artículos

Laura Zuvanic** La burocracia

Mercedes Iacoviello*** en América Latina*

A PARTIR DEL CONTRASTE ENTRE EL MODELO NORMATIVO DE BUROCRACIA Y LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA, SE ANALIZAN LAS PARTICULARIDADES DE LOS CASOS NACIONALES EN TORNO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS GUBERNAMENTALES, EL ROL DE LAS BUROCRACIAS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA, SERVICIO CIVIL Y SUS INSTANCIAS RECTORAS.

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; CENTROAMÉRICA; BUROCRACIA; POLÍTICAS PÚBLICAS; RECURSOS HUMANOS; FUNCIÓN PÚBLICA; SERVICIO CIVIL

Introducción

La burocracia es una pieza crucial en el diseño y ejecución de

las políticas públicas. Más allá de que la burocracia es comúnmente entendida como un cuerpo de fun-cionarios, un aparato organizativo o

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** Máster en Ciencias Sociales. Especia-lista en Recursos Humanos. Consulto-ra Internacional para el área de desa-rrollo organizacional y recursos huma-nos del sector público y privado. Pro-fesora de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-nos Aires.

*** Máster en Gestión de Recursos Huma-nos con especialidad en el Ámbito Público. Consultora-Investigadora In-ternacional en el campo de la gestión de recursos humanos gubernamenta-les. Profesora en la Maestría en Admi-nistración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, Argentina.

Recibido: 25 de mayo del 2009.

Aceptado:13 de noviembre del 2009.

incluso un sistema de empleo, se puede concebir como una institu-ción central en el efectivo funciona-miento del sistema democrático y de la vigencia del Estado de derecho. En calidad de institución, la burocra-cia puede ser vista como un conjunto articulado de reglas y pautas de funcionamiento cuya finalidad es asegurar la continuidad, coherencia y relevancia de las políticas públicas por un lado, y prevenir la discrecio-nalidad del ejercicio del poder público por otro.

En efecto, una burocracia pro-fesional puede ser un freno a la arbi-trariedad y una salvaguarda de la seguridad jurídica. Asimismo, las burocracias son centrales para la eficacia y eficiencia de la acción de gobierno. Si la seguridad jurídica está atendida por los requerimientos de imparcialidad y transparencia de los servidores públicos, la eficacia es el valor protegido por los requeri-mientos de profesionalidad y capaci-dad propias de un sistema de mérito. Una burocracia profesional contribu-ye a limitar la adopción de políticas oportunistas, y fortalece la confianza de los actores en cuanto al cumpli-miento pleno de los compromisos contraídos como parte de los acuer-dos que se celebraron. Asimismo, una burocracia que funcione ade-cuadamente evita la captura de las políticas públicas por parte de intereses corporativos (Evans, 1992).

En la esfera más específica del proceso de toma de decisiones, una burocracia profesional bien su-pervisada por el Congreso, puede ser un canal alternativo para el re-fuerzo “intertemporal” de los acuer-dos políticos, colaborando con la efectividad de las políticas al limitar la posibilidad de que las decisiones se reviertan en función de conside-raciones de corto plazo (Spiller, Stein y Tommasi, 2003; Scartascini y Olivera, 2003).

En consecuencia, la burocra-cia debe verse como un actor clave para alentar acuerdos prolongados en el tiempo, especialmente por su capacidad para llevarlos a la prácti-ca. La misma está subordinada al gobierno dentro del sistema consti-tucional. La burocracia no es legal-mente un poder autónomo y res-ponsable del sistema político, sino una parte del Poder Ejecutivo sujeta a la responsabilidad general del gobierno.

Habida cuenta de esta imagen normativa sobre la burocracia, la realidad de la región muestra Esta-dos débiles en su capacidad de eje-cutar políticas públicas orientadas a fortalecer los derechos de los ciuda-danos. En gran medida, esta debili-dad se ha asociado al bajo grado de profesionalización y estabilidad de los cuerpos burocráticos de los Es-tados latinoamericanos. Algunos estudios han sugerido que la buro-cracia ha funcionado como un siste-ma de empleo en manos de los polí-ticos y de intereses corporativos. De esta forma, la región pocas veces ha visto burocracias caracterizadas por procedimientos regularizados e im-personales, y decisiones de empleo

basadas en calificaciones técnicas y mérito (Prats i Catalá, 2003, Klingner y Pallavicini Campos, 2001).

En la región, no se observa una definición formal del papel que debería desempeñar la burocracia en el proceso de formulación de políticas, desde su diseño hasta su ejecución, incluyendo su evaluación, control y seguimiento, así como la provisión de insumos para la discu-sión de alternativas de políticas. En efecto, en los textos constitucionales existe únicamente una vaga mención al papel de “servicio” al país por parte de los empleados públicos. Seguidamente, en los estatutos de la función pública, se definen las obli-gaciones respecto del cumplimiento de las leyes y reglamentos, las tareas y funciones, y las órdenes de los superiores jerárquicos y la res-ponsabilidad por los bienes públicos. Queda por lo tanto vago y difuso cómo los funcionarios públicos de-berían contribuir e involucrarse con las políticas públicas, incluso en sus aspectos más mecánicos y operativos.

Se podría pensar que los re-glamentos concernientes a los esca-lafones de los funcionarios podrían proveer mayor información sobre el desempeño esperado de los cuerpos burocráticos. Para cada grupo ocu-pacional, los reglamentos definen los niveles de responsabilidad, así como el tipo de función a desempeñar. Sin embargo, el bajo desarrollo de los sistemas de organización del trabajo en la región hace que la definición de tareas y perfiles se realice ad hoc al momento de la cobertura de los cargos, sin enmarcarse en criterios más globales respecto a funciones y papeles asignados a los sectores específicos de la burocracia.

Este capítulo muestra que en la región, los cuerpos burocráticos desempeñan distintos papeles, mu-chas veces contradictorios. Estos diversos desempeños varían según su grado de profesionalidad y su neutralidad respecto a la ejecución de las políticas públicas. Las buro-cracias también varían según su grado de estabilidad y capacidad de adaptación, y su orientación hacia el interés público, o por el contrario, su uso como recurso privado por los partidos políticos, o incluso por los propios empleados públicos, quienes defienden sus intereses amparados por la estabilidad laboral.

La primera parte del capítulo elabora una caracterización de las burocracias en América Latina a partir del uso de un modelo de ges-tión estratégica e integral de los re-cursos humanos. Luego de presen-tar a grandes rasgos este modelo de referencia, se analizan los hallazgos empíricos obtenidos en la región a partir de su aplicación. Para com-plementar esta caracterización gené-rica a nivel de servicios civiles na-cionales, se propone en la siguiente sección una tipología para capturar la diversidad de actores burocráticos al interior de cada país. El capítulo cierra con una sección de conclusio-nes donde se presenta la situación actual de las burocracias latinoame-ricanas y sus perspectivas de conso-lidación como instituciones profesio-nales y meritocráticas.

Caracterización de las

burocracias latinoamericanas:

la gestión estratégica

de los recursos humanos

Esta sección examina en qué medida las burocracias están dota-das de los atributos institucionales necesarios para la gestión de políti-cas públicas que se han vuelto cada vez más complejas y enfrentan en-tornos cambiantes. A efectos de garantizar cierta estabilidad de los resultados de las políticas públicas, se requiere la consolidación de una burocracia independiente y estable. Este tipo de burocracia depende de la vigencia de reglas y prácticas en la gestión de los funcionarios que obedezcan a criterios de mérito, rendición de cuentas, transparencia y flexibilidad (Grindle, 1997).

En otras palabras, los proce-dimientos, reglas y prácticas del empleo público influyen en gran me-dida sobre la capacidad institucional y la efectividad de la burocracia en el diseño y ejecución de políticas públi-cas. Las reglas concernientes al empleo público son fuente de moti-vación (o no) de los funcionarios, así como de monitoreo de sus activida-des y de la calidad de su trabajo y resultados.

¿Cuál es la situación actual en la región? Aquí se presenta una mirada detallada sobre la situa-ción de los servicios civiles latinoa-mericanos, a efectos de identificar algunas tendencias comunes, y re-saltar las distinciones existentes entre los casos nacionales. Este ejercicio empírico se realiza tomando como referencia de evaluación a un modelo integrado de gestión estraté-gica de recursos humanos propuesto por Francisco Longo (2002 y 2004).

