72
Lo comunitario en la transición
energética justa
The communitarian dimension in the just energy transition
Ana María Ramírez-Tovar
1
Nataly Alexandra Díaz Cruz
2
Recibido: 8 de julio del 2025 / Aceptado: 18 de septiembre del 2025 / DOI: 10.35485/rcap89_3
Como citar:
Ramírez-Tovar, A. y Díaz, N. (2025). Lo comunitario en la transición energética justa.
Revista Centroamericana de Administración Pública
,
89, 72-90. DOI: 10.35485/rcap89_3
Resumen
Este artículo, construido a partir del trabajo de la red TRAJECTS en Latinoamérica, plantea que una
transición energética justa debe apoyarse en tres pilares esenciales: el fortalecimiento del tejido social
frente al boicot estatal, la comprensión de la energía como un recurso limitado más allá de su carácter
mercantil, y la superación del paternalismo y las trampas estructurales de pobreza. A partir de este
marco, se discute la relevancia de las comunidades energéticas como estrategia para operacionalizar
dichos pilares, al promover la soberanía territorial, la autogestión y la participación democrática en la
gestión de la energía. Se argumenta que estos esquemas comunitarios no solo contribuyen a evitar
impactos sociales y ambientales negativos, sino que también generan capital social y valor compartido,
favoreciendo un acceso equitativo a la energía dentro de los límites planetarios. El texto subraya la
necesidad de marcos regulatorios exibles, esquemas nancieros inclusivos y pedagogías críticas
para garantizar que la transición energética en la región sea realmente justa, sostenible y anclada en
las realidades territoriales.
Palabras clave: TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA, TEJIDO SOCIAL, COMUNIDADES
ENERGÉTICAS, SOBERANÍA TERRITORIAL
1 Investigadora del Centro Transnacional para Transiciones Justas en Energía, Clima y Sostenibilidad -TRAJECTS-, Bogotá,
Colombia. Directora de BLUMERGY, Bogotá. Correo electrónico: aramirez.tovar@blumergy.com
2 Investigadora del Instituto Interfacultades de la Universidad Nacional de Colombia -IDEA/UNAL- Bogotá, Colombia. Coordi-
nadora académica en Centro Transnacional para Transiciones Justas en Energía, Clima y Sostenibilidad -TRAJECTS-, Bogotá, Colombia.
Correo electrónico: naadiazcr@unal.edu.co
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
73
Abstract
This article, developed from the work of the character and in Latin America, argues that a just energy
transition must be grounded in three essential pillars: strengthening the social fabric in the face of state
neglect, understanding energy as a limited resource beyond its commodied character, and overcoming
paternalism along with structural poverty traps. Building on this framework, the paper highlights the
relevance of energy communities as a strategy to operationalize these pillars by fostering territorial
sovereignty, self-management, and democratic participation in energy governance. It contends that
such community-based schemes not only help to prevent negative social and environmental impacts
but also generate social capital and shared value, thus enabling equitable access to energy within
planetary boundaries. The analysis underscores the importance of exible regulatory frameworks,
inclusive nancial mechanisms, and critical pedagogies to ensure that the energy transition in the
region is truly just, sustainable, and rooted in territorial realities.
Keywords: JUST ENERGY TRANSITION, SOCIAL BUILDING, ENERGY COMMUNITIES,
TERRITORIAL SOVEREINTY
1. Introducción
La transición hacia sistemas energéticos post-fósiles constituye uno de los mayores desafíos del siglo
XXI, no solo por su urgencia frente al cambio climático, sino también por sus profundas implicaciones
sociales, territoriales y políticas. En América Latina, este debate se entrelaza con dinámicas de
dependencia extractiva, desigualdades históricas y fragilidades institucionales, lo que hace necesario
pensar la transición no únicamente desde la dimensión tecnológica, sino desde marcos de justicia y
participación comunitaria que garanticen sostenibilidad y legitimidad social.
En este contexto, el Centro transnacional para las Transiciones en Energía, Clima y Sustentabilidad
– TRAJECTS (TRAJECTS), nanciado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), fue
constituido con el objetivo de “abordar las principales cuestiones y retos para acelerar algunas de las
transiciones fundamentales necesarias para sostener la vida en la Tierra y proteger nuestro clima”
(TRAJECTS, 2021) a través del intercambio entre el sur y el norte global.
Desde 2021, ha servido como plataforma de cooperación académica y social entre América
Latina, África y Europa. Su estructura se organiza en tres nodos principales —Colombia, Sudáfrica y
Alemania—, e integra universidades, organizaciones sociales y centros de investigación que impulsan
procesos de formación, investigación aplicada y diálogo de saberes en torno a la transición energética
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
74
justa (Santamaría et. al, 2021; Yanguas Parra, et al. 2021). Dentro de esta red, el Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia y su equipo de Democratización Energética
al que pertenece el grupo TRANSACTIVE de la Universidad EIA, han desempeñado un rol central en la
articulación de enfoques críticos que ponen en el centro a las comunidades, la gobernanza participativa
y la justicia socioambiental.
Este artículo se nutre de entrevistas, talleres y discusiones desarrolladas en el marco de esta
iniciativa, con el propósito de aportar a la construcción de un referente teórico y político sobre la
dimensión comunitaria de la transición energética justa en América Latina. La hipótesis que guía el
análisis es que, sin el fortalecimiento del tejido social, el reconocimiento de la energía como un recurso
limitado y la superación de prácticas paternalistas, la transición no podrá ser ni justa ni sostenible.
El documento se organiza en cuatro apartados: en primer lugar, se presenta el referente
teórico que articula los enfoques de justicia energética, bienes comunes y gobernanza democrática;
en segundo lugar, se describe la metodología cualitativa empleada; en tercer lugar, se exponen los
resultados que sustentan los tres pilares propuestos para una transición energética justa en la región;
y nalmente, se discuten las comunidades energéticas como estrategia para operacionalizar estos
principios en clave territorial.
