Transparencia presupuestaria:

Una vía hacia la cohesión

Norma Caplán* social

ARGUMENTA QUE LA TRANSPARENCIA FISCAL Y LA COHESIÓN SOCIAL SON CONCEPTOS INDISOLUBLES, ASÍ COMO LA RELACIÓN ENTRE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA TRANSPARENCIA.

PALABRAS CLAVES: TRANSPARENCIA / COHESIÓN SOCIAL / PRESUPUESTO PÚBLICO / CONTROL SOCIAL

Introducción

En general no existen contro-versias acerca de la acepción de términos tales como presupuesto, gasto público o política fiscal. No sucede lo mismo cuando se trata la transparencia fiscal.

Una primera aclaración reside en determinar que, en este artículo, el término “fiscal” se refiere tanto a aspectos de obtención y generación de recursos como a aquellos que hacen al planeamiento, ejecución y control del gasto, o sea al presu-

puesto público en su integralidad como proceso.

De hecho ambos aspectos, el gasto y la obtención de recursos, son las dos caras de un mismo pro-ceso, consistente en asignar recur-sos de la comunidad a la producción y provisión de bienes que el mercado no puede proveer.

Por otra parte, la cohesión so-cial se entiende como la capacidad de una sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros al minimizar disparidades y evitar la polarización” (Consejo de Europa - 2004).

Según los informes del Banco Mundial, BM, América Latina es el continente más desigual del mundo, y esta desigualdad aumentó en los últimos treinta años, y en particular, en los últimos diez años. Tal como indica Stephan Sberro1 ni la liberali-zación económica, ni siquiera el crecimiento económico pudo resol-ver esta situación en el caso euro-peo, sino la solidaridad entre los integrantes de la Unión Europea, UE, para promover la creación de capital humano e infraestructura social en los países menos favoreci-dos, caso de Portugal, Grecia y Es-paña, lo que permitió garantizar el éxito del proceso de integración.

Las experiencias de ambos continentes no son asimilables en tanto en América no existe actual-mente una vocación firme y real de integración total, sino de mercados comunes o tratados de libre comer-cio. Sin embargo, es un tema central que hace a la estabilidad democrá-tica de la región y en tal sentido, es responsabilidad de los gobiernos promover su logro. Esto significa asignar recursos presupuestarios en forma efectiva y transparente a aquellos rubros que promuevan la erradicación de la pobreza, la igual-dad de oportunidades y la reducción de la desigualdad. Los mercados, a pesar de la integración, no aseguran por sí solos estos logros.

Precisamente es el hecho que los precios, mecanismo económico por excelencia para determinar el equilibrio asignativo, sean reempla-zados por la decisión política de los gobernantes, es lo que plantea la necesidad de lograr transparencia para dicho mecanismo de asigna-ción. Sobre todo por el hecho que, los recursos empleados o sea los tributos en sus distintas formas, pro-vienen de la aplicación del poder de coerción.

El punto central, es que la oferta de estos bienes, y por lo tanto la cantidad de recursos productivos que se destinan a su provisión, no está determinada por el libre juego de los consumidores y oferentes, sino por el Estado en base a meca-nismos políticos más o menos parti-cipativos. El presupuesto público es la herramienta básica en este proce-so de asignación. Este trabajo inten-ta aportar algunas reflexiones acerca de la necesaria relación entre las cuentas públicas y la transparencia.

El presupuesto como

mecanismo de asignación

eficiente de recursos

Todas las acciones de pro-ducción, tanto las que realiza el sector privado como el Estado, requieren el empleo de recursos: tierra (un espacio físico), trabajo y capital instalado (infraestructura y maquinarias).

Estos recursos son escasos y de uso alternativo: si se usan para producir bienes privados no pueden, al mismo tiempo, emplearse para la producción pública. No son por lo tanto triviales las decisiones de asig-nación que se adopten. Se ha postu-lado que, existiría una asignación óptima o eficiente, si, existiendo ocupación plena de recursos, se obtiene una cantidad tal de produc-ción total, que es imposible aumen-tar esta cantidad cambiando el uso de los recursos, o sin disminuir la producción de otro bien.

