Resumen

De cara a la complejidad del contexto y los retos globales, la integración regional y el derecho comunitario tienen un papel protagónico para hacer frente a todos estos retos compartidos. En un nuevo contexto global de multipolaridad en el cual la geopolítica de bloques es tendencia generalizada y donde los regionalismos tienen un peso cada vez más fuerte en el desarrollo de la política internacional, Centroamérica no puede dejar de mirar hacia dentro para pensar con seriedad sobre su proceso de integración. En este artículo se hace énfasis en la trascendencia que cobra el tema de la integración regional en medio de un mundo de profundas incertidumbres, inestabilidad y crisis ambiental. Se plantea su importancia, se hace un breve recuento de la realidad internacional actual donde se detallan algunas de particularidades que lo caracterizan y que afectan a todas las naciones, para avanzar luego con un análisis sobre el derecho comunitario en el marco del proceso de integración centroamericano con el fin de defender su rol en el mismo, para culminar demostrando la relevancia de éste para el sistema de integración centroamericana.

Palabras claves

Derecho internacional, Integración económica, Protocolo de Tegucigalpa, Centroamérica

Abstract

Faced with the complexity of the context and global challenges, regional integration and community law have a leading role in addressing all these shared challenges. In a new global context of multipolarity in which the geopolitics of blocks is a general trend and where regionalisms have an increasingly strong weight in the development of international politics, Central America cannot stop looking inward to think seriously about its integration process. This article emphasizes the importance of the issue of regional integration in the midst of a world of deep uncertainty, instability and environmental crisis. Its importance is raised, a brief account of the current international reality is made where some of the particularities that characterize it and that affect all nations are detailed, to then move forward with an analysis of community law within the framework of the Central American integration process. in order to defend its role in it, to culminate by demonstrating its relevance to the Central American integration system.

Key words

International law, Economic integration, Tegucigalpa Protocol, Central America

Recibido: 02 de mayo de 2023

Aceptado: 25 de mayo de2023

DOI: 10.35485/rcap84_2

1. Introducción

Centroamérica cuenta con un proceso de integración de larga data, que para efectos de este artículo se remonta desde el siglo XIX, con los primeros pasos de vida independiente, momento histórico en el cual surgieron también las ideas de unión y consolidación de unidades políticas integradas mirando en una dirección compartida para pensar el futuro de la región. Es así, como en su génesis, nuestro proceso nace bajo los ideales de unión y con el devenir de los años, nos encontramos en una bifurcación entre la integración y la regionalidad.

El itsmo centroamericano siempre ha estado a la vista del mundo entero por su riqueza natural, cultural y sobre todo, por estar ubicada en un espacio geográfico de gran importancia estratégica para aquellas naciones que en los últimos siglos han liderado el sistema internacional, el cual hoy en día carece de una capacidad de articulación, producto de la globalización y las dinámicas de desglobalización que se han acentuado posterior a la experiencia generada por la pandemia de la Covid-19.

Un contexto que refleja una asombrosa responsabilidad por un futuro compartido de la humanidad, que marca un rasgo característico de dicho proceso; parte de los objetivos fundamentales han sido el fortalecimiento de la cooperación en temas como política, seguridad, democracia, derechos humanos, salud, economía y medio ambiente.

La región ha devenido en una vorágine de gran intensidad buscando su identidad propia, probando modelos, ideologías y formas de gobierno que permitan alcanzar nuevas condiciones de vida digna y progreso para todas las personas. Casi que, a un estilo de prueba y error, se construye historia, ilusiones y luchas por una Centroamérica próspera, unida, democrática e independiente. Empero, la realidad histórica y política también señala los grandes avances y retrocesos que en el tema de la integración se tiene; en ocasiones se han presentado avances importantes, mientras que, en otros momentos, cuando el péndulo de la historia se vuelve a mover en dirección opuesta, estas iniciativas vuelven a estancarse, bajan su intensidad e incidencia, o simplemente, quedan en el baúl de los recuerdos.

