Archivos - Página 12

  • Formación en la administración pública
    Núm. 9 (1985)

    La formación profesional en Administración Pública ha llegado a ser uno de los esfuerzos que, en el campo de los recursos humanos, deben ser acometidos en Centroamérica con mayor empeño y visión de futuro. Esta necesidad es más palpable en los niveles superiores del servicio público, debido tanto a los mayores conocimientos y habilidades que exigen la complejidad y tecnificación crecientes del aparato administrativo estatal, como por el mayor grado de participación que tienen los funcionarios que se desempeñan en esos niveles en la formulación y la instrumentación de las políticas y programas gubernamentales.

    Esta necesidad es acrecentada por cuestiones más complejas que emanan de la coyuntura actual, que plantean mayores desafíos al aparato administrativo en cuanto a su capacidad de respuesta oportuna y eficaz frente a los complejos problemas económicos y sociales que deben resolver. Estos problemas no pueden ni deben ser encarados de manera improvisada, debe tener conocimientos técnico-administrativos y las capacidades de gestión para encontrar y poner en práctica las medidas adecuadas para solucionarlos.

    Basta mencionar al respecto, la necesidad de administrar eficientemente un creciente volumen de tareas gubernamentales bajo el impacto de una aguda crisis económica, que conduce a la reducción del gasto público: así como también a la necesidad de introducir en los procesos y comportamientos burocráticos los cambios los cambios que exige el avance y fortalecimiento de los procesos de democratización, en procura de un desarrollo más justo y equilibrado.

    Los administradores públicos deben estar dotados no solo con mayores conocimientos técnicos y habilidades gerenciales, sino también con un entendimiento más amplio de la naturaleza e implicaciones de los problemas de diversa índole que afectan a la sociedad, con el din de que adquieran la sensibilidad necesaria para comprender el significado social  que tiene el desempeño de sus responsabilidades, a la luz del compromiso de los gobiernos de dar solución a los problemas.

    Por consiguiente, no se trata solo de un esfuerzo encaminado a aumentar el número de funcionarios con formación profesional en Administración Pública. De por medio existe también un aspecto de calidad del profesional que debe formarse para que pueda encarar no solamente las cuestiones técnicas de la Gestión Pública, sino también el conflictivo desafío de encontrar soluciones adecuadas a los problemas sustantivos que le corresponde atacar al aparato administrativo, particularmente aquellos que más inciden en el deterioro de las condiciones de la vida de grandes sectores de la población.

    Se trata entonces de la formación de un administrador público con los conocimientos, habilidades y cualidades que demanda el avance político, social y económico de las sociedades centroamericanas.

  • Gestión de recursos humanos
    Núm. 8 (1985)

    El servicio público como institución es la parte de la comunidad que se especializa en la ejecución de las políticas para el logro de los objetivos públicos. Para tal fin, el elemento humano constituye el recurso esencial y la gestión del mismo influye y condiciona el carácter del servicio público.

    A pesar de su importancia, la administración de recursos humanos, como un campo de especialización funcional, es relativamente nueva. Surge como administración de personal y sus principios datan de la época justamente anterior a la Primera Guerra Mundial. En su desarrollo, el campo de los recursos humanos y de personal se ha basado en gran medida en las contribuciones de otras disciplinas, destacando los aportes de las ciencias sociales, especialmente la psicología y la economía, las cuales han influido grandemente en la gestión de recursos humanos.

    Las actuales circunstancias del proceso de trabajo y la complejidad de los organismos públicos demandan de la gestión de recursos humanos la integración de estos a la organización en que laboran, conjugando el avance de la institución hacia sus objetivos y a la realización de la función social, con la calidad y eficiencia del personal. Esta gestión requiere la creación de un clima organizativo adecuado y estimulante dentro de la organización, factores que superan las actividades tradicionales de la Administración de Personal.

    Los esfuerzos para integrar al personal en una organización, se realizan desde diversos ángulos y con distintos objetivos, sin embargo en todos ellos aparece un denominador común: la convergencia entre los objetivos institucionales y el trabajo de un personal calificado para cada una de las funciones; la asignación de este personal debe ser flexible, es decir que pueda avanzar con la dinámica socioeconómica que tarde o temprano arrastra a las organizaciones hacia los cambios.

    Así, muchos cambios han ocurrido en el clima en el cual opera la función de administración de los recursos humanos. Estos cambios junto con el desarrollo de las teorías y técnicas correspondientes, han modificado la estructura y la calificación del personal de las unidades de recursos humanos. Un esfuerzo en este sentido, ha sido cada vez más frecuente la intervención del Estado para reformar los regímenes de servicio civil, teniendo como fin el incrementar la productividad, por medio de programas de adiestramiento y capacitación. Por otra parte, el proceso de la gestión de recursos humanos ha sufrido algunas variaciones, tales como el hecho de compartir las funciones de personal entre las unidades sustantivas y las unidades de personal, permitiendo a los primeros operar de manera más independiente.

    A pesar de estos esfuerzos, los problemas que afectan la gestión de recursos humanos ni ha sido superados y la "crisis" de personal consumen demasiado tiempo de la administración; con mucha frecuencia la administración de personal se ocupa casi exclusivamente de la supervisión estricta de las actividades de los empleados, descuidando el establecimiento de las condiciones bajo las cuales se pueden adquirir una máxima autodirección. 

