¿De la política pública a la nueva

gerencia pública? Una dimensión

de la reforma del Estado

Juan A. Huaylupo Alcázar* en Costa Rica

ESTUDIA LAS IMPLICACIONES DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA, NGP, EN LA POLÍTICA PÚBLICA EN GENERAL Y PARTICULARMENTE LA POLÍTICA SOCIAL, ABORDÁNDOLA EN EL MARCO DE LA REFORMA DEL ESTADO COSTARRICENSE.

PALABRAS CLAVES: REFORMA DEL ESTADO / POLÍTICAS PÚBLICAS / COSTA RICA / GERENCIA PÚBLICA

El contexto de la Nueva

Gerencia Pública, NGP

La década del ochenta marca un punto de inflexión en el devenir de las relaciones económicas inter-nacionales, las que han sido pro-ducto de nuevas tendencias en el espacio internacional, así como en las relaciones políticas en el espacio nacional latinoamericano. La interre-

lación dinámica entre sociedad, Es-tado y la intensificación de las interrelaciones internacionales, han tenido profundas repercusiones en las relaciones sociales, en el queha-cer público del Estado y en las rela-ciones entre las sociedades política y sus sociedades civiles. La globaliza-ción contemporánea ha configurado una transición particular entre épo-cas, en donde las nuevas tendencias no logran superar las resistencias, intereses y poderes existentes en las sociedades. Sin embargo, ha inci-dido directamente en el ejercicio de la función pública del Estado y en su práctica institucional.

A fines de la década del ochenta y principios de los noventa, desde los organismos internaciona-les, el propio aparato estatal y las organizaciones empresariales tras-nacionalizadas, justificaban la nece-sidad de una práctica distinta en el quehacer del Estado, para hacer efectiva una mayor expansión y apertura mercantil para el capital global, como en parte ya se plan-teaba desde la Trilateralquehacer del Estado, para hacer efectiva una mayor expansión y apertura mercantil para el capital global, como en parte ya se plan-teaba desde la Trilateralquehacer del Estado, para hacer efectiva una mayor expansión y apertura mercantil para el capital global, como en parte ya se plan-teaba desde la Trilateralquehacer del Estado, para hacer efectiva una mayor expansión y apertura mercantil para el capital global, como en parte ya se plan-teaba desde la Trilateralquehacer del Estado, para hacer efectiva una mayor expansión y apertura mercantil para el capital global, como en parte ya se plan-teaba desde la Trilateral

ente responsable que limitaba la libertad individual de los propietarios, así como culpable de la crisis económica y de la inoperancia para resolver los problemas sociales, lo que era consistente con las expre-siones en la campaña electoral de Ronald Reagan, quien afirmaba: “No tenemos problemas con el Estado, el Estado es el problema” (Hinkelam-mert, 2001a), así como, se le culpa-ba por la ineficacia ante la pobreza, a pesar de los millones de dólares gastados, que derivaron a recortes presupuestarios y eliminación de programas sociales, desde la práctica gubernamental.siones en la campaña electoral de Ronald Reagan, quien afirmaba: “No tenemos problemas con el Estado, el Estado es el problema” (Hinkelam-mert, 2001a), así como, se le culpa-ba por la ineficacia ante la pobreza, a pesar de los millones de dólares gastados, que derivaron a recortes presupuestarios y eliminación de programas sociales, desde la práctica gubernamental.siones en la campaña electoral de Ronald Reagan, quien afirmaba: “No tenemos problemas con el Estado, el Estado es el problema” (Hinkelam-mert, 2001a), así como, se le culpa-ba por la ineficacia ante la pobreza, a pesar de los millones de dólares gastados, que derivaron a recortes presupuestarios y eliminación de programas sociales, desde la práctica gubernamental.

La nueva época anunciada en las relaciones internacionales estuvo acompañada de una destacada pre-sencia ideológica liberal, contraria al Estado, sus instituciones y de la función pública. El modelo que se inauguraba, que aún es prevalecien-te, era el de la libertad para el pro-pietario emprendedor y competitivo, libre de todo condicionamiento social y estatal. La reconstitución ideoló-gica liberal de la década del ochenta, rescata las visiones más simplifica-doras en la comprensión de las rea-lidades, así epistemológicamente el individualismo metodológico, sin noción de totalidad orgánica, sisté-mica u holística, cree que los proce-sos de transformación de la econom-ía, sociedad y Estado, son producto de la adición de voluntades y accio-nes individuales, así como supone que la aplicación de la normatividad neoclásica en la economía o que la libertad y espontaneidad de actua-ción del mercado, conforma una economía y sociedad autoregulada y en crecimiento incesante, lo que

expresamente es la renuncia a la explicación de las realidades nacio-nales y global.

En este contexto surge la Nueva Gerencia Pública,3 NGP, inte-grada al proceso de transformación del Estado, de sus instituciones y de la actuación pública.

“El término ‘políticas de geren-cia pública’ (public manage-ment policy) se corresponde aproximadamente con el término convencional, aunque ambiguo, de ´reforma adminis-trativa`” (Barzelay, 2001).

La adopción de la categoría “gerencia” como sustituto de la polí-tica estatal, no es arbitraria, surge de la alta ponderación que la actividad del gerente, considerado como el artífice del éxito de las organiza-ciones empresariales. De esta ma-nera, su uso como en la NGP, no redefine la noción de gerencia priva-da, de la que toma su nombre y su funcionalidad, lo que es consecuente con la visión individualista de la historia y sociedad y de los plantea-mientos de su prominente teórico e ideólogo, Peter Drucker y sus fieles seguidores.

“La gerencia es una noción que proviene del sector priva-do y que alude a su específica manera de obtener resultados para el mercado. La gerencia pública tiene que ver con la in-troducción en el sector público de las técnicas y métodos del sector privado con el fin de hacer más eficientes y más eficaces las organizaciones públicas.” (Olias, 2001: 3).

La calificación de lo nuevo en la NGP, sólo estaría dada por la aplicación de métodos, instrumentos y prácticas de la actividad empresa-rial privada al quehacer estatal, aun cuando la gerencia es una práctica que corresponde a la designación de la representatividad de propietarios privados, en la administración de sus intereses, propiedades y recursos para la generación de rentabilidad financiera. El traslado mecánico de la gerencia privada a la gerencia pública, tiene una apariencia formal e instrumental, sin embargo, consti-tuye un cambio radical en la trans-formación del Estado.

La NGP ideologiza la gerencia al valorarla como una máquina de hacer dinero, independientemente de las personas que trabajan y de aquellas que compran y consumen lo producido, del medio social donde se produce o realiza la producción, así como, de la competencia exis-tente. Asimismo, la sobrepondera-ción de la gerencia condiciona una valoración universal y estandarizada, en donde los tiempos-espacios de cada sociedad sean apreciados sólo como objetos de las decisiones y acciones de la gerencia. De esta manera, se pierde toda especifici-dad, no sólo histórica y social de la práctica gerencial, sino también se hace indistinguible las diferencias entre las organizaciones, así como entre la acción pública y privada.

Esta visión monocausal de la gerencia niega la complejidad y la multicausalidad de los procesos sociales, así como el papel de la división del trabajo en las organiza-ciones, pero también, al concebirla como la aplicación de una serie de procedimientos, interpreta a la ge-rencia como mediadora de aplicacio-nes técnicas, que pretendidamente le garantizan precisos y específicos resultados. Sin embargo, las deci-siones gerenciales caracterizadas, en determinados momentos, por aplicaciones de técnicas administra-tivas como benchmarks, reingenier-ía, downsizing, rightsizing, empo-werment, outsourcing, etc., no tienen vigencia ni universalidad más allá de las circunstancias y determinaciones sociales que inciden en el uso y re-sultados de las aplicaciones técni-cas. (Coriat, 1982; 1992a; 1992b).

La individualización de la cau-salidad de los resultados, así como la cosificación y la despersonaliza-ción de la NGP, es una visión com-patible con aquellas que imaginan que con sólo aplicar procedimientos técnicos es posible garantizar los resultados en las funciones en cual-quier organización. Esta concepción se ha revelado a la luz de los cono-cimientos científicos contemporáne-os, como falsos, epistemológica, teórica y empíricamente. La eficacia y eficiencia de la función pública y privada no depende de la actuación de un individuo, sea gerente, tirano, monarca.

