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Buenas Prácticas de Gestión Pública
Núm. 60-61 (2011)El concepto de calidad ha evolucionado desde principios del siglo XX, hasta hoy que la conocemos como Calidad Total. A inicios de ese siglo se entendía la calidad como “control de calidad de los productos”. Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses fueron los primeros en adoptar los sistemas de calidad y es en los años cincuenta, cuando surge el término de “aseguramiento de la calidad”, que engloba todas aquellas actividades sistemáticas que dan la confianza y garantía de que un producto o servicio, va a satisfacer los requisitos que se preestablecieron. En esa misma década, se empieza a hablar de Calidad Total como un sistema de gestión para satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios, de los trabajadores, de los accionistas y de la sociedad en general, y por lo tanto, se trasciende del ámbito de la producción al de toda la organización.
A partir de los años ochenta se da un fuerte impulso al concepto de Calidad Total. En la Región latinoamericana, la introducción de estos sistemas se dio en la década de los noventa y particularmente para los países miembros del Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, su implementación a través de la praxis de la Administración Pública, se lleva a cabo a inicios del siglo XXI, siendo República Dominicana el país pionero para promover la cultura de la calidad, seguido de Costa Rica y posteriormente El Salvador y Guatemala.
Estos países para cumplir con este cometido han creado en su primera fase, los “Premios Nacionales a la Calidad y las Prácticas Promisorias”, utilizando diferentes modelos de excelencia, principalmente el Marco Común de Evaluación, CAF, por sus siglas en inglés, y el Malcom Baldrige. Así, República Dominicana y Guatemala utilizan el pri-mero, y Costa Rica y El Salvador, el segundo.
Estos premios son otorgados en República Dominicana por el Ministerio de Administración Pública, MAP, a partir del 2005; Costa Rica en el 2010, por el Ministerio de Planificación Nacio-nal y Política Económica, MIDEPLAN, y la Dirección General de Servicio Civil, DGSC, de Costa Rica, iniciativa conjunta de ambas instituciones; la Secretaría de Asuntos Estratégicos de El Salvador lanzó su Premio en el 2010, y en el 2011 en Guatemala, coordinado por la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, producto del Comité Interinstitucional integrado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Educación, y el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP.
El ICAP como Secretaría Técnica del Foro, y en el marco de su “Estrategia de Gestión de la Calidad 2011-2014”, dedica estos números al tema de “Buenas Prácticas de Gestión de Calidad”, presentando sistematizaciones documentadas tanto para optar a los premios aludidos, como para la aplicación de sistemas de gestión en esta materia, aunando esfuerzos a través del MAP de República Dominicana y MIDEPLAN-DGSC de Costa Rica, con las instituciones galardonadas con los Premios Nacionales a la Calidad y a las Prácticas Promisorias, con el propósito de que sean referentes de esta materia en la Región.
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Función Pública: Calidad e Innovación en la Administración Pública
Núm. 58-59 (2010)El entorno dinámico de la administración del gobierno, la modernización de la gestión pública y la mejora de la gobernabilidad de sus instituciones, constituyen un reto continuo, y deben ser una prioridad de los directivos políticos y públicos, conjugando nuevas prácticas que persigan la efectividad, con la promoción y garantía de los principios y valores del servicio público.
En este sentido, las Administraciones Públicas de la Región están realizando esfuerzos para impulsar una cultura transformadora con la adopción de estrategias de calidad, innovación, racionalización y mejora de la gestión pública, para satisfacer a cabalidad las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Tanto la calidad como la innovación en la gestión pública, promueven el cambio y la formulación de soluciones de mejora creativa. El aprendizaje y la innovación son determinantes para incrementar la calidad y la sostenibilidad en el cumplimiento de los objetivos de la Administración Pública. La mejora continua y la innovación facilitan el desarrollo de nuevos servicios, procesos y prestaciones públicas, así como su racionalización, simplificación y normalización, permitiendo aumentar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en el gobierno.
Una gestión pública de calidad implica una función pública con observancia de los valores públicos, orientada por la vocación del servicio público, la providad, honradez, buena fe y confianza mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad social, el respeto a las personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos, y la preeminencia del interés público sobre el privado.
