Núm. 18 (1990): Descentralización política administrativa

El Estado benefactor caracterizado por una fuerte injerencia e intervención en los campos económicos y sociales, tendió a impulsar políticas dirigidas al fortalecimiento del desarrollo nacional, por medio de la creación de instituciones autónomas encargadas de realizar las funciones especializadas en servicios específicos.

La proliferación de estos organismos y la ausencia de instituciones equilibradas de poder público, llevó poco a poco al Legislativo a entregarle más funciones y atribuciones al Poder Ejecutivo, convirtiéndose los gobiernos locales en el apéndice de este poder, lo cual conllevó a la inactividad de las municipalidades y a la mengua de la función representativa de los intereses comunales.

La pérdida del poder local y la falta de lineamientos básicos del Legislativo con respecto a la autonomía municipal, constituyen factores de análisis fundamentales que diagnostican la realidad local, necesarios para proponer los cambios relativos que dicho régimen requiere, y posibilitar el relajamiento de los centros de poder, facilitando la participación ciudadana.

Por otra parte, el robustecimiento del nivel central y el consecuente debilitamiento de la descentralización política administrativa, constituyen problemáticas de actualidad que requieren procesos de cambio que potencialicen opciones de descentralización importantes, para transformar el aparato estatal y lograr la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

La actual dinámica social de los países centroamericanos y la apertura política, manifiesta una voluntad para llevar adelante procesos que robustezcan la representación fiel y democrática de los gobiernos locales, por medio de la participación popular, como una respuesta a la crisis económica-social y política.

Desde este punto de vista, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la descentralización política administrativa, se expresa en la actualidad como el derecho y la capacidad de las comunidades para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos que le conciernen, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus propias localidades.

Es en este contexto que el ICAP se permite dedicar este número a la democratización político administrativa y a los Gobiernos Locales, para invitarlos a reflexionar en los problemas y medidas opcionales de acción práctica, en beneficio del robustecimiento de la participación ciudadana.