Lo público en la nueva

gerencia pública

La reforma del Estado ha de-jado de ser objeto de debate y polé-mica en el quehacer estatal y académico, sin embargo, no ha per-dido vigencia ni trascendencia en el quehacer institucional del Estado, para ser silenciosa y sigilosamente aplicada.4 Una de las expresiones de la reforma estatal, es el de asumir que la forma de conducción de las instituciones públicas, será de mane-ra gerencial o la adopción de la NGP, que es su equivalente. Cambio que no es sólo de nombre, de las jefaturas o direcciones de las institu-ciones, sino un cambio en los propó-sitos de la acción estatal. Así, la acción estatal en favor de la satis-facción de las necesidades de la ciudadanía y la población nacional, concebida como política pública es sustituida por la gerencia pública, aun cuando no son equivalentes ni suponen procesos similares, por el contrario es posible afirmar que entre la política pública y la NGP, implican logros contradictorios.

Lo público queda reducido a la decisión, voluntad y acción de la

NGP, que en una lógica pragmática y utilitarista, deberá actuar con una racionalidad que valorice las inver-siones e incremente el patrimonio estatal. La conversión del quehacer estatal en la emulación del privado, es una ilusión liberal que pretende universalizar la sacralización de la rentabilidad privada sobre el bienes-tar social, este argumento es a la vez una justificación para posibilitar la expansión de la riqueza de los pro-pietarios, sin ningún tipo de regula-ción social ni estatal. En esa pers-pectiva, se ubican los intentos por hacer empresarios a los trabajadores y pobres, así el Estado no tendría que mantenerlos; “enseñar a pescar y no darles el pescado”, es una de las consignas, que acompañan la práctica antiestatal y contraria a la política pública del liberalismo con-temporáneo. Sin duda, no es posible imaginar el capitalismo como un mundo de empresarios, porque es irreal e inexistente. El capitalismo crece y se expande por los no pro-pietarios, sin la colectivización del trabajo productivo y sin la apropia-ción del trabajo de los no propieta-rios no existe capitalismo. Asimismo, los denominados micro y pequeños empresarios, no son estrictamente empresarios, porque la lógica de sus “negocios” no es la reproducción ampliada de capitales, sino de re-producción simple, de una modali-dad económica no capitalista, que sirve para la satisfacción de sus necesidades, o dicho de otra manera, sus “ganancias” son formas transfiguradas de salarios, como tampoco su inversión no constituye capital para ellos, sino para quienes le prestan el dinero y para quienes les venden lo necesario para sus actividades.

La intencionalidad economi-cista en la transformación estatal y la NGP, es valorada como muy impor-tante, no sólo porque evita la trasfe-rencia de recursos para la acción social, sino porque proporciona ren-tabilidad a las instituciones públicas, lo cual alimentara de nuevos recur-sos para el crecimiento económico. De esta manera, se asume que todas las relaciones sociales deben estar supeditadas y condicionadas por las relaciones económicas para el crecimiento, lo que es una lógica y una práctica liberal economicista que supera las visiones materialistas más radicales del marxismo tradicional del pasado.

Esta visión pragmática, es la materialización de una visión que aprecia al gasto social como innece-sario, suntuario, proteccionista y generador de ineficiencia, así como, constituye una justificación para liquidar la función social o pública del Estado. De esta manera, el gasto social es convertido en inversión, no por el efecto multiplicador en la eco-nomía o el bienestar, sino porque absorbe excedentes que son lucrati-vos e inmediatos. La subejecución presupuestal o el desfinanciamiento de las actividades de las institucio-nes públicas del Estado, son inferio-res a la captación de ingresos por los servicios públicos esperados, lo que constituye una forma de captación de recursos del Estado para las fina-lidades y prioridades que no necesa-riamente son públicas. Asimismo, el uso productivo estatal y privado del salario de los trabajadores, sea por el salario escolar, el ahorro obligato-rio o los sistemas de pensión com-plementarios, han convertido al sala-rio de los trabajadores en capital en manos de las entidades financieras privadas o estatales, mientras que sus propietarios, los asalariados, no deciden sobre su destino ni tienen asegurado su disponibilidad al mo-mento de pensionarse, por los ries-gos financieros de las inversiones de los bancos.

Con la NGP se desfigura o desaparece la noción de lo público, de aquello que es común a todos, con igualdad de derechos y faculta-des ciudadanas, así como, con ca-pacidad para definir democrática-mente un destino colectivo. Lo público, no es un atributo que emane del Estado, sino de la voluntad, ne-cesidades y aspiraciones orgánicas de la sociedad civil, que el Estado debería ejecutar por la determina-ción dependiente de su sociedad, así como por su representatividad social, en una sociedad integrada e interde-pendiente. La sociedad capitalista ha unificado todas las actividades de la sociedad, así como ha creado las condiciones para la articulación de distintos intereses sociales, pero integrados en un proceso nacional compartido. Esto es, lo público no es una ficción ni una abstracción me-tafísica, es una condición colectiva, no de algún exclusivo actor social, por ello, la existencia del interés general de la sociedad (Bobbio, 1984; Rangeon, 1986), así como el surgimiento de los Estados Bene-factores (Ashforf, 1989). El que se imponga un interés social particular excluyente, en la acción estatal, es la negación de lo público, así como de la representación de la colectivi-dad nacional. La política pública y la legitimidad social, son procesos complementarios, así como la go-bernabilidad y la democracia, mien-tras que la ilegitimidad es la respues-ta social ante la inoperancia o renuncia del Estado de representar los intereses y ejecutar acciones públicas, con lo cual, se transgrede la democracia y se responde social-mente con oposición, desobediencia y conflicto en las relaciones en la sociedad y contra el Estado.

Lo público es la manifestación política de la sociedad civil, que obliga al Estado a su representación, a riesgo de perder legitimidad o de poder de regulación sobre la colecti-vidad nacional. Pero, lo que es común a una heterogénea y desigual colectividad, supone e implica demo-cracia, o la articulación unitaria de intereses diversos, lo que no es la imposición de la mayoría sobre las minorías, sino el respeto a la hetero-geneidad, necesariamente presente e integrado en cualquier proyecto y acción nacional y estatal.

Un Estado al representar a la heterogeneidad de su sociedad, realiza una lectura nacional y actúa unitariamente, no idénticamente, en todos los segmentos de la sociedad, otorgando al Estado un poder que emana de una legítima actuación pública (Bobbio, 1984). La acción protagónica estatal sobre lo público, ha estado dada por ser el único ente que ha representado la heterogenei-dad en el espacio nacional, pero no es inmanente al Estado, ni pertenece al capital, pertenece a la colectivi-dad, a la articulación compleja, fun-cional y contradictoria, de todos los actores sociales. La encarnación del interés general de la sociedad por parte del Estado, tampoco ha sido un proceso espontáneo ni automáti-co, implicó en algunos casos, autén-ticas revoluciones y transformacio-nes democráticas desde la sociedad civil. Así, la constitución de lo público es simultánea a la construcción de la democracia, de los derechos huma-nos y ciudadanos y de la política pública. Esas reivindicaciones fueron conquistas construidas colectiva-mente e impuestas para ser garanti-zadas y respetadas socialmente, no han sido obsequios de caudillos, presidentes ni de gobiernos.

La revolución francesa, la americana y la bolchevique, inaugu-raron lo público, de lo común, de lo igualitario y solidario en la historia moderna del mundo, mientras que la revolución mexicana y la guerra civil costarricense, lo hicieron en el espa-cio latinoamericano. La constitución de lo público en tal sentido, tiene la impronta de la situación y condición de las sociedades, producto de la acción colectiva en la transformación de su destino, así como ha adoptado las formas y peculiaridades propias de su condición histórica. El estable-cimiento de lo público, surgido en las luchas, debates y confrontaciones con lo privado o con la pretensión de imponer lo privado como si fuera público, ha sido una regularidad de gran parte de la historia política de nuestros pueblos, aspiraciones en muchos casos, inacabadas, frustra-das o derrotadas. público, ha sido una regularidad de gran parte de la historia política de nuestros pueblos, aspiraciones en muchos casos, inacabadas, frustra-das o derrotadas. público, ha sido una regularidad de gran parte de la historia política de nuestros pueblos, aspiraciones en muchos casos, inacabadas, frustra-das o derrotadas.