En el sector público, por ejem-plo, diríamos que la asignación es óptima si es imposible, con un mis-mo presupuesto, brindar mayor can-tidad de algún servicio sin reducir al mismo tiempo la oferta de otro o la calidad

¿Cómo se asignan estos re-cursos? La primera distinción impor-tante es que, en el ámbito privado, el que decide sobre sus preferencias, costos y beneficios es cada indivi-duo. En el ámbito público quienes deciden deben averiguar mediante mecanismos políticos, las preferen-cias de sus representados y tomar medidas acordes a ello.

En los bienes privados, o sea aquellos para los que existe una demanda revelada en el mercado, los recursos se asignan a través del mecanismo de precios. En otras palabras, de acuerdo a la oferta y a la demanda de los bienes que con-curren a producir, se demandan, pagan y obtienen factores producti-vos. El sector público también debe obtener esos factores, pero el dinero para sufragar su pago no proviene de ventas que realiza, como los em-presarios o comerciantes, sino de los impuestos que recauda ya que, los bienes públicos no tienen una de-manda evidenciada en el mercado por regir los principios de no exclu-sión por pago y de no rivalidad en el consumo.

Existen ciertos casos donde los individuos no revelarán sus pre-ferencias acerca de un bien. Ello sucederá porque saben que, aunque no paguen, lo podrán disfrutar ya que es imposible excluirlos, en tanto y en cuanto el bien o servicio se preste para alguien. Esto configura el principio de no exclusión y cuando rige, los individuos actuarán como viajeros gratuitos.

Sabemos también que, en ciertos bienes, el uso que ellos hagan del mismo, no disminuye los beneficios que los demás obtienen al utilizarlos, esto se conoce como el principio de no rivalidad en el consumo.

La verificación de ambos prin-cipios hace imposible el funciona-miento del mercado, y da lugar a la existencia de bienes públicos no rivales y no excluyentes, por oposi-ción a los bienes privados, rivales y excluyentes. Los bienes públicos puros, como el alumbrado público o la justicia, están incluidos en las preferencias de los individuos, pero estos no las revelan. Es función del Estado interpretarlas y brindarlos en línea con los deseos de los ciudada-nos. Sin embargo, al ser imposible fijar un precio (ya que el mecanismo usual no funciona en estos bienes) deberán financiarse con impuestos.

Los Estados no se han limita-do a proveer este tipo de bienes en los que no hay discusión, sino que han avanzado sobre los denomina-dos bienes preferentes o meritorios, los que pueden ser provistos por el mercado, pero que por decisión polí-tica, se les confieren las característi-cas de no rivales y no excluyentes, para que todos tengan acceso (p.e. la salud, la educación, la vivienda o el empleo digno).

Precisamente el hecho que, el Estado recurre a la coerción para obtener recursos destinados a finan-ciar los bienes y servicios públicos y/o preferentes, y que los mecanis-mos de asignación sean de partici-pación indirecta , es lo que ha gene-rado en los ciudadanos, la exigencia por transparencia en su asignación y en su recaudación.

La transparencia

es un bien público?

Un primer paso hacia la com-prensión y homologación del con-cepto de transparencia fiscal es dis-tinguir entre transparencia del gobierno y transparencia en general.

Cuando se profundiza en el tema, y sobre todo, en las herra-mientas que los países de América Latina en general, y del Istmo en particular, han adoptado respecto a la promoción de la transparencia, existe un nexo fuerte entre transpa-rencia y lucha contra la corrupción en el manejo de la cosa pública.

Indudablemente, la opacidad en la gestión del Estado, permite que aflore la corrupción pero ésta es un efecto de la falta de transparencia y, la transparencia que debe promo-verse, como concepto, es mucho más comprensivo e integral que el delito en sí, y se relaciona con el acceso y comprensión de la infor-mación que los gobiernos deben proporcionar.

La leyes de transparencia fis-cal de la región, en general se han focalizado mayormente en evitar la corrupción más que en abrir la in-formación y hacerla comprensible. Sin embargo, en los últimos cinco años, ha surgido la decisión de adoptar la gestión por resultados como una herramienta para pro-mover la transparencia a través de la rendición de cuentas y la res-ponsabilidad.2

¿Qué se entiende por transpa-rencia pública en sentido amplio? Transparencia en general describe el flujo de información económica, social y política confiable y creciente a lo largo del tiempo, acerca del uso de crédito por inversores privados y su confiabilidad como deudores, así como acerca de la provisión de ser-vicios gubernamentales, política monetaria y fiscal, las actividades de los organismos internacionales, etc. Por el contrario, la falta de transpa-rencia puede describirse como el caso en el cual un organismo de gobierno o privado, deliberadamente impide el acceso a la información, interpreta erróneamente la informa-ción, o entrega información de cali-dad o forma inadecuada o incom-prensible para el público en general.