2. Referente teórico
La transición energética justa es un concepto en construcción que articula dimensiones ambientales,
sociales y políticas, situando la energía no solo como un recurso técnico, sino como un derecho y un
bien común. La investigación se apoya en tres líneas de fundamentación: la justicia energética y las
transiciones justas, la centralidad de lo comunitario y los bienes comunes, y la gobernanza energética
democrática.
2.1 Justicia energética y transiciones justas
La justicia energética se reconoce como un campo emergente que incorpora principios de acceso,
equidad y participación en la distribución y el uso de la energía (Sovacool y Dworkin, 2015; Jenkins et
al., 2016) Desde esta perspectiva, el debate se centra en garantizar que la transición energética no
reproduzca desigualdades, sino que corrija asimetrías históricas en torno al acceso a la energía y sus
impactos socioambientales.
El concepto de just transition, promovido inicialmente por la Organización Internacional del
Trabajo y retomado en las negociaciones climáticas (Naciones Unidas, 2015), ha evolucionado desde
la protección laboral hacia una noción más amplia de transformación socioecológica. Healy y Barry
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
75
(2017) destacan que una transición justa debe atender tanto a las comunidades trabajadoras como a
los territorios, incorporando mecanismos de compensación, participación y soberanía energética. En
América Latina, Roa Avendaño et al. (2018, 2021) plantean que la transición debe entenderse como
un proyecto de autonomía y de autogestión, donde los territorios denen sus prioridades energéticas
en diálogo con el Estado y las políticas públicas.
2.2 Comunidades, relacionalidad y bienes comunes
El pensamiento crítico latinoamericano ha aportado nociones que enriquecen el debate global. Escobar
(2017) introduce la idea de autonomía y diseño para lo comunal, resaltando que los procesos de
transición no pueden desvincularse de los entramados culturales, identitarios y territoriales. En un
sentido histórico, Linebaugh (2008) en The Magna Carta Manifesto reivindica el valor de los commons
como bienes gestionados colectivamente, lo que ofrece un marco conceptual para entender la energía
como recurso compartido y no meramente mercantil.
La literatura reciente sobre comunidades energéticas consolida este enfoque. Baigorrotegui y
Chemes (2023) las conciben como sostenedoras de transiciones que “mantienen y reparan la vida”,
mientras que el informe de Colombia Inteligente (2023) recopila experiencias participativas en el
país, mostrando aprendizajes sobre gobernanza y apropiación social de la energía. En Providencia,
Colombia, Wight (2022) documenta cómo la resiliencia comunitaria frente al cambio climático se articula
a través de proyectos energéticos locales. Asimismo, investigaciones en Chile (Parker, 2018; Osorio,
2018; Sannazzaro et al., 2018) reunidas en ¿Conectar o desconectar? (Baigorrotegui y Parker, 2018)
muestran cómo los sistemas aislados y las innovaciones sociales fortalecen la autonomía energética.
2.3 Gobernanza energética democrática
Los debates sobre energy democracy y energy governance resaltan la importancia de descentralizar
la toma de decisiones y fortalecer el papel de los actores locales. Sovacool (2021) vincula la justicia
energética con la democracia energética, subrayando que las comunidades son nodos estratégicos
para la descentralización. Devine-Wright (2019) complementa con la idea de place-based energy
transitions – transiciones energéticas basadas en el lugar-, destacando que las transiciones deben
estar enraizadas en identidades y dinámicas territoriales.
Estudios comparativos refuerzan esta visión: Ceglia et al. (2020) analizan la evolución de
comunidades energéticas hacia municipios energéticos inteligentes; Roby y Dibb (2019) identican
caminos para masicar la energía comunitaria; y Vernay y Sebi (2020) comparan ecosistemas en
Francia y Países Bajos, mostrando cómo el diseño institucional y regulatorio determina la sostenibilidad
de estas experiencias.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
76
Estos pilares se articulan también con marcos jurídicos y de política internacional como la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 7, 10, 13 y 16), y con compromisos
nacionales derivados de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).
3. Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo, orientado a
comprender cómo se conciben los principios de una transición energética justa desde una perspectiva
comunitaria. Se priorizó la reexión crítica y la construcción colectiva de conocimiento, articulando
insumos de la praxis, la experiencia de las autoras y el diálogo con actores académicos y sociales de
la red TRAJECTS.
La población considerada estuvo compuesta por estudiantes e investigadores de TRAJECTS
en Colombia, Alemania y Sudáfrica, seleccionados por su participación en debates sobre transición
energética y justicia socioambiental. Se utilizó una aproximación intencionada, orientada a recoger
experiencias diversas y comparadas en torno al rol de lo comunitario.
Se aplicaron entrevistas no estructuradas como principal técnica de recolección, lo que permitió
un diálogo abierto con los participantes. De forma complementaria, se realizó una búsqueda sistemática
de literatura sobre transición energética justa, comunidades energéticas y soberanía territorial, para
contrastar las narrativas con marcos teóricos y experiencias internacionales.
El análisis se basó en la identicación de categorías emergentes a partir de los testimonios y
la revisión documental. De este proceso se derivaron tres pilares para una transición energética justa
en Latinoamérica: (i) fortalecimiento del tejido social, (ii) reconocimiento de la energía como recurso
limitado y (iii) superación del paternalismo y las trampas de pobreza. Más que un estudio empírico
puntual, el trabajo constituye una apuesta de política pública y fundamentación teórica, orientada a
unicar los anhelos de lo comunitario en la transición energética justa.
4. Transiciones energéticas y transición
energética justa
Desde una perspectiva histórica y técnica, una transición energética no es un fenómeno contemporáneo
ni una moda política reciente, sino un proceso recurrente en la historia de la civilización humana.
Vaclav Smil, uno de los más inuyentes analistas de energía, documenta cómo el uso de fuentes
energéticas ha evolucionado gradualmente —desde la biomasa tradicional y la madera, pasando
por el carbón y el petróleo, hasta llegar a la electricación y, más recientemente, a la integración de
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
77
fuentes renovables— señalando que estos cambios son complejos, prolongados y profundamente
arraigados en las estructuras económicas y sociales (Smil, 2010, 2017, 2022). Smil subraya que la
inercia de las infraestructuras energéticas actuales, junto con los altos costos de capital y tecnología,
hace prácticamente imposible un cambio inmediato y total hacia opciones limpias.