Los procesos históricos que lograron conformar Estados com-prometidos con el desarrollo nacio-nal, eran distintos de aquellos que sólo velaban por los intereses de sectores privilegiados de la socie-dad. La conformación de Estados con una visión de la totalidad nacio-nal, no era sólo el horizonte del ejer-cicio del poder, sino también el es-pacio social de su accionar. En Costa Rica la conformación de ese Estado Nación o Moderno, estuvo acompañado de una guerra civil, 1948, que consolidó las tendencias para incorporar y representar a los distintos sectores sociales, en una orientación que vinculaba el creci-

miento económico con el respeto de los derechos ciudadanos y la am-pliación del bienestar colectivo. En ese proceso, ese Estado había unifi-cado el mercado interno, así como apoyado, mediado y condicionado las relaciones de la sociedad con el poder económico. Bastaron algo más de tres décadas, para que ese Es-tado fuera considerado disfuncional a las nuevas condiciones existentes. La necesidad de expansión del capi-tal mundial impuso pautas directa e indirectamente, a través de entes de apariencia internacional, para la transformación de los Estados, en las relaciones con la sociedad y en su representación e intervención con los distintos actores sociales.5

De esta manera, la reforma del Estado o mejor dicho su trans-formación radical, es la reversión del pasado estatal, de uno moderno a otro atrasado, donde prevalece la representación de los propietarios sobre lo público y con ello la desapa-rición de la política pública, o la pérdida y renuncia estatal a la repre-sentación de la colectividad.6

Los drásticos cambios ocurri-dos en el Estado, violentan y trans-greden la constitución originaria del Estado Social o Benefactor en Costa Rica. La emergencia y participación de los distintos actores sociales del pasado, se diferencian profunda-mente de las prácticas concertado-ras de las altas esferas del poder político, con las cámaras empresa-riales coludidas con el poder eco-nómico de potencias económicas y empresas globales. El Estado Bene-factor en Costa Rica ha sido tomado por asalto y capturado en su repre-sentación para garantizar el interés de propietarios globales (Huaylupo, 1999, 2003; Calvo, 2001; Hinkelam-mert, 2001b). La usurpación de lo público está acompañado de proce-sos de ilegitimidad, pérdida de capa-cidad fiscalizadora y notorias mani-festaciones de corrupción estatal, las que se revelan como formas de me-diación de poderes trasnacionales.

El silencio, el doble discurso gubernamental, la emisión de leyes antipopulares, el abandono de las políticas sociales conquistadas, el ejercicio estatal a favor de las minor-ías empresariales, la trasgresión al orden social, etc., estuvo acompa-ñado del debilitamiento de las for-mas orgánicas de los asalariados y de los partidos políticos que pretend-ían representar los intereses de las mayorías. El cerco contra el Estado Benefactor y su representación so-cial,7 se iniciaba con las regulacio-nes de los órganos de Bretton Wo-ods, las que contaron con aliados en la clase política y empresarial en los medios nacionales.

El nuevo Estado es un ente sin capacidad ni propósito de regular ni orientar el desarrollo de la socie-dad. Las imposiciones liberales han destruido la facultad estatal de su-peditar a los empresarios, los que

son más libres, mientras que los asalariados y desempleados son más subordinados y pobres que en el pasado.

En ese contexto, la prensa costarricense se ha constituido en una fuerza desmovilizadora que aisló a las mayorías, a sus organizaciones y sus demandas, mientras que aglu-tinadora, vocera y socia de las elites empresariales, convertidos hoy en día también en clase política. La unidad política de los sectores privi-legiados de la sociedad contrasta con la atomización de los asalaria-dos y pobres del país.

Los procesos de privatización del bienestar y la apropiación de las funciones del Estado, convirtieron al ente que paliaba la inequidad, en un activo actor generador de desigual-dad y pobreza. La Comisión Econó-mica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999, 2001a, 2001b; Ocampo, 2001), evidencia las suce-sivas décadas perdidas en la degra-dación del bienestar del espacio social latinoamericano, la que es producto del efecto combinado de incrementar las ganancias del capital mundial y particularmente del nor-teamericano, de disminuir las formas de distribución de los excedentes generados social y nacionalmente, así como la agudización de las tasas de explotación, desocupación, dis-minución real de los salarios, au-mento de las formas regresivas de tributación y el paulatino abandono del Estado de sus funciones socia-les. Las tendencias contemporáneas del sistema capitalista agudizan y polarizan las sociedades, en una coyuntura particular de mayor com-petitividad, que demanda la intensifi-cación de la integración de los mer-cados del mundo.

El liberalismo en la reforma del Estado, desconoce la trascendencia de los logros alcanzados por las sociedades en su democracia, cali-dad de vida y bienestar, así como, en el acceso a la educación o en el valor social a la fuerza de trabajo, conquistadas a través de largas luchas populares, las que eran res-petadas y amparadas estatalmente. Ignorar o descalificar los logros al-canzados, es una posición contradic-toria del liberalismo, dado que fueron períodos donde se expandieron y consolidaron extraordinariamente las relaciones capitalistas y mercantiles. Las transformaciones del Estado que privatizan el bienestar, son des-falcos al pasado y provocaciones al presente.

La pobreza es una conse-cuencia de los procesos de exclu-sión del sistema prevaleciente, pero también es una expresión de la ac-tuación estatal. El que América Latina evidencie tener la mayor bre-cha social del planeta (Kliksberg, 1998), es una preocupación que polariza a las sociedades, limita su desarrollo y radicaliza las alternati-vas. Sin embargo, esta interpreta-ción no goza de la aceptación liberal, que asume que la inefectividad esta-tal es un problema de conducción administrativa de las organizaciones públicas, o más particularmente, como un asunto de gerenciamiento de los recursos del Estado.

“… ¿Cómo impulsar progra-mas sociales desde estructu-ras ministeriales, hechas para operar con rigidez, criterios burocráticos y procedimientos fijos, cuando dichos progra-mas exigen ´lo opuesto`, flexi-bilidad, interpretación de la realidad, adaptación a hechos no previsibles?

Por otra parte, a nivel macro supone complejos problemas de coordinación interinstitu-cional al interior del Gobierno, entre Gobierno y comunida-des, entre Gobierno y ONGs, entre ONGs y comunidades.” (Kliksberg, 1997: 92).

La carencia de una visión de totalidad de la realidad social, pre-sente en la concepción de la geren-cia, sólo permite apreciar acciones exitosas a las decisiones y acciones de individuos, los que supuesta-mente alteran la actuación social de las instituciones públicas, haciéndo-las eficaces y eficientes, indepen-dientemente de iniquidad y pobreza, como de la estructura de exclusión existente.

Las acciones individuales y concretas constituyen el punto de inicio y de término de toda práctica gerencial, las que con las tecno-logías administrativas empleadas, supuestamente se garantiza la ob-tención de los resultados esperados. Esta posición es una visión instru-mental, que sólo aprecia la forma y no el contenido, la apariencia y no la esencia del quehacer estatal. Creer que hacer bien las cosas, es seguir los estándares y las aplicaciones, independientemente de las cualida-des históricas y estructurales de la sociedad. Esta posición metafísica imagina que el pasado, cultura, etc., de las sociedades, carecen de capa-cidad condicionadoras sobre el pre-sente, el que puede ser modificado según el poder prevaleciente.

“Sin embargo, en América La-tina se observan serias dificul-tades para trabajar a partir de la especificidad. Todavía pre-dominan como implícitas, las visiones de que este sería un campo semejante a tantos otros, en donde lo que se re-quiere es simplemente mejorar las soluciones gerenciales usando gerencia más actual, copiada o trasladada de otras áreas. Particularmente se cen-tra el énfasis en años recien-tes en esperar ´milagros` del traslado mecánico de modelos gerenciales provenientes del campo privado.” (Kliksberg, 1997: 92).

Los procesos de planificación nacional o las acciones concertadas, en razón de las peculiaridades de las realidades, para la consecución de propósitos públicos vinculados con la calidad de vida, el bienestar y el interés general de los habitantes, son atacados como improcedentes por el liberalismo, por la presencia y poder otorgado al Estado. La NGP forma parte de la continuidad ideoló-gica y tecnocrática del liberalismo antiestatista, pero con un discurso eficientista y con la apariencia de mejoramiento del quehacer estatal en la generación de sus servicios institucionales, pero sin garantizar lo público ni compensando las iniqui-dades generadas por el sistema imperante. Las perspectivas del de-sarrollo futuro y las aspiraciones ciudadanas carecen de significación en el quehacer de la NGP, para estar exclusivamente centradas en el corto plazo, así como referidas ex-clusivamente a la forma como se ejecutan las actividades específicas.