Una primera conclusión es el nexo que existe en el ámbito público entre transparencia e información, y más específicamente con la posibili-dad de acceder a la misma. En tal sentido, la transparencia constituye un bien público y su falta un mal público ya que al existir, nadie puede ser excluido de sus beneficios mediante el precio, y no existe rivali-dad en el consumo pues el disfrute de la transparencia por un ciudadano no afecta la “cantidad” disponible para los demás. De modo tal que, la transparencia, puede ser buena, regular o mala, pero en la medida que exista libre acceso será un bien público.

Podría discutirse si se trata de un bien público puro o preferente,3 en términos que el acceso a la in-formación puede no ser gratuito, pero esta discusión excede el alcan-ce de este artículo. Sin embargo, queda claro que es función del go-bierno en conjunto con la sociedad civil, promover y consolidar la trans-parencia fiscal como reaseguro para la gobernabilidad y la democracia.

Significado de transparencia

desde el punto de vista fiscal

A lo largo del tiempo se han ido enunciando pautas mínimas a las

que debería ajustarse el presupues-to, tanto en el contenido como en el proceso de elaboración, con el obje-tivo de cumplir adecuadamente su propósito. Estos principios se han mantenido igual o han variado, de acuerdo a las nuevas funciones asignadas al Estado y, en conse-cuencia, al presupuesto público. En este caso específico, son de aplica-ción al logro de la transparencia fiscal los principios de legalidad, universalidad, unidad, claridad, es-pecificación, periodicidad y, espe-cialmente, el de publicidad. Los prin-cipios de continuidad, flexibilidad y equilibrio se aplican en mayor medi-da a los aspectos de ejecución ope-rativa del presupuesto.

En el Manual de Transparen-cia Fiscal, publicado en su versión preliminar por el Fondo Monetario Internacional, FMI en 1998, se sos-tiene que:

“Transparencia fiscal significa mantener la apertura al público respecto de la estruc-tura y las funciones del go-bierno, intenciones de la políti-ca fiscal, cuentas del sector público y proyecciones fisca-les. La transparencia fiscal re-fuerza la responsabilidad y riesgo político asociado con mantener políticas insosteni-bles. Por lo tanto puede in-crementar la credibilidad, cu-yos beneficios se reflejarán en menores costos de financia-ción y un mayor respaldo para políticas macroeconómicas sólidas por parte de un público bien informado. Por el contra-rio, la administración fiscal no transparente puede ser deses-tabilizante, crear ineficiencia y fomentar la falta de equidad. El potencial de que la crisis económica de un país se ex-tienda a otros países subraya el valor de los esfuerzos nece-sarios para evitar o prever estos eventos”.4

Esta es una definición con la cual, más allá de cualquier discre-pancia con la entidad que publica la obra, es casi imposible disentir. En efecto la transparencia fiscal implica cumplir con el antiguo principio pre-supuestario de publicidad de los actos de gobierno en especial del presupuesto público. En rigor, gran parte de los principios presupuesta-rios, apuntan precisamente a lo que hoy se denomina transparencia fis-cal. En tal sentido estos principios, por sí solos, completan y superan esta definición.

Dentro del contenido del ma-nual antes citado, quizás uno de los aspectos más interesantes consiste en un esquema de los requerimien-tos básicos a considerar para alcan-zar un nivel aceptable de transpa-rencia fiscal.5 Sin embargo, tal como

puede observarse, casi todos los puntos señalados en este informe están considerados, directa o indi-rectamente, en los principios antes enunciados.

