía. Estos intentos caen bajo la figura conocida como “cambiemos para que no nos obli-guen a cambiar”.5

La promoción de proyectos no debe dejarse de lado. Las premisas fundamentales de la contratación externa es el aprovechamiento de las ventajas de la competencia y la fuente de capital que ofrecen las empresas interesadas. Pero muchos de los servicios objetos de contrata-ción terminan siendo monopolios una vez realizada la contratación, y la competencia viene en la fase de licitación y escogencia de ofertas, en donde varios interesados ofrecen sus cualidades para administrar el servicio. Especialmente en este en-torno globalizado, la promoción de los proyectos, para atraer a los ofe-rentes calificados e idóneos, es una labor de importancia medular para una buena contratación.

Es necesario tener presente que a nivel internacional, hay varias empresas estatales que cuentan con los recursos financieros y técnicos adecuados para participar en licita-ciones en otros países como pro-veedores de servicios. En el sector de electricidad, es común encontrar empresas estatales operando a nivel internacional, pero también se en-cuentran en la administración de aeropuertos, puertos marítimos,

ferrocarriles, servicios postales, ser-vicios aduaneros y autopistas, entre otros.

La incursión del Estado en temas del sector privado abre el portillo de la necesidad de que el ente regulador se mantenga a la vanguardia en aspectos técnicos. La empresa privada, expuesta a un entorno de competencia intensa, debe operar con organizaciones flexibles, tecnológicamente al día, capaces de dar giros inesperados y de adaptación súbita. Si la unidad reguladora no goza de similar habili-dad, corre el riesgo de perder capa-cidad reguladora y convertirse en dependiente, en lo técnico, de la institución a quien debe regular. En esas condiciones, el ciudadano es quien queda desprotegido, pues el ente regulador se convierte en un satélite de las empresas a quienes se supone que regula. Temas como los avances en tecnologías o formas de prestación y cobro de los servi-cios, se dan con mucha frecuencia en ciertos servicios. Uno de los sec-tores que más se han contratado con empresas privadas a nivel mundial es la administración aeroportuaria, y por lo tanto las tormentas organiza-cionales que sufre en la actualidad la industria de la aviación con variacio-nes inesperadas en los precios del combustible, introducción de medi-das de seguridad, cambios en los patrones de comportamiento de los usuarios y tantos otros, son buenos ejemplos de problemas que tendrán que enfrentarse también en situacio-nes de regulación. Generalmente, las administraciones públicas no se diseñan teniendo en cuenta la capa-cidad de adaptación y de girar con poca notificación previa, pero las nuevas circunstancias obligan a formas organizacionales flexibles de parte de los entes reguladores, para poder responder a giros oportunos y necesarios.

4. Desarrollo de una agenda más internacional, cada vez más centrada en problemas generales de la gestión pública, el diseño de políti-cas públicas, formas de to-ma de decisiones y coope-ración intergubernamental, por encima de las viejas tra-diciones de particularidades culturales y parroquiales típicas de una sociedad.

En las filosofías orientales, se menciona a la palabra cambio como una combinación de oportunidades y amenazas. La globalización trae esa filosofía consigo y se sustenta en la expresa voluntad de una serie de sociedades, que a la hora de adquirir compromisos de globalización, a su vez se obligan a seguir por la senda de normas comunes que se estable-cen entre los partícipes. Por ejemplo, establecen reglas que estimulan mayor comercio internacional, pero igualmente deben seguir otras que comprometen a producir de acuerdo a determinadas reglas de calidad y/o higiene, normas ambientales y de seguridad laboral, y últimamente a la práctica de normas de justicia social como la igualdad de género, el empleo infantil y el trato justo al trabajador.