Desde la perspectiva de la ge-rencia en las instituciones sociales del Estado, desaparece la política pública y particularmente la política social, así como la planificación del desarrollo social y nacional, para sólo importar el quehacer individual del gerente en las entidades públi-cas, promoviendo el ejercicio au-tocrático del poder. Desde una concepción pseudo racional y efi-cientista se elimina de “golpe y po-rrazo”, la gestación histórica de los Estados como garantes de los dere-chos humanos, de la reproducción social y de la calidad de vida de los ciudadanos.

El individualismo gerencial, asume que la práctica instrumental tiene una mayor capacidad determi-nadora en la productividad de las instituciones sociales, que los aspec-tos formales del quehacer público. Al respecto Kliksberg, afirma:

“Los procesos organizaciona-les van mucho más allá. En la gerencia moderna se ha demostrado claramente que las organizaciones privadas y públicas que logran la exce-lencia no llegan a ella por medio de minuciosos reor-denamientos formales sino, entre otras cosas, a través de su capacidad para iden-tificar la agenda de decisiones claves, el desarrollo de la red de contactos, la participación del personal, las innovaciones, la flexibilidad, las políticas de imagen eficientes, las relacio-nes con el medio, y el desa-rrollo de aptitudes para lidiar con la complejidad. Cabe des-tacar que incluso se ha lle-gado a demostrar a través de mediciones que los compo-nentes formales representan un porcentaje muy reducido de la productividad final de las organizaciones.

Los problemas de desorden formal existentes en el campo social son un obstáculo y de-berían ser resueltos, pero es imprescindible trascenderlos para lograr una eficacia real.” (Kliksberg, 1999: 436).

Estas prácticas autosuficientes de la gerencia, que superan las con-diciones del contexto, así como con capacidad para transformar esas condiciones, ha promovido, en algu-nos casos, actos y libertades a los jerarcas que derivaron en pérdidas millonarias, al administrar recursos contra la pobreza en actividades ajenas para las cuales estaban des-tinadas. (Merino del Río, 1998 y 1999).

El destacar las determinacio-nes sociales a los fenómenos socia-les no es ningún absurdo ni un mito, sin embargo, no es posible negar que los individuos tengan pensa-mientos, actitudes y prácticas distin-tas a los otros, tampoco es posible afirmar que todos los individuos ten-gan iguales capacidades, pues las influencias de las personas sobre determinados aspectos es también diferencial, como mayor razón en los individuos gerentes sociales, que tienen una autoridad conferida por el poder estatal. Sin embargo, el poder formal de los gerentes o la capaci-dad para decidir, mover recursos y disponer del trabajo de las personas para obtener precisos resultados, como se ha argumentado, no es absoluto, es relativo, según la natu-raleza de los trabajos, de las condi-ciones como se realiza el trabajo y de quienes efectúan las labores, pero también las regulaciones nor-mativas y la cultura de las organiza-ciones son aspectos que inciden en los resultados.

Al respecto, un Seminario In-terregional de las Naciones Unidas, destacaba la importancia de las po-blaciones en las reformas adminis-trativas, así mencionaba:

“Los servicios públicos pueden ser organizados en sectores centrales, locales o de empre-sas públicas, pueden ser cen-tralizados o descentralizados, pero el modo de funcionar ha de depender de la gente em-pleada en ellos. Toda reforma administrativa en gran escala debe tomar plenamente en consideración la capacidad, los valores y la actitud de la gente. El cambiar o modificar la estructura del mecanismo de gobierno, sin considerar estos factores, es más que probable que sea de escasa utilidad ... un cambio de acti-tud de la gente sería un factor indispensable para el éxito de los esfuerzos en ma-teria de reformas administrati-vas, cualesquiera que fuese los problemas prácticos de las reformas.”debe tomar plenamente en consideración la capacidad, los valores y la actitud de la gente. El cambiar o modificar la estructura del mecanismo de gobierno, sin considerar estos factores, es más que probable que sea de escasa utilidad ... un cambio de acti-tud de la gente sería un factor indispensable para el éxito de los esfuerzos en ma-teria de reformas administrati-vas, cualesquiera que fuese los problemas prácticos de las reformas.”debe tomar plenamente en consideración la capacidad, los valores y la actitud de la gente. El cambiar o modificar la estructura del mecanismo de gobierno, sin considerar estos factores, es más que probable que sea de escasa utilidad ... un cambio de acti-tud de la gente sería un factor indispensable para el éxito de los esfuerzos en ma-teria de reformas administrati-vas, cualesquiera que fuese los problemas prácticos de las reformas.”

Sin embargo, en los productos del quehacer del gerente social, las condiciones sociales en dónde y para quiénes se realizan las inter-venciones sociales tienen una deci-siva determinación adicional. De este modo, el poder del gerente social en la organización se relativiza en el medio social de su actuación. En tal sentido, serán las características, necesidades, aspiraciones, etc., de los grupos sociales excluidos y po-bres, los elementos que deberán tomarse en cuenta para movilizar los recursos necesarios para modificar la situación en la que se encuentran, así como serán las peculiaridades sociales de los grupos y su medio, las que determinen la pertinencia o impertinencia de las decisiones y acciones de la gerencia social. Esto es, los grupos sociales excluidos

serán sujetos de la intervención de la gerencia social y de ningún modo objetos. La consistencia y pertinen-cia de lo efectuado por la gerencia, no se define en sí misma, sino en relación dependiente con las pobla-ciones a las que se dirige su acción. Las acciones arbitrarias e impuestas por el poder estatal o gerencial a las poblaciones, sin tomar en cuenta sus peculiaridades, tendrán resultados distintos e inesperados a los pro-puestos, así como gastos inútiles y dispendiosos independientemente de sus montos.

“En particular merece desta-carse el abandono creciente de la ilusión infundada de que el management empresarial privado pueda trasladarse mimética y mecánicamente a las administraciones públi-cas. Esta ilusión sigue desde luego todavía presente en la práctica (no siempre ingenua) de muchas empresas consul-toras y en cabeza de algunos políticos y administradores que siguen impropiamente creyendo que el management es un repertorio de técnicas de gestión perfectamente inter-cambiables entre la empresa y las administraciones públi-cas.”(Prats, 2003: 184).

Considerar que la intervención del Estado puede ser consistente y coherente con la acción individua-lista y desarticulada de los gerentes sociales, es suponer que el ejercicio de la función pública es una labor desarticulada, donde sólo interesa los ingresos que proporciona. En Costa Rica por ejemplo, el Plan Nacional para la Prevención, Elimi-nación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Ado-lescente Trabajadora, no posee la efectiva acción concertadora e inte-gradora de las acciones interinstitu-cionales, para ser solamente el cum-plimiento cuantitativo de actividades desarticuladas, temporal y espacial-mente.los ingresos que proporciona. En Costa Rica por ejemplo, el Plan Nacional para la Prevención, Elimi-nación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Ado-lescente Trabajadora, no posee la efectiva acción concertadora e inte-gradora de las acciones interinstitu-cionales, para ser solamente el cum-plimiento cuantitativo de actividades desarticuladas, temporal y espacial-mente.los ingresos que proporciona. En Costa Rica por ejemplo, el Plan Nacional para la Prevención, Elimi-nación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Ado-lescente Trabajadora, no posee la efectiva acción concertadora e inte-gradora de las acciones interinstitu-cionales, para ser solamente el cum-plimiento cuantitativo de actividades desarticuladas, temporal y espacial-mente.

La magnificación de la geren-cia en las actividades públicas en Costa Rica, ha derivado en convertir el gasto social en inversión y en rentabilidad privada, así por ejemplo, la salud pública es fuente de capta-ción de excedentes para el Estado, al maximizar el uso de los recursos, del trabajo humano y del abarata-miento y degradación de la atención en salud, pero también posibilita el crecimiento extraordinario de los servicios en salud al transferir aten-ciones de los asegurados a empre-sas y clínicas privadas, los que son pagados con recursos públicos (Sojo, 2002). Asimismo, las contri-buciones obligatorias de los trabaja-dores para los fondos de pensiones en las entidades financieras priva-das, sin regulación ni control, pro-porcionan capitales baratos para la inversión, el préstamo o la especula-ción, pero no garantizan pensiones seguras ni dignas a los trabajadores. De modo similar, la estructura tribu-taria regresiva y automática para con los asalariados,9 contrasta con las excepciones tributarias para las em-presas trasnacionales y los permisi-vos controles que posibilitan la elu-sión y evasión tributaria para los empresarios. El incentivo para la ganancia privada es promocionado por el Estado, a partir de los recur-sos públicos, como es el pago a las generadoras privadas de electrici-dad que deben ser comprados obligatoriamente y con sobreprecios por la empresa estatal, o en otros muchos casos, posibilitando el encarecimiento del costo de vida y sacrificando el consumo y bienestar de familias vulnerables, pobres y asalariadas.de familias vulnerables, pobres y asalariadas.de familias vulnerables, pobres y asalariadas.