Este modelo propone un enfo-que sistémico sobre la gestión de recursos humanos, ya que intenta dar cuenta del desarrollo del servicio civil a partir de la adecuación entre la estrategia de la organización y el comportamiento de los funcionarios. Para ello recurre a una visión global del funcionamiento de la gestión que integra al contexto interno, al entor-no, a la estrategia, y a los resultados en el análisis de la coherencia de la estrategia organizacional.

Por otra parte, la coherencia de la estrategia de gestión de recur-sos humanos se despliega a través de diferentes subsistemas de ges-tión, en concordancia con la visión global que persigue el modelo. Los subsistemas abarcan: la planifica-ción de los recursos humanos, la organización del trabajo, el empleo, el rendimiento, la compensación, el desarrollo, y las relaciones humanas y sociales.

Planificación de los recursos humanos Disponibilidad de información para la gestión. Previsiones de personal derivadas de priorida-des estratégicas. Planificación flexible que permite adaptarse a los cambios. Alto grado de tecnificación, y costos de nómina razonables.
Organización del trabajo	Gestión del Empleo	Gestión del Rendimiento	Gestión de la Compensación	Gestión del Desarrollo
Diseño de puestos sobre criterios de gestión, enri-quecimiento del puesto. Perfiles expre-sados en tér-minos de com-petencias y ba-sados en estu-dios técnicos.	Reclutamiento abierto y en base a la idoneidad, con garantías para evitar arbi-trariedad y dis-criminación. Selección basa-da en perfiles de competencias, instrumentos validados, crite-rios técnicos. Mecanismos de recepción, movi-lidad, control de ausentismo, disciplinarios. Desvinculación por incumpli-miento, y no arbitraria.	Objetivos de ren-dimiento en rela-ción con los objetivos estraté-gicos, y se co-munican a los empleados. Se apoya la gestión y el rendimiento de las personas, y se lo evalúa en relación con los estándares fja-dos, a través de un sistema eficiente y equi-tativo.	Política de retri-bución articu-lada con la estrategia organizativa. Equidad interna y externa. Costo salarial razona-ble. Eficiencia de los esque-mas de incenti-vos y beneficios extrasalariales. Estrategias de reconocimiento no monetario.	Planes flexi-bles de carre-ra, incluyendo promoción horizontal. Promoción en base a rendi-miento y desa-rrollo de com-petencias. Formación orientada al aprendizaje colectivo, dise-ñada y evalua-da en función de la estrategia organizacional.
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales Sistema de relaciones laborales desarrollado, equilbrado, y eficiente para prevenir y resolver conflictos, con incidencia sindical en las políticas de recursos humanos. Prácticas de salud y beneficios sociales adecuados al contexto y apreciados por los empleados. Estrategias de mejora de clima laboral y comunicación.

CUADRO No. 1

MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

DE RECURSOS HUMANOS

Fuente: Elaboración propia a partir de Longo (2002) .

Este trabajo utiliza hallazgos de una evaluación de los servicios civiles de dieciocho países de la región de acuerdo al modelo de refe-rencia, en el marco del Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil del Diálogo Regional de Política del Banco Interamericano de Desa-rrollo, BID, durante el 2004 (BID, DRP, 2005). Cabe señalar que este mismo modelo conceptual ha sido tomado como base para la elabora-ción de la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CLAD, 2003), que fue aprobada por los países de la Región como el estándar hacia el cual debería apuntar la gestión del personal público.

Tomando este modelo integral de gestión estratégica de recursos humanos como punto de referencia, ¿qué podemos decir sobre la Re-gión? En primer término, los servi-cios civiles de la Región distan bas-tante del modelo propuesto. En lugar de la gestión integral y estratégica que sugiere el modelo, la Región parece estar caracterizada por una gestión de recursos humanos seg-mentada, con decisiones y procedi-mientos azarosos más que planifica-dos (Iacoviello, 2006). Estas características pueden ser más o menos disfuncionales al diseño y ejecución de políticas públicas según el entorno nacional en cuestión. No obstante las deficiencias, en algunos de los subsistemas de gestión del modelo, se observa una mayor aproximación al estándar propuesto, lo cual son esperanzadoras noticias para los crecientes desafíos de las políticas públicas.

Comencemos por la planifica-ción cualitativa y cuantitativa de los recursos humanos: la misma presen-ta importantes deficiencias en el conjunto de la Región. En efecto, la planificación de políticas de gobierno y las proyecciones presupuestarias concernientes al personal, raramente se articulan con los indicadores insti-tucionales y las estrategias organi-zacionales del sector público. Por el contrario, se puede afirmar que la planificación de las líneas de políti-cas está fuertemente desacoplada de sus necesidades de recursos humanos, produciendo así importan-tes desfases entre el personal nece-sario para la implementación de políticas públicas exitosas y el per-sonal disponible. Esta brecha redun-da en instrumentos de coordinación gubernamental poco efectivos.

A ello se suman notorias difi-cultades para consolidar sistemas de información actualizados, relevantes, y fiables, susceptibles de ser apro-piados y utilizados por los jerarcas públicos y supervisores en la gestión del personal. Ciertamente, la infor-mación desglosada en el nivel indivi-dual con datos concernientes a los perfiles de los sujetos, sus trayecto-rias laborales, y características de los cargos es una tarea mayor. Pero sin ella, es claro que es muy difícil poder enfrentar las políticas públicas en los Estados modernos con mayo-res demandas de articulación entre tareas, que requieren tecnología cada vez más compleja.

La construcción de estos sis-temas de información enfrenta,

además, importantes imprecisiones en la definición de puestos y perfiles en las organizaciones públicas. Ello se intensifica con las dificultades para llevar adelante una efectiva gestión del rendimiento de las orga-nizaciones y sus integrantes. En cuanto a las compensaciones, los esfuerzos se centran en garantizar una administración salarial ritualista, faltando una efectiva articulación con la estrategia organizativa y el desa-rrollo de sistemas de incentivos indi-viduales. En pocos casos se obser-van estructuras de compensación que actúen como incentivos positi-vos. Es común encontrar situaciones donde, precisamente, las políticas públicas son implementadas con problemas porque las desigualdades en las compensaciones de los fun-cionarios, o aún los bajos sueldos entre ciertos grupos ocupaciones especializados, no fomentan los niveles necesarios de compromiso con el trabajo – lo que algunos in-vestigadores han llamado “ausen-tismo sustantivo”.1 .

En la incorporación y promo-ción de funcionarios, los países pre-sentan diferencias. En efecto, en algunos de ellos, la incorporación al empleo público ocurre únicamente mediante lazos políticos. En otros países, por el contrario, se observan algunas modalidades de incorpora-ción con base en criterios de mérito utilizados en la selección y promo-ción de empleados, aunque con palpables dificultades de implemen-

tación. Otros países, excepcionales, presentan sistemas sólidos de mérito en el reclutamiento y promoción de empleados, siendo Brasil un caso líder. Por la importancia del mérito en la construcción de un cuerpo burocrático eficiente para la imple-mentación de políticas públicas, y porque en el mérito encontramos importantes grados de variación empírica en la Región, centraremos la discusión en analizar cómo entra este criterio en las decisiones de incorporación, promoción, y desvin-culación del personal.

Los criterios de mérito

en la Región

¿Cómo se seleccionan los candidatos más capaces de un con-junto de aspirantes? ¿Qué meca-nismos se utilizan para convocar a los aspirantes en primer lugar? ¿Son mecanismos particularistas o por el contrario los mismos brindan oportu-nidades equiparables a personal igualmente capacitado? ¿Son com-pensados los funcionarios más ca-paces o aquellos con lazos persona-les o políticos con los jerarcas de turno? Para abordar estas interro-gantes, se trabajará con el índice de mérito elaborado en el modelo de gestión de referencia.

El índice de mérito mide en qué grado existen procedimientos objetivos, técnicos, y profesionales a efectos de reclutar y seleccionar a los empleados, promoverlos, com-pensarlos y desvincularlos de una

organización. A través de la evalua-ción de diez puntos críticos,2 este índice brinda una medida resumen acerca de cuáles son las garantías efectivas de profesionalismo en el servicio civil y la protección efectiva de los funcionarios frente a la arbitra-riedad, la politización y la búsqueda de beneficios privados. El mérito se despliega en las prácticas de incor-poración, promoción, y desvincula-ción de funcionarios del aparato del Estado. Siguiendo al índice en cues-tión, el mérito no comprende sola-mente las credenciales profesionales o de los oficios, sino también los conocimientos adquiridos en la práctica laboral, así como las capa-cidades para desempeñar las áreas más específicas.