Cada uno de estos compromi-sos, de los que se mencionan un par a manera de ejemplo, implica modifi-caciones de fondo en las administra-ciones públicas correspondientes. Pero nuevamente hay que remitirse al sistema de organización burocráti-ca, que no se caracteriza por intro-ducir cambios oportunos en sus for-mas de trámite. La globalización requiere del establecimiento de sis-temas comunes para tramitar asun-tos, y la necesidad de adaptaciones obligados por convenios internacio-nales, lo que ha creado problemas serios de ajustes en muchas admi-nistraciones. Es típico que en las formas administrativas, muchas so-ciedades guarden prácticas cultura-les o determinados intereses secta-rios, que al adoptar nuevos sistemas de aprobación internacional, deben quedar relegados. Saltan entonces las resistencias, muchas veces dis-frazadas con expresiones como que hay que “tropicalizar” determinada norma o técnica. Mucha de la nor-mativa que se sigue en la adminis-tración gubernamental, ha sido im-puesta para defender intereses parroquiales de la propia administra-ción, y es causa de fuerte resistencia al cambio. Por ejemplo, la introduc-ción de tecnologías de computación representa una amenaza para el puesto de trabajo de muchos funcionarios, en la forma de tecno-logías que les son desconocidas, razón por la cual se despierta mucha resistencia.

Pero igualmente, las adminis-traciones deben participar en las negociaciones de las formas de trámite de los convenios internacio-nales, y para esto deben adaptar posturas más neutrales, dejando de lado los intereses parroquiales.

Hay ejemplos claros en donde el ajuste a una agenda internacional ha sido muy ventajoso, como el caso de la seguridad y la criminalidad que atraviesa las fronteras. Estos arre-glos internacionales ciertamente facilitan la captura de prófugos y la alerta a situaciones de peligro. Igua-les ejemplos pueden encontrarse en la meteorología, pues el compartir información permite a los países prepararse mejor para enfrentar desastres naturales.

Otros cambios son más difíci-les de implementar, como el caso de las aduanas, especialmente en paí-ses en donde los impuestos de im-portación han sido fuentes importan-tes de ingresos al fisco. El trato hacia sindicatos, equidad de género, la situación de grupos excluidos, las políticas de empleo infantil son algu-nos otros ejemplos de problemáticas que han saltado a la palestra con los convenios internacionales. Y hay mucha tela que cortar alrededor de los temas ambientales, que apenas comienzan a asomar.

Los ajustes a una agenda in-ternacional son temas que tomarán un puesto importante en la agenda de las administraciones públicas en los años venideros inmediatos.

5. Introducción de consecuen-cias del desempeño, tanto el meritorio como el deficiente

Esta estrategia forma parte del conjunto de argumentaciones para el traslado de las formas de adminis-tración de empresas a la administra-ción pública, pero claramente res-ponde a una de las más acertadas críticas a la administración pública. La propuesta es sumamente atracti-va, pues es importante que los ejecutivos tomen responsabilidad por sus acciones. Aunque tiene muchas aristas, puede asegurarse que, por lo menos en esta instancia, deben superarse algunos obstáculos significativos que no permiten la adopción completa de todas las técnicas existentes en las Ciencias Administrativas.

Hay problemas que van desde la medición del desempeño, cosa mucho más fácil cuando se trata de ganancias y pérdidas en un balance, pero complicado como se interpretan los éxitos y/o fracasos y las implica-ciones políticas que pueden acarrear las políticas públicas. Las presiones que enfrentan las administraciones públicas son inimaginables en el sector privado, y las necesarias res-tricciones y condicionantes a las decisiones también lo son.

Existen situaciones de poder político inherentes en las evaluacio-nes, y además, los sistemas de ad-ministración de recursos humanos en las administraciones públicas se concentran mucho más en promover la estabilidad y la protección del empleado del despido político y/o arbitrario, que la promoción de la productividad y calidad del servicio, y cambiar esos sistemas tomará mucho tiempo y negociación.

Aunque la idea es atractiva, el trabajo para hacerla efectiva será arduo. Hay algunos pasos que se han ganado, pero por lo general, hay mucho trabajo que hacer antes de poder aprovechar los beneficios de sentar un sistema de consecuen-cias por el desempeño. Relacionado a esto, seguidamente puede verse algunos de los problemas que se presentan para llegar a establecer consecuencias para el desempeño. Hay varios otros, pero se comentan tres, por la limitación de espacio.