Esto es, la transformación del Estado en Costa Rica no ha tenido por objeto el mantener, mejorar o ampliar las funciones públicas del Estado, por el contrario ha dismi-nuido y reasignado recursos presu-puestales hacia actividades que promocionan e incentivan las activi-dades empresariales privadas, y en la búsqueda de equilibrios macroe-conómicos. Así, por ejemplo, los procesos de planificación han sido erradicados en la práctica estatal y los presupuestos sólo tienen validez formal, dado que han sido converti-dos en límites para el acceso de recursos necesarios para el cumpli-miento de las labores y para el caso costarricense, constituyen referen-cias cuantitativas que en todos los casos deben ser obligatoriamente subejecutadas, por disposición de las autoridades presupuestarias. De modo similar, algunos impuestos destinados por leyes a financiar ac-ciones de beneficio social, son apro-piados para ser dispuestos según las prioridades y liquidez gubernamen-tal,10 convirtiendo de esta manera a

los presupuestos y captaciones tribu-tarias para paliar la pobreza y sus efectos, en recursos para un liberal manejo gubernamental. En este sentido, está muy lejana la consi-deración de la gerencia pública, como determinadora del buen uso y la calidad de la atención y de los servicios sociales a las poblaciones necesitadas, así como se relativizan las formas de control y supervisión, la rendición de cuentas o el accoun-tability horizontal.

El mayor deterioro social ocu-rrido en los países latinoamericanos no se ha debido exclusivamente al liquidado Estado Benefactor, ni por los procesos burocráticos de las instituciones públicas, las transfor-maciones estatales que vienen ocu-rriendo desde mediados de la déca-da del ochenta, han sido decisivas en la modificación de la función pública, violentando el orden institu-cional y burocrático de cada socie-dad. Las instituciones sociales con las “reformas” han debilitado o han abandonado la capacidad para com-pensar los desequilibrios sociales generados en un sistema excluyen-te, lo que es causa y consecuencia del debilitamiento de la democracia y el incremento de poderes autocráti-cos en la administración guberna-mental costarricense (Huaylupo, 2003b).

El Estado Benefactor, desde su gestación histórica, sólo paliaba la desigualdad existente, no se pro-ponía ni estaba en capacidad de superar la iniquidad generada por el sistema imperante, a riesgo de vio-lentar la sociedad de la cual depend-ía. Esto es la inefectividad para combatir la pobreza, no era ni es por la ineficiencia en la conducción de los procesos administrativos, sino por consideraciones sociales impe-rantes nacional e internacional-mente, y por la transformación radi-cal de la función estatal.lentar la sociedad de la cual depend-ía. Esto es la inefectividad para combatir la pobreza, no era ni es por la ineficiencia en la conducción de los procesos administrativos, sino por consideraciones sociales impe-rantes nacional e internacional-mente, y por la transformación radi-cal de la función estatal.lentar la sociedad de la cual depend-ía. Esto es la inefectividad para combatir la pobreza, no era ni es por la ineficiencia en la conducción de los procesos administrativos, sino por consideraciones sociales impe-rantes nacional e internacional-mente, y por la transformación radi-cal de la función estatal.

Asimismo, debe especificarse que los recursos usados por el Esta-do, las ONG, o los proporcionados por donaciones internacionales, des-tinados a paliar los efectos sociales y humanos de la pobreza, no inciden en las causas que la generan o re-crean, lo que no significa de modo alguno un desperdicio, pues los re-cursos empleados en los pobres son redistributivos hacia el conjunto de la sociedad, y particularmente, hacia los sujetos u organizaciones vincula-dos con su precario consumo. Así por ejemplo, los bonos de vivienda en Costa Rica, tienen una funciona-lidad que trasciende la satisfacción de las necesidades ciudadanas, para ser recursos que van a ser captados por las empresas y propietarios que materializan los bienes y servicios demandados por los pobres a pre-

cios equivalentes a los bonos. Esto es, las necesidades de los pobres hacen que los recursos dirigidos hacia ellos se redistribuyan inme-diata y velozmente, constituyendo de esta manera en un medio para di-namizar las relaciones económicas en el ámbito espacial de la acción pública hacia los pobres. El uso de bonos de vivienda también han con-tribuido con la creación de clientelas políticas electorales de los dos parti-dos mayoritarios, reproduciendo a la clase política nacional11 y creando vínculos de supeditación política.

El dinero destinado a los po-bres para financiar actividades económicas familiares, como las efectuadas por la Organización In-ternacional de Trabajo, OIT, para apoyo económico a desplazados y refugiados, o por el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, para las muje-res jefes de familia, tiene garantizado y supervisado su empleo en materia-les y equipos, mas no existe segui-miento ni sustento viable en los ne-gocios de los pobres, los que en muchos casos terminan “comiéndo-se” las ganancias para terminar sin equipos y endeudados. Esto es, las relaciones de iniquidad y desigual-dad social han creado un círculo perverso que recrea pobreza, que absorbe y desfalca sus recursos, trabajos y calidad de vida. La acción del Estado hacia los pobres es quizás una de las últimas oportuni-dades de supervivencia de los po-bres, así como es una necesidad para dinamizar las relaciones económicas y empresariales en los ámbitos locales. La renuncia a la realización de acciones públicas a favor de los pobres, es una violación de sus de-rechos ciudadanos y la democracia, que incide negativa y directa-mente en la dinamización de las relaciones económicas que pro-muevan el consumo y la producción para las mayorías. El abaratamiento del valor del trabajo a precios “afri-canizados” para producir y vender competitivamente mercancías para el consumo internacional, es un atentado contra el bienestar, la sobe-ranía y el desarrollo nacional, a la vez que es la reconstitución atrasada de un Estado propietario, de una plutocracia.

Los cambios en el Estado su-ponen e implican modificaciones en las relaciones de poder en la socie-dad, que inciden directamente en su orientación y práctica política hacia todos los actores sociales. La impo-sibilidad estatal de regulación de la sociedad es la pérdida de su poder social, producto de convulsiones ocurridas en las desiguales relacio-nes en la sociedad. El poder privado ha ocupado el poder estatal al no tener oposición, resistencia, fuerza contestaria ni propositiva en la so-ciedad por parte de los no propieta-rios y de sus organizaciones. Los proyectos políticos y sociales de las mayorías en América Latina, han sido inviables, corrompidos o derro-tados política, ideológica, orgánica o militarmente. La debilidad política del Estado es la manifestación de la pérdida de autonomía relativa que tenía en el pasado, por ello carece de protagonismo como mediador y regulador de la sociedad. Hoy en día los empresarios, dentro y fuera de los gobiernos y la burocracia de em-presas trasnacionales, son los deci-sores de la acción estatal en la so-ciedad. La sociedad costarricense conservadora, pacifista y democrá-tica se desdibuja ante las radicales, beligerantes y autoritarias manifesta-ciones de los empresarios y el go-bierno, contra los proyectos del bien común, reivindicaciones sociales y laborales (Chomsky, 2001; Sen, 2000).

Los cambios en el Estado su-ponen e implican modificaciones en las relaciones de poder en la socie-dad, que inciden en su orientación y práctica política hacia todos los acto-res sociales. La imposibilidad estatal de regulación social o la pérdida de poder, ha significado el incremento de la injerencia privada en el ejerci-cio estatal.

La reedición del Estado Bene-factor no es posible, porque no es un objeto, fue producto de un largo e inédito proceso histórico. El rescate de lo democrático y de la función social y reproductora de la sociedad, será el resultado de la voluntad de las colectividades, las que condicio-narán un nuevo orden político e in-tervención social, distinta del Estado Benefactor y del Estado liberal contemporáneo. La individualización

en la sociedad global

y la liquidación coyuntural

de lo público

La sobreponderación de lo ge-rencial y la instauración de la NGP en la gestión de las organizacio-nes estatales, reproduce formas de poder de la administración tayloria-na, piramidal y autocrática en el quehacer administrativo, así como desarraiga a las instituciones del Estado de su relación con el cumpli-miento de las funciones públicas. La individualización de la gestión, tam-bién individualiza los resultados de la colectividad laboral, así lo expresan los premios, incentivos, sanciones o despidos a los funcionarios. La eva-luación del desempeño es uno de los medios, a través del cual, se ponde-ran los trabajos individuales, sin consideración de la división del tra-bajo, de los complementos funciona-les en la organización, de las especi-ficidades laborales, ni de las formas de mando y jerarquías existentes. De esta manera, las evaluaciones de desempeño, se convierten en valo-raciones y mediciones efectuadas desde y para el poder, según los criterios unilaterales de un poder autosuficiente (Huaylupo, 1995).