Ocasionalmente suele percibirse la transición energética simplemente como una narrativa
política vinculada al cambio climático. Sin embargo, tal como lo muestra el registro histórico de Smil,
desde la formación de las primeras sociedades organizadas hemos atravesado múltiples transiciones
energéticas: desde el uso de leña como recurso predominante, hasta molinos de agua, carbón,
derivados del petróleo, energía hidroeléctrica y nuclear, y nalmente regresamos hacia energías
menos contaminantes. Esta dinámica sugiere que en el futuro enfrentaremos numerosas transiciones
más, cada una con sus retos técnicos, institucionales y culturales.
No obstante, lo que hace esta transición energética diferente y singular es que el contexto
político y tecnológico actual, derivado de la digitalización y la globalización, que permite un proceso
más democrático que los que le antecedieron (Harari, 2018) La actual transición además de un cambio
tecnológico contempla un cambio en la misma estructura del sistema energético y sus interacciones
(sociales, nancieras y legales), donde es posible y necesaria la inclusión de nuevos actores y la
participación ciudadana (Ramírez-Tovar, Schneider, 2023)
En este sentido, desde TRAJECTS creemos, tal como lo han expresado Roa Avendaño et. Al.
(2018) que “la transición energética requiere transformaciones culturales radicales y profundas, exige
cambios en las relaciones de poder… -y- depende de la participación ciudadana y la democracia” (p.7)
Por ello, compartimos con CENSAT, organización miembro de la red TRAJECTS en Latinoamérica, que
la transición energética no consiste en un mero cambio en la matriz energética o en la diversicación
de las fuentes de energía: tiene que ver con asuntos ligados a la vida cotidiana, a las costumbres, a
los imaginarios, a lo que creemos inamovible o natural. -A la recuperación- del control social sobre las
fuentes energéticas del dominio corporativo y reinventar formas de generar, distribuir y usar la energía.
Roa Avendaño, 2018, p. 58.
Por consiguiente, proponemos que una transición energética que se apellide justa debe cómo
mínimo contar con tres acciones a modo de pilares: I. Aanzar el tejido social evitando el boicot
3
del
estado; II. Comprender la energía como un recurso limitado y no como una mercancía inagotable, y III.
Quebrar el paternalismo y las trampas de pobreza.
3 Boicot entendido en el contexto como la negligencia, trabas burocráticas y decisiones deliberadas que terminan generando
acción con daño sobre las comunidades.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
78
4.1 Aanzar el tejido social evitando el boicot del estado
Hemos advertido que, las transiciones, para ser justas, requieren otorgar un rol fundamental a los asuntos
sociales y culturales. La transición energética, como las demás transiciones hacia la sustentabilidad,
no se limita al reemplazo de unas tecnologías o unos insumos por otros, sino que implica reexiones
sobre los modos de decidir, de hacer, y de relacionarnos. La transición energética justa pasa por
comprender que, en tanto seres relacionales, las acciones individuales afectan nuestras colectividades
cercanas e incluso a la sociedad a nivel macro, generando impactos positivos o negativos por efecto
directo o indirecto.
Transitar hacia la sustentabilidad implica reconocer nuestra relacionalidad (Escobar, 2017), no
solo para acusar y señalar responsabilidades frente a acciones que conllevan a la degradación y la
destrucción; sino, fundamentalmente, para reconstruir la posibilidad de conectarnos con otros seres
humanos desde la fraternidad y la apertura, a n de generar acciones creativas que nos permitan dar
soluciones colectivas a las necesidades territoriales, las crisis sociales, y los desafíos ambientales.
La conciencia de relacionalidad permite a los seres humanos reconocer algo de sí mismo en
los otros, y, algo de los otros en sí mismo. Desde allí, aceptar la fortaleza del vínculo social, de la
posibilidad de compartir intereses, propósitos y anhelos comunes capaces de ser puestos en acción.
Sin embargo, el llamado a la común unidad en el marco de las transiciones justas se enfrenta a la
contrariedad de que muchas de las acciones comunitarias, gestadas en territorios con un tejido social
consolidado, son tildadas de ilegítimas o inapropiadas por el estado, dicultando la permanencia en el
tiempo de transformaciones territoriales efectivas.
El aanzamiento del tejido social, tan necesario para el desarrollo de iniciativas ciudadanas, que
pueden abarcar desde prácticas de agricultura urbana hasta creación de comunidades energéticas,
en ocasiones se ve amenazado por la burocracia o incluso inoperancia estatal. La cual, o bien inventa
esquemas complejos para legitimar las iniciativas comunitarias, o retrasa la creación de marcos
normativos claros que favorezcan la asociatividad para todos los ciudadanos. Siendo este el caso de
las comunidades energéticas y otros esquemas autónomos de generación de energía a escala local,
los cuales en la mayoría de los países de la región no cuentan con procedimientos que permitan la
obtención de permisos para la activación de sus sistemas.