No obstante, los obstáculos que ha enfrentado dicho proceso han sido difíciles de solventar, en especial por la inestabilidad política, social y económica que arrastra nuestra región. Hoy, en pleno siglo XXI y con un mundo en proceso de transformación profunda, es necesario volver la mirada hacia los procesos de integración porque han pasado a perfilarse como el futuro; la época de que cada país se piense de forma individual y crea que puede hacer frente a los desafíos globales de manera aislada, está mirando al pasado.

Nos enfrentamos a una fase en la historia del planeta, que en múltiples aspectos ha llegado a borrar la distinción entre historia humana e historia natural. El ser humano ha pasado a ser una fuerza geológica más que tiene la capacidad no solo de influir en el clima y las formas de vida no humanas, sino también en las características geofísicas de la tierra y su composición, ocasionando graves daños, muchos de ellos irreversibles, a la única casa común de toda la humanidad. Hemos entrado desde hace un buen tiempo a lo que muchos expertos y científicos llaman el antropoceno (Chakrabarty, 2021).

De cara a estas complejas realidades es que la integración regional y el derecho comunitario pasan a jugar un papel protagónico en la lista de posibilidades y herramientas para hacer frente a todos estos retos compartidos. En un nuevo contexto global de multipolaridad en el cual la geopolítica de bloques es tendencia generalizada y donde los regionalismos tienen un peso cada vez más fuerte en el desarrollo de la política internacional, Centroamérica no puede dejar de mirar hacia dentro para pensar con seriedad sobre su proceso de integración.

Volver a construir un camino común, un nuevo sentido común es reinventarnos como países y visiualizar con mirada prospectiva hacia el futuro. Parte de las preguntas a las cuales se les debe dar respuesta como bloque tienen que ver con los temas ya mencionados con anterioridad: ¿qué respuesta conjunta se va a dar al cambio climático? ¿cómo trabajar por el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de los Estados miembro? ¿De qué manera pensar un futuro sostenible, inclusivo y solidario para la región? ¿Cuál puede ser el rol que juegue el sistema de integración centroamericano frente al nuevo liderazgo internacional de Asia en el mundo? Estas son solamente algunas de las interrogantes que no pueden pensarse de forma individual sino colectiva.

Es por ello que en este artículo se hace énfasis en la trascendencia que cobra el tema de la integración regional en medio de un mundo de profundas incertidumbres, inestabilidad y crisis ambiental. Se plantea su importancia, se hace un breve recuento de la realidad internacional actual donde se detallan algunas de particularidades que lo caracterizan y que afectan a todas las naciones, para avanzar luego con un análisis sobre el derecho comunitario en el marco del proceso de integración centroamericano con el fin de defender su rol en el mismo, para culminar demostrando la relevancia de éste para el sistema de integración centroamericana.

2. Sobre la importancia de la integración regional

Construir un camino diferente, de forma soberana en el marco de la cooperación entre países y la búsqueda de un modelo de desarrollo propio, tomando como referencia las peculiaridades de cada pueblo, es el imperativo de la nueva era multipolar de las relaciones internacionales. La integración es un concepto que vuelve a cobrar una relevancia fundamental en la sociedad actual, especialmente en un mundo cada vez más plural y diverso. La integración se refiere a la inclusión de países y personas de diferentes orígenes, culturas y perspectivas en una comunidad o sociedad. La importancia de la integración radica en su capacidad para fomentar la igualdad, la diversidad y la cohesión social.

En primer lugar, la integración es importante porque promueve la igualdad y la equidad. Cuando las personas o países son integrados en una comunidad, se les da la oportunidad de participar plenamente en la sociedad y de tener acceso a los mismos derechos y oportunidades que los demás. Esto es especialmente importante para las personas que pertenecen a grupos marginados o discriminados, y en el caso de los países, aquellos quienes históricamente han sufrido procesos de exclusión dentro del sistema internacional y siguen aún en vías de desarrollo buscando su propio camino.

La integración les permite superar las barreras que les impiden participar plenamente en la sociedad internacional y les da la oportunidad de contribuir al bien común de su región y su población.

