Núm. 7 (1984): Empresas públicas

El Instituto Centroamericano de Administración  Pública (ICAP) inicia una nueva época de su publicación periódica, la Revista Centroamericana de Administración Pública, con el tema central dedicado a las empresas públicas. 

Las empresas públicas han sido objeto de amplio debate en los últimos años alrededor del mundo, pero muy especialmente en los países subdesarrollados. En ese debate han surgido diversos enfoques respecto de los fundamentos y los fines de las empresas públicas. Es en este ambiente y con el propósito de cuestionar la empresa pública centroamericana que ofrecemos el tema en este número de la Revista.

El rol de las empresas públicas en las sociedades postcoloniales ha adquirido considerable importancia como instrumento de desarrollo. Cuando el Estado liberal abandona su postura abstencionista e inicia las primeras intervenciones económicas y sociales, hace su aparición la noción de servicio público y al término de la Segunda Guerra Mundial su aporte es decisivo en los movimientos de nacionalización y sirve de justificación inicial a las primeras manifestaciones de la actividad empresarial del Estado, aún cuando progresivamente éstas se van liberando de su vinculación con el servicio público para afirmar la configuración de un nuevo concepto de contornos imprecisos, pero cuya finalidad económica y jurídica es irreversible: las empresas públicas.

La decisión del Estado de crear entidades-empresas para ejercer funciones que hasta el momento no desempeñaba, y la intención de sustraer a las nuevas instituciones de una excesiva centralización que impidiese, entre otras cosas, la oportuna toma de decisiones y la eficaz atención de los servicios públicos, es sin duda el punto de referencia en torno al cual ha gravitado el fenómeno más decisivo para la transformación del sistema jurídico a partir de los últimos años del siglo XIX: la intervención directa del Estado en la economía.

Es tal la importancia del conjunto de las empresas públicas que la dirección y forma de acción que éstas adoptan, no solamente afecta el desarrollo de las mismas, sino al resto de las variables macroeconómicas: nivel de la actividad económica, balanza de pagos, inversión, inflación, etc. De aquí la necesidad de enfocar la acción de las empresas públicas ya no solo como un instrumento del crecimiento y desarrollo socioeconómico, sino también como instrumento de política económica se deriva de la magnitud e importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, que ha alcanzado en los últimos años el sector empresarial del Estado.

No obstante el importante papel que conscientemente se le asigna a la empresa pública en el proceso del desarrollo económico y algunas ventajas que "teóricamente" le son intrínsecas, existen también algunos problemas que deben ser considerados y tomados en cuenta. De hecho, éstos afectan de manera importante no únicamente a la relación entre las empresas públicas y el gobierno, sino también a la relación de aquellas con el sector privado y a sus relaciones con el exterior.

A pesar de recientes esfuerzos y definiciones importantes, no se cuenta aún con una política general para las empresas públicas. Esto es, falta definir objetivamente cuál es, en lo sustantivo, el papel social y el papel económico de dichas empresas para fijar a partir de ahí, los párametros de evaluación de su comportamiento, tanto en su gestión interna como en relación con el grupo o sector al que pertenecen y también con respecto a la colectividad a la que sirven. Consecuentemente, la fijación de una política general necesaria para optar por una estrategia de desarrollo con objetivos, orden de prioridad más o menos definidos, metas de instrumentos claramente estipulados constituyen elementos que precisen el papel de las empresas públicas.

Adicionalmente, los recientes debates intensos y polémicos han reabierto la problemática del tema en nuevos aspectos. Si bien la controversia no es nueva, adquiere particular importancia desde el momento en que reaparece con singular vigor, y en algunos casos, se erigen en doctrinas oficiales, las formulaciones que plantean una profunda revisión crítica del papel cumplido por estos entes en la evolución de las economías nacionales. Es más, el cuestionar estas tendencias no está ya restringido a aspectos parciales a los que se acude, como por ejemplo, a los límites y expansión del campo de actividad de las empresas estatales o la eficiencia y eficacia de su funcionamiento, sino se inscriben dentro de la discusión más amplia relativa a la definición de las funciones del Estado de la economía.