Los supuestos benchmarks de algunos Estados, prácticas públicas o actuaciones gerenciales, no pue-den ser puntos para una acción pública pertinente, por una historia arraigada a la constitución y cotidia-nidad de toda práctica política esta-tal. La imitación de las formas o es-tructuras jurídicas, administrativas y organizacionales, adecuadas a otras realidades, son caricaturas mons-truosas en otros contextos. Por ello Kliksberg afirma:

“… la mayor parte de los pro-blemas que se presentan no estaban en la planificación previa y tampoco estaban dentro de los supuestos más probables. Fueron deviniendo de la realidad, porque la reali-dad implica que de pronto hay recortes en el gasto social, que cambiaron al Ministro, que un grupo local ha armado una coalición de poder para impe-dir que los suministros lleguen por tal lado y trata de que lle-guen por el otro, y así suce-sivamente, y además múltiples variables que derivan de la dinámica con la comunidad con la que se está actuando”. (Kliksberg, 1997: 106).

El reconocer el dinamismo so-cial y las peculiaridades, relativiza los logros gerenciales, sin embargo, el arraigado peso interpretativo indi-vidualista, impide darle una dimen-sión histórica, social y política a la gestión pública, pues se reafirma una interpretación que niega la acción y determinación colectiva a los resultados de la intervención estatal.

“Se debería marchar hacia un tipo de gerencia más sofisti-cada que atienda la imprede-cibilidad y variabilidad que surge de la práctica de la ges-tión social. … Debemos entrenar recursos humanos para ese tipo de tra-bajo, que requiere un perfil ad hoc. Por ejemplo, uno de los rasgos del perfil de un gerente que pueda hacer gerencia adaptativa, es que tiene que haber un cambio muy impor-tante en estructuras mentales básicas…

Se necesita un gerente so-cial con altísima sensibilidad hacia la comunidad, que esté sintonizado con la gente.” (Kliksberg, 1997: 106-107).

Es necesario agregar, a lo afirmado por Kliksberg (1997), que no es posible estar preparado ni entrenado para lo imprevisible y desconocido, como es errado supo-ner el cambio intencionado de las estructuras mentales y de culturas, a los requerimientos futuros de las empresas o del mercado. Esta vi-sión, es continuadora de la interpre-tación de los procesos administrati-vos como actividades técnicas, y la de apreciar el trabajo del gerente como un “arte”, con lo que aleja la posibilidad de concebir a la adminis-tración como ciencia, así como el limitar la explicación de los resulta-dos de la actividad gerencial. Asi-mismo, el destacar la sensibilidad social del gerente y no participación ciudadana de su destino, es una omisión de interpretaciones indivi-dualistas de procesos sociales.

La configuración del gerente efectuando una labor técnica o vo-luntarista, encubre implícitos y propósitos políticos que se encuen-tran presentes en todo proceso que interviene en las relaciones sociales e institucionales, así como se en-cuentra presente en el diseño, apro-bación y ejecución de acciones. Así por ejemplo, Geddes (1994) y Eaton (2001), postulan que la centralidad del poder político marca las diferen-cias en la efectividad para derrotar a los grupos que se oponen a las re-formas en las administraciones públicas, o la posición de Haggard (1995), que muestra que el poder concentrado del órgano ejecutivo del Estado, tiene la capacidad de disci-plinamiento, así como de subordinar a los parlamentos para que aprue-ben los cambios al quehacer de la función pública, o incluso las tácticas de estrategia política que sugiere el Banco Mundial, BM, 1997, para alte-rar las cuotas de poder de quienes adversan las reformas, reconfor-mando grupos para dividir a los opo-sitores, e incluso hacer que aumente la influencia de los grupos que serán favorecidos con las reformas. Esto es, el ejercicio estatal es concebido como una práctica manipuladora y excluyente, luego, contraria al interés general de la sociedad y negación de lo público. El desprecio a la de-mocracia es sólo una muestra que los cambios en el aparato del Esta-do, no son de modo alguno cosméti-cos, tienen una dimensión trascen-dente que altera el devenir de las relaciones internas de los países, así como muestran su dependencia con las condiciones del poder mundial.

Las transformaciones a los Es-tados son una expresión política de la privatización de lo público, por los procesos autocráticos, por ser exclu-sivos los actores y los intereses de los beneficiarios. Con la individuali-zación de la gestión pública, se exi-me al Estado del cumplimiento de las garantías públicas, para ser una responsabilidad ciudadana y le asig-na una función relacionada con el equilibrio fiscal y macroeconómico que generan las relaciones econó-micas. La integración de las socie-dades del mundo o la interdepen-dencia social, son evidencias de lo absurdo de las interpretaciones y prácticas que sólo contemplan las intervenciones de actores individua-les, arbitrarios y excluyentes.

La individualización o la desa-parición de la política pública, a partir de la gerencia pública, responsa-biliza crecientemente a la población del cumplimiento de funciones asig-nadas históricamente al Estado. Así, la seguridad pública ha sido trasla-dada a ser una responsabilidad de cada individuo, quienes deben ga-rantizar su propia integridad física y propiedades, por ello el creciente uso y compra de armas de todo tipo, así como, ha ocasionado la prolifera-ción de negocios privados que cus-todian residencias, barrios, bienes y personas, sobre los que no se tiene registro y menos aún control de sus actividades, lo que es fuente de mayor inseguridad individual y públi-ca. Asimismo, se traslada a los indi-viduos y las comunidades parte de la atención de la salud, la limpieza pública y otras actividades que el Estado desempeña precariamente. De modo similar ocurre con la cación estatal, donde se incrementa las responsabilidades a los padres de familia para el financiamiento para materiales, equipos y manteni-miento de la infraestructura educati-va, así como en la propia educación de los hijos. No es distinta la tenden-cia en el arreglo de calles, donde los conductores y vecinos deberán con-tribuir con dinero y trabajo en la re-paración de las calles para evitar accidentes, etc.

Los conocimientos que son in-herentes a todo ser humano, y que han sido la fuente para el constante y permanente progreso de las cien-cias y de las sociedades, también se están privatizando. Los conocimien-tos del pasado y del presente que son base de nuevas explicaciones y aplicaciones, están siendo apropia-dos y mercantilizados. El patrimonio cognoscitivo de la humanidad se ha convertido en propiedad privada, amparada y protegida por los Esta-dos y por la Organización Mundial del Comercio, OMC. Apropiarse de los saberes de las culturas, de las experiencias, de la imaginación, de las creaciones y los sueños de los científicos y pueblos del mundo, es sin duda, una nueva forma que esclaviza y subordina a los humanos y sus pensamientos a la lógica de la valorización del capital, lo que ten-dencialmente sumirá a la ignorancia y excluirá de sus beneficios a millo-nes de habitantes del mundo, así como, se perderá definitivamente la función educativa pública de difundir y crear nuevos conocimientosfunción educativa pública de difundir y crear nuevos conocimientosfunción educativa pública de difundir y crear nuevos conocimientos

El abandono del Estado de las funciones públicas, puede ser inter-pretado desde la perspectiva liberal, como el estímulo para el surgimiento de nuevas relaciones y redes que sustituyan el cumplimiento de estas funciones, para eliminar el Estado Benefactor y sus efectos fiscales. Sin embargo, lo que ocasiona es el in-cremento de la polaridad social, dado que serán significativamente menores quienes podrán destinar sus ingresos para la subsistencia en actividades de beneficio comunitario. El deterioro urbanístico, educativo, salud pública, seguridad laboral y pública, etc., es una consecuencia de la eliminación de la política pública o social por parte del Estado.