En segundo lugar, la integración es importante porque fomenta la diversidad. Cuando las personas de diferentes orígenes y culturas se integran en una comunidad, se crea un ambiente enriquecedor y diverso.

La diversidad es importante porque nos permite aprender de las experiencias y perspectivas de los demás, y nos ayuda a desarrollar una comprensión más profunda y respetuosa de las diferencias culturales. Además, la diversidad fomenta la creatividad y la innovación, ya que las personas de diferentes orígenes pueden aportar ideas y soluciones únicas a los problemas que enfrenta la sociedad. En el caso centroamericano, tenemos múltiples raíces comunes que nos permiten visualizarnos como una familia con una visión común con un destino compartido por construir.

Para la región centroamericana, un sistema de integración robusto y sólido da pie para construir una mejor gobernanza regional, colabora con el fortalecimiento de los vínculos e intercambios comerciales entre los países del istmo, facilita el desarrollo conjunto de políticas para enfrentar problemas comunes como el cambio climático, la inseguridad, el crimen organizado y otras problemáticas de carácter social que afectan desde hace años a la región (Valdez, 2008). También es un proceso clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho, mejorar la competitividad, así como para acelerar la implementación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas.

Adicionalmente y no menos importante, la integración promueve la cohesión socio-regional. Cuando los países se integran en una comunidad, se crea un sentido de pertenencia y solidaridad que fortalece los lazos regionales. Esto es especialmente pertinente en una sociedad cada vez más fragmentada y polarizada, donde las diferencias culturales y políticas pueden generar divisiones y conflictos. La integración nos permite superar estas divisiones y trabajar juntos por el bien común. Es un concepto fundamental en la sociedad internacional de nuestros días, su vigencia radica en su capacidad para fomentar la igualdad, la diversidad y la cohesión.

3. Un mundo en la encrucijada

La construcción de una sociedad centroamericana abierta, integrada y con una visión compartida de futuro requiere tomar en consideración algunos temas clave que son necesarios a la hora de pensar y actualizar el proceso de integración. Uno de esos temas es el contexto internacional.

El mundo atraviesa una etapa de turbulencias geopolíticas, ambientales y económicas que están transformando la realidad a una velocidad nunca antes vista: “2023 es el año que pondrá a prueba los límites individuales y colectivos: inflación, seguridad alimentaria, crisis energética, más presiones en la cadena de suministro y en la competición geopolítica global, la descomposición de los sistemas de seguridad y gobernanza internacional, y la capacidad colectiva para responder a todo ello” (Colomina, 2023).

La fuerza de los cambios está generando escenarios de incertidumbre en todas partes y Centroamérica no es la excepción. Para emprender un rumbo propio como región, es preciso comprender primero el gran contexto mundial en el cual navegan nuestros países. Se puede enunciar rápidamente algunas de esas tendencias globales que están redireccionando el rumbo del planeta. Entre las más importantes tenemos (Ramírez, 2022):

Estas grandes tendencias tienen sus repercusiones directas o indirectas en el proceso de integración regional, lo cual obliga al sistema a reforzar sus mecanismos de unión, así como el del derecho comunitario para poder hacer frente a los nuevos escenarios presentados por esas nuevas realidades. La comprensión sistémica del mundo es vital para construir una integración ágil, solidaria y con visión de futuro.

Cabe hacer especial énfasis sobre la emergencia climática actual que enfrenta la humanidad, ya que el Foro Económico Mundial, en su informe anual de riesgos plantea abiertamente que la biodiversidad dentro y entre los ecosistemas ya está disminuyendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia humana.

Las intervenciones humanas han tenido un impacto negativo en un ecosistema natural global complejo y delicadamente equilibrado, desencadenando una cadena de reacciones. Durante los próximos 10 años, la interacción entre la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el consumo de recursos naturales, el cambio climático y los factores socioeconómicos generarán una mezcla peligrosa. Dado que se estima que más de la mitad de la producción económica mundial depende de la naturaleza de moderada a alta, el colapso de los ecosistemas tendrá consecuencias económicas y sociales de gran alcance (WEF, 2023). Los impactos en la región centroamericana exigen de soluciones conjuntas y no individuales, de que los países se piensen como un solo espacio común.