Por lo tanto, a n de asegurar las transiciones justas y la transición energética justa es necesario
replantear las actuaciones estatales sobre las iniciativas comunitarias. El Estado debe reconstruir
relaciones de conanza con sus ciudadanos, actuando no como barrera sino como copartícipe en
las iniciativas comunitarias. Para lograrlo, las instituciones públicas y las empresas privadas que se
involucren en proyectos comunitarios de gestión colectiva deben implementar estrategias comunicativas,
pedagógicas y nancieras que fortalezcan el tejido social local (Leonhardt et al., 2022)
La literatura y la experticia de las investigadoras permiten llegar a la conclusión que las políticas
de gobernanza colaborativa, donde el Estado actúa junto con la comunidad y el sector privado, mejoran
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
79
los resultados y la legitimidad de proyectos energéticos (Ansell & Gash, 2008) En entornos de energía
comunitaria, la participación ciudadana solo se vuelve signicativa cuando existe conanza mutua y
una comunicación transparente entre los actores estatales y locales (Terry-Doyle, 2025). Además, el
despliegue de instrumentos nancieros como los bancos verdes, diseñados para apalancar inversión
pública y privada en energías limpias, puede acelerar la consolidación de iniciativas comunitarias
sostenibles (OCDE, 2016)
Este proceso permitirá generar valor compartido para el estado y los ciudadanos, al favorecer
la reducción del gasto asociado a la actividad como proveedor, mientras los ciudadanos obtienen
ganancias asociadas a ejercer su soberanía energética y, reducir los costos de la energía. No
obstante, el valor más importante de la transición energética justa es el capital social que mejoraría
las condiciones de habitabilidad de los territorios, en términos de infraestructura, acceso a la energía
y reconstrucción del tejido social.
4.2 Comprender la energía como un recurso limitado y no
como una mercancía inagotable
A partir de la revolución industrial y posteriormente, desde la aparición de la energía eléctrica, la
demanda de producción de energía ha aumentado de manera permanente a n de satisfacer las
necesidades de una población cada vez más tecnicada y en constante crecimiento. Sin embargo, es
fundamental comprender que la energía es un recurso limitado y no una mercancía inagotable, como
se ha percibido en el pasado.
La energía, aunque nita y con costos asociados a su producción y distribución, debe ser
reconocida como un derecho humano fundamental. Ello no implica que deba ser gratuita, sino que debe
garantizarse un acceso universal, asequible y equitativo, bajo esquemas tarifarios justos, subsidios
focalizados y regulaciones que impidan la exclusión. Este enfoque se sustenta en la interpretación
expansiva del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho a un
nivel de vida adecuado, incluyendo electricidad como servicio básico (Sovacool & Dworkin, 2015;
Sánchez Suárez, 2018)
El movimiento hacia una transición energética ha ganado impulso en todo el mundo desde
el propósito de diversicar la matriz energética hacia fuentes limpias y renovables. Sin embargo,
aunque más limpios, estos proyectos conllevan el consumo intensivo de agua, la extracción masiva
de minerales como cobre o litio, y la utilización extensiva de suelo, transformando ecosistemas y
amenazando comunidades locales (Vinca et al., 2021; OECD, 2017). La literatura del enfoque CLEW
(Climate–Land–Energy–Water; nexo clima – tierra- energía-agua) demuestra que, al ignorar estas
interrelaciones, muchas políticas energéticas inadvertidamente comprometen la seguridad hídrica, la
integridad territorial y el bienestar socioambiental (IAEA, 2024)
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
80
En el caso colombiano, Ramírez-Tovar (2024) utiliza el marco CLEW para analizar la transición
energética justa, mostrando que los conictos territoriales no provienen solo de la fuente energética,
sino de su interacción con los usos del agua, la tierra y el clima, lo cual evidencia la urgencia de
políticas integrales. Además, diversos análisis documentan cómo la construcción de megaproyectos
energéticos ha derivado en el desplazamiento de comunidades enteras.
Así, se debe resaltar que el derecho a la vida constituye el núcleo de los derechos humanos
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 3; Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, art. 6), y el acceso al agua ha sido reconocido también como derecho humano esencial
(Resolución ONU 64/292, 2010; CESCR, 2002). De tal forma, se establece que, aunque el acceso a la
energía sea indispensable para el bienestar y el desarrollo, no puede estar por encima de los bienes
vitales que sostienen la vida.
Martínez-Alier (2002, 2014) y Folchi (2019) han mostrado de la que los conictos socioambientales
emergen precisamente cuando proyectos energéticos subordinan el agua, la tierra y los ecosistemas al
crecimiento económico. Estos aspectos evidencian que la producción de energía está limitada por los
límites planetarios (Rockström et al., 2009; Steen et al., 2015) y que todas las comunidades, humanas
y no humanas, dependen del equilibrio ecológico para la continuidad de la vida. En consecuencia,
incluso por encima de la garantía de acceso universal a la energía, es necesario asegurar que su
generación se mantenga dentro de la sustentabilidad ambiental del planeta.
Por tanto, la transición hacia una matriz energética más sustentable debe ser abordada de
manera integral y colaborativa. Es necesario considerar no solo la eciencia y la tecnología, sino
también los impactos ambientales y sociales asociados a la producción energética donde el consumo
consciente y responsable es también una pieza clave. Por ello las pedagogías para la transición,
la educación y la participación comunitaria son fundamentales para fomentar un uso racional de la
energía y una distribución adecuada de los consumos en horarios y condiciones más propicias para
su generación.
Si involucramos a los ciudadanos en este proceso, podremos alcanzar un equilibrio entre la
demanda y la oferta, promoviendo un consumo informado y crítico. Solo así podremos asegurar que
el derecho a la energía sea respetado y que todas las personas tengan acceso a los componentes
vitales de la naturaleza como el agua, el aire y el suelo, de los cuales depende el bienestar humano y
no humano.
4.3 Quebrar el paternalismo y las trampas de pobreza
La transición energética justa como cambio de paradigma implica circunstancialmente que cada uno
de los ciudadanos asuma la responsabilidad de sus acciones. Así, dado que las asimetrías del poder
generan circunstancias territoriales diferenciadas, el grado de responsabilidad de cada actor frente a
la sociedad global es diferente.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
81
Sin embargo, esta responsabilidad compartida pero diferenciada no implica que tener un menor
grado de responsabilidad sea equivalente a asumir que no se debe adquirir compromiso alguno ante las
acciones individuales o colectivas. Aceptar que cada individuo tiene la obligación de ser responsable de
las consecuencias de sus actos, implica adquirir consciencia, autonomía y cuidado sobre el ambiente.
Principios que se hacen necesarios en el marco de las transiciones energéticas justas, las cuales
demandan un alto grado de compromiso por parte de todos los ciudadanos.