Los méritos de un sujeto pue-den ser evaluados mediante proce-dimientos objetivos (como las prue-bas de conocimiento) o bien subjetivos (como las entrevistas). Suponen, por otra parte, mecanis-mos abiertos de competencia y pro-cedimientos universales para aspirar a un cargo en el sector público. Idealmente, sólo la idoneidad del sujeto se toma en cuenta para la gestión de los recursos humanos, dejando de lado consideraciones que poco tengan que ver con el

desempeño de la tarea como las características adscriptas o las leal-tades políticas.

Los valores bajos sobre una escala de 0 a 100 implican la ausen-cia de consideraciones objetivas, universales y técnicas; mientras que los valores altos apuntan a criterios de mérito establecidos en las prácti-cas de gestión del personal.

En términos generales, el índice de mérito sugiere que en la Región es poco frecuente el uso sistemático e institucionalizado de criterios de mérito para incorporar, promover, y desvincular a funciona-rios. Esta situación se refleja en el promedio de este índice para los países latinoamericanos, que alcan-za apenas a treinta y tres puntos (sobre 100), aunque, como veremos más adelante, se da una enorme dispersión que va desde un máximo de ochenta y siete puntos para el caso de Brasil, hasta un mínimo de dos puntos para el caso de Panamá.

Paradójicamente, uno de los aspectos normativos más elabora-dos es la incorporación de funciona-rios tomando en cuenta principios meritocráticos, que han alcanzado incluso rango constitucional en algu-nas naciones. No faltan los intentos por introducir concursos por mérito para el reclutamiento de nuevos empleados, pero con un éxito muy desigual. También es poco común promover al personal a otros cargos de mayor responsabilidad a partir de sus méritos y cualidades laborales. Cuando existen prácticas objetivas de promoción, las mismas descan-

san en criterios de antigüedad más que en el mérito entendido como el desempeño propiamente dicho. Fi-nalmente, es muy rígida la desvincu-lación de funcionarios de carrera, y cuando ella ocurre, no refleja nece-sariamente un mal desempeño de los mismos, sino que pueden darse situaciones de “purga” política (que de todos modos implican tortuosas cuestiones legales durante años).

Habida cuenta de esta ten-dencia, es real que la región varía en cuanto al uso del mérito en sus cuerpos burocráticos, según se pue-de observar en el gráfico No. 1.

GRÁFICO No. 1

ÍNDICE DE MÉRITO

Escala 0 a 100.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los diagnósticos institucionales de los dieciocho países analizados (Iacoviello y Zuvanic, 2005).

El gráfico refleja la posición de los países para este índice. Brasil, Chile y Costa Rica se ubican en primer lugar, con índices comprendi-dos entre 55 y 90 (sobre 100), lo que refleja una aceptación generalizada de los principios de mérito en las decisiones de selección, ascenso y despido de servidores públicos. Estos países son los tres casos don-de el criterio de mérito está más instalado en la gestión de personal, colocándolos, en principio, en mejor situación para las tareas de elabora-ción, implementación y control de las políticas públicas.

En Brasil hay un sistema bien institucionalizado y universal para la cobertura de puestos a través de concursos públicos, tanto para las carreras funcionariales como para cargos temporales bajo la Ley de Contrato de Trabajo. En Costa Rica, el mérito es un principio generaliza-do (con base en el Estatuto del Ser-vicio Civil de 1953), y rigen recluta-mientos abiertos a todos los candidatos, con la posibilidad de desvinculación por razones de mal desempeño. En Chile, el Estatuto Administrativo (1989) establece los concursos de ingreso, utilizados en distintas áreas; la Ley de Nuevo Trato (2004) introduce criterios de mérito para la incorporación de los cargos de libre designación a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Sigue un grupo de países con índices comprendidos entre 30 y 55, donde se encuentran Argentina, Colombia, México, Uruguay y Vene-zuela. En ellos coexisten las prácti-cas basadas en el mérito con tradi-ciones propias de clientelismo político. Un tercer grupo de países, compuesto por Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Perú, Ecua-dor y los países centroamericanos (con excepción de Costa Rica), pre-sentan índices por debajo de 30 puntos. Ello indica una fuerte politi-zación de las decisiones de selec-ción, ascenso y despido, donde además de no existir criterios institu-cionalizados para seleccionar al personal a partir de méritos, tampo-co se verifican mecanismos de pro-tección contra prácticas arbitrarias en el manejo del personal.

México, Venezuela y Colom-bia presentan situaciones hasta ahora bastante politizadas, pero con un movimiento fuerte hacia la incor-poración del mérito en la gestión del personal a partir de nuevos marcos legales. A diferencia de ellos, Uru-guay y Argentina ilustran cómo los intentos de desarrollo de la carrera administrativa y de reforma del ser-vicio civil han quedado estancados al prohibir incorporar nuevos emplea-dos a la planta. A ello se suma el uso de mecanismos paralelos de contratación, particularmente en los programas con fondos internaciona-les para implementar políticas públi-cas sectoriales. Tenemos entonces bajo un mismo resultado numérico países que despliegan dos trayecto-rias muy dispares: quienes estarían buscando dejar atrás situaciones de fuerte politización, introduciendo

normas con criterios de profesionali-zación en ciernes, y países con ma-yor tradición de carrera administrati-va pero estancada, con predominio de la antigüedad al considerar crite-rios de gestión de personal.3

Finalmente, encontramos los países con bajos niveles de mérito, resultados que se explican a partir de una fuerte politización de las de-cisiones sobre el personal. En algu-nos casos, la interferencia política viola los principios de mérito esta-blecidos en las propias normas. En otros casos, la ambigüedad legal se presta a resoluciones políticas de favoritismo. La politización del ingre-so y la desvinculación lleva a la inexistencia generalizada de siste-mas de carrera. Incluso en varios de estos países, se puede predecir la afiliación partidaria de los empleados de acuerdo al año en que fueron incorporados (Geddes, 1994).

En Panamá, Honduras, Nica-ragua, Guatemala, Perú y Ecuador, hay un importante recambio de fun-cionarios con cada cambio de admi-nistración. Esta suerte de “puerta giratoria” es problemática porque las políticas públicas necesitan de conti-nuidad de recursos para su segui-miento y control. Si los empleados más capacitados y con conocimiento

específico se desvinculan, entonces es predecible que las políticas se verán afectadas. Irónicamente, en estos países las leyes contemplan el ingreso basado en el mérito, en al-gunos casos vigentes desde hace décadas. En Paraguay y en el seg-mento del servicio civil en República Dominicana, la ambigüedad normati-va se presta para una alta politiza-ción de las decisiones de incorpora-ción, ya que sólo se exigen requisitos mínimos para el ingreso. En El Salvador hay una curiosa “ins-titucionalización” de un procedimien-to especial de selección para los candidatos sugeridos por políticos. Por su parte, en Bolivia continúan los criterios políticos predominando las decisiones de personal, aunque or-ganizaciones del Proyecto de Re-forma Institucional, PRI, han in-corporado personal por concurso público a través de convocatorias abiertas.

Variaciones en la capacidad

funcional

Más allá de los méritos, en el modelo de gestión integral y estraté-gica del personal, una burocracia debería contar con ciertas capacida-des para atraer, retener, y gestionar al personal calificado. ¿Cuál es la influencia que ejercen las prácticas y procedimientos del servicio civil sobre la motivación y compromiso laboral de sus empleados? ¿Pueden estas estructuras promover una ver-dadera vocación de servicio público, con funcionarios comprometidos con

la calidad de sus tareas y el servicio al ciudadano?

Precisamente, el índice de ca-pacidad funcional4 evalúa cómo y cuánto los procedimientos y prácti-cas existentes en el servicio civil pueden influir sobre el comporta-miento de los empleados, y si los mismos sirven a efectos de fortale-cer el compromiso de los funciona-ros con la institución y con sus tareas. La capacidad funcional no opera en el vacío, sino que está influenciada por la calidad de los sistemas de remuneración salarial y de evaluación del desempeño. La percepción de una compensación equitativa con relación al sector pri-vado (equidad externa) y al resto del sector público (equidad interna) son requisitos para atraer, motivar, y comprometer al personal capacitado. Por otro lado, el seguimiento del desempeño individual, grupal e insti-tucional, y el grado en que el desem-peño efectivamente influye en las decisiones sobre la carrera (asigna-ción de tareas, promoción en la carrera, reconocimiento monetario o no monetario) inciden en la motiva-ción y retención de los funcionarios.

¿Cómo es, entonces, la capa-cidad funcional en la Región? ¿Cómo son los valores para el índice de referencia? El promedio para este índice en los países de la Re-gión es de 30 (sobre 100), con un máximo de 61 para el caso de Brasil y un mínimo de 11 para el de Hondu-ras. Como se puede ver, la disper-sión de los resultados es alta, pero menor que para el índice de mérito.