Todos estos desafíos exigen pensar de forma planetaria, no solo global y mucho menos individual: lo planetario es distinto a lo global. Lo global, relativo a la globalización, existe para solucionar problemas bilaterales o multilaterales de los 193 estados miembros de la ONU. Pero hasta ahora esos temas que llamamos “globales” fueron problemas que afectaron a los seres humanos que estaban divididos en esos mismos estados-nación. Este arreglo internacional funcionó hasta que surgieron problemas que ese mecanismo no puede resolver…el cambio climático que puede extinguir la civilización humana no puede ser resuelto “más adelante”. Es este componente de inmediatez urgente lo que nos hace pensar a una escala planetaria (Chakrabarty, 2020).

3.1. Tres ejes centrales para superar con éxito las turbulencias del nuevo siglo

Pensar en los retos y oportunidades de esta nueva coyuntura implica plantear para Centroamérica tres ejes centrales, detallados a continuación. El primero de ellos es el fortalecimiento del Estado de Derecho, como estandarte del fomento y respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, contenidos en los instrumentos del Derecho Internacional, privado y público. Este último donde crecen y toman vida las iniciativas de integración regional, sus instituciones y políticas.

Como segundo punto, afirmamos que los límites y alcances de Centroamérica no son sus fronteras, sino sus leyes. El derecho comunitario se cristalizó en la región mediante el Protocolo de Tegucigalpa, haciendo realidad las palabras del poeta Roque Dalton: “Si la patria es pequeña, uno grande la sueña”. La construcción de un marco legal coherente y uniforme para la estabilidad del proceso de integración es un pilar fundamental para pensar el futuro de la misma, así como de las oportunidades de desarrollo compartido que esto puede traer para la región.

Finalmente, el último enunciado está dedicado a una serie de reflexiones del cómo el Protocolo de Tegucigalpa toma vida con cada una de las acciones que desempeña la Secretaría General, como una de los órganos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA, 1991). Hablar del Sistema sin reconocer que su proceso sigue generando una amplia contradicción de posiciones e ideas, de la misma forma que fueron sus orígenes, sería generar un debate estéril. Sus desafíos son tan amplios y complejos, como también lo han sido sus logros; de ahí la importancia de espacios los diversos espacios académicos y políticos de intercambio, los cuales permiten enriquecer el debate.

3.1.1. PRIMERO: Nadie fuera de la ley, ni por encima de la ley.

Es menester iniciar hablando del Estado de Derecho, como piedra angular de la belleza, en tanto orden y armonía, de los individuos y sus libertades; como la reunión de una pluralidad de hombres bajo leyes jurídicas, como lo señala Kant en la Teoría General del Estado (Cuéllar). Respetar proviene del latin respectus, que significa mirar atrás o mirar nuevamente. Como cualquier acto de comunicación humana, eminentemente relacional, deviene en la reciprocidad o el mutuo reconocimiento.

El Estado de Derecho nace como salvaguarda de los principios y libertades humanas; conformado por individuos como límite y frontera para el establecimiento de leyes que permitan una convivencia pacífica y unificada. Su estudio tiene como aspiración la comprensión de las decisiones para su fortalecimiento, como camino propicio e indispensable para el establecimiento de la paz en los países de la Región SICA. Hace ya varios años firmamos la paz entre nosotros, sin embargo, la desigualdad y la violencia no nos ha dado tregua y parece haberse convertido en una grave enfermedad crónica de la región.

Naciones Unidas se refiere al Estado de Derecho como un principio de gobernanza, en virtud del cual el conjunto de individuos, de las instituciones y de las entidades públicas y privadas, incluido el Estado, deben respetar las leyes promulgas públicamente, aplicadas igualitariamente, administradas de forma independiente y compatibles con las reglas y normas internacionales en materia de derechos humanos. Exige también, que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal.