La privatización de lo público, es una consecuencia del ejercicio arbitrario de las facultades y capaci-dades de las sociedades, o mejor dicho, es la usurpación y arrogación del poder de los actores sociales. El poder, como una relación social, en la presente época liberal y privatiza-dora, se ha convertido en un poder absoluto, antidemocrático, susten-tado en formulaciones jurídicas anti-populares o en la fuerza de coacción y de represión de agentes encar-nando intereses exclusivos. Este proceso en Costa Rica, ha compro-metido incluso a las organizaciones que representaron contrapoderes a las empresas y el Estado, es el caso de algunos sindicatos que son con-trolados por las patronales, y de algunos partidos políticos que se han convertido en propiedad de familias y que se han adueñado de la volun-tad de los afiliados, de los patrimo-nios públicos y de la sociedad.

En general, las colectividades y los intereses de la sociedad están ausentes en la gestión gubernamen-tal, lo que contrasta con la afirmación que postula la existencia de la ingo-bernabilidad,13 cuando precisamente en el espacio social costarricense, aun se pondera favorablemente el consenso frente al disenso o el con-flicto en las relaciones entre la so-ciedad civil y el Estado. Las excep-ciones recientes han estado relacionadas con los intentos de privatización o estrangulación del Instituto Costarricense de Electrici-dad, ICE, que es quizás la única institución que aún encarna los in-tereses nacionales y que goza del apoyo de los habitantes costarricen-ses y las luchas de resistencia contra la aprobación del TLC, el que tuvo incluso que ser definido en el primer referéndum aplicado en Costa Rica, por ser cuestionado como un Tra-tado que afectaba el desarrollo y soberanía nacional.

La desaparición paulatina o radical de la función pública, significa el desfalco de los trabajadores, así como la pérdida de representatividad democrática de la ciudadanía por parte del Estado. El fin del Estado Benefactor ha sido el inicio de la liquidación de lo público en la socie-dad moderna, que ha convertido a los procesos de reforma de los Esta-dos en reediciones de Estados atra-sados, que amparan exclusivamente los intereses de los propietarios.

El retroceso en los satisfacto-res y reivindicaciones históricas de las poblaciones es evidente en las transformaciones estatales en Amé-rica Latina, así como es endeble el respeto de los derechos ciudadanos y de la voluntad de los pueblos. Las imposiciones arbitrarias de los Esta-dos están provocando resistencias, relativas subversiones y alternativas en diversos países latinoamericanos. Los pretendidos poderes omnímodos están creando manifestaciones so-ciales que reivindican la historia social, la reconstrucción de lo nacio-nal y lo público, a través de nuevas formas democráticas.

El pensamiento único, no es sólo una ideología, es la represen-tación de una sola clase que se im-pone ante otras, así como es la op-ción tiránica del interés ajeno y ex-traño al nacional, y que se aproxima hacia la construcción de un opresivo poder mundial.

La nueva funcionalidad social del Estado y su práctica adminis-trativa con la NGP, guardan corres-pondencia con las drásticas modifi-caciones en la orientación del Estado en favor de la promoción, incentivo, protección y representa-ción de los sectores empresariales en el país, lo que es muy distinto de lo que se sugiere y que incluso puede estar haciéndose en Europa (Subirats, Brugué y Gomà, 2002) y otros países del mundo.

Regulación y gobernanza

¿Sin Estado?

Las tendencias contemporá-neas que han relativizado la presen-cia y acción del Estado, no sólo ha sido inspiración para la búsqueda de nuevas alternativas desde la socie-dad que rescate lo público y la polí-tica pública. Así, se toman experien-cias sociales donde se destaca el esfuerzo de comunidades para suplir el abandono estatal y las oportuni-dades del sistema. Los casos de Villa El Salvador en el Perú, los pre-supuestos participativos en Porto Alegre, las Ferias de Agricultores (Kliksberg, 2003), en Venezuela y Costa Rica y las contribuciones públicas del cooperativismo costarri-cense, son algunas de las manifes-taciones donde se aprecia la contri-bución social y cultural de las pobla-ciones para construir o reconstruir lo público abandonado por los Estados.

En este sentido, a nivel inter-pretativo se rescatan o se redefinen categorías para comprender los nue-vos procesos sociales, de esta ma-nera se recrea el capital social, la regulación y la gobernanza, o desde una perspectiva distinta que podría ser complementaria, se asume que es el resurgimiento de lo público o la expresión de la socialidad y voluntad en un espacio y destino compartido, como en parte se ha sustentado en el presente trabajo.

El rescate de categorías de regulación y gobernanza que esta-ban asociadas con la práctica estatal en el pasado, surgían como contra-rias a las ideas neoclásicas de la economía, que asumían el automa-tismo natural de las relaciones económicas y sociales de las pobla-ciones. En este sentido, la regula-ción sustentaba la presencia y ac-tuación de actores y factores extraeconómicos que incidían en la producción y reproducción de la economía, elementos donde estaba el Estado, así como la cultura e his-toria de los pueblos que contribuían a la viabilidad o inviabilidad de los procesos económicos (Polanyi, 2003; Fajnzylber, 1983).

En la coyuntura liberal, la re-gulación parte del reconocimiento de la existencia de patrones culturales, sectoriales, laborales, municipales, etc., que regulan el comportamiento social, sin tener la mediación de la intervención estatal, lo cual es la asunción que los grupos y organiza-ciones se regulan a sí mismos, así como en su relación con otros gru-pos, con lo que se niega la necesi-dad de intervención del Estado en la regulación de la sociedad, ni es re-querido para la representación de la totalidad de la sociedad (Prado, 2004; Vidal y Prat, 2005).

La posibilidad de autoregula-ción social sin intervención de pode-res ajenos a la relación entre actores y organizaciones, no son las condi-ciones imperantes en la contem-poránea realidad latinoamericana, pues asume que los grupos u orga-nizaciones no requiere de un contex-to social, político, etc., que viabilice su existencia y funcionamiento, lo que es irreal en una sociedad cada vez más interdependiente. Esa posi-ción sostenida en momentos que se ha perdido democracia, incrementa-do las desigualdades materiales y políticas, disminuido, denigrado o eliminado las formas organizativas contestarias, etc., constituye una validación de los procesos que aten-tan contra la democracia, el desarro-llo y bienestar de las sociedades. Creer que el Estado ha dejado de tener importancia en el devenir de las sociedades, sin haberse creado formas que regulen los intereses posesivos de los propietarios, es confirmar la existencia formal de un Estado que sólo formaliza o facilita las desiguales relaciones de poder entre actores sociales.

La gobernance, una categoría usada en el siglo XIV y retomada a fines de la década del setenta, la que está referida a la forma de go-bernar o de condicionar el compor-tamiento colectivo y en esa medida, asociada en el pasado y en el pre-sente, con la consideración teórica y valorativa sobre la regulación (Vidal y Prats, 2005).

El desencanto de las formas de poder estatal, de la política pública y de las visiones que han denigrado su actuación, sin duda son motivaciones que contribuyen a imaginar formas democráticas que eliminen las contradicciones entre el Estado y la sociedad. Así, la gober-nanza se aleja del gobierno, como expresión coyuntural de Estado, para suponer que la complejidad de las relaciones sociales y sus deter-minaciones, permiten explicar el devenir de las colectividades como un conjunto de redes interdepen-dientes que se condicionan y regulan sin la presencia ni condicionamiento gubernamental. La existencia de organizaciones que se gobiernen sin gobierno (Prado, 2004), o la de transformar las relaciones sociales y poderes sin tomar el poder (Holloway, 2005), sin duda requiere de la transformación de las organi-zaciones privadas que se apropian del bienestar social, como también de un contexto internacional de-mocrático que lo posibilite.

La conformación de un espa-cio local de autogobierno, en un contexto que atenta con la democra-cia y soberanía de las organizacio-nes y sociedades, es una utopía en el presente, como lo podría ser el surgimiento de un nuevo pacto social sin Estado y sin dominación mundial.

Si bien es posible apreciar que no todas las relaciones se encuen-tran condicionadas por el Estado, ni son de interés del capital transnacio-nal, lo que permite valorar que el dinamismo social trasciende el poder político estatal y a su vez, el económico privado, pero ello supone la negación de lo nacional, que no es una ficción metafísica. Lo nacional es una realidad, no fijada por límites espaciales, sino por la conformación de una cultura y una historia común que condiciona el presente y el futu-ro. No es posible desarraigar ni el pasado ni el presente en el devenir, ni tampoco los espacios sociales, así también no podemos suponer, idén-ticas o similares capacidades y po-tencialidades a las poblaciones, para garantizarse los medios para su bienestar.

Bibliografía

Ashford, D. (1989). La aparición de los Estados de Bienestar. Ma-drid. Colección Historia Social. Ministerio de Trabajo y Segu-ridad Social.