Rol y tamaño del Estado

En primer término se destaca la necesidad de delimitar claramente los roles, funciones y responsabili-dades del sector gobierno, como diferente al resto de la economía. Esto debe incluir la delimitación para todos los niveles de gobierno y dentro de cada uno de ellos. Además, debe determinarse cual es la participación de todo el sector público en la estructura económica. Incluyendo tanto al gobierno propia-mente dicho, como a las empresas públicas y la participación del Estado a través de acciones en sociedades privadas y/o mixtas. Debe asegu-rarse también un marco legal claro y explícito para la administración fis-cal. Esto debería incluir los aspectos regulatorios que constituyen una parte importante de la interven-ción estatal en la economía, aún en casos de privatizaciones y des-regulación.

Publicidad de la información

Básicamente implica cumplir con los principios de unidad, univer-salidad, claridad y publicidad deta-llados a continuación. Se especifica la necesidad de difundir con regular periodicidad la información pasada, actual y futura, incluyendo todos los niveles de gobierno y un análisis de los posibles efectos de la política fiscal propuesta. El público debe conocer con anticipación cuándo y dónde puede obtener la información fiscal. En este aspecto es fundamen-tal la política comunicacional del país.

Empleo de aperturas

y clasificaciones adecuadas

en la preparación, ejecución

y publicidad del presupuesto

Este aspecto involucra la con-veniencia de incluir los objetivos generales de la política fiscal así como la situación macroeconómica, los objetivos políticos y los riesgos fiscales.

En general estos son aspectos que suelen incluirse, con menor o mayor detalle, en los presupuestos de los gobiernos centrales. Sin em-bargo, deberían incluirse en los pre-supuestos locales algunos aspectos básicos de la situación, objetivos y previsiones del país, muchos de los cuales derivarán de la situación ge-neral y de la relación con los niveles superiores de gobierno. Así, la deci-sión de integrarse a un bloque regio-nal de comercio, o de proteger o abrir los mercados a los productos extranjeros, afectará directamente el contexto local en que se ejecuta el presupuesto y los resultados del mismo.

Directamente ligado con los principios de exclusividad y de clari-dad, anteriormente explicados, las clasificaciones empleadas deben ser tales que permitan el análisis del presupuesto, tanto por el público, como por los legisladores locales que habitualmente no son profesio-nales en la materia, sino represen-tantes de los más diversos sectores de la comunidad.

Finalmente deben estar cla-ramente especificados los órganos, mecanismos y momentos de evalua-ción y control, cuyos resultados deben hacerse públicos.

Garantía de independencia

e integridad

de la información fiscal

Este punto se refiere a la ne-cesaria independencia del o los or-ganismos que elaboren la informa-ción fiscal y de los que la controlen. Asimismo la necesidad de ceñirse a prácticas habituales y reconocidas de control. En este sentido la expe-riencia del presupuesto participativo implementa alguna de ellas, origi-nalmente en Porto Alegre (Brasil) y actualmente en varios países de la región. Es una alternativa intere-sante en lo que hace al control ciu-dadano. En la actual era de los me-dios electrónicos, existe la opción de habilitar una página de Internet con los datos del proyecto, ejecución y recaudación, a la cual los ciudada-nos tengan acceso.6

Puede apreciarse que estos conceptos corroboran la idea que transparencia fiscal y responsabili-dad están estrechamente vincula-das. La transparencia conlleva la obligación de los gobernantes de rendir cuentas a los ciudadanos, y es un paso indispensable hacia la res-ponsabilidad del gobierno para con la población. Por otra parte, la transparencia y la responsabilidad, son indispensables para la buena gestión y el buen gobierno. Asimis-mo, se reducen las oportunidades de corrupción y promueven la credibili-dad del gobierno.

El presupuesto como parte

de un proceso global

de planeamiento y gobierno

Tal como se ha indicado ante-riormente, la elaboración, aprobación y control del presupuesto público, reconoce desde sus orígenes la necesidad de lograr transparencia en la asignación de los recursos. En este sentido, son claras las diferen-cias con el mundo privado de los negocios y el comercio.

En el sector privado, el presu-puesto primero y el planeamiento después, implican procesos de toma

de decisiones concernientes a la administración, organización, coordi-nación, financiamiento y control de los resultados en términos de costos y beneficios monetarios.

La complejidad de los proble-mas a enfrentar, la disparidad de las funciones de su cargo y la creciente escasez de recursos llevaron al sec-tor público, en sus distintos niveles, a encarar mecanismos de planea-miento con el propósito de ordenar racionalmente las ideas y políticas tendientes a determinar los objetivos nacionales, provinciales o locales, los instrumentos a ser usados en el logro de los mismos y los recursos de todo tipo necesarios para el proceso.