La historia del mundo nos enseña que bajo la sombra de aparentes ideales nacionales se han fraguado acciones, en las cuales los Estados no han alineado sus intereses, con la necesidad de fungir como representantes de la población, ni mucho menos de salvaguardar libertades individuales. Por una parte, el interés de hacer cumplir los derechos humanos frente a los casos de su quebranto, inclusive de manera estructural, ha llevado a la fijación de normas contenidas en instrumentos internacionales. Asimismo, no se puede obviar el imperativo que como comunidad internacional tenemos de abrir caminos y construir puentes, donde el derecho internacional, tanto público como privado deben ser piedras angulares de ese proceso.

En el ámbito del Derecho Internacional, el Imperio de la Ley puede engranarse desde la cristalización de comunidades que aspiran a la integración regional. Escenario en el cual nadie debe encontrarse fuera de la ley, ni encima de esta, en tanto se entretejen normativas en ámbitos fundamentales del aparato jurídico e institucional. La idea de consolidación democrática y fortalecimiento institucional ha albergado las concepciones y justificaciones de la creación de organismos regionales como una forma de cooperación, sustentadas en el Derecho Internacional Público, entre ellos, la Unión Europea, El Sistema de la Integración Centroamericana, la Organización de los Estados Americanos, entre otros.

Por tanto, los límites y alcances de Centroamérica no son sus fronteras, sino sus leyes.

El inicio de este siglo XXI, se vio marcado por el sistema de gobierno bajo un modelo de democracia representativa, a diferencia de los años 70´s y 80´s en Latinoamérica, con la caída de las instituciones democráticas por los gobiernos dictatoriales. No se podrá lograr, la verdadera paz firme y duradera que proclamaron los líderes de Esquipulas I y II sin el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque, la existencia de una norma es necesaria más no suficiente para su cumplimiento.

El sentido de comunidad no solo es la creación del Derecho mediante la suscripción de instrumentos derivados y complementarios, sino también que sus órganos dependan del derecho para desempeñar sus funciones. Si Esquipulas es para el proceso, la piedra angular de nuestra filosofía, el Tratado Marco de la Integración y constitutivo del SICA, mejor conocido como Protocolo de Tegucigalpa, es la constitución de la patria grande, en la cual los ocho Estados Centroamericanos deciden ejercer soberanía de manera compartida.

El Protocolo de Tegucigalpa define el ordenamiento jurídico propio de la comunidad centroamericana, y crea una comisión de órganos comunitarios para el cumplimiento de sus propósitos. La comunidad creada, tendrá como centro al ser humano, buscando “hacer patente en la vida de las poblaciones, las bondades del proceso de la integración” (SICA, 1991). Sus pilares no deberían moverse, por ningún motivo, desde los argumentos de ideas abstractas, como sombra del voluntarismo burocrático.

3.1.2. SEGUNDO: El Derecho Comunitario una tarea permanente

El derecho comunitario es como la ley de la gravedad, al proceso de la integración. Es el sostén desde el cual se ordenan y vinculan los valores comunes; es por tanto la base para obrar por el bien común. Pero, a diferencia de la ley de la gravedad, el derecho comunitario no ocurre espontáneamente. Su existencia requiere los esfuerzos sostenidos y concertados de los países en aras de construir y mejorar el proceso de integración regional. Este derecho es importante ya que permite garantizar el respeto entre todos los países parte a lo que es la identidad nacional propia, la igualdad ante la ley, el fortalecimiento de la seguridad colectiva, así como garantía para la paz regional.

Desde el fortalecimiento del Estado de Derecho Comunitario la integración centroamericana se convierte en un proyecto, que se construye y reconstruye continuamente: un proceso que jamás será definitivo. Proceso de integración que se institucionalizó con los Acuerdos de Esquipulas II y posteriormente con el Protocolo de Tegucigalpa sin una fecha de caducidad. Su plazo ilimitado nos transmite a nosotros y a las generaciones futuras el compromiso firme de sostener un proyecto irrevocable y duradero, pero mejorable.