Por otra parte, debe ser capaz de reconstruir la administración pública, redefiniendo sus funciones y su forma de actuación, incrementando la capacidad de gestión estatal (governance), mediante la profesionalización estratégica, el fortalecimiento de los instrumentos gerenciales y el mejoramiento y desempeño en la elaboración e implementación de políticas públicas. Además, debe descansar en un cuerpo de funcionarios públicos con conocimiento y experiencia, capital principal y muy valioso con que cuenta la Administración Pública, cuyos aportes se concretizan en iniciativas para el mejoramiento continuo de calidad en la gestión pública.
Consecuentemente, la calidad y la innovación en la gestión pública están orientadas al buen gobierno. Su aplicación es una cuestión de inteligencia para enfrentar los problemas específicos, y valerse de las herramientas adecuadas a las necesidades de transformación de los aparatos administrativos, como resultado de las exigencias de la ciudadanía, la que a su vez, legitima la actividad del sector público.
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Tendencias modernas de la Nueva Gestión Pública
Núm. 56-57 (2009)A partir de la década de los ochenta, el tema de la reforma del Estado se convirtió en un aspecto central de la agenda mundial, surgiendo una nueva ola de carácter económico, orientada hacia el mercado, cuyo resultado preponderante fue una corriente más gerencial de la administración gubernamental. Este movimiento vino acompañado además, de una oleada de democratización en cuanto a amplitud, extensión geográfica y durabilidad; de un proceso de liberalización guiado por la apertura económica, la institucionalización de la Nueva Gestión Pública, NGP, y la integración de la economía mundial.
La tendencia de transformación de la NGP rearticula las relaciones Estado-Sociedad, ofreciendo no solamente la oportunidad para la modernización del aparato del Estado, sino también, el fortalecimiento de la misma sociedad y la generación de un crecimiento económico basado en la productividad, competitividad, equidad y sustentabilidad ambiental. Consecuentemente, la NGP persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor costo posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia, elección por parte de los usuarios, y el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo este accionar basado en sistemas de control que faculten una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, se perfeccione el sistema de elección, y por otro, favorezca la participación ciudadana.
Las principales trayectorias de estas transformaciones se pueden agrupar de la siguiente manera:
• Estructurales organizativas. Adoptando medidas en las que se han variado las fronteras entre el Estado, el mercado, la sociedad civil y la ciudadanía, trasladando responsabilidades de gestión pública a otras esferas, las que incluyen medidas como la privatización, contractualización, descentralización, devolución, y desregulación.
• Racionalización normativa y cultural. Introducción de nuevos patrones de actuación y comportamiento que han llevado a diseñar un nuevo sistema operativo público, concretizadas en la reforma del empleo público, financiera presupuestal y la desregulación, pasando por la simplificación administrativa, el perfeccionamiento de herramientas de dirección y control, mediante la introducción de técnicas privadas de carácter gerencial, hasta la innovación tecnológica orientada a un gobierno digital.
• Transparencia de la administración pública. Apertura y acceso del ciudadano a la información pública como planes y presupuestos, etc., e incorporación de los administrados en el proceso público de decisiones, fomentando la participación ciudadana.La Administración Pública Centroamericana ha emprendido esfuerzos en el marco de la institucionalización de la NGP. Algunos de los resultados que se han obtenido como producto de los avances de la implementación de esta nueva corriente de modernización de la Administración Pública, alimentan esta edición de la Revista Centroamericana de Administración Pública, que hoy nos congratulamos en ofrecer a la comunidad académica y de profesionales de la Región.
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Profesionalización de la Función Pública
Núm. 54-55 (2008)A mediados del siglo XX, Centroamérica consideró pertinente ordenar la gestión de los recursos humanos al servicio de los gobiernos, instituyendo normativas, estructura y programas, que permitieran crear una institucionalidad orientada a dar respuesta a las demandas sociales con eficiencia, eficacia y efectividad, de tal forma que, en todos los países integrantes del Foro de la Función Pública del Istmo Centroamericano, Panamá y República Dominicana, existen instancias a cargo del Servicio Civil, la Función Pública, la Carrera Administrativa y/o la Gestión de Recursos Humanos, con grados de avances diferentes y niveles jerárquicos distintos.