La planificación de los gastos y los recursos del país, o “planifica-ción financiera”, consiste en proyec-tar la situación actual hacia el futuro, y en determinar los escenarios alter-nativos a fin de evaluar la situación e incluirla en la formulación de planes de gobierno local. Este proceso debe enmarcarse en las prioridades de cada gobierno, e incluye el diseño de una estrategia para generar los re-cursos necesarios. Esta estrategia se plasma en los presupuestos anuales y, de existir, en planes ope-rativos de mediano o corto plazo. El objetivo consiste en mejorar la efi-ciencia del gasto e incrementar los recursos.

El proceso de planeamiento presupuestario reconoce como uno de los avances hacia una mayor transparencia la instauración del presupuesto participativo, del cual la ciudad de Porto Alegre en Brasil fue pionera, pero que actualmente exis-ten iniciativas al respecto en varios países de la región.

Con el concepto central de abrir a la participación ciudadana la discusión previa del planeamiento presupuestario, con la finalidad de que el impacto del gasto público coincida con las preferencias, y se revelen en forma explícita las de-mandas de bienes públicos, quizás el principal obstáculo a su aplicación reside en determinar la representati-vidad de quienes participan, y en segundo lugar, crear dentro de la ciudad capacidades y conocimientos básicos para que esta participación tenga el efecto adecuado.

El ciclo del planeamiento pre-supuestario y financiero consta de cuatro etapas: el diagnóstico, el pla-neamiento que incluye la formulación del presupuesto, la ejecución y el seguimiento, control y evaluación del proceso. Si bien en todas ellas debe promoverse la transparencia o sea el acceso a la información, no en todas es posible implementar una partici-pación directa.

En el diagnóstico se trata de aplicar instrumentos de análisis que permitan determinar la situación real de las finanzas locales, puntuali-zando los principales problemas, sus causas y alternativas de solución. Básicamente se realizará un análisis para determinar la situación real en la que se encuentra el país en un punto determinado. El objetivo de esta etapa es prever el impacto que pueden tener los cambios en el con-texto sobre las finanzas municipales, e incorporar previsiones para enfren-tar esos cambios e impulsarlos o neutralizarlos según se los considere positivos o negativos. También se trata de evaluar la situación actual del país en términos de las fortale-zas, oportunidades, dificultades y otros aspectos que pueden afectar o limitar el logro de los objetivos y de la solvencia, eficiencia y sustentabi-lidad del plan presupuestario.

El resultado del diagnóstico será determinar orientaciones y pau-tas de políticas y estrategias para incrementar las fortalezas, aprove-char las oportunidades, superar de-bilidades y neutralizar amenazas. Estas pautas se referirán a temas tales como: tributación, endeuda-miento, inversión pública, aspectos administrativos, priorización de ac-ciones, etc.

La etapa de planeamiento tiene como objetivo final la formula-ción del presupuesto. Pero, tal como se indicó anteriormente, está enmar-cado en el plan general de gobierno. Por las características actuales del concepto de presupuesto, esta etapa va más allá de una mera previsión anticipada de gastos y recursos.

Comienza con la política pre-supuestaria en la que se explicitan las proyecciones de la situación ac-tual planteada en el diagnóstico, se formula un presupuesto con objeti-vos, metas y prioridades. Se diseña una estrategia para obtener los re-cursos, se plantea el flujo de fondos, y finalmente se plasma en el proyec-to de presupuesto. Es deseable que este último se elabore con técnicas que permitan luego el seguimiento.

Hay dos aspectos a destacar en este punto: uno se refiere a la “transparencia hacia adentro” de la propia organización y se relaciona con el modo en que se realizan los requerimientos presupuestarios. Este es un proceso que se repite de año en año y que tiene un camino de doble vía:

• Agregativo: en el cual la infor-mación se mueve desde quie-nes ejecutan las acciones hacia los niveles superiores que elaboran el presupuesto.

• Devolutivo: los niveles supe-riores bajan información y consignas a quienes ejecutan el presupuesto.