En términos generales, los servicios civiles de la Región presen-tan sistemas de gestión del rendi-miento poco desarrollados. Ello se debe, principalmente, a la conflictivi-dad intrínseca de los procedimientos de evaluación de desempeño utiliza-dos en el nivel individual, y a la falta de incentivos de las autoridades políticas y funcionarios de línea para poner en práctica sistemas que dife-rencien el desempeño de los funcio-narios. Por otra parte, en la gestión de las remuneraciones, se verifica la falta de una verdadera política sala-rial. En la práctica, la política salarial está determinada por las restriccio-nes presupuestarias, lo que genera decisiones que socavan el objetivo de garantizar la equidad interna y externa de las remuneraciones. Por otro lado, hay pocas experiencias de implementación de sistemas de re-muneración variable que efectiva-mente relacionen el desempeño individual y el cumplimiento de me-tas. En efecto, las que existen, son arbitrarias. En la mayoría de los casos, los intentos de asociar incen-tivos al desempeño individual tien-den a generar conductas fuera de las normas, como la rotación de

calificaciones máximas por período de evaluación, para dar oportunida-des a todos los funcionarios de ac-ceder a un premio adicional, desvir-tuando el sistema.

A pesar de estas tendencias en la gestión de la remuneración y del rendimiento, la capacidad funcio-nal de las burocracias no es homogénea en la Región.

GRÁFICO No. 2

ÍNDICE DE CAPACIDAD FUNCIONAL

Escala 0 a 100.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los diagnósticos institucionales de los dieciocho países analizados (Iacoviello y Zuvanic, 2005).

Según el gráfico, Brasil y Chile presentan valores cercanos a 60 puntos sobre 100. Su puntaje refleja sistemas ordenados de gestión sala-rial, con relativa equidad interna, y la existencia de procesos orientados a mejorar la competitividad salarial, así como procesos de evaluación que toman en cuenta la gestión grupal e institucional. Estos países cuentan con sistemas más desarrollados y articulados de gestión del rendimien-to, estructura salarial y sistema de incentivos. A título ilustrativo, en Chile, la gestión de las compensa-ciones es centralizada, logrando así un alto grado de disciplina fiscal. Mediante remuneraciones asociadas a aspectos de gestión (como los Programas de Mejoramiento de Ges-tión), con base en incentivos institu-cionales y colectivos, se logró cierta flexibilidad en la capacidad funcional del servicio civil chileno. Brasil ha reordenado su estructura salarial, con importantes esfuerzos para hacerla competitiva a partir de estu-dios de benchmarking. Al mismo tiempo, se han desarrollado esque-mas de evaluación del desempeño individual e institucional.

Sigue un grupo de países con índices comprendidos entre 35 y 50 puntos, formado por Costa Rica, Colombia, Argentina, Uruguay, México y Venezuela. Este grupo se caracteriza por la persistencia de fuertes inequidades internas y pro-blemas de competitividad salarial de sus gerentes, a pesar de haber reali-zado algunos ordenamientos salaria-les. Entre estos países, y no obstan-te los valores medios que adquiere la capacidad funcional, la evaluación de desempeño se practica única-mente con intenciones ceremoniales. La misma no se transforma en una herramienta de gestión confiable que permita distinguir entre desempeños buenos y regulares. En Venezuela y Colombia el sistema se desvirtúa por la excesiva benevolencia de los su-pervisores, mientras que en Argenti-na y Uruguay el problema pasa por la rotación de calificaciones máxi-mas, como reacción al sistema de distribución forzada que establece topes máximos para las categorías de evaluación. Una excepción sería Costa Rica, con un desarrollo leve-mente más amplio de las prácticas de evaluación, mientras que, en el polo extremo, en México aún están pendientes de implementación. Con respecto a la gestión de las remune-raciones, los avances en términos de definición de escalas salariales en función de tareas y niveles de res-ponsabilidad se ven empañados por situaciones de inequidad interna y problemas de competitividad salarial en los sectores gerenciales. La inequidad se basa en la multiplicidad de compensaciones adicionales que (pese a los intentos de unificación) siguen representando una parte importante de la remuneración. A título ilustrativo, en Colombia, los adicionales representan en promedio 50% del salario básico.

Los países con la capacidad funcional más baja (entre 10 y 25 puntos), son República Dominicana, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Gua-temala, Nicaragua, Perú, Panamá, Paraguay y Honduras. ¿A qué se

debe ello? En estos países se ob-servan múltiples criterios de pago conviviendo en forma simultánea y sin relación ni coordinación, a lo que se suma la ausencia de información sistemática y transparente sobre las remuneraciones, con altos niveles de desigualdad y una ausencia prácti-camente total de criterios de evalua-ción de desempeño de cualquier índole.

Predomina una fuerte diversi-dad en los criterios de pago para distintos grupos de funcionarios, por lo que no se puede garantizar la mínima equidad interna a partir de la cual asociar niveles de responsa-bilidad o complejidad de tareas y niveles de remuneración. Como con-secuencia, no sorprende la desmoti-vación o la sensación de desigual-dad en el servicio civil. Los casos de Perú y Ecuador son paradigmáticos en este sentido: en Perú solo el 40% de los sueldos se paga por planilla única, lo que hace prácticamente imposible obtener información para la gestión salarial, y en Ecuador la enorme diversidad de regímenes crea una fuerte inequidad interna, se generan “clases de burócratas”, y es de uso habitual el término “burocra-cia dorada” para referirse a sectores con sueldos privilegiados, que pro-ducen enojos y resistencias en otros grupos burocráticos. Por otro lado, en varios de estos países no ha lle-gado a articularse siquiera la evalua-ción del desempeño individual (Pa-namá, Nicaragua, Paraguay y Guatemala); o se aplica en organis-mos piloto (Bolivia), en algunos sec-tores restringidos (República Domi-nicana), o en el personal bajo estatu-tos especiales (Honduras).

Hasta ahora se ha visto las dimensiones de mérito y capacidad funcional en forma separada, to-mando a los casos nacionales como unidades auto-contenidas. Estas dos dimensiones brindan la posibilidad de examinarlas en forma conjunta, lo que implica obtener un “resumen” sobre las características de los ser-vicios civiles nacionales consideran-do simultáneamente estos ejes.

Configuraciones burocráticas

¿Qué podemos decir acerca de las burocracias desde una aproximación más global? ¿Hay burocracias más profesionales y otras menos profesionales? ¿Pode-mos identificar burocracias más flexibles y con capacidad de adapta-ción al entorno y otras más enfoca-das en los procedimientos?

Esto supone abordar a las bu-rocracias como configuraciones or-ganizacionales. Por configuraciones entendemos la forma y lógica global de funcionamiento de un servicio civil, lo que abarca al conjunto de prácticas y estructuras que le dan su peculiar propiedad. A continuación exploramos dos vías diferentes de trabajar con la perspectiva de confi-guraciones organizacionales, ambas empíricas, pero tomando como

referencia dos niveles de análisis distintos.

Una primera vía, donde las configuraciones burocráticas se dis-tinguen a partir del grado de desarro-llo de sus sistemas de gestión, bus-ca dar cuenta de cómo es, en términos generales, el servicio civil en un país dado. En otros términos, la unidad de análisis sigue siendo el caso nacional y el ejercicio tiene como propósito clasificar a los paí-ses de la Región según el grado de desarrollo de su servicio civil tomado como un todo. El grado de desarrollo se establece en relación al modelo de gestión de recursos humanos de referencia (Longo, 2002). La ventaja de esta perspectiva es proveer una visión “resumen” sobre la burocracia de un país determinado.

Una segunda vía cambia el ni-vel de análisis y las dimensiones de interés en cuestión. En primer térmi-no, el nivel de análisis pasa a ser la organización, ya sea tomada indivi-dualmente o bien un conjunto de organizaciones con atributos nes, más que el caso nacional. En esta perspectiva, sería incorrecto afirmar que un caso nacional cuenta con una única burocracia, sino con múltiples tipos de burocracias o con-figuraciones organizacionales. Se admite así la posibilidad de que exis-ta heterogeneidad al interior de los aparatos burocráticos de los países latinoamericanos. La ventaja de esta perspectiva es brindar una visión sobre las variaciones existentes al interior de una misma burocracia nacional.

Configuraciones burocráticas

según el nivel de desarrollo

del Servicio Civil

Considerando simultáneamen-te los índices de mérito y capaci-dad funcional, los países analiza-dos pueden agruparse en tres niveles diferenciados de desarrollo burocrático.