Actualmente, con la necesidad de fortalecer el “buen gobierno”, los esfuerzos por incrementar la capacidad y productividad institucional y la respuesta a la demanda ciudadana con calidad, se ha retomado la importancia de la temática de la profesionalización de la función pública, no solamente por la reforma y modernización del Estado en general, sino por los propios servidores públicos y la sociedad civil en particular, ya que existen una serie de razones para ponderar la relevancia de este cuerpo de funcionarios en el desarrollo nacional y sostenible. Es así, que la formación de los servidores públicos es hoy en día, un tema vigente y permanente en la agenda de la administración pública y especialmente del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP.
El Servicio Civil de carrera o profesionalizado, representa para la gobernabilidad democrática, no solamente una expresión de la institucionalidad gubernamental, sino también una profundización del proceso de construcción de la democracia, fortaleciendo a la vez, la capacidad, tanto gerencial de los diferentes ámbitos de las administraciones públicas, como la ejecución descentralizada de las mismas. Por otra parte, una mejora sistemática en la gestión y el desarrollo de los funcionarios públicos, aumenta la productividad en el sector público, coadyuvando al accionar de la gobernanza.
No obstante lo anterior, los países miembros que forman parte de este Foro, enfrentan algunos retos para avanzar en la conformación de un servicio profesional de carrera, los que sucintamente menciono a continuación:
a) Articular en forma integral el servicio profesional de carrera para toda la administración pública.
b) Garantizar que en la transición por el relevo en la titularidad de los poderes, se aprovechará la experiencia y los conocimientos del personal, y no se interrumpirá el funcionamiento administrativo, olvidando la práctica tradicional de la vieja injerencia política.
c) Proporcionar al ciudadano certidumbre y credibilidad con respecto al ejercicio de la función pública.
d) Mejorar la acción del gobierno, tanto en términos de cobertura como de calidad de los bienes y servicios brindados. -
Comercio e Integración Centroamericana
Núm. 52-53 (2007)En el entorno de las relaciones económicas internacionales, la importancia tanto del tema comercial como de la integración es indiscutible, no sólo como instrumentos idóneos para promover un mayor auge de las economías domésticas, sino también, como forma de obtener poder de negociación y generar características geoestratégicas que contribuyan a obtener resultados comunes y ganancias mayores. Esto resulta todavía más claro, en el caso de la Región Centroamericana, integrada por países pequeños y economías limitadas, los que no pueden depender de su escaso o inexistente poder político o económico para promover sus intereses.
Por tanto, como estrategia de carácter regional, Centroamérica se apoya en iniciativas como la concretización de acuerdos comerciales bilaterales, regionales, interregionales o multilaterales, orientados a promover un papel protagónico en la creación de agendas comunes para el desarrollo en el hemisferio, que aliente la creación de una comunidad de naciones, con dos grandes propósitos: insertarse competitivamente en la economía mundial e integrarse como bloque para sacar el máximo provecho de los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación, Zonas Comerciales, entre otros.
No obstante lo anterior, estos nuevos esquemas del Istmo Centroamericano enfrentan algunos retos de trascendencia. Por una parte, el acelerado ritmo de cambio en el mercado mundial, en cuyo contexto surgen día a día nuevas tecnologías, nuevas modalidades de comercio y nuevas normas internacionales para el sistema de comercialización, suscitando una fuerte demanda de conocimientos y aptitudes para el manejo de las relaciones internacionales y sobre todo, en el campo comercial, principal argumento del desarrollo de estrategias tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados.
Por otra parte, la relación entre la integración, la apertura comercial y el crecimiento económico, constituye un proceso complejo que ha sido abordado desde la literatura económica, de forma muy diversa, con proposiciones de revisión crítica de las mismas. Una de sus fuentes de discrepancia obedece al propio concepto de integración, en ocasiones asociado a la apertura exterior, en otras, a la definición de políticas comerciales que incentiven o restrinjan el comercio. Sin embargo, la Integración Económica Centroamericana se concibe como un medio de promover el desarrollo económico, a través de la consolidación del espacio regional, es decir, se visualiza a Centroamérica con una estrategia común de integración con inclusión social, entendida como integración con equidad, con desarrollo productivo y un comercio justo, para afrontar escenarios complejos marcados por importantes amenazas y oportunidades.
Es así que el ICAP con los números de esta Revista, centrada en la temática del Comercio y la Integración, pretende llamar la atención de la comunidad académica, profesional, gubernamental centroamericana, sobre muchas de las inquietudes y preocupaciones aquí expresadas.