• Crear una cultura más orien-tada hacia el logro. Nueva-mente, las formas de organi-zación burocrática afectan el desempeño, de manera que los cambios se tornan pesa-dos para implementar. Uno de los efectos es la rigidez que adopta la organización, al ir adquiriendo lo que se conoce como la “personalidad bu-rocrática”, que lleva a una rigi-dez extrema en el comporta-miento de los funcionarios, que ponen el énfasis en for-mularios, la obediencia a las reglamentaciones, procedi-

mientos, y las jerarquías, a convertirse en fines en sí mismo, dejando de lado a las verdaderas y originales metas organizacionales. Por ejemplo, los contadores pueden tener más interés en llevar cuentas nítidas que en interpretar resultados.

Robert Merton se refirió a este fenómeno hace sesenta años,6 y Sandra Dawson,7 más recientemente, vuelve a mencionar el problema al ana-lizar las reformas de la admi-nistración pública británica, lo que indica que el mismo pro-blema es bien conocido, pero que todavía no se han encon-trado soluciones a las conse-cuencias negativas de la burocratización.

En resumen, pareciera que la mejor solución para tener insti-tuciones más orientadas hacia el logro consiste en cambiar totalmente las formas de or-ganización. Este es un tema que requiere un estudio pro-fundo. No obstante, en Nueva Zelandia lo han tratado con buen éxito, mediante la pro-mulgación de una serie de de-claraciones sobre metas es-pecíficas de cumplimiento para cada institución del gobierno, que han titulado “áreas de resultados estraté-gicos”, con mediciones es-pecíficas indicadas para cada resultado esperado, y para cada departamento de la ad-ministración pública involucra-da en el proceso. Los prime-ros años de este sistema fue-ron de enfrentamiento de grandes problemas para el cumplimiento, pero con el pa-sar del tiempo, han logrado dominar el sistema, y ahora se refieren a él como “la manera en que hacemos las cosas aquí”.8

Se han desarrollado técnicas muy avanzadas para el estu-dio de culturas organizaciona-les y con base en ellos, se buscan formas de cambiar hacia otras más orientadas hacia el logro. Hay experien-cias parciales que han sido fructíferas, aunque claramente tratan solamente aquellas problemáticas que son alcan-zables dentro de un formato de organización burocrática.9 Hay mucho que ganar me-diante buenos diagnósticos de la cultura organizacional de las instituciones públicas, pero son esfuerzos aislados que pueden rendir frutos en casos específicos.

• Crear conciencia de valor por dinero y una cultura de eva-luación de programas y del desempeño. La evaluación de programas es un tópico de creciente interés con el paso del tiempo. Hay una sentida necesidad de obtener la in-formación que arroja la eva-luación de un programa, pues puede descubrir información útil para mejorarlos. Al respec-to, L. Denis Desautels, Auditor General de Canadá, dice “Desde que se me designó como Auditor General, hace cinco años, he estado con-vencido de que a) la evalua-ción ofrece una importante vía para obtener la línea final de muchos programas guberna-mentales, y b) la información que una evaluación puede ofrecer sobre los resultados de las políticas y programas es esencial para el rendimien-to de cuentas y para tomar decisiones informadas, tanto como los es la información fi-nanciera.”10 Desautels en-cuentra que el rol de la eva-luación en los programas gubernamentales, aunque ac-tualmente es solo aceptado en situaciones especiales, será creciente en el futuro cercano, ya que “……..el enfoque sobre resultados continuará y se re-forzará a través de toda la administración pública en el futuro inmediato.”11