GRÁFICO No. 3

ÍNDICE DE MÉRITO5

Escala 0 a 100.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los diagnósticos institucionales de los dieciocho países analizados (Iacoviello y Zuvanic , 2005)

Chile y Brasil se destacan: poseen un mayor desarrollo de sus

servicios civiles. En términos relati-vos, estos dos países presentan servicios civiles institucionalizados, con prácticas que dan cuenta de las habilidades y credenciales de los funcionarios, y cuyas estructuras tienden a mantener y fomentar una mayor calidad en la actuación del servicio civil.

Interesa aquí notar que ambos países construyen sus servicios civi-les profesionales en forma diferente. Mientras Brasil es una burocracia más clásica en sus procedimientos y estructura, Chile cuenta con elemen-tos cercanos a la nueva gerencia pública en la gestión de su personal. Más allá de estas importantes dife-rencias, ambos casos convergen en el uso de criterios donde los logros concernientes al desempeño y los incentivos a la gestión tienen un papel central en los funcionarios públicos.

Un segundo grupo de países presenta sistemas de servicio civil que podríamos calificar de interme-dios: Venezuela, México, Colombia, Uruguay, Argentina y Costa Rica. Sus burocracias están relativamente bien estructuradas, con cierta per-manencia de funcionarios en algu-nos cargos, ya que se conquistó la inamovilidad para un porcentaje importante de ellos. No obstante, no se han consolidado varias de las garantías de mérito, ni las herra-mientas de gestión que permiten una efectiva utilización de las competen-cias de los sujetos, los grupos, y las instituciones.

Por último, un tercer grupo de países presenta burocracias con un mínimo de desarrollo: el sistema de servicio civil no puede garantizar la atracción y retención de personal competente, ni dispone de meca-nismos de gestión que permitan influir en forma efectiva sobre el comportamiento de los funcionarios. Los casos nacionales más represen-tativos son Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, Guate-mala, Ecuador, República Domini-cana, Paraguay y Bolivia. La poli-tización es tan fuerte que entorpece el desarrollo de un servicio civil profesional.

Más allá de estas apreciacio-nes generales sobre la comparación entre los distintos países, los siste-mas de servicio civil no se presentan como estructuras homogéneas y uniformes. Por ello se propone una tipología para reflejar las configura-ciones burocráticas que coexisten en los sistemas de empleo público en la Región.

Configuraciones burocráticas

según combinaciones

de autonomía y capacidad

técnica

Las burocracias aún dentro de un mismo país distan de ser actores homogéneos. Un servicio civil es un conjunto de organizaciones comple-jas e interdependientes, con diferen-cias en cuanto al uso del mérito y su capacidad funcional. Admitir la posi-bilidad de esta heterogeneidad pue-de proporcionar algunas claves para entender la dinámica interna del aparato estatal, y el grado en el que distintas partes de la burocracia pueden cumplir papeles diferentes (e incluso contradictorios) en el ciclo de políticas públicas aún en un mismo país.

Esta heterogeneidad se ob-serva mejor si se opta por un enfo-

que de políticas públicas más que un enfoque de análisis burocrático auto-contenido. Las burocracias importan porque sirven para la elaboración, ejecución, control, y evaluación de políticas públicas. Este énfasis en buscar entender a las burocracias desde la óptica del diseño y ejecu-ción de las políticas públicas supone que el mérito se vuelve relevante para las políticas públicas en la me-dida en que nutre burocracias autó-nomas, con prestigio y cultura insti-tucional propios. Por otra parte, la capacidad funcional adquiere reno-vada relevancia desde la óptica de las políticas públicas, porque estas últimas demandan crecientes habili-dades técnicas para su ejecución.

Tomando como punto de par-tida la existencia de esta heteroge-neidad, y utilizando a las organiza-ciones públicas individuales (o bien conjuntos de ellas), como la unidad de análisis, se presenta una tipología propia de los diferentes tipos de burocracias que se encuentran en los países de la Región, con cuatro categorías distintivas que resultan de cruzar dos ejes: autonomía y capa-

cidad técnica, variables que se rela-cionan con el mérito y la capacidad funcional.6

¿Qué se entiende por auto-nomía? Es el grado de aislamiento de la manipulación política y de intereses de búsqueda de rentas fuera del Estado.7 Esta variable es uno de los aspectos centrales que se consideran dentro del índice de méri-to que se presentó en la sección anterior.

Se argumenta que burocracias protegidas de la interferencia política pueden actuar en forma más profe-sional, sin estar capturadas por in-tereses externos particulares. La autonomía supone que un cuerpo burocrático se rige por normas y reglas propias. No obstante ello, grados extremos de autonomía, o el ejercicio de la autonomía sin estar sujetos a normas, podrían llevar a que los cuerpos burocráticos se transformen en actores con intereses propios, y por lo tanto corporativos, y que olviden que su función es, preci-samente, servir al interés público.

¿Qué se entiende por capaci-dad técnica? La burocracia es en parte un sistema para hacer un tra-bajo, a partir del cual se brindan bienes y servicios a los ciudadanos. Los procesos de producción de es-tos bienes y servicios requieren, junto con la incorporación de tecno-logía, el desarrollo de las competen-cias de los funcionarios, de manera de garantizar que posean la habi-lidad de resolver los problemas que plantea la gestión de manera eficiente.

Así, la capacidad técnica no depende solamente de que los fun-cionarios cuenten con las credencia-les que avalen los méritos para cu-brir un cargo, sino también que tengan las competencias laborales, ya sea adquiridas mediante educa-ción formal o por el ejercicio del car-go, para realizar su tarea, y que cuenten con incentivos para poner estas competencias en juego en su gestión. Entran aquí en acción los aspectos de la variable “mérito” que exceden la sola garantía de no inter-ferencia política, en combinación con los aspectos de la variable “capaci-dad funcional” que impactan sobre la motivación y compromiso laboral de los funcionarios.

Cruzando estas dos variables, proponemos una tipología que resul-ta así en cuatro c ategorías de burocracia: a) administrativa, b) pa-ralela, c) clientelar, y finalmente, d) meritocrática.

¿Cómo se relacionan estas categorías con los servicios civiles nacionales? Primero, un mismo ser-vicio civil nacional puede contar con organizaciones correspondientes a varias de estas categorías en forma simultánea. Es decir, diferentes tipos de burocracias pueden coexistir en un mismo país. Por ejemplo, el ser-vicio civil en Argentina cuenta con organizaciones que son burocracias clientelares (como algunas de las burocracias provinciales o aún muni-cipales), otras organizaciones que corresponden a burocracias adminis-trativas (como el segmento de gos administrativos en los rios del gobierno nacional), burocra-cias paralelas (como las de los programas internacionales), y final-mente, algunas organizaciones se asemejan a burocracias meritocráti-cas (como por ejemplo el Banco Central).

Segundo, se puede caracteri-zar a un servicio civil nacional como administrativo, paralelo, clientelar, o meritocrático en caso de que una de estas cuatro categorías sea el tipo dominante entre sus organizaciones públicas. Es decir, si una amplia mayoría de las organizaciones de un servicio civil dado, caen en un tipo específico de burocracia, entonces, y por agregación, podemos afirmar que un servicio civil nacional es un tipo burocrático específico. Pero es bastante plausible que un servicio civil nacional sea híbrido, es decir, que combine burocracias de las cua-tro categorías.

La tipología presentada tiene propósitos heurísticos, a efectos de comenzar a introducir un nivel de análisis más complejo en los proto-colos de evaluación de los servicios civiles. Una utilidad adicional de este enfoque radica en el hecho de que cada tipo de burocracia está relacio-nada con un desempeño diferente en las políticas públicas, lo que per-mitirá asociar teóricamente formas burocráticas con desempeño de las políticas públicas en futuros trabajos.

CUADRO No. 2

CONFIGURACIONES BUROCRÁTICAS Y ROLES PREVALECIENTES

Alta Baja	BUROCRACIA ADMINISTRATIVA • Criterios formales de mérito, no siempre utilizados. • Reclutamiento sobre bases políticas, pero estabilidad laboral. • Reflejo parcial de intentos frus-trados de desarrollar una buro-cracia weberiana. Habilidad limitada para formular e implementar políticas	BUROCRACIA MERITOCRÁTICA • Funcionarios públicos permanen-tes, reclutados a partir del mérito e incorporados a carreras profesiona-les; incentivos favorecen el desem-peño laboral profesional. • Tareas específicas. Expresan opiniones y actúan, contri-buyen a la estabilidad de las políticas.
BUROCRACIA CLIENTELISTA • Funcionarios públicos tem-porales. • Ingreso por lealtad / afiliación partidaria. • Recurso político. Ausente del proceso de formula-ción e implementación, excepto en funciones básicas.	BUROCRACIA PARALELA • Personal superior con contratos flexibles, sin integrar el cuerpo permanente. • Ocasionalmente adquieren relevan-cia en el diseño y ejecución de polí-ticas y proyectos. Participan del proceso, pero con baja contribución a la estabilidad de las políticas y al fortalecimiento eventual de capacidades estatales.
	Baja Alta

Fuente: Zuvanic, Laura y Mercedes Iacoviello (2005).