El enfoque ideal deberá com-binar ambos aspectos. Para ello debe existir transparencia y exac-titud en la información en ambos sentidos.

La ejecución es un proceso rutinario y habitual que, en general, se adaptará a los usos de cada país, sin perder de vista la necesidad de suprimir pasos o trámites superfluos o redundantes. En general la ejecu-ción presupuestaria ha sido un área a la que se le ha prestado poca atención. Se visualiza como un pro-ceso de preauditoría de las facturas a pagar del gobierno, y de los pro-cedimientos de contratación y pago. Incluso para algunos es meramente administrativo y para otros es un apéndice de la formulación. Sin em-bargo, esta etapa que cubre todo el período del ejercicio fiscal, repre-senta la fase en la que los recursos adquieren por sí mismos una impor-tancia sustantiva, cuyo objeto final es la provisión efectiva de bienes y servicios a la comunidad. Es por lo tanto un punto de inflexión que cons-tituye la etapa de mayor interacción del gobierno con la comunidad a la que representa.

El seguimiento y control tendrá tanto de control de gestión, que res-petará las normativas legales como el de control ciudadano. Para este último deberán preverse adecuados canales de comunicación. Por otra parte debe incluirse el concepto de evaluación que constituye una visión más comprensiva y amplia del tema, y que está directamente ligada con el tema de la transparencia de las cuentas públicas. De alguna forma significa contar con información acerca de cómo funcionaron los mecanismos políticos de asignación de recursos.

Si uno preguntase: ¿qué en-tendemos por “evaluar”? Las res-puestas incluirían aspectos tales como auditorías internas y externas de los movimientos financieros, revi-siones de la implementación de las acciones de gobierno o los distintos programas. Finalmente, también alguien incluiría al desempeño, en-tendiendo por tal, el modo y grado en que se han alcanzado los objeti-vos, y la calidad con que se ha hecho la tarea en relación a paráme-tros objetivos de comparación.

La evaluación puede ser pros-pectiva o retrospectiva. Esta última se refiere a determinar el avance y el impacto de los objetivos y acciones de gobierno, analizando las causas del éxito o del fracaso, y derivado de ello las conclusiones que permitan mejorar el desempeño futuro en términos de prestación de servicios a la comunidad, y de cumplimiento de los objetivos del gobierno.

Si bien la evaluación incluye los flujos de gastos y recursos, o sea el aspecto fiscal, no se limita al mis-mo. La excede durante y después del gasto en sí mismo, complemen-tando la idea de legalidad presu-puestaria con la de responsabilidad del funcionario en cuanto al cumpli-miento de las metas previstas. Estas metas pueden ser explícitamente especificadas en el presupuesto y/o en el plan de gobierno, o haber sido planteadas como plataforma electo-ral o incluidas en la revisión anual del Ejecutivo frente al Legislativo.

Es poco recomendable tratar de juzgar si la acción del país fue adecuada solo en base a la ejecu-ción financiera del presupuesto, y a algunas anécdotas recogidas al pasar. Sin embargo, muchos gobier-nos adoptan este método para auto-evaluarse.

En los últimos años a partir de las demandas por mayor transpa-rencia en la gestión, han comenzado a desarrollarse mecanismos de eva-luación del desempeño mediante los cuales, además de la información acerca de los resultados financieros, se presentan datos relevantes acerca de los servicios que se brindan en términos de calidad, cantidad, eficiencia y resultados obtenidos.

Conclusión: ¿Transparencia

para quién?

Como reflexión final cabe se-ñalar que la transparencia del presu-puesto debe ser un objetivo, tanto hacia adentro del gobierno en los distintos niveles, hacia quienes lo ejecutan, hacia quienes lo aprueban como hacia fuera o sea hacia la co-munidad. Solo de este modo podrá garantizarse que el gobierno pro-mueve la cohesión social, necesaria para la estabilidad democrática y la gobernabilidad.

En lo referente a la transpa-rencia hacia la comunidad hay dos temas: información y participación que son totalmente diferentes. La publicidad de los aspectos fiscales es un principio básico de la demo-cracia. La participación directa en los procesos presupuestarios o en la política tributaria, es un proceso aún en evolución especialmente en Amé-rica Latina. Si bien, en ciertos aspec-tos, tales como la priorización de objetivos o la descentralización de determinados servicios a nivel local, parece ser un camino irreversible. En realidad el objetivo debería ser transformar el presupuesto en un instrumento de comunicación entre el país y los ciudadanos. Esto signi-fica que debe reflejar el esfuerzo y los logros obtenidos por los gober-nantes, en la tarea de transformar prioridades políticas, aprobadas por el cuerpo legislativo, en programas concretos.