    Es en este sentido de autodirección que la gestión de recursos humanos demanda la integración del personal bajo diferentes perspectivas: a) promoviendo las condiciones que coadyuven a la confianza en el recurso humano, b) generando la participación del personal en tareas de identificación y/o definición de las políticas públicas; c) articulando conjuntamente con los responsables de movilizar e integrar las labores del proceso de trabajo, la ejecución y solución de los problemas de personal; d) estimulando a los pensadores creativos dentro de la organización; e) planificando en términos de las políticas públicas existentes y la acción ejecutada y evaluada f) estimulando la generación de propuestas viables que permitan arribar a decisiones de interés público. Estos son algunos de los retos de la gestión de recursos humanos para satisfacer las necesidades futuras.

  • Empresas públicas
    Núm. 7 (1984)

    El Instituto Centroamericano de Administración  Pública (ICAP) inicia una nueva época de su publicación periódica, la Revista Centroamericana de Administración Pública, con el tema central dedicado a las empresas públicas. 

    Las empresas públicas han sido objeto de amplio debate en los últimos años alrededor del mundo, pero muy especialmente en los países subdesarrollados. En ese debate han surgido diversos enfoques respecto de los fundamentos y los fines de las empresas públicas. Es en este ambiente y con el propósito de cuestionar la empresa pública centroamericana que ofrecemos el tema en este número de la Revista.

    El rol de las empresas públicas en las sociedades postcoloniales ha adquirido considerable importancia como instrumento de desarrollo. Cuando el Estado liberal abandona su postura abstencionista e inicia las primeras intervenciones económicas y sociales, hace su aparición la noción de servicio público y al término de la Segunda Guerra Mundial su aporte es decisivo en los movimientos de nacionalización y sirve de justificación inicial a las primeras manifestaciones de la actividad empresarial del Estado, aún cuando progresivamente éstas se van liberando de su vinculación con el servicio público para afirmar la configuración de un nuevo concepto de contornos imprecisos, pero cuya finalidad económica y jurídica es irreversible: las empresas públicas.

    La decisión del Estado de crear entidades-empresas para ejercer funciones que hasta el momento no desempeñaba, y la intención de sustraer a las nuevas instituciones de una excesiva centralización que impidiese, entre otras cosas, la oportuna toma de decisiones y la eficaz atención de los servicios públicos, es sin duda el punto de referencia en torno al cual ha gravitado el fenómeno más decisivo para la transformación del sistema jurídico a partir de los últimos años del siglo XIX: la intervención directa del Estado en la economía.

    Es tal la importancia del conjunto de las empresas públicas que la dirección y forma de acción que éstas adoptan, no solamente afecta el desarrollo de las mismas, sino al resto de las variables macroeconómicas: nivel de la actividad económica, balanza de pagos, inversión, inflación, etc. De aquí la necesidad de enfocar la acción de las empresas públicas ya no solo como un instrumento del crecimiento y desarrollo socioeconómico, sino también como instrumento de política económica se deriva de la magnitud e importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, que ha alcanzado en los últimos años el sector empresarial del Estado.

    No obstante el importante papel que conscientemente se le asigna a la empresa pública en el proceso del desarrollo económico y algunas ventajas que "teóricamente" le son intrínsecas, existen también algunos problemas que deben ser considerados y tomados en cuenta. De hecho, éstos afectan de manera importante no únicamente a la relación entre las empresas públicas y el gobierno, sino también a la relación de aquellas con el sector privado y a sus relaciones con el exterior.

    A pesar de recientes esfuerzos y definiciones importantes, no se cuenta aún con una política general para las empresas públicas. Esto es, falta definir objetivamente cuál es, en lo sustantivo, el papel social y el papel económico de dichas empresas para fijar a partir de ahí, los párametros de evaluación de su comportamiento, tanto en su gestión interna como en relación con el grupo o sector al que pertenecen y también con respecto a la colectividad a la que sirven. Consecuentemente, la fijación de una política general necesaria para optar por una estrategia de desarrollo con objetivos, orden de prioridad más o menos definidos, metas de instrumentos claramente estipulados constituyen elementos que precisen el papel de las empresas públicas.

    Adicionalmente, los recientes debates intensos y polémicos han reabierto la problemática del tema en nuevos aspectos. Si bien la controversia no es nueva, adquiere particular importancia desde el momento en que reaparece con singular vigor, y en algunos casos, se erigen en doctrinas oficiales, las formulaciones que plantean una profunda revisión crítica del papel cumplido por estos entes en la evolución de las economías nacionales. Es más, el cuestionar estas tendencias no está ya restringido a aspectos parciales a los que se acude, como por ejemplo, a los límites y expansión del campo de actividad de las empresas estatales o la eficiencia y eficacia de su funcionamiento, sino se inscriben dentro de la discusión más amplia relativa a la definición de las funciones del Estado de la economía.

  • Revista 6
    Núm. 6 (1984)

  • Revista 5
    Núm. 5 (1983)

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