Burocracia administrativa

Se caracteriza por una alta au-tonomía, ya que está altamente pro-tegida de interferencias políticas “caprichosas” y de intereses particu-laristas principalmente por la inamo-vilidad de los funcionarios. Por otra parte, su capacidad técnica es baja: sus tareas son relativas a los proce-dimientos estandarizados. Es la bu-rocracia que típicamente ejerce las funciones administrativas clásicas, en especial en los ministerios.

Empíricamente, este tipo de burocracia se observa en organis-mos del Gobierno Central sujetos a una norma general que regula el empleo público y establece una carrera administrativa formal, si bien estas normas adquieren un valor únicamente ceremonial sin mayores consecuencias sobre la gestión coti-diana. A modo de ejemplo, se puede mencionar dentro de esta categoría los casos de Perú, Vene-zuela y Ecuador, así como el seg-mento sindicalizado en México. También se da, aunque con un gra-do algo más elevado de capacidad técnica, en los casos de la adminis-tración central en Argentina, Uru-guay y Costa Rica.

En estos países, la burocracia administrativa presenta algunas ca-racterísticas singulares a resaltar. Tradicionalmente, los funcionarios se han designado con base en criterios más políticos o particularistas que exclusivamente meritocráticos, pero en general tienden a tener estabili-dad en sus cargos. Es precisamente la cláusula de inamovilidad (muchas veces de rango constitucional) la que le da autonomía a esta burocracia, aún frente a los avatares de los cambios políticos.

La historia de estas organiza-ciones sugiere que la burocracia administrativa, al menos en la forma en que se presenta en los países de la Región, representa intentos trun-cos o a medio camino de desarrollar una burocracia racional, jerárquica y basada en méritos que podría po-tenciar su capacidad técnica. Re-cientemente, son las burocracias más afectadas por recortes presu-puestarios y congelamiento de va-cantes (como es el caso de Perú, Uruguay y Argentina), y han sido objeto de paquetes de retiro incenti-vado en los intentos de reforma esta-tal durante los noventa.

El grado de competencia técnica y la orientación hacia un desempeño dinámico, con creciente valor agregado, son bajos, y han resultado difíciles de transformar. A título ilustrativo, los programas de capacitación implementados no ne-cesariamente conllevaron un aumen-to en la competencia técnica. Un límite estructural importante que enfrentan estas burocracias es el hecho de que sus tareas son en general rutinarias y estandarizadas, enfrentando entornos de políticas públicas de baja incertidumbre.

¿Cuál es el papel de este tipo de burocracia sobre las políticas

públicas? Por lo general, la burocra-cia administrativa presenta una re-ducida capacidad de ejercer un pa-pel activo en las distintas etapas del ciclo de la política pública. En lo que respecta al diseño y elaboración de políticas, su escasa capacidad técni-ca le impide tener una influencia efectiva en la fase de toma de deci-siones. Además de ello, estas eta-pas se llevan a cabo en la superes-tructura política de los ministerios, reforzando el aislamiento de la buro-cracia administrativa a la que se percibe desde la cúpula política, o bien como un cuerpo simplemente operativo o aún como un obstáculo en la implementación.

La contracara es que estas burocracias tienen un bajo potencial de transformarse en un recurso para el intercambio político por la estabili-dad de los funcionarios y su escasa importancia en las políticas públicas, especialmente aquellas que son estratégicas. Paradójicamente, este poco atractivo político las ha trans-formado en residual para varios de los gobiernos de la Región: no hay nada que ganar ni nada que perder con ellas.

No obstante este panorama, esta burocracia administrativa oca-sionalmente adquiere papeles rele-vantes en la implementación, aun-que con un sesgo hacia el formalismo y el control de procedi-mientos burocráticos más que una gestión efectiva y sustantiva de los servicios.

Burocracia clientelar

Este grupo está conformado por funcionarios públicos que ingre-san, usualmente en formal temporal, a la administración bajo criterios de lealtad política o afiliación partidaria sin ninguna otra consideración adi-cional en cuanto a su capacidad técnica. Son burocracias frágiles, ya que un cambio en el partido de go-bierno o incluso la simple rotación de las autoridades de un ministerio pueden implicar cambios masivos de funcionarios.

Este tipo de burocracia no cuenta con autonomía respecto al sistema político, que la maneja dis-crecionalmente incluso en la propia desvinculación. Tampoco presenta una capacidad técnica desarrollada porque lo que está en juego es el favor político más que el interés en reclutar funcionarios con las compe-tencias necesarias para implementar políticas públicas complejas.

Los casos más acentuados se encuentran en los países centroame-ricanos (con excepción de Costa Rica), y en República Dominicana, Paraguay y Bolivia (salvo en algunos enclaves meritocráticos). También es posible encontrar algunas de estas características en burocracias específicas en ciertos países, como Argentina, Colombia, y Perú, al am-paro de regímenes transitorios o especiales de empleo que conceden al gobierno una mayor flexibilidad en nombramientos y despidos.

El papel que pueda llegar a ejercer en las políticas públicas esta burocracia clientelar está vinculado a su carácter primario de recurso polí-tico del partido gobernante. Este tipo de burocracia es una extensión más del actor político partidario, pudiendo tener cierto poder de veto frente a segmentos burocráticos profesiona-les o meritocráticos, con los que puede entrar en conflicto. Su rol en la formulación de políticas o en su implementación es casi irrelevante, salvo en el plano operativo de las tareas más simples y rutinarias con fuerte presencia en la distribución de servicios sociales.

Burocracia paralela

También llamada burocracia de “equipos técnicos” o “equipos de proyectos”, está conformada por técnicos y profesionales cuya parti-cularidad de incorporación al Estado es mediante formas contractuales flexibles y a término, práctica espe-cialmente extendida en la región durante los noventa bajo la modali-dad de “gestión por proyectos” (Martínez Nogueira, 2002). Los sala-rios son habitualmente superiores al resto del personal de la administra-ción pública.

Si bien estas burocracias se han desarrollado en prácticamente todos los países de la Región, se presentan con mayor fuerza en aquellos con servicios civiles menos desarrollados, con la intención de cubrir la falta de recursos humanos calificados en la planta permanente con expertos externos, como sucede en los países centroamericanos.

Por su modo de reclutamiento y la temporalidad de su cargo, esta burocracia se caracteriza por una muy baja autonomía respecto al Poder Ejecutivo: la relación de em-pleo depende netamente de la volun-tad política del Ejecutivo de contratar al personal y renovar su contrato. Su régimen laboral suele estar regido por normas relativas a contratos de servicios u otras formas jurídicas extraordinarias. El personal contra-tado no forma parte de las estructu-ras permanentes de la administra-ción pública, aunque en varios países la renovación de estos con-tratos se ha vuelto una rutina. Estos grupos de funcionarios no responden necesariamente a un partido político, si bien su entrada es mediante estos mecanismos.

Su capacidad técnica es alta, porque son precisamente reclutados a partir de su conocimiento experto a efectos de conducir políticas públi-cas sectoriales y programas especí-ficos. Cuentan con conocimientos especializados en algún ámbito temático de política. En la mayoría de los casos se han incorporado con el propósito de cubrir determinadas necesidades técnicas, y en algunos casos han desarrollado aptitudes técnico-políticas. Suelen configurar instituciones paralelas o lo que se ha denominado “ministerios paralelos” dentro o fuera de las dependencias ordinarias, como hemos visto por ejemplo en los casos de Argentina y

México. Estas estructuras pueden ser más o menos exitosas y más o menos resistidas por los otros acto-res burocráticos internos, porque se constituyen en ámbitos diferenciados y no complementarios de los apara-tos administrativos regulares (Martí-nez Nogueira, 2002).

La burocracia técnica puede adquirir diferentes modalidades. En algunas de sus versiones, existen equipos de asesores técnicos que desempeñan un rol clave en el dise-ño de las alternativas de política. Estos técnicos están cerca de la cabeza del Poder Ejecutivo o bien, cuentan con importantes contactos con los organismos de cooperación internacional que hace que su voz se escuche al momento del diseño de las políticas.