En su praxis establece una diferencia entre su constitución formal y real. El ordenamiento jurídico comunitario lo hacen las fuerzas políticas no solo a través de su aprobación por los canales institucionales, sino en especial, por su sometimiento a la norma como vía de solución de conflictos. No basta con establecer leyes y reglamentos, adquiere vida propia en tanto respetamos y creamos en sus instituciones, sus instrumentos y sus acciones.

La característica fundamental del Derecho Comunitario es la formalidad de un acuerdo, entre partes independientes, que por su naturaleza es frágil y depende de la voluntad política e institucional de las partes para su cumplimiento. De ahí que su desafío es transitar entre la legitimidad con la efectividad. En la medida que crece la apropiación y compromiso de los actores involucrados, traducido por una parte en la voluntad política de sus representantes, crece las garantías para hacer de este proceso uno irreversible y profundo; de tal manera, que el proceso tenga capacidad de fortalecerse y seguir generando bienes públicos regionales inclusive en un contexto cambiante y desafiante (Salazar Grande & Ulate Chacon, 2013).

Por tanto, su fortalecimiento nos permite avanzar en la creación de oportunidades económicas y sociales para los sectores sociales más vulnerables de nuestra región. Creer en el fortalecimiento del Derecho Comunitario es establecer una diferencia no solo en la “forma de integración”, sino también en el “modo de integración”. “Ipse autem rex non debet ese sub homine sed sub deo et sub lege quia lex facit regem” Henri Bracton. La máxima de Bracton va más allá de “No es el rey el que hace a la ley, sino la ley la que hace al rey”, implica el ejercicio dentro de los límites formales y materiales establecidos por el ordenamiento jurídico.

Con orgullo reconocemos que el marco jurídico que norma el trabajo del SICA se alinea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y sus diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, están contemplados en los Acuerdos de Esquipulas, el Protocolo de Tegucigalpa y especialmente en la ALIDES, donde se concibe el desarrollo como:

un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras (SICA, 1994).

Esta concepción del desarrollo se concretó en el año 1994, mucho antes que Naciones Unidas se planteara estos objetivos, lo cual nos revela que, desde sus orígenes, respondiendo a la necesidad, tan válida en ese entonces como lo es ahora, de un pleno respeto a los derechos humanos, justicia, del cierre de las brechas de desigualdad, el fin de la discriminación, y el respeto al Estado de Derecho.

La Secretaría General del SICA no requiere la creación de una agenda post-2015, pues los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible ya se encuentran en la agenda de cada una de nuestras instituciones, en los planes, las políticas y los proyectos, pero, sobre todo, en los sueños y el imaginario colectivo de lo que queremos que sea la integración: una integración con sentido humano. Desde la Secretaría General del SICA siempre se ha reconocido la estrecha relación que existe entre el Derecho Comunitario y desarrollo, y el trabajar por uno refuerza al otro.

Avanzar en esta sinergia entre desarrollo y derecho comunitario la clave es reconocer que los resultados de una gestión honesta y responsable nos excede a todos y a cada uno de nosotros. Solo así lograremos tener una institución consolidada cuya legitimidad no se ponga nunca en cuestión. Sin temor a equivocaciones, se puede afirmar que el proceso de la integración más vanguardista del Continente Americano es el de Centroamérica, entre otras razones porque: a) su derecho comunitario y el andamiaje institucional que de él se deriva, b) las políticas comunitarias desarrolladas, c) y la mejora en la calidad de vida de nuestras comunidades. No podríamos haber logrado tanto de lo que hemos hecho sin estas herramientas que el derecho comunitario otorga y no podremos llegar al destino al que tanto anhelamos de una mejor integración centroamericana sino lo seguimos fortaleciendo y trabajando sobre sus bases.

3.1.3. TERCERO: La vida aplicada del Protocolo de Tegucigalpa desde la SG-SICA

Muy a menudo, la integración es descrita como un proceso intermitente en sus resultados y, por otro lado, la historia de Centroamérica es narrada desde la historia de sus desigualdades. Sin embargo, encontraremos más cosas de nuestra experiencia común, que nos respaldan en la decisión de escoger la integración como el medio para alcanzar la paz, la democracia, la libertad y el desarrollo.