Hay razones para ser optimis-tas en cuanto a las evaluacio-nes. La principal razón es porque se han desarrollado buenas metodologías para hacerlas, sin necesariamente requerir altísimos niveles de especialización. Es alcanza-ble, y los instrumentos están en disposición. Aunque su uso no es extendido a través de las administraciones públicas, no es desconocido, pues to-dos los organismos interna-cionales la usan en sus pro-yectos y se requieren como requisito del financiamiento internacional. nes. La principal razón es porque se han desarrollado buenas metodologías para hacerlas, sin necesariamente requerir altísimos niveles de especialización. Es alcanza-ble, y los instrumentos están en disposición. Aunque su uso no es extendido a través de las administraciones públicas, no es desconocido, pues to-dos los organismos interna-cionales la usan en sus pro-yectos y se requieren como requisito del financiamiento internacional. nes. La principal razón es porque se han desarrollado buenas metodologías para hacerlas, sin necesariamente requerir altísimos niveles de especialización. Es alcanza-ble, y los instrumentos están en disposición. Aunque su uso no es extendido a través de las administraciones públicas, no es desconocido, pues to-dos los organismos interna-cionales la usan en sus pro-yectos y se requieren como requisito del financiamiento internacional.

• Re-direccionar incentivos. Los sistemas de recursos huma-nos de las administraciones públicas invariablemente privi-legian el tiempo de servicio para la obtención de incenti-vos, por encima del desem-peño. Por lo tanto, el emplea-do público, ante todo, procura no salirse de sus normas de trabajo, y aspira a permanecer en el puesto durante largo ra-to. Para quedarse en él, a menos de que hayan cambios radicales, no necesita actuali-zar conocimientos ni buscar nuevas formas de trabajo. Los incentivos se acumulan con cada período fiscal que pasa, y en el tiempo representan beneficios significativos. La medición del desempeño pue-de presentar peligros para la estabilidad del funcionario, por lo que tradicionalmente lo evi-

tan. Cualquier sistema de in-centivos tendrá que ser en adición a lo existente (contra-dicción), o en sustitución, me-diante una Ley, que no será fácil de pasar por los poderes legislativos, pues afecta en forma directa a una gran parte de ciudadanos. No obstante, hay mucho que se puede hacer con un poco de creativi-dad, siempre bajo el esquema de adicionar esquemas de in-centivos por productividad y desempeño, encima de los beneficios tradicionales. Esto no está agotado todavía.

6. Crear claridad de propósito en el accionar de las institu-ciones públicas

Una de las principales críticas al sistema burocrático de la adminis-tración pública es la falta de claridad en los objetivos. En estricta lógica, al crearse una institución de servicio público, se especifican los propósi-tos, pero las experiencias son muy claras que en organizaciones bu-rocráticas, el fenómeno conocido como “desplazamiento de metas”12 comienza a funcionar al poco tiempo de iniciar funciones. Dawson explica la manera en que las metas organi-zacionales comienzan a cambiar como resultado del juego político, en donde fuerzas externas a la institu-ción la obligan a ajustes. Adicional-mente, al interno comienzan a mo-verse también fuerzas que contribuyen a que aparezcan nuevas prioridades y que se pospongan otros. Agrega a esto también la calidad de la legislación que se pro-mulga para establecer instituciones estatales. Con frecuencia es defec-tuosa, por lo que la interpretación de los propósitos puede ser igual.

Pero en este caso, las Cien-cias Administrativas han desarrolla-do metodologías muy exitosas para reevaluar frecuentemente la validez de las metas. Una de ellas, la más conocida y exitosa, es la elaboración de Planes Estratégicos. La Adminis-tración Pública ha incorporado esta metodología gerencial, de gran éxito en la gestión de empresas, a su cuerpo teórico.

• Gestión estratégica. Los pla-nes estratégicos en realidad son el inicio de un proceso de Gestión Estratégica. No obs-tante, en el vernáculo popular, se usa comúnmente el término Planeamiento Estratégico para describir el proceso, que se inicia precisamente con la de-finición de los objetivos y me-tas de la organización, para luego caer en cascada en el desglose de estos temas. Esto se ha probado mucho en insti-tuciones públicas en diferen-tes sociedades, y ha ganado una gran cantidad de adeptos, pues sigue una secuencia lógica que aclara mucho el po-tencial de la organización para ejecutar programas.