No obstante, cuando las estrategias para reemplazar las fuentes de energía fósiles se llevan a cabo
desde el paternalismo, como forma de asistencia totalitaria, se inhibe la capacidad de los individuos y las
colectividades para asumir responsabilidad ante la energía como recurso. Cuando se trata de proyectos
de electricación típicos del asistencialismo, por ejemplo, se entregan infraestructuras sin una debida
capacitación comunitaria, sin gestionar mecanismos de apropiación tecnológica, ni administración
de dichos recursos generando una nueva dependencia frente a desarrollos incomprendidos por los
habitantes locales.
Aunque la implementación masiva de tecnologías catalogadas como “limpias” suele presentarse
desde los gobiernos como un logro en el cumplimiento de metas climáticas, en muchos casos responde
más a aproximaciones tecnocráticas y burocráticas que a procesos participativos y territoriales. Diversos
estudios han mostrado que las inversiones energéticas descontextualizadas, lejos de promover la
sustentabilidad o el desarrollo local, tienden a reproducir desigualdades estructurales y a consolidar
nuevas formas de dependencia.
Es una forma de instrumentalización de comunidades que promueve una dinámica donde
se termina profundizando trampas de pobreza y el paternalismo. Escobar (2017) advierte que los
diseños desanclados de lo comunal refuerzan estructuras patriarcales y centralistas que reducen la
soberanía comunitaria; de igual forma, Roa Avendaño et al. (2018) sostienen que, sin autogestión
territorial, la transición se convierte en una gobernanza residual, mientras que Sovacool y Dworkin
(2015) muestran que la justicia energética exige participación equitativa para evitar nuevas formas de
inequidad (Baigorrotegui & Chemes, 2023)
El problema radica en que las aproximaciones paternalistas romantizan la realidad de las
personas, niegan el poder a una comunidad para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones
de vida.
La negación del empoderamiento comunitario por el paternalismo anula el:
proceso por el que las personas se conciencian de sus propios derechos, capacidades e
intereses, y de cómo éstos se relacionan con los intereses de otras personas, con el n de
participar desde una posición más sólida en la toma de decisiones, y estar en condiciones de
inuir en ellas. (Martínez y Alonso, M, 2021, p.42)
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
82
Es decir, reprime esa reconstrucción del tejido social, nos sume en un profundo círculo de
pobreza y dependencia.
Ahora, superar dichas barreras no debe ser responsabilidad total de las propias comunidades,
que en un marco de asimetrías han sido victimizadas por actores en diferentes condiciones. Es
responsabilidad del estado y la sociedad en pleno exigir que los programas o proyectos relacionados
con la transición energética justa promuevan aquellos mecanismos que permitirán a las comunidades
desarrollar sus planes de vida, fortalecer su tejido social y promover un cambio de paradigma. Por
ello, es menester un trabajo institucional que realmente promueva las formas de desarrollo local en el
marco de la Transición Energética Justa.
Entonces, ¿de dónde deberían venir las estrategias de nanciamiento para que los proyectos,
en el marco de la transición energética se puedan ejecutar sin caer en paternalismo? Si bien es cierto
que el asistencialismo no genera desarrollo, tampoco lo hace la ausencia total de este. Entonces, la
política de desarrollo de la energía debe fomentar vehículos de nanciamiento realmente accesibles
para poblaciones en condiciones de pobreza en lugar de mecanismos de subsidios totalitarios.
En ese sentido, los estados estarían en la obligación no solo de diseñar los mecanismos para
que cualquier ciudadano pueda realmente acceder a un mínimo de derechos y garantías en relación
con el acceso a la energía, sino además de garantizar la solidaridad por parte de quienes tienen control
sobre el capital para acceder a fuentes de nanciamiento, cualesquiera que sean sus labores.
Así, llevando el precepto constitutivo de la nación al marco de la transición energética y los
proyectos de energía, dentro de los muchos ejemplos que podrían darse se encuentran las alternativas
nancieras exibles y el subsidio sobre interés de préstamos bancarios, o porcentajes condonables de
deuda ante rendimientos nancieros positivos, ligados, por ejemplo, a eciencia energética, reducción
de la demanda de energía, deforestación, u otra variable de interés nacional directamente vinculada
con la transición energética.
Otra alternativa sería la inversión de capital social para proyectos en dónde no sólo se consideren
como inversión los activos de una instalación, la ingeniería, transporte, logística y demás, sino también
la inclusión de un rubro de fortalecimiento de capacidades locales como las de carácter técnico,
administrativo o nanciero de la comunidad que se beneciará del proyecto.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
83
5. Comunidades Energéticas: una apuesta por
operacionalizar los pilares de lo comunitario
en una Transición Energética Justa
Desde la experiencia académica y territorial de TRAJECTS apostamos por las comunidades
energéticas como una forma de operacionalizar los tres pilares descritos, partiendo del hecho de que
una comunidad energética es una agrupación de personas que busca dar solución a una necesidad
energética especíca desde una gestión comunitaria.
La agrupación puede incluir actores del sector residencial, comercial e industrial. El problema
energético que busca solucionar puede ir desde abastecer la comunidad con energía eléctrica, hasta
tener un ahorro en la factura de la electricidad, lo que permite el desarrollo de esquemas especícos
donde los usuarios pueden organizarse para no solo consumir energía sino además jugar roles
decisivos en términos de la generación, el almacenamiento, la agregación o la respuesta a la demanda
de esta, entre otras.
En cualquiera de los casos, dado que las comunidades implican la participación de diversos
actores e incluyen la consideración de las diferentes características espaciales y contextuales de los
participantes, no todas las comunidades energéticas son iguales y cada comunidad necesita un diseño
particular. La solución propuesta por los actores articulados debe tener un enfoque étnico y diferencial
que se ajuste al contexto especíco de la región, sus necesidades y a sus recursos energéticos.