Banco Mundial. (1997). Informe sobre el Desarrollo Mundial. Washington. Barzelay, M. (2001) “La nueva ge-rencia pública. Un ensayo bibliográfico para estudiosos latinoamericanos (y otros)” Revista del CLAD Reforma y Democracia. N° 19. Caracas. Consejo Latinoamericano de Administración para el Desa-rrollo.

Bobbio, N. (1984). “El poder y el derecho”. Bobbio, N. y Bovero, M: Orígenes y fundamentos del poder político. México. Edi-torial Grijalbo.

Calvo, A. (2001). “Privatizaciones y captura del Estado” Buenos Aires. VI Congreso Internacio-nal del CLAD sobre la Refor-ma del Estado y de la Admi-nistración Pública. http://www. clad.org.ve

CEPAL (2001a). Panorama Social 2000-2001. Chile. Comisión Económica para América La-tina y el Caribe. Naciones Unidas.

_______ (2001b). Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe: 1999-2001. Chile. Comisión Económica para América La-tina y el Caribe. Naciones Unidas.

_______ (1999). El desafío de las nuevas negociaciones comer-ciales multilaterales para Amé-rica Latina y el Caribe. Chile. Serie Temas de Coyuntura Nº 7. División de Comercio In-ternacional y Financiamiento para el Desarrollo. Naciones Unidas.

Chomsky, N. (2001). El bien común. Entrevistas realizadas por David Barsamian. México. Si-glo XXI editores.

COREC (1990). Reforma del Estado en Costa Rica. Comisión de Reforma del Estado. Costa Rica. Edicosta.

Coriat, B. (1982). El Taller y el Cronómetro. México. Siglo Veintiuno Editores.

________ (1992a). El Taller y el Robot. México. Siglo Veintiuno Editores.

________ (1992b). Pensar al revés. México. Siglo Veintiuno Editores.

Eaton, K. (2001). “Legislators and Bureaucrats in Argentina: Ad-ministrative Reforma in the 1990s”. San Francisco. Pre-sented at the Conference of the American Political Science Association.

Fajnzylber, Fernando (1983). La industrialización trunca de América Latina. México. Edito-rial Nueva Imagen y Centro de Economía Trasnacional.

Geddes, B. (1994). Politician´s Di-lemma. Building State Ca-pacity en Latin American. Es-tados Unidos. University of California Press.

Haggard, S. (1995). “The Reform of the Sate in Latin America” Es-tados Unidos. Paper prepared for the Annual Bank Confe-rence on Development in Latin America and the Caribbean.

Hinkelammert, F. (2001a). “¿Capita-lismo sin alternativa? Sobre la sociedad que sostiene y que no alternativa para ella.” El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la globalización. Chile. LOM ediciones. Colec-ción Escafandra

______________ (2001b). “El huracán de la globalización” El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la globalización. Chile. LOM ediciones. Colec-ción Escafandra.

Holloway, J. (2005). Cambiar el mundo sin tomar el poder. México. Colección Herra-mienta y Universidad Autóno-ma de Puebla.

Huaylupo, J. (1995). "La evaluación del desempeño ¿un enfoque individual del trabajo colectivo o una visión individualista del trabajo social?". Revista Fisca-lización y Gestión Pública. Vol. 2 Nº 2. Costa Rica. Contralor-ía General de la República y Universidad de Costa Rica.

___________ (1999). “La política pública en un contexto de pri-vatización de la política social del Estado.” Revista Mexi-cana de Sociología. N° 4-99. México. Instituto de Investiga-ciones Sociales. Universidad Nacional. Autónoma de México (UNAM).

___________ (2002). “Evaluación de la Ejecución: Plan Nacional para la Prevención, Elimina-ción Progresiva del Trabajo In-fantil y la Protección de la Per-sona Adolescente Traba-jadora.” Costa Rica. Instituto Centroamericano de Adminis-tración Pública, ICAP.

___________ (2003a). “Las organi-zaciones y las ciudades en tiempos de la privatización del bienestar”. Revista Reflexio-nes. Segunda Época Nº 80-2. Costa Rica. Facultad de Cien-cias Sociales. Universidad de Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

___________ (2003b). La burocra-cia, la autocracia y la demo-cracia. Costa Rica. Universi-dad de Costa Rica.

Isuani, E.; Lo, R. y Tenti, E. (1991). El Estado Benefactor. Un pa-radigma en crisis. Buenos Aires. Miño y Dávila Editores.

Jessop, B. (1999). Crisis del Estado de Bienestar. Colombia. Facul-tad de Derecho y Ciencias Políticas y Facultad de Cien-cias Económicas. Universidad Nacional de Colombia. Kliksberg, B. (1993). ¿Cómo trans-formar el Estado? Más allá de mitos y dogmas. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1993. p. 66.

___________ (1997). “Gerencia social: Dilemas gerenciales y experiencias innovativas.” Po-breza. Un tema impostergable. México. Editorial Fondo de Cultura Económica y Pro-grama de Naciones Unidas para el Desarrollo.

____________ (1998). Repensando el Estado para el Desarrollo Social: Más allá de Dogmas y Convencionalismos. Costa Rica. Lección Inaugural. Pri-mer ciclo Lectivo 1998. Rec-toría. Universidad de Costa Rica.

____________ (1999). “¿Cómo mo-dernizar el Estado y formar los gerentes sociales necesarios? Algunas sugerencias para la acción.” Losada i Marrodán, C. ¿De burócratas a gerentes? Las ciencias de la gestión aplicadas a la administración del Estado. Washington. Banco Interamericano de De-sarrollo. 1999. p. 436.

_____________ (2003). “Capital social y cultura. Claves olvida-das del desarrollo.” Hacia una Economía con Rostro Huma-no. Paraguay. Desarrollo. Ins-tituto de Capacitación y Estudios.

Merino del Río, J. (1998). El desastre de FODESAF: Una operación ilegal para lucrar con el dinero de los más pobres. Costa Rica. Asamblea Legislativa. Editorial Juricentro.

Merino del Río, J. (1999). El fraude con los CAT: Un asalto multi-millonario a los dineros del Es-tado. Costa Rica. Propuesta de informe de la Comisión Es-pecial que investiga los CAT. Asamblea Legislativa. Editorial Juricentro.

Mishra, R. (1992). El Estado de Bienestar en Crisis. Madrid. Ministerio de Trabajo y Segu-ridad Social.

Olías de Lima, B. (2001). “La evolu-ción de la gestión pública: la Nueva Gestión Pública” Olías de Lima, B. (Coord.): La Nueva Gestión Pública. Ma-drid. Editorial Prentice Hall.

Ocampo, J. “Equidad y solidaridad: objetivos esquivos del desa-rrollo latinoamericano.” Dis-curso en reunión anual del Club de Roma. Valdivia, 12 de noviembre del 2001.

Polanyi, Karl (2003). La Gran Trans-formación. México. Fondo de Cultura Económica.

Prado, M. (2004). De la administra-ción pública a la gobernanza. México. Colegio de México.

Prats, J. (1996). “Derecho y mana-gement en las administracio-nes públicas.” En: Lecturas de Gestión Pública. Madrid. Insti-tuto Nacional de Administra-ción Pública. Boletín Oficial del Estado.

Rangeon, F. (1986). L`idéologie de Lìnteret Général. Paris. Ed. Économica.

Rico, C. (1978). “`Interdependencia´ y trilateralismo: Orígenes de la Estrategia” Cuadernos Se-mestrales. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana. México. Nº 2-3. Centro de Investigación y Docencia Económica.

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. México. Editorial Planeta.

Sojo, A. (2002). Reformas de gestión en salud en América Latina: los cuasimercados de Colom-bia, Argentina, Chile y Costa Rica. Chile. Políticas Sociales Nº 39. División de Desarrollo Social. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Naciones Unidas.

Subirats, J.; Brugué, Q. y Gomà R. (2002). “Las políticas contra la exclusión social como palanca de transformación del Estado”. Portugal. Instituto de gobierno y Políticas Públicas de la Uni-versidad Autónoma de Barce-lona. Ponencia presentada en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administra-ción Pública.

Tomassini, L. (1994). La reforma del Estado y las Políticas Públi-cas. Chile. Centro de Análisis de Políticas Públicas. Univer-sidad de Chile.

Vidal, J. y Prats, J. (2005). Gober-nanza. Diálogo euro-iberoa-mericano. Madrid. Ministerio de Administraciones Pú-blicas ◊