Hay varias metodologías que se pueden seguir para la ela-boración de planes estratégi-cos, pero cuando se trata de aplicar a situaciones de admi-nistración pública, en el corto plazo caen en problemas de implementación. La razón fun-damental es que el entorno en que se mueven las institucio-nes estatales suele cambiar de acuerdo a las fluctuaciones políticas y presupuestarias, y como puede esperarse, estás no tardan en aparecer. Al cambiar el entorno, todo el plan sufre y requiere de ajus-tes. Al final, el mismo contexto ofrece la estabilidad que se requiere para un proceso real. Pero, la metodología del pla-neamiento estratégico ha re-sultado muy efectiva para vol-ver al examen periódico de las metas organizacionales, y para hacer análisis exhausti-vos del entorno organizacio-nal, y eventualmente llegar a un mejor ajuste entre intencio-nes y entorno.

Estos son temas que pocas veces se tocan en la adminis-tración estatal, pero que han servido de mucho en la defini-ción de las razones de ser de empresas en el sector privado. Es más, según muchas auto-ridades en el tema,13 invaria-blemente las empresas exito-sas cuentan con un proceso de Gestión Estratégica. Y en el sector público, los ejemplos más exitosos en la aplicación de esta metodología, se dan en el sector de empresas es-tatales, más que en institucio-nes del sector de gobierno central. Las instituciones de gobierno local también han te-nido buen éxito, aunque a ve-ces no cuentan con personal capacitado para aprovechar la metodología en su plenitud. En resumen, la estrategia de aplicar las metodologías del planeamiento estratégico ha resultado una buena manera de repasar y corregir proble-mas de definición de objetivos y metas.

7. Poner al ciudadano cliente en el centro del accionar gubernamental

Quizás la más devastadora de todas las críticas que se le hacen a la Administración Pública es que en su práctica, se ha dejado de lado al principal interesado y la razón de ser de toda institución pública, el ciuda-dano-cliente. Esto es parte de todo el problema del desplazamiento de metas.

En el caso de las instituciones públicas, se ha olvidado que el ciu-dadano es un cliente que con sus impuestos paga por adelantado los servicios. No obstante, las Ciencias Administrativas ofrecen soluciones válidas que son sencillas en su apli-cación, y que pueden contribuir enormemente a ofrecer un mejor servicio al principal usuario de los servicios. Algo de esto se ha discuti-do anteriormente, con la revisión periódica de objetivos y metas. Pero adicionalmente, pueden aplicarse algunas normas administrativas que atacan el problema.

• Toma de decisiones. La pri-mera es una norma que dice que las decisiones aumentan en calidad en la medida que quienes las toman estén más cerca del sitio de los hechos. Esto, llevado a la práctica, significa que entre más lejos esté de los hechos quien toma las decisiones, menos capaci-tado está para tomarla con ca-lidad. Una decisión es una elección entre alternativas por una persona facultada para ello. Requiere para esto, apar-te de la autoridad que otorgan las instancias superiores, la in-formación necesaria. Por lo tanto, si se quiere bajar las decisiones a los niveles orga-nizacionales que están más cerca de los hechos, que es lo aconsejable, se necesita un poco de reingeniería organi-zacional, bajando los flujos de información para llegar a los niveles deseados, y cambian-do las autorizaciones organi-zacionales para otorgárselas a los niveles deseados. El pro-blema reside en que quienes ocupan los puestos superio-res, prefieren no bajar los ni-veles de toma de decisiones, puesto que sienten que pier-den poder al hacerlo. Es una argumentación falaz, pero en todo caso, difícil de contrarrestar por su contenido emocional.

La realidad del caso es que si la decisión la toma un subal-terno, sigue teniendo inheren-cia y responsabilidad el superior. Esto puede com-prenderse mejor si se pone la discusión dentro de un proce-so de descentralización, que también es una de las reco-mendaciones frecuentemente presentadas para las adminis-traciones públicas.