La integración avanza al ritmo de nuestras voluntades. “El avance de la integración centroamericana y la toma de decisiones dependen de los mandatarios, lo cual lleva consigo que el proceso avanzará a una velocidad u otra, en un marco de cooperación política que propicia e impulsa el proceso de integración regional”. El artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa mandó a la creación de sus órganos principales: la Reunión de Presidentes, la Corte Centroamericana de Justicia, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y nosotros, la Secretaría General, complementándose con el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), cuya creación se había dado algunos años atrás, sobre estos órganos se establece toda una red de instituciones que permite a la región trabajar de forma integral en su objetivo.

Para la plena garantía y consecución de los fines de la integración, se necesita hoy más que nunca alinear e integrar agendas comunes con la Corte Centroamericana de Justicia y el PARLACEN. La Secretaría General del SICA tiene sus funciones claramente establecidas en el artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa: velar por el cumplimiento de todos los mandatos emanados de la Reunión de Presidentes y el Consejo de Ministros; así como, el gestionar y suscribir instrumentos internacionales con la aprobación del Consejo de Ministros. Es con estas acciones que se debe promover la coordinación y la intersectorialidad.

Otra de sus atribuciones es el gestionar la cooperación internacional, tanto financiera como técnica para el buen funcionamiento del SICA y el logro de nuestros objetivos. La Secretaría General trabaja por el cumplimiento de estas tareas a través de las múltiples acciones dentro de las estrategias y políticas centroamericanas emanadas del SICA; y respecto a la cooperación internacional, se han abierto espacios de rendición de cuentas y divulgación.

De acuerdo con el Protocolo de Tegucigalpa también la secretaría tiene poder de representación del SICA en el ámbito internacional, así como de participar con voz, más sin poseer derecho a voto en todos los órganos del SICA siendo su función dentro de la Reunión de Presidentes puramente de secretaría, brindándole los servicios técnicos y administrativos necesarios. Una última atribución que posee la Secretaría General y vale la pena mencionar es el “llamar la atención de los órganos del Sistema sobre cualquier situación que, a su juicio, pueda afectar el cumplimiento de los propósitos o de los principios del Sistema o amenazar su ordenamiento institucional” lo cual nos da la responsabilidad de velar no solo por el pleno cumplimiento del Protocolo de Tegucigalpa sino de todo el marco jurídico y complementario del SICA.

El SICA, con la Secretaría General a la cabeza, ha asumido la responsabilidad de velar por el cumplimiento del Protocolo de Tegucigalpa; así como su compromiso con la democracia y con los esfuerzos intergeneracionales para los jóvenes tal como fue definido en Esquipulas; se ha asumido el compromiso con el desarrollo sostenible, como se hizo con la ALIDES; y con la búsqueda en general para la mejora de las condiciones de vida de toda la región SICA.

4. Reflexiones de llegada

Centroamérica es una región que ha enfrentado muchos desafíos a lo largo de su historia, desde la colonización española hasta las guerras civiles y la violencia de las pandillas. Sin embargo, también es una región con un gran potencial, gracias a su rica cultura, su diversidad natural y su ubicación estratégica en el continente americano. Para aprovechar este potencial, es necesario que Centroamérica se una como una región unida y solidaria.

Robustecer la integración en Centroamérica es importante porque nos permite enfrentar los desafíos comunes de la región; desde la pobreza y la desigualdad hasta la violencia y la corrupción. Al integrarnos como una región, podemos trabajar juntos para abordar estos problemas de manera más efectiva y coordinada. Esto nos permitirá aprovechar mejor los recursos y las capacidades de cada país, y nos dará una voz más fuerte en la arena internacional.

El derecho comunitario definido como el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre Estados miembros de una comunidad, como el SICA, es una herramienta que debe ser defendida, ya que por su naturaleza, su objetivo superior siempre radica en fomentar y facilitar la integración en la misma medida que la cooperación entre Estados que garantiza la protección de los derechos y libertades de las personas ciudadanas, y el beneficio mutuo en términos del desarrollo económico de estos.

