ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (70): 291-301, junio 2016
Llama la atención, la antigüe-
dad de la Ley de Servicio Civil gua-
temalteco, no ha variado ni se haac-
tualizado desde 1968; asimismo, su
reglamento no se ha actualizado
desde 1998 mientras que la Ley de
Servicio Civil salvadoreña tiene ac-
tualización en el 2011.
El documento PE de Guate-
mala cita “la estructura organizacio-
nal de la Oficina Nacional de Servi-
cio Civil, ONSEC, no ha sido
actualizada desde hace dieciséis
años y no es acorde a la importancia
de las funciones que realiza como
ente rector de la gestión de los re-
cursos humanos de la administración
pública” (PE, 2012:13).
Asimismo, el GPE de El Sal-
vador, explica que en el “marco insti-
tucional de la Ley de Servicio, no se
acompaña de una política salarial,
procesos de selección y ascensos
del personal sin base en el mérito,
existe capacitación sin parámetros y
desligada a resultados y no existe
una carrera administrativa” (GPE,
2014:5).
Esto da lugar para analizar en
un primer nivel en ambos países,
que desde que se gesta la concep-
ción de Servicio Civil en la Adminis-
tración pública, el marco regulatorio
del Servicio Civil, es débil por ende
es inoperante en el momento que se
requiere focalizarlo y enfocarlo en la
GpR.
En su mayoría, las institucio-
nes públicas en Guatemala se han
planificado y ejecutan sus activida-
des desde la luz de la administración
pública tradicional, herencia del cen-
tralismo y patrimonialismo que ca-
racterizó la formación de la adminis-
tración pública desde el período post
colonial. Así nacieron y así se han
mantenido en el transcurso de los
años. Esto ha generado la pérdida
de eficiencia y efectividad en su ac-
cionar y ha dificultado el acceso a
los ciudadanos hacia los servicios
que estas instituciones brindan.
La Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, en sus Orientaciones
Estratégicas de Política 2014-2016,
hace ver que el compromiso de la
actual administración de gobierno es
una GpR, como “un enfoque de la
administración pública que orienta
sus esfuerzos en dirigir todos los
recursos humanos, financieros y
tecnológicos, sean estos internos y
externos, hacia la consecución de
resultados de desarrollo, incorporan-
do un uso articulado de políticas,
estrategias, y procesos para mejorar
la toma de decisiones, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas.
El modelo vincula la planifica-
ción, el presupuesto y la gestión
pública a través de la fijación de
resultados, productos estratégicos
con sus respectivas metas y una
cadena de indicadores que permitan
el seguimiento y la toma de decisio-
nes” (SEGEPLAN, 2013, p. 2011).
Este modelo impulsado en Guatema-
la desde la década del dos mil, ha
sido institucionalizado en todas las
organizaciones de la administración
pública para la planificación y entre-
ga de productos o resultados.