Además, la comunidad debe tener una estructura de cooperación con reglas denidas, roles
claros y un esquema equitativo de distribución de los benecios, incluso podría pensarse en una
veeduría para supervisar su funcionamiento. Finalmente, para que se desarrollen las comunidades
energéticas es necesario tener un marco regulatorio exible y un esquema nanciero que las presente
atractivas.
El hecho de tener problemas de acceso a energía o a la baja calidad de ésta, así como a la
posibilidad de alcanzar nes productivos mediante el esquema de energía comunitario constituyen
factores que promueven la posibilidad de establecer una comunidad energética en un territorio, mientras
que la necesidad de atender urgencias aún más básicas como la desnutrición o la escasez hídrica, al
igual que la falta de legalidad normativa de los esquemas transactivos y la ausencia de nanciamiento
son factores que desincentivan la aparición de comunidades energéticas.
Durante talleres sobre comunidades energéticas realizados en 2022 con representantes de
organizaciones, instituciones y procesos involucrados con energías transactivas en el país, incluidos el
Ministerio de Minas y la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME, se planteó una denición de
comunidades energéticas y se establecieron cuatro pilares esenciales que lo componen: las personas,
la necesidad energética, la solución y la comunidad (Ver Figura 1).
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
84
Figura 1.
Síntesis esquemática de las comunidades energéticas para Colombia.
Nota. Tomado de TRANSACTIVE - TRAJECTS, 2022.
Así mismo, se llegó al consenso de que la construcción de una comunidad energética se debe
realizar desde la apropiación social del conocimiento, teniendo en cuenta los siguientes principios
(TRANSACTIVE - TRAJECTS, 2022):
I. Apropiación. Todo proyecto en comunidad debe ser aceptado y acogido por la misma. Es la
única garantía de apropiación tecnológica en donde se hace uso de dicha tecnología para
el desarrollo local.
II. Enfoque diferencial y reconocimiento de contexto. La heterogeneidad de los territorios en
función a las condiciones espaciales, sociales, ambientales e históricas especícas de la
comunidad, demandan que el tratamiento de cada proyecto debe ser diferente. De igual
forma, la oferta y demanda de recursos es distinta, por ende, merece un enfoque diferencial
la aproximación en cada uno de ellos.
III. Participación. Para asegurar que los modelos de comunidad energética desarrollados sean
cocreados y se ajusten a la necesidad y realidad de las comunidades en lugar de ser
imposiciones externas sobre los territorios.
IV. Diálogo de saberes y conocimientos. A n de asegurar que haya un intercambio entre
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
85
locales y foráneos y entre diferentes experiencias locales, para aumentar la capacidad de
autogestión.
V. Reexión crítica. Permite evaluar de manera permanente el proceso adelantado e
implementado a n de evitar fracturas del tejido social o afectaciones ambientales.
5.1 Democratización para la transición energética justa: Más
allá de los paneles solares
Los sistemas de energía centrados en los usuarios, y en especial los esquemas de comunidades
energéticas implican elementos complejos en donde el tejido social es un factor tan fundamental como
los aspectos técnicos, tecnológicos y nancieros asociados al desarrollo de modelos autónomos y
autorregulados de energía.
Por ello es importante generar discusiones y favorecer procesos educativos que permitan
comprender que la energía trasciende los sistemas de producción y que los usuarios pueden
organizarse para no solo consumir energía sino además jugar roles decisivos en términos de la
generación, el almacenamiento, la agregación o la respuesta a la demanda de energía de fuentes
renovables tales como el agua (energía hidráulica), el sol (energía solar), la biomasa (bioenergía
proveniente de biodigestores) (TRANSACTIVE - TRAJECTS, 2022), entre muchas otras posibilidades
que trascienden la implementación de paneles solares, los cuales requieren condiciones favorables de
radiación que no se cumplen en todas los territorios.
Aunque en un sentido estricto la democracia es un tipo de organización del Estado, hablar de
democratizar la transición energética implica ir más allá: signica ampliar los canales de comunicación
y formación sobre energía para que los ciudadanos cuenten con información suciente al momento
de participar en la toma de decisiones. No se trata únicamente de permitir la participación, sino de
garantizar las condiciones mínimas para que esta sea informada, deliberativa y con capacidad real de
incidencia. Como señalan Escobar (2017) y Baigorrotegui y Chemes (2023), los procesos comunitarios
deben diseñarse desde lo local y lo comunal, fortaleciendo la autogestión y la autonomía en lugar de
reproducir programas impuestos desde arriba.
En esta línea, Sovacool y Dworkin (2015) subrayan que la justicia energética requiere no solo
acceso a la energía, sino también participación equitativa en la toma de decisiones. Del mismo modo,
Ansell y Gash (2008) plantean que la gobernanza colaborativa se legitima en la medida en que las
decisiones colectivas se adoptan mediante mecanismos que garanticen inclusión y consenso. Por ello,
una transición energética justa requiere mecanismos que aseguren no solo la apertura a la participación
comunitaria, sino también su efectividad y calidad.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
86
Así, no existe una única vía que nos lleve a una transición energética, mucho menos a una justa.
Existen múltiples caminos que paulatinamente convergerán hacia lo que nuestro imaginario colectivo
determina como una transición justa a la sustentabilidad. Los pilares planteados coneren unos
cimientos a lo que podríamos construir socialmente, parten de resaltar la importancia de lo comunitario
y el tejido social como base de nuestra capacidad de cooperación humana. Lo anterior, toda vez que
las sociedades tienen la capacidad de asumir que la energía, como cualquier servicio o materia no es
ilimitado, y por lo tanto debe haber una corresponsabilidad entre derechos y deberes. Esto nos lleva
a entender la razón por la cual el paternalismo de un estado sobreprotector no tiene la capacidad de
generar bienestar a largo plazo.
6. Conclusiones
Desde la experiencia del Centro Transnacional para las Transiciones Justas en Energía, Clima y
Sustentabilidad TRAJECTS, en Latinoamérica consideramos que una transición energética justa debe,
como mínimo, contar con tres acciones a modo de pilares.