El presupuesto debe dejar de ser un documento de carácter finan-ciero, y por lo tanto, debe incluir algunos aspectos comunicaciona-les.7 Esto significa introducir cam-bios en su presentación formal y en los canales y mecanismos institucio-nales empleados para lograr la parti-cipación efectiva de ciudadanos que conozcan y comprendan el conte-nido de las cuentas públicas, así

como los logros o deficiencias que las mismas implican.

Los países de la región avan-zan en el sentido de publicitar sus datos fiscales, los portales de Inter-net que citan en al Anexo I así lo demuestran, queda aún el desafío de lograr que la población en gene-ral, tenga acceso a los mismos. En el interin, deberán arbitrarse otros mecanismos para asegurar que los ciudadanos puedan corroborar que efectivamente las necesidades so-ciales están siendo atendidas. No es tan importante la magnitud de los recursos destinados, ya que los mismos son limitados, sino que exista una institucionalización de la idea que transparencia fiscal y co-hesión social son conceptos indiso-lublemente unidos ◊ ANEXO I

PÁGINAS DE INTERNET DE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA, FINANZAS Y HACIENDA DE LOS PAÍSES DE AMERICA LATINA

Argentina

Ministerio de Economía y Produc-ción: http://www.mecon.gov.ar/

Ministerio de Hacienda:

http://www.hacienda.mendoza. gov.ar/

Belice

Ministerio de Finanzas:

http://www.governmentofbelize. gov.bz/ministry_directory_ step1.php

Bolivia

Ministerio de Hacienda:

http://www.hacienda.gov.bo/

Brasil

Ministerio de Hacienda:

http://www.fazenda.gov.br/

Colombia

Ministerio de Hacienda:

http://www.minhacienda.gov.co/

http://www.minhacienda.gov.co/

portal/page?_pageid=9,620,9_ 1614:9_2986&_dad=portal30&_ schema=PORTAL30

Costa Rica

Ministerio de Economía, Industria y Comercio:

http://www.meic.go.cr/

Ministerio de Hacienda:

https://www.hacienda.go.cr/msib21

Continúa…

…viene

Cuba

Ministerio de Finanzas y Precios:

http://www.mfp.cu/

Chile

Ministerio de Economía:

http://www.economia.cl/aws00/

servlet/aawscolver?1,inicio,,1,0

Ecuador

Ministerio de Economía y Finan-zas: http://mef.gov.ec/portal/

page?_pageid=37,1&_dad=portal &_schema= PORTAL

Honduras

Secretaría de Finanzas:

http://www.sefin.gob.hn/

El Salvador

Ministerio de Economía:

http://www.minec.gob.sv

http://www.minec.gob.sv/default. asp?id=36&mnu=36&ACT=5& content=380

Ministerio de Hacienda:

http://www.mh.gob.sv/portal/page?_pageid=177,1&_dad=portal&_ schema= PORTAL

Guatemala

Ministerio de Economía:

http://www.mineco.gob.gt

Ministerio de Finanzas

http://www.minfin.gob.gt

México

Secretaría de Economía:

http://www.economia.gob.mx/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: http://www.shcp.gob.mx/

Continúa…

…viene

Nicaragua

Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

http://www.hacienda.gob.ni/ hacienda/

Panamá

Ministerio de Economía y Finan-zas: http://www.mef.gob.pa/

Paraguay

Ministerio de Hacienda:

http://www.hacienda.gov.py/

web-hacienda/index.php

Perú

Ministerio de Economía y Finan-zas: http://www.mef.gob.pe/

República Dominicana

Secretaría de Hacienda:

http://www.finanzas.gov.do/

Trinidad y Tobago

Ministerio de Finanzas:

http://www.finance.gov.tt/

Uruguay

Ministerio de Economía y Finan-zas: http://www.bcu.gub.uy/ a10781.html

Venezuela

Ministerio de Finanzas:

http://www.mf.gov.ve/