El respeto por los acuerdos tomados en el marco del derecho comunitario permite blindar al proceso de integración de los vaivenes e inestabilidad políticas que pueden presentarse a lo interno de los países miembros del sistema, además que promueve la transparencia y l rendición de cuentas en la toma de decisiones. Al establecer un conjunto de normas y principios comunes, el derecho comunitario garantiza que las decisiones tomadas por los Estados miembros sean transparentes y estén sujetas a un proceso democrático, lo cual permite dar certeza que las decisiones tomadas sean más justas y equitativas, y que los intereses de todas las personas ciudadanas sean tomados en consideración.

Avanzar en la lucha contra los desafíos comunes que ha impuesto la crisis ambiental también exige de mecanismos para la integración regional estables y con mirada planetaria, donde la bandera de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental sean junto con la defensa de la democracia y la libertad, los pilares estratégicos de un modelo de integración que mira a futuro con optimismo e ilusión.

La integración permite aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la región. Centroamérica es una zona rica en recursos naturales, con una gran diversidad de flora y fauna, así como una ubicación estratégica en el continente americano, al tener acceso a dos océanos y conectar el norte con el sur del continente. Al trabajar por la integración regional, se pueden aprovechar mejor estas oportunidades para el desarrollo económico y social del istmo, facilitando de esta manera el desarrollo económico y social de los países parte. Esto es también un paso hacia el fortalecimiento de nuestra identidad como una región única y diversa, con una historia amplia y llena de influencias culturales que abren paso a una construcción común de un futuro compartido con criterios de prosperidad, solidaridad, justicia y paz.

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[1] Investigador. Costarricense. Director del Laboratorio de Innovación y Desarrollo Sostenible del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-. Doctor en Gobierno y Políticas Públicas (Universidad de Costa Rica). Máster en Política Mediática “Sociedad, Estado y Comunicación” y Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones & Estudios Legislativos ambos títulos por la Universidad Complutense de Madrid, también cuenta con un Máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Universidad de Castilla – La Mancha, una Maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, una Maestría en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Santa Lucía; así como ,un título de Experto en Análisis Político por la Fundación Ortega & Gasset–Gregorio Marañón y una especialización en Negociación Política por Harvard University. Licenciado en Relaciones Internacionales en con énfasis en Comercio Exterior por la Universidad Internacional de las Américas. Se ha desempeñado en diversos organismos internacionales, entre ellos Director de Integración en la Secretaría General del SICA, y en la función pública como Alto Consejero Presidencial de la Presidencia de la República de Costa Rica durante la Administración Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), ha laborado y sido consultor en diversos organismos internacionales, cuenta con una amplia diversidad de publicaciones especializadas en Centroamérica, en temas de gobernabilidad y políticas públicas, sistema de partidos, descentralización. Actualmente cursa un Posdoctorado en Gobernanza de la Universidad de Salamanca.

[2] Investigador. Costarricense. Internacionalista graduado en la Universidad Internacional de las Américas (UIA), Máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Posee estudios universitarios en el área de filosofía y pensamiento crítico contemporáneo. Acreditado como promotor oficial de los ODS por el honorable senado de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Académico, consultor internacional, columnista e investigador con publicaciones nacionales e internacionales, experto en temas de geopolítica, diplomacia, relaciones internacionales y gestión pública. Se ha desempeñado como Director de Investigación de la Secretaría General de FLACSO, docente e investigador en la Universidad Americana de Costa Rica (UAM), así como en la Universidad Internacional de las Américas (UIA) y el Instituto Centroamericano de administración Pública (ICAP) donde además es miembro del comité editorial de la Revista en Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala (INAP) y el Instituto en Estudios Estratégicos en Seguridad de Guatemala (INEES). Ha formado liderazgos jóvenes para la acción política desde el modelo de educación popular por todo el territorio costarricense y creado estructuras territoriales de trabajo para la organización política de la sociedad.