Primero, aanzar el tejido social evitando el boicot del estado, dado que los retos trasnacionales
y transgeneracionales sólo pueden superarse con sociedades fuertes que cuenten con respaldo estatal;
segundo, comprender la energía como un recurso limitado y no como una mercancía inagotable, en
cuanto generar conciencia en todos los niveles y actores es menester para el equilibrio entre demanda
y oferta, pero especialmente para asegurar la sustentabilidad del ambiente; y, tercero, quebrar el
paternalismo y las trampas de pobreza, ya que se requiere un trabajo institucional capaz de promover
las formas de sustentabilidad local en el marco de un cambio de paradigma con enfoque de autogestión.
Quebrar el paternalismo implica, también, una forma de emancipación en pro de la soberanía
territorial comunitaria que permita evitar la aparición de nuevas zonas de sacricio para soportar los
proyectos que actores externos privados o estatales decidan imponer sobre los territorios. De ahí la
importancia de este pilar para la consecución de una transición energética justa.
A partir de estos hallazgos, se recomienda que las políticas públicas orientadas a la transición
energética fortalezcan mecanismos de participación territorial y comunitaria, incorporando instrumentos
comunicativos, pedagógicos y nancieros que reconozcan la energía como un derecho humano en
equilibrio con el agua y los ecosistemas. Asimismo, resulta fundamental promover marcos regulatorios
y de nanciamiento que aseguren el acceso equitativo a la energía, sin reproducir asimetrías ni
nuevas formas de dependencia, y que integren la perspectiva de justicia socioambiental en la toma de
decisiones.
Ahora bien, las comunidades energéticas surgen como instrumentos poderosos que mediante
el cooperativismo fomentan la soberanía comunitaria y favorecen la reconstrucción del tejido social.
Estos esquemas comunitarios para la autogestión de la energía desde el contexto local tienen la
capacidad de generar valor compartido tanto para el estado como para la ciudadanía al reducir el gasto
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
87
asociado al rol de veedor del estado mientras activa el rol de proponente activo de los ciudadanos.
Al implementar comunidades energéticas, es esencial considerar la apropiación social del
conocimiento, ya que la participación comunitaria debe inuir en el diseño de la comunidad especíca
que se pretende desarrollar. Al denir de manera participativa qué aspectos se diseñan, para quiénes
y con qué propósito, es posible asegurar que la solución propuesta resuelva de manera efectiva las
necesidades particulares del territorio y aborde problemas o intereses comunes.
Es importante reconocer las limitaciones de este estudio. La investigación se desarrolló desde
un enfoque cualitativo y exploratorio, apoyado en entrevistas y reexiones colectivas en el marco
de la red TRAJECTS (2021–2024). Por lo tanto, no pretende ofrecer resultados estadísticamente
representativos, sino más bien abrir un campo de debate y fundamentación teórica. Además, el análisis
se centra en América Latina —con especial énfasis en Colombia—, lo cual restringe la extrapolación
de los hallazgos a otros contextos regionales.
Finalmente, este trabajo abre interrogantes que podrían orientar futuras investigaciones: ¿cómo
evaluar de manera rigurosa el impacto de las comunidades energéticas en la reducción de la pobreza
energética? ¿Qué modelos de gobernanza local resultan más efectivos para sostener la soberanía
comunitaria en el tiempo? ¿De qué forma incorporar la justicia intergeneracional en la planicación
energética de los territorios? Estos cuestionamientos invitan a continuar ampliando la agenda
académica y política en torno a la transición energética justa desde una perspectiva comunitaria.
______________________________________
Referencias
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public
Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Baigorrotegui, G. y Chemes, J. (2023). Comunidades energéticas latinoamericanas: Sostenedoras de
transiciones que mantienen y reparan la vida. Energía y Equidad, (6), 5-13.
Baigorrotegui, G. y Parker, C. (Eds.). (2018). ¿Conectar o desconectar? Comunidades energéticas y
transiciones hacia la sustentabilidad. Editorial Estudios Avanzados – IDEA – USACH.
Ceglia, F., Esposito, P., Marrasso, E., & Sasso, M. (2020). From smart energy community to smart
energy municipalities: Literature review, agendas and pathways. Journal of Cleaner Production,
254, 120118.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.120118
CESCR. (2002). Observación General Nº 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto). Naciones
Unidas.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
88
Colombia Inteligente. (2023). Experiencias comunitarias: Lecciones aprendidas para fomentar
proyectos de energía con enfoque participativo-comunitario. Colombia Inteligente. https://
colombiainteligente.org/producto/experiencias-comunitarias
Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 3 (1948). Naciones Unidas.
Devine-Wright, P. (2019). Community versus local energy in a context of climate emergency. Nature
Energy, 4(11), 894-896. https://doi.org/10.1038/s41560-019-0459-2
Escobar, A. (2017). Autonomía y diseño: La realización de lo comunal. Editorial Universidad del Cauca.
Folchi, M. (2019). Environmentalism of the poor: Environmental conicts and environmental justice. En
Social-ecological systems of Latin America: Complexities and challenges (pp. 95–115). Springer.
Harari, Y. N. (2018). 21 lessons for the 21st century. Spiegel & Grau.
Healy, N., & Barry, J. (2017). Politicizing energy justice and energy system transitions: Fossil fuel
divestment and a “just transition.” Energy Policy, 108, 451–459. https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2017.06.014
IAEA. (2024). The Climate, Land, Energy and Water Framework: A Methodology Handbook (IAEA-
TECDOC-2065). International Atomic Energy Agency.
Jenkins, K., Sovacool, B. K. & McCauley, D. (2016). Energy justice: A conceptual review. Energy
Research & Social Science, 11, 174–182. https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004
Leonhardt, R., et al. (2022). Advancing local energy transitions: A global review of government
instruments for community energy. Energy Research & Social Science, 84. https://doi.
org/10.1016/j.erss.2021.102350
Linebaugh, P. (2008). The Magna Carta Manifesto: Liberties and commons for all. University of California
Press.
Martínez-Alier, J. (2002). The environmentalism of the poor: A study of ecological conicts and valuation.
Edward Elgar.
Martínez-Alier, J. (2014). The environmentalism of the poor revisited: Ecological distribution conicts
and valuation. Ecological Economics, 102, 167–176.
Martínez, M. y Alonso, M. (2021). Romper el paternalismo, el empoderamiento de las personas.
Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 8(2), 45–63.
https://doi.org/10.5209/
cgap.76197
Naciones Unidas. (2015). Acuerdo de París. Naciones Unidas. https://unfccc.int/sites/default/les/
spanish_paris_agreement.pdf
OCDE. (2016). Green investment banks: Scaling up private investment in low-carbon, climate-resilient
infrastructure. OECD Publishing.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
89
OECD. (2017). The Land-Water-Energy Nexus: Biophysical and Economic Consequences. OECD
Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264279360-en
Osorio, J. C. (2018). Sistemas aislados: Una mirada descriptiva de las experiencias en la región
de Aysén. En G. Baigorrotegui y C. Parker (Eds.), ¿Conectar o desconectar? Comunidades
energéticas y transiciones hacia la sustentabilidad (pp. 127–156). Editorial Estudios Avanzados
– IDEA – USACH.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6 (1966). Naciones Unidas.
Parker, C. (2018). Transición energética y actores locales: Una aproximación conceptual. En G.
Baigorrotegui y C. Parker (Eds.), ¿Conectar o desconectar? Comunidades energéticas y
transiciones hacia la sustentabilidad (pp. 173–196). Editorial Estudios Avanzados – IDEA –
USACH.
Ramírez-Tovar, A. M. (2024). Following the Just Energy Transition in Colombia with CLEW nexus.
Climate Compatible Growth Programme. https://doi.org/10.5281/zenodo.10601659
Ramírez-Tovar, A. M. y Schneider, K. (2023). Por más y no menos comunidades energéticas en la
generación ciudadana: Diálogo entre las regulaciones brasilera y colombiana. Energía y Equidad.
http://energiayequidad.com/
Resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU. (2010). El derecho humano al agua y el
saneamiento. Naciones Unidas.
Roa Avendaño, T. (2021). Soberanía y autonomía energética: 30 años de debates alrededor de asuntos
cruciales. En T. Roa Avendaño (Ed.), Energías para la transición. Reexiones y relatos, 27-64.
Censat Agua Viva; Fundación Heinrich Böll.
Roa Avendaño, T., Soler, J. y Aristizábal, J. (2018). Transición energética: Aproximaciones, debates y
propuestas. Censat Agua Viva; Movimiento Ríos Vivos; Fundación Heinrich Böll.
Roby, H. & Dibb, S. (2019). Future pathways to mainstreaming community energy. Energy Policy, 135,
111020. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111020
Rockström, J., et al. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity.
Ecology and Society, 14(2), 32.
Sánchez Suárez, C. (2018). De la vulnerabilidad energética al derecho a la energía. Ecologistas en
Acción.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/12/informe-pobreza-
energetica-2018.pdf
Santamaría, R., Cardoso, A. y Caselles, C. (2021). Cocreación de la agenda de transición energética
en el Caribe colombiano. Serie Hacia una Colombia post minera del carbón: Aportes para una
transición social y ambientalmente justa (N.º 5). Fundación Rosa Luxemburg.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) Julio / Diciembre 2025
90
Sannazzaro, J., Campos, M., Gajardo, P., Santibáñez, P. y Mondaca, E. (2018). Pensar de otro modo
la autonomía energética: El caso de implementación del proyecto de electricación de las
islas menores del archipiélago de Chiloé. En G. Baigorrotegui & C. Parker (Eds.), ¿Conectar o
desconectar? Comunidades energéticas y transiciones hacia la sustentabilidad (pp. 85–104).
Editorial Estudios Avanzados – IDEA – USACH.
Smil, V. (2010). Energy transitions: History, requirements, prospects. Praeger.
Smil, V. (2017). Energy and civilization: A history. MIT Press.
Smil, V. (2022). How the world really works: A scientist’s guide to our past, present and future. Viking.
Sovacool, B. K. (2021). Who are the victims of low carbon transitions? Towards a political ecology
of climate change mitigation. Energy Research & Social Science, 73, 101916. https://doi.
org/10.1016/j.erss.2021.101916
Sovacool, B. K., & Dworkin, M. H. (2015). Energy justice: Conceptual insights and practical applications.
Applied Energy, 142, 435–444.
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.002
Steen, W., et al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet.
Science, 347(6223), 1259855.
Terry-Doyle, F. (2025). Rethinking justice in community energy projects: Building trust with citizens.
Energy Research & Social Science.
https://doi.org/10.1080/13549839.2025.2540118
TRAJECTS. (2021). Descripción y bases del proyecto transnacional [Documento de trabajo inédito].
TRAJECTS.
TRAJECTS. (2021a). Topics of interest in TRAJECTS [Documento de trabajo inédito].
TRANSACTIVE – TRAJECTS. (2022). Resultados de talleres sobre comunidades energéticas [Informe
técnico].
Vernay, A. L., & Sebi, C. (2020). Energy communities and their ecosystems: A comparison of France
and the Netherlands. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120123.
https://doi.
org/10.1016/j.techfore.2020.120123
Vinca, A., Riahi, K., Rowe, A., & Djilali, N. (2021). Climate–Land–Energy–Water nexus models across
scales: Progress, gaps and best accessibility practices. Frontiers in Environmental Science, 9.
https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.691523
Wight, N. (2022). La resiliencia comunitaria ante el cambio climático y los desastres naturales:
Construyendo una comunidad energética en isla Providencia, Colombia [Informe]. Fundación
Friedrich Ebert Stiftung.
Yanguas-Parra, P., Cardoso, A., Corral, F. y Pardo, L. (2021). Por una transición amplia, sostenible y
democrática. Fundación Heinrich Böll.
Revista Centroamericana de Administración Pública (89) 72-90 Julio / Diciembre 2025