La descentralización, si bien es cierto que se discute nor-malmente dentro del contexto de desplazamiento geográfico, también tiene que ver con los flujos de autoridad e informa-ción. Estas soluciones pueden y deben aplicarse, luego de una revisión de toda institu-ción pública para determinar los niveles más bajos posibles en que se pueden tomar las decisiones.

La Administración Pública de Suecia ha tenido mucho éxito en servir al cliente, poniéndolo en el centro de su accionar con la metodología de bajar los niveles de decisión a quie-nes están más cerca del ciu-dadano usuario. Ellos llaman “el momento de la verdad” al instante en que se reúne un

funcionario público con el ciu-dadano-cliente, que es cuando espera que se atienda con ra-pidez y calidad. La institución funciona mejor, y el cliente lo agradece. El propio funciona-rio se siente mejor con haber prestado un buen servicio.14

• Carta ciudadana. La técnica de la Carta Ciudadana nació dentro del servicio público de Gran Bretaña, en la década de los noventa, y la administra-ción australiana y la francesa, entre otros, también lo han adoptado. Ha sido uno de los pilares de la administración gubernamental en ese país, y ha llegado a considerarse co-mo un tema central en la vida pública. Su valor deriva de que se le considera como el mayor intento por hacer explí-citos los servicios que el ciu-dadano cliente puede esperar de la administración pública. Se basa en cinco temas – ca-lidad, escogencia, normas (standards), valor y equidad – y cada oficina gubernamental debe especificar cómo se apli-ca esto a su situación, y colo-car un escrito explicándolo en lugares visibles para los usua-rios. Esto especifica sus dere-chos, y lo que pueden y deben esperar. De alguna manera, ha resultado ser un paraguas bajo el cual se han promulga-do muchas reformas y mejo-ras a la calidad de los servi-cios, y sirve para que los funcionarios prestatarios de los servicios puedan comparar el servicio que ofrecen con lo que necesita el usuario.

Hay muchas variaciones sobre el tema. En algunos casos se han creado oficinas específi-cas para dar seguimiento a las Cartas, pero éstos son aco-modos que se hacen a cada situación. Exitoso como ha sido, no deja de tener proble-mas. El principal de ellos es el reclamo de las varias oficinas sobre el presupuesto que se les asigna y la imposibilidad de cumplir con los dictámenes de la Carta debido a escasez de fondos. Al final de cuentas, el presupuesto “Sigue Siendo el Rey” en la Administración Pública.

Conclusión

Se han analizado algunas de las tendencias que se asoman en la teoría y práctica de la Administración Pública. Algunas de ellas han surgi-do como producto de las propias iniciativas y experiencias dentro de las administraciones públicas y han sido probadas en diferentes contex-tos en donde han resultado útiles. Otras han llegado como sugeren-cias de practicantes en la adminis-tración en el sector privado. Algunas de éstas han probado ser útiles tam-bién, mientras que otras solo han tenido éxitos parciales. Otras, a pe-sar de muchas bondades que ofre-cen, no pueden ajustarse a los en-tornos de la Administración Pública, y su uso, aunque sea a nivel experi-mental, es cada vez más limitado.

Se ha explicado también el proceso mediante el cual se desarro-llan las ideas y propuestas hasta llegar a ser consideradas como parte integral del cuerpo de pensamiento que conocemos como orientador de la disciplina. Esto se da luego de haber probado ser útil para los fines de una teoría en toda su extensión, pero puede darse también que no se reúne todos los requisitos para una teoría, pero suficientes para conside-rarse como un pensamiento orienta-dor intermedio (teoría intermedia), que significa que tiene limitaciones, pero a su vez aplicaciones útiles.

Las siete megatendencias que se analizaron fueron escogidas prin-cipalmente por la aceptación que han tenido por practicantes a nivel mundial, y se mencionan las fortale-zas y debilidades que exhiben a la hora de resolver aspectos de las críticas que se presentan a la Admi-nistración Pública.

Este es un proceso sin fin, siempre se seguirá en esta experi-mentación. Es la única forma de mantener a la disciplina al corriente de las exigencias de su entorno y de los ciudadanos a quienes debe servir. Bibliografía

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