Otras veces, esta burocracia está centrada en asegurar la ejecu-ción de las políticas o los proyectos, o la prestación efectiva de determi-nados servicios públicos. Esta cate-goría incluye las organizaciones que gestionan proyectos con financiación internacional o fondos sociales.

¿Cuál es la relación entre esta burocracia y las políticas públicas? Estos equipos técnicos asumen de-safíos extraordinarios en el diseño y ejecución de políticas públicas. Son contratados para nuevas modalida-des de trabajo que requieren, entre otros atributos, una mayor articula-ción entre el Estado y la sociedad civil, una mayor relación con orga-nismos de crédito internacional, y habilidades técnicas no usualmente asociadas al plantel administrativo permanente. Nuevas modalidades de políticas públicas como las que suponen implementación en redes institucionales públicos – privadas se han promovido desde estas burocra-cias paralelas.

Ahora bien, pensando en la ejecución en el largo plazo de las políticas públicas, estas burocracias paralelas poco sirven para construir una institucionalidad duradera por su propia naturaleza y su relación tan especial con el poder político ejecu-tivo. Aquí se argumenta que las bu-rocracias paralelas construyen “ca-pacidades golondrina”, ya que al terminar el proyecto, poco queda de la institucionalidad instalada para su ejecución, y el aprendizaje culmina con la salida del personal técnico. Por otra parte, Martínez Nogueira (2002) advierte que la existencia de una asociación estrecha entre las políticas públicas implementadas en el marco de estas burocracias para-lelas, y la gestión ministerial de un gobierno específico puede generar importantes vulnerabilidades políti-cas e incertidumbres con respecto a la continuidad de los esfuerzos.

Burocracia meritocrática

Esta categoría representa el clásico ideal weberiano: el cuerpo de funcionarios se recluta a partir de mecanismos abiertos, y se privile-gian sus credenciales y méritos. Una vez incorporados, ejercen sus tareas en el marco de carreras profesiona-

les estructuradas, con buenas opor-tunidades de movilidad y aprendi-zaje, y con diversos incentivos para el desempeño profesional de su trabajo.

Este tipo de burocracia se ca-racteriza por combinar, a la vez, una alta autonomía con una alta capaci-dad técnica. Por una parte, la auto-nomía está dada por la estabilidad de los funcionarios, pero también por el desarrollo de una carrera donde los intereses políticos respetan a las jerarquías organizacionales. Por otra parte, la capacidad técnica está da-da por la relevancia de las creden-ciales y las competencias, y la capa-citación y el aprendizaje en el trabajo que se produce en el marco de carreras profesionales estructuradas, donde la promoción y el avance están atados a un mayor grado en la complejidad de las tareas y de ejer-cicio de responsabilidad.

Conforman una cultura es-pecífica, aunque a veces aislada y con una fuerte cohesión de grupo, lo que puede producir sesgos institu-cionales. Por otra parte, reivindican espacios de decisión autónomos, lo que en muchos casos les genera conflictos con otras dependencias de gobierno. Pueden establecer alian-zas con otras dependencias e inclu-so con intereses sociales externos, lo que, por un lado, les atribuye ca-pacidad de intermediación entre estos intereses diferentes, pero tam-bién las hace susceptibles de captu-ra por esos mismos intereses.

En la Región, estas burocra-cias meritocráticas predominan en los servicios civiles de Chile y Brasil. Pero también se observan en varios países entre aquellas entidades sin-gulares vinculadas a la burocracia fiscal o económica. Por ejemplo, las burocracias meritocráticas parecen caracterizar a los bancos centrales, las entidades regulatorias y las ad-ministraciones tributarias. A título ilustrativo, se puede citar como ejemplos la Superintendencia Nacio-nal de Administración Tributaria, SUNAT, en Perú y el Servicio de Impuestos Internos en Chile. Tam-bién se observan estas burocracias meritocráticas en el segmento de la carrera profesional en México, o entre los cuerpos diplomáticos en varios países de la Región (siendo el más destacado el caso de Itamaratí en Brasil). En Argentina, un caso paradigmático de este tipo de buro-cracia son los denominados Admi-nistradores Gubernamentales, un cuerpo transversal de funcionarios reclutados por mérito y con carreras altamente técnicas.

¿Cómo se relacionan estas burocracias con las políticas públi-cas? En general, son muy activas en su ejecución, e influyen en su diseño si no directa al menos indirectamen-te. Debe recordarse que son buro-cracias con incumbencias específi-cas relacionadas con políticas sectoriales. Responden así a áreas temáticas de la política pública que requieren un grado de formación o conocimiento especializado. Ello permite tener opinión y capacidad de

influencia sobre el área en la que actúan, y las convierte en actores importantes para sostener la estabi-lidad y orientación al interés público de las políticas.

Las formas híbridas

La realidad empírica de la Re-gión desborda las categorías que se podrían derivar teóricamente. Interesa, por lo tanto, señalar algu-nos híbridos, o configuraciones bu-rocráticas que han quedado a medio camino de las categorías señaladas, no pudiéndose clasificar claramente entre una u otra opción. Uno de los híbridos más notorios identificados son las burocracias de los sectores sociales como el personal de la edu-cación y la salud. Ellos se sitúan a medio camino, entre las burocra-cias administrativas y las meritocráti-cas, con importantes variaciones nacionales.

El personal de la salud y la educación es reclutado con algún criterio de mérito. Médicos y maes-tros deben poseer credenciales para acceder a un cargo público donde se requieran estos perfiles específicos, siendo por tanto un atributo propio de las burocracias meritocráticas. Este criterio minimalista, la pose-sión de las credenciales correspon-dientes, en algunos países va acom-pañado de concursos de oposición, aunque no en todas las instancias, por lo que aquí estas burocracias comienzan a presentar característi-cas más mezcladas.

El grado de estructuración profesional de las carreras profesio-nales varía notoriamente, y cuenta con carencias importantes en la in-corporación de criterios concernien-tes al desempeño y el aprendizaje en el trabajo como mecanismos para seleccionar y premiar al personal. Muchas veces la antigüedad ha re-emplazado otros factores en la pro-moción del personal, especialmente en las carreras educativas, lo que hace que esta burocracia deje los aspectos meritocráticos y se aseme-je a los procesos observados en las administraciones más clásicas.

La relación entre estas buro-cracias híbridas y las políticas públi-cas es ciertamente compleja y va más allá de las asociaciones teóricas que se buscan establecer en este capítulo. No obstante, debe señalar-se su alta capacidad de lobby o al menos de bloqueo de iniciativas de reformas de políticas públicas, y su sindicalización. En experiencias re-cientes en la Región, como lo mues-tra el gobierno de Ignacio Lula da Silva en Brasil o de Tabaré Vázquez en Uruguay, estos cuerpos y sus gremios profesionales han sido con-vocados a mesas de diálogo para el diseño y formulación de las políticas públicas sectoriales que los atañen.

Las estrategias que se han desarrollado en relación a la buro-cracia en América Latina han inclui-do intentos de generar sistemas de carrera basados en el mérito para la administración en su conjunto, así como también esfuerzos por profe-sionalizar algunas áreas específicas

tales como los servicios de salud y educación o la administración tribu-taria. En otros casos se ha optado por concentrar los esfuerzos en la profesionalización del segmento directivo, como se ha dado recien-temente en los casos de México y Chile. Este abanico de procesos ha convivido con prácticas clientelísti-cas y con la tendencia cada vez más pronunciada, a partir de los años noventa, de instrumentar mecanis-mos que permitan incorporar cua-dros técnicos en forma flexible. La burocracia en América Latina pre-senta, así, un mosaico de opciones, que se ha tratado de sistematizar a través de la tipología propuesta.

Conclusiones

Se comienza planteando la centralidad de la burocracia para garantizar, tanto el sistema democrá-tico como el estado de derecho, ya que tiene como rol asegurar la conti-nuidad y coherencia de las políticas, y prevenir la discrecionalidad en el ejercicio del poder político. Pero esta concepción normativa no se refleja en los estados latinoamerica-nos, que presentan estados débiles que en parte se deben a la falta de profesionalización y estabilidad de los cuerpos burocráticos.

Por un lado, los servicios civi-les de la Región presentan un bajo nivel de desarrollo, de lo cual se infiere una baja capacidad en la ma-yoría de las burocracias de la Región para asumir un rol activo en el pro-ceso de formulación de políticas. A esto se suma que el rol esperado de la burocracia se define en términos excesivamente genéricos, enfatizan-do el cumplimiento de las normas, los procedimientos establecidos, y el respeto de la autoridad jerárquica como ejes centrales.

A lo largo de este capítulo se mostró que las burocracias de la Región tienen desempeños diversos, que varían según el grado de im-plantación de criterios y prácticas de gestión que promuevan el mérito y la capacidad efectiva de los funciona-rios, y también del nivel de profesio-nalidad y neutralidad con que cuen-ten los distintos grupos de funcionarios.

Para aproximarnos a una ca-racterización de las burocracias en la Región, se comienza analizando las burocracias de cada país en térmi-nos globales, a través de la contras-tación de dieciocho servicios civiles nacionales de la Región con un mo-delo de gestión estratégica e inte-grada de los recursos humanos. De este ejercicio surge, en primer lugar, la confirmación de la generalizada debilidad de los sistemas de servicio civil en la Región, tanto en términos del nivel de mérito instalado y de la capacidad del sistema para geren-ciar el desempeño del personal. Tanto el Índice de Mérito como el Índice de Capacidad Funcional pre-sentan promedios regionales que rondan el 30% de la escala.

Sin embargo, también es po-sible distinguir situaciones de dife-

rente grado de desarrollo e integra-ción de los sistemas de gestión de recursos humanos de los estados en la Región a través del análisis de estos dos índices, ya que en ambos casos se da una amplia dispersión de los resultados para la Región.

Chile y Brasil son los dos ca-sos que destacan en la Región por tener un mayor desarrollo de sus servicios civiles, acompañados por Costa Rica como caso especial entre los países centroamericanos. En el extremo contrario, la situación más crítica se da en el resto de los países centroamericanos, y en los casos de Bolivia, Perú, Paraguay y Ecuador, donde la politización es tan fuerte que no se logra crear un servicio civil profesional, y no puede garantizarse la atracción y retención de personal competente, ni la disponibilidad de mecanismos de gestión que permi-tan influir en la conducta laboral de los funcionarios. El resto de los paí-ses (Venezuela, México, Uruguay, Colombia, Argentina) presentan sistemas de servicio civil mediana-mente conformados, pero que no llegan a consolidarse en términos de garantías de mérito y herramientas de gestión, que permitan una admi-nistración eficiente de los recursos humanos del Estado.

Más allá de estas tendencias generales en los servicios civiles a nivel nacional, queda claro que el “actor burocracia” no es un actor homogéneo, sino que conviven dis-tintos “tipos” de burocracia al interior de cada país, con lógicas, criterios y roles prevalentes diferenciados. Esta convivencia de modalidades de empleo diversas se debe a que el modelo weberiano tradicional no ha logrado desarrollarse plenamente en la Región, al tiempo que se ha com-plementado con estrategias de in-corporación de equipos técnicos bajo marcos laborales con mayor flexibilidad.

La tipología presentada captu-ra esta diversidad a través del cruce de dos variables: la autonomía con que cuenta cada grupo burocrático respecto del poder político, central-mente en términos de garantías contra posibles arbitrariedades; y la capacidad técnica para resolver efi-cientemente los problemas que plan-tea la gestión.

Los cuatro tipos burocráticos que surgen de este cruce: burocracia administrativa, clientelar, paralela y meritocrática, tienen características distintivas que se asocian con dife-rentes perfiles en cuanto al posible rol a asumir en el proceso de formu-lación de políticas. Según el predo-minio de los tipos burocráticos en cada país, el rol de la burocracia puede abarcar desde el rol de veto informal, acciones concretas desti-nadas a bloquear el diseño o imple-mentación de una política o resisten-cias pasivas dadas por factores de cultura organizativa, a un rol activo que pueden implicar, tanto el impul-so como la colaboración y coopera-ción para el mantenimiento o mejora de determinada política.

Si bien la tipología que plan-teamos tiene fines descriptivos, pa-

reciera deseable que los países de la Región busquen acercarse hacia un modelo de burocracia meritocráti-ca que les permita desarrollar capa-cidades estatatales permanentes. Esto sin perjuicio de que sea nece-sario contar con alguna dosis de burocracia paralela a través de la cual acercar al Estado las compe-tencias de grupos de expertos, que por la transitoriedad del proyecto o la especificidad de su expertez no se requieran dentro del personal per-manente del Estado. A su vez, las burocracias puramente administrati-vas deberían evitarse (aunque pue-dan ser toleradas en áreas con fun-ciones netamente operativas), y la burocracia clientelar debería ser superada según las posibilidades del sistema político en cada país.

Ahora bien, dado el mapa de niveles diversos de desarrollo de los servicios civiles y el complejo entra-mado al interior de cada caso nacio-nal, ¿cuáles son las perspectivas de consolidación de los sistemas de servicio civil latinoamericanos?

Los casos de Chile y Brasil, recurrentemente mencionados como los más exitosos en términos relati-vos dentro de la Región, resultan excepcionales en términos de su alta consistencia en cuanto a la política de recursos humanos para el Esta-do, y el nivel de institucionalización de la gestión del personal. Ambos aspectos permiten valorar positiva-mente sus posibilidades de consoli-dación como burocracias meritocrá-ticas. Por su parte, Costa Rica resulta una excepción para la Región centroamericana, y aún sin iniciati-vas de reforma presenta una trayec-toria consistente de avances progre-sivos en la instalación de criterios de mérito en el sistema, y fuerte institu-cionalización de la gestión de recur-sos humanos. Así, el sistema que hoy caracterizamos como burocra-cia administrativa, tiene posibilida-des de moverse hacia el cuadrante meritocrático.

Dentro del grupo con desarro-llo intermedio de sus servicios civi-les, Venezuela, Argentina y Uruguay no presentan iniciativas que impul-sen la consolidación de sus siste-mas, por lo que se valora negativa-mente su posibilidad de consolidación, a pesar de contar con enclaves meritocráticos. De todos modos los tres países han logrado algún nivel de instalación de profe-sionalización en la gestión del per-sonal, así como la institucionaliza-ción de sus áreas de recursos humanos, con lo que un cambio de política tendría bases en donde an-clar un proyecto de cambio.

Por otra parte, Colombia y México alcanzaron también algún desarrollo de sus servicios civiles y cuentan con estructuras meritocráti-cas en ciertas áreas, pero presentan situaciones de mejor perspectiva para su consolidación a futuro a partir de iniciativas de reforma en curso. Los motivos son diferentes en cada caso, identificando la fuerte institucionalización de la función de recursos humanos en el caso de Colombia y el impulso político dado a la reforma en el caso de México,

que revierte la debilidad de las nor-mas e instituciones previamente vigentes en relación con el servicio civil.

Entre los países con burocra-cias más débiles, que incluyen ele-mentos clientelares y son fuertemen-te dependientes de las estructuras paralelas, los casos de El Salvador, Paraguay, Panamá, Honduras, Re-pública Dominicana y Bolivia no pre-sentan iniciativas de cambio en cur-so, mientras que hay movimientos de reforma en Nicaragua, Guatema-la. También se dan iniciativas de reforma en Perú y Ecuador, que se identifican como burocracias admi-nistrativas aunque también impacta-das por elementos clientelares. Pero las reformas para los países de este grupo, al no estar sostenidas en cierta consistencia normativa previa o en la institucionalización de áreas que puedan liderarlas, se consideran con pocas perspectivas de éxito.

Los países de la Región coin-ciden en la intención de desarrollar sistemas meritocráticos para la ges-tión de su personal, según surge de la Carta Iberoamericana de la Fun-ción Pública. Los puntos de partida para cada país son diversos, y las áreas a enfatizar difieren según el nivel de desarrollo con que cuenten las normas y prácticas del servicio civil.

Sin embargo, un tema central a considerar para todos los países de la Región es que las instituciones no operan en el vacío, por lo que para poder transformar los sistemas de servicio civil se requiere antes que ninguna otra cosa lograr la ge-neración de consensos. Los múlti-ples actores involucrados deben coincidir en su voluntad y en su interés para establecer las bases de un verdadero sistema de ser-vicio civil en estos países. La única manera de garantizar cierto nivel de legitimidad del sistema de servicio civil es generar una estrate-gia consensuada que establezca reglas claras y aceptada por todos los actores.

La brecha entre la visión nor-mativa sobre el rol esperado de las burocracias y la situación vigente en los países latinoamericanos sigue siendo amplia. La centralidad de esta institución para el sistema de-mocrático y la gobernabilidad hace que siga siendo válido todo esfuerzo que apunte a consolidar burocracias altamente capaces, neutrales y orientadas al servicio al